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Los claroscuros de la designación del titular del INSP
Aunque la designación de Juan Ángel Rivera Dommarco al frente del Instituto Nacional de Salud Pública dejó satisfechos a académicos y activistas, no puede concluirse que el proceso haya sido prístino; fue irregular y opaco.
Por Artículo 19
3 de marzo, 2017
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 Por: Ricardo Reyes (@vegetable0000)

El pasado 15 de febrero Juan Ángel Rivera Dommarco fue designado como nuevo titular del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Afortunadamente para algunos y desafortunamente para otros, este proceso de nombramiento estuvo acompañado por distintas voces críticas –provenientes principalmente de las Organizaciones de la Sociedad Civil– que han señalado, ahora y en otros momentos, la importancia de que estas selecciones sean abiertas, transparentes, con una evaluación minuciosa de los perfiles de las las personas candidatas, y con criterios claros sobre la toma de decisión.

Rivera Dommarco encabezará durante cinco años, ni más ni menos, un proyecto dedicado a mejorar las condiciones de salud en México mediante proyectos de investigación aplicada en la materia, tarea de suma importancia particularmente en momentos como éste. Luego de 30 años de su nacimiento, el INSP “es líder en América Latina en la formación de salud pública y en la formación de conocimiento de referencia de formulación y organización de políticas públicas para la salud a nivel nacional y regional” en palabras de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA). Un encargo de estas dimensiones amerita un proceso de selección riguroso que permita que la persona idónea ocupe el cargo, alejado de cualquier interés político, personal y/o empresarial.

El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, sostuvo en la toma de protesta del nuevo titular que dicho proceso de designación “fue abierto, libre […] en el que nadie puede decir, hoy, que estuvo falto de transparencia. Un proceso en el que nadie puede sostener, después de ver su conclusión, que hubo un acto de autoritarismo”. Dicen los que saben – porque lo saben – que a explicación no pedida acusación manifiesta. A estas alturas, para nadie es un secreto el interés del exrector por colocar en el puesto a Pablo Kuri (vinculado a la industria farmacéutica y refresquera) y que no fue hasta que la sociedad civil señaló la opacidad del proceso que la decisión pudo sacarse de la cancha política. ¿Por qué José Narro estaba interesado en apoyar a este candidato cuando ni siquiera contaba con las cartas credenciales necesarias para asumir tan importante responsabilidad?

Más que necesario era que este proceso de designación gozara de legitimidad real en tanto el conocimiento generado en el INSP amenaza a la industria de alimentos y bebidas, así como a la industria farmacéutica: basta recordar los casos de espionaje gubernamental en contra de activistas y académicos del sector salud que promovieron un impuesto a la industria refresquera en México en días pasados.

Desde Fundar, ARTICLE 19 y Transparencia Mexicana, a petición de la Alianza por la Salud Alimentaria, se advirtió que el proceso de designación se desarrollaba sin transparencia ni criterios de selección transparentes y aunque la designación de Rivera Dommarco dejó satisfechos a académicos y activistas, no puede concluirse que el proceso haya sido prístino, fue irregular y opaco. Es urgente que,en futuras ocasiones, el llamado que se ha hecho desde la academia y desde la sociedad civil sea tomado en cuenta de principio a fin y no sólo de manera correctiva, para fortalecer los procesos de designaciones públicas e incluso, se legisle sobre la materia.

Para éste y otros procesos es necesario y fundamental contar con una política y legislación que orienten e instruyan, garantizando que las instituciones públicas que se vinculan con temas de derechos humanos se democraticen y no queden como cúpulas cerradas que no rindan cuentas ni tomen en consideración las opiniones y consejos de quienes día a día trabajan estos temas. La transparencia debe ser un eje rector del cual se desprendan demás principios como la rendición de cuentas, el acceso a la información, la consulta pública, la participación ciudadana entre otros.

Las directrices que guíen los procesos de designación no sólo ayudarán a los propios procesos, de igual forma darán certeza a la sociedad y a las propias instituciones; es decir, procesos democráticos legitiman no sólo al titular, sino a quienes fueron partícipes del mismo, a los instrumentos técnicos de selección, a la estructura política que ve el asunto en cuestión, a la institución, a los derechos humanos, en este caso al derecho humano a la salud, a la alimentación, a una vida digna.

La necesidad de monitorear este tipo de procesos nace por la incertidumbre política generada por intereses particulares que históricamente han manipulado muchas designaciones y que ha generado la reacción por parte de la sociedad civil organizada, académicos, empresarios y demás actores que, preocupados por la crisis de muchas instituciones, han creado frentes para empoderar y dar certeza democrática a sus acciones, buscando garantizar así que tanto los procesos de designación, las personas titulares de las instituciones y organismos, y las propias instituciones y organismos se conduzcan con un fin en específico, que es el interés social generalizado y el bien común.

 

@article19mex

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