close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Altoparlante
Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
De las dudas sobre el acceso a la información
La pregunta “¿hasta dónde debe llegar el acceso a la información?”, vinculada a casos de violaciones graves, es delicada y riesgosa porque de manera revisionista pone a discusión un avance fundamental en materia de acceso a la información.
Por Artículo 19
1 de mayo, 2017
Comparte

Por: Carlos Dorantes

El pasado martes 25 de abril, Artículo 19 fue invitada al Foro Seguridad y Acceso a la Información #MXSeguro organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con el fin de presentar algunas reflexiones en la mesa “Seguridad nacional y violaciones graves a derechos humanos. ¿Hasta dónde debe llegar el acceso a la información?”. Los cuestionamientos iniciaron desde el título y la pregunta detonante de la mesa, ya que sugieren implícitamente que está a debate la posibilidad de limitar el derecho a la información en casos de violaciones graves a los derechos humanos y, particularmente, que puede ser legítimo clasificar información como reservada por motivos de seguridad nacional en los mismos.

No es válido suponer —ni siquiera tácitamente— que la seguridad nacional puede ser una excepción legal al acceso a la información en casos de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Dicho en otras palabras, la pregunta “¿hasta dónde debe llegar el acceso a la información?”, vinculada a casos de violaciones graves, me parece delicada y riesgosa porque de manera revisionista pone a discusión un avance fundamental en materia de acceso a la información: no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tal como lo indican el artículo 5º y 115º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

El problema surge, como en tantos otros aspectos relacionados a lo político, cuando entramos al terreno de las definiciones y los conceptos. ¿Qué significa una violación grave a los derechos humanos? ¿Qué elementos la constituyen? ¿Quién puede declararla? El INAI ha manifestado repetidamente que no está facultado para declarar que un caso específico constituye una violación grave a los derechos humanos y que solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede hacerlo. Así, cuando no hay una declaratoria por parte de la CNDH en este sentido, el INAI ha avalado las negativas de acceso a la información de los sujetos obligados, tal como sucedió en los casos de masacres de migrantes en San Fernando y Cadereyta.

Sin embargo, lo cierto es que —dado su carácter de intérprete de la ley— los órganos de transparencia pueden calificar a primera vista (prima facie), de manera preliminar y sin prejuzgar, los hechos que puedan constituir una violación grave a los derechos humanos. Esto con el objetivo exclusivo de garantizar el acceso a la información. El poder judicial le ha recordado esto al IFAI/INAI en por lo menos dos ocasiones relativas a las masacres de migrantes en San Fernando y Cadereyta.

Ambos casos cuentan con el respaldo de sentencias de juzgados de distrito en contra de las resoluciones del INAI que van en el mismo sentido: el IFAI/INAI tenía facultades para pronunciarse prima facie sobre violaciones graves de derechos humanos únicamente para efectos de acceso. Ambas sentencias fueron impugnadas, y ahora el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, aún después de cinco años, no se ha garantizado el derecho de acceso a la información.

El pasado 27 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe Anual 2016. En la sección de seguimiento a recomendaciones referente a acceso a la información se puede observar que, de acuerdo con la Comisión, el INAI aún no cuenta con criterios estandarizados para garantizar el acceso a la información: ordena la apertura en algunos casos que han sido declarados violaciones graves, tales como la desaparición de los 43 normalistas o la muerte de civiles en Apatzingán el 6 de enero de 2015; en otros primero niega la información y después desiste de su recurso de reserva, como fue el caso de Tlatlaya; y en otros tantos niega la información incluso si hay una sentencia por parte de juez de distrito que ordene la apertura, como ha sido el caso de las masacres de migrantes.

Ahora bien, lo que hay que preguntarnos es ¿en qué medida la apertura de las averiguaciones previas ha obstaculizado la investigación? ¿Cuál ha sido el posicionamiento de los familiares frente a la apertura? ¿Realmente se obstaculizó la procuración de justicia a causa de la desclasificación?

En casos de violaciones graves a los derechos humanos, la sociedad tiene derecho a la verdad, a saber qué es lo que ocurrió y qué es lo que el Estado está haciendo para impedir que se repita. Contar con información otorga herramientas para la exigencia de rendición de cuentas del estado de las investigaciones y permite combatir las políticas de olvido que se encuentran detrás de versiones oficiales que busquen cerrar el pasado.

 

* Carlos Dorantes es Oficial Adjunto del Programa de Derecho a la Información de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.

 

 

Artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de Transparencia y artículo 102 sección B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ambos casos se encuentran enlistados para su análisis en la SCJN: juicio de amparo 1189/2013-VIII y 1371/2013

CNDH, Recomendación Nº 3VG/2015

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.