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Ni perdón ni olvido a 26 años de la masacre de Aguas Blancas
La masacre de Aguas Blancas, hace 26 años, debe entenderse en un contexto de represión por parte del estado a los movimientos sociales.
Por María De Vecchi Gerli
3 de julio, 2021
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El 28 de junio es un día que jamás se me va a olvidar y siempre lo tengo en mi mente que hoy, este día, mataron a nuestros compañeros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.

Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blanca.

 

El 28 de junio de 1995, 17 campesinos integrantes de la Organización Campesina Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados cerca del vado de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, por integrantes de la Policía Motorizada y de la Policía Judicial Estatal. Este hecho, conocido como la masacre de Aguas Blancas, dejó también 14 heridos. A 26 años de la masacre, no ha habido verdad ni justicia. Como se muestra en el capítulo “la disculpa por el pasado y la negación del presente” de nuestro informe anual, las masacres se siguen cometiendo, a pesar de que desde el poder ejecutivo se afirme que ya no se cometen masacres en el país. Solo en 2020, la organización Causa en Común registró 672 masacres. La impunidad en las masacres del pasado es la puerta abierta a que sigan ocurriendo. Pero la memoria por quienes fueron masacrados es también nuestra memoria.

Cuando se dirigían a una manifestación en Coyuca de Benítez para exigir la presentación con vida de uno de sus integrantes, miembros de la OCSS fueron atacados por Policía Motorizada y Policía judicial del estado. Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre, cuenta que ese día se dirigían a una manifestación a Coyuca de Benítez. “Veníamos 2 o 3 camionetas. Un poquito antes de llegar al vado de Aguas Blancas, recuerdo cuando el dirigente de la OCSS, Benigno Guzmán Martínez, veníamos yo con él en la primer camioneta y un poco antes de llegar al vado de Aguas Blancas nos paramos a cortar palos para darles a los que venían en la segunda camioneta para que tuvieran palos para la manifestación. Fue por eso que nos subimos en la segunda camioneta, en la de atrás, y fue un poquito antes de llegar al vado de Aguas Blancas empezamos a escuchar la balacera, muchos balazos, la camioneta se detuvo, donde íbamos nosotros y la gente empezó a correr (…) y empezamos a ver que iba mucha gente corriendo para atrás. Iban mujeres y hombres. (…) Empezamos a decirle a la gente que no corriera pero la gente tenía mucho miedo, empezaron a meterse así entre el monte, la yerbera. Los hombres gritando ‘Benigno, te van a matar’ y Benigno no hizo caso. Yo la verdad tenía miedo de que me mataran, pero no quise dejar a Benigno solo. Y nos venimos caminando rumbo a la balacera y llegamos al vado y ya no había nadie, nomás encontramos pedazos de oreja, huaraches, gorras, mucha sangre, machetes, garrotes tirados. Y seguimos caminando hacia Coyuca de Benítez. Llegamos al municipio y ahí en el ayuntamiento estaban el montón de muertos.”

De acuerdo al informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos humanos: “cuando se acercaban al vado de Aguas Blancas, fue detenido uno de los camiones por agentes de la Policía Judicial del Estado de Guerrero, obligando a descender y tirarse en el piso a más de 60 campesinos.  Unos 10 minutos después, llegó al lugar de los hechos el otro camión, cuyos campesinos también fueron obligados a bajar, pero en el momento de descender, los policías comenzaron a dispararles indiscriminadamente, muriendo 17 personas y quedando otras heridas gravemente.  Al terminar la balacera y luego de obligar a los sobrevivientes a regresar a sus pueblos, los policías se dieron a la tarea de colocar armas a los muertos, para que se fundamentara la versión de que se había producido un enfrentamiento.”

Desde el primer momento, relata Antonio, llegaron medios y otras personas a Coyuca de Benítez, entrevistaban a Benigno Guzmán, quien responsabilizaba al gobierno estatal de Rubén Figueroa Alcocer por la masacre. Un video de lo ocurrido en Aguas Blancas que fue difundido en televisión en 1996, muestra cómo los campesinos fueron atacados en una emboscada, desmintiendo así la versión estatal de que la muerte de los integrantes de la OCSS había sido resultado de un enfrentamiento.

