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Moisés Sánchez y el litigio contra la Fiscalía que investiga el caso
Los obstáculos de coordinación con autoridades ministeriales locales o con policía ministerial o peritos no puede justificar la falta de acceso a la justicia.
Por Artículo 19
27 de septiembre, 2020
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Treinta y cinco tomos dan cuenta de la investigación que ha realizado la Fiscalía Especial para la atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión sobre el homicidio del periodista y defensor de derechos humanos de Medellín en Veracruz: Moisés Sánchez.

Moisés fundó el periódico La Voz de Medellín y mediante la pluma y el megáfono alzaba la voz ante la falta de seguridad en su municipio, señalaba las falencias en la administración municipal en turno e informaba sobre los principales acontecimientos a nivel local y nacional.

Su labor combinaba actividades de periodismo y activismo con el propósito de que se respetaran los derechos de las y los medellinenses. Pero la vida le fue arrebatada en 2015 en condiciones violentas, pocos días después de recibir una amenaza por parte del entonces Presidente Municipal, fue sustraído de su casa y 20 días después fue encontrado sin vida.

Al día de hoy, esos 35 tomos del expediente muestran la diligencia o la falta de la misma en la investigación de los hechos cometidos contra el periodista. Por ello, para la familia y sus representantes es crucial conocer su contenido, para revisar los actos ejecutados y ordenados autoridades ministeriales, analizarlos y proponer nuevas rutas de actuación a la Fiscalía, en aras de apoyar con la investigación.

Con estos argumentos, en el año 2018, Jorge Sánchez -hijo del periodista- solicitó formalmente copia del expediente, mismo que le fue negado bajo por el Comité de Transparencia de la entonces PGR, por no considerarle como titular de tal prerrogativa, a pesar de que su nombre consta como denunciante en la portada de los 35 tomos.

Entonces el amparo figuró como la única vía solicitar a las autoridades ministeriales que realizaran las labores que les mandata la Constitución –y las normas adjetivas y sustantivas en la materia-. Es decir, Jorge tuvo que solicitar el amparo federal para que un Juez o Jueza obligara a la FEADLE a otorgar copias simples, a esos extremos hemos llegado en la procuración de justicia del país.

En septiembre de este año, se notificó a Jorge que la FEADLE otorgaría las copias del expediente, en un plazo de 60 días, pero con reservas, puesto que podrá testar información que considere necesaria. 1 Es un paso importante, conocer qué ha hecho la Fiscalía y poder apoyar para lograr justicia para Moisés.

Lo más preocupante del caso es que es la segunda vez que la familia y sus representantes deben acudir al amparo federal para que la FEADLE realice las actividades para las que fue creada y salvaguarde los derechos de las víctimas que tienen los familiares de Moisés.

En el año 2015, cuatro días después de la denuncia presentada ante la Fiscalía local por la privación ilegal de la libertad de Moisés, se solicitó la atracción de la FEADLE, las razones: a) esta fiscalía es presumiblemente especializada en temas de libertad de expresión y análisis de contexto que permite analizar los motivos de los hechos ilícitos perpetuados contra, principalmente, periodistas; b) porque la Fiscalía adscrita a la FGR podría implicar mayor independencia sobre impactos políticos en el caso, que en la fiscalía local; c) porque la familia Sánchez Cerezo buscó, busca y seguirá buscando justicia.

Sin embargo, la FEADLE rechazó la atracción argumentando que Moisés no era periodista. Fue hasta 2016 que un Juez Federal ordenó la atracción de la investigación del caso, tras haber librado un juicio de amparo.2

Lo anterior resulta preocupante desde varias aristas. La primera es que los esfuerzos de familiares para lograr justicia se ven disminuidos al tener que litigar contra la Fiscalía para lograr avances en el caso. La segunda, porque los esfuerzos de la Fiscalía se dividen entre atender las investigaciones y atender el trámite de los juicios de amparo.

En este caso, el último de esos 35 tomos contiene las actuaciones de las distintas autoridades ministeriales que han tocado el caso desde el año 2018 al 2020; se trata de 500 hojas aproximadamente que relatan el trámite de los juicios de amparo interpuestos por Jorge y por otra parte en el proceso.3

¿Por qué es preocupante? La expectativa de cualquier persona que acude a denunciar es que el expediente esté lleno de solicitudes de actos de investigación, testimonios, peritajes, entrevistas, es decir, toda herramienta o elemento que ayude a fortalecer la teoría del caso y la identificación de los o las responsables del delito. Pero en ese tomo, se muestra el avance de los juicios de amparo, de 2018 a la fecha.

Sabemos que la procuración de justicia es una tarea que puede tomar tiempo, debido a que participan más personas que la o el ministerio público que conoce del caso y pueden jugar otros factores en contra. Sin embargo, los obstáculos de coordinación con autoridades ministeriales locales o con policía ministerial o peritos no puede justificar la falta de acceso a la justicia. Tampoco puede justificar que el último tomo de esos 35 que va de 2018 a 2020, carezca de actos de investigación encaminados al esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables.

@altoparlante

 

 

1    Resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Primer Circuito.

2 El 27 de enero de 2016, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, emitió sentencia de amparo que ordenó atraer la investigación del caso (Juicio de amparo 871/2015).

3 También obra el trámite de otro amparo que omitimos en este escrito por haber sido tramitado por otra parte.

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