La masacre sucedió, dice Antonio, porque “el gobierno de Guerrero siempre ha tenido al pueblo engañado y no brinda apoyo a los campesinos, la Organización Campesina de la Sierra del Sur se organizó para invitar a ciudadanos, al pueblo, a los campesinos, que nos uniéramos para que nos manifestáramos para pedir los derechos que tiene cada campesino. Entonces nos empezamos a manifestar y empezamos a exigirle al gobierno carreteras, medicamento para los hospitales, créditos para los campesinos, más centros de salud, más hospitales y empezamos a hacer manifestaciones y pues yo creo que al gobierno no le convino que nos manifestáramos, que le hiciéramos saber los derechos que tiene cada campesino.” Antonio describe, en estas palabras, cómo el gobierno en diferentes niveles ha llevado a cabo estrategias represivas hacia quienes se han organizado para demandar los derechos fundamentales.

La masacre de Aguas Blancas, hace 26 años, debe entenderse en un contexto de represión por parte del estado a los movimientos sociales. Como relata Antonio, “el 28 de junio masacran a nuestros compañeros. Después de eso, el gobierno empezó a girar órdenes de aprehensión a los líderes de la OCSS, empezó a desaparecer gente, a detener gente, encarcelarlos. (..), de antemano, nuestro dirigente el señor Benigno Guzman Martinez después de eso, como al año, año y medio, lo detuvo el gobierno y lo encarcelaron. (…) Mi papá, Félix Barragán Mondragón, fue balaceado a medio pueblo, puras personas guardias blancas, paramilitares que estaban al servicio del gobierno del estado.” La persecución hizo que Antonio tuviera que salir de su estado natal y que después fuera detenido y recluido en prisión de manera injusta. “Yo empecé a tener temor de que me fueran a desaparecer, asesinar o encarcelar, tuve que abandonar el estado de Guerrero, me vine al estado de Morelos. Todo eso por pensar diferente, por tener ideales a favor del pueblo. De aquí de Morelos me fui a Baja California a trabajar como jornalero y allá fui detenido. Y aquí estoy preso en (el Centro de Reinserción Social de) Atlacholoaya, sentenciado a 40 años y pues mi delito ya lo comprobé, ya lo saben los medios, muchos periodistas que el delito está comprobado que me lo fabricaron.” Desde hace 20 años, Antonio está preso injustamente, luego de haber confesado bajo tortura haber participado en el secuestro y asesinato de la hija del empresario Eduardo Gallo Tello. En sus años de prisión, incluso le ha sido violado su derecho a tener una persona abogada, pues quienes lo han defendido han sido amedrentados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció para que el Estado mexicano garantizara la integridad y la vida de los sobrevivientes y de familiares de las víctimas. Además, aseveró que la investigación del caso se había llevado a cabo con irregularidades. Asimismo, la CNDH acreditó que se violaron los derechos humanos de los integrantes de la OCSS; específicamente menciona el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Por su parte, la SCJN estableció en 1996, a solicitud del Presidente, una comisión investigadora para el caso. Ante la creación de esta comisión, el entonces gobernador del estado, Rubén Figueroa, solicitó licencia definitiva de su puesto. El informe de la SCJN afirma que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos y finca responsabilidades con nombre y apellido, incluyendo al gobernador del estado.

Ante esto, la PGR decidió no atraer el caso considerando que no se trataba de delitos federales. La Procuraduría estatal exoneró a los funcionarios y ex funcionarios. Así, esta investigación llevada a cabo por la SCJN que podría haber sido un primer paso para la justicia, fue ignorada y la impunidad siguió garantizándose.

A 26 años de la masacre, las familias y los sobrevivientes siguen exigiendo justicia. A las exigencias de esclarecimiento de la masacre, de juicio y castigo, de verdad y justicia por la masacre de Aguas Blancas, se han sumado las de la liberación de los presos políticos y la presentación de las personas desaparecidas. En la conmemoración, se exige al gobierno del estado de Guerrero que retome la resolución de la Suprema Corte y castigue a quienes fueron identificados como responsables por este tribunal.

Al frente de la marcha que conmemora la masacre, las personas asistentes llevaban una manta que decía: “no abandonaremos la lucha mientras falte la justicia al pueblo masacrado. 28 de junio no se olvida.” Y no, no se olvida, porque lo seguimos nombrando, recordando, porque nombramos a quienes fueron asesinados. El 28 de junio no se olvida, y el 2 de octubre, 10 de junio y 22 de diciembre tampoco se olvidan. Y así, nuestro calendario social se va llenando de fechas de masacres a recordar. Y mientras no haya un compromiso real con la verdad y la justicia en todos los niveles del Estado mexicano, las masacres de hace cincuenta, veinte y diez años, se seguirán repitiendo. La justicia por la masacre de Aguas Blancas pasa también por la garantía de los derechos humanos a los pueblos de Guerrero, por la presentación de las personas desaparecidas y porque nadie más esté, como Antonio, preso injustamente por luchar.

* María De Vecchi Gerli es Coordinadora de Derecho a la Verdad de @article19mex.

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