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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
No hay sistema anticorrupción sin acceso a la información
El sistema anticorrupción está paralizado por una red de intereses entre los partidos, que históricamente se han blindado ante la rendición de cuentas, la exposición del antes y el después de sus virreinatos, o la metódica resistencia a cualquier sistema de contrapesos ciudadanos que actúe como fiscalizador administrativo y penal de cualquier servidor público.
Por Artículo 19
2 de mayo, 2016
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Por: Ricardo Luévano (@rickluev)

Las y los defensores de derechos humanos, periodistas, trabajadores de la educación, empresarios y académicos estamos instaurados en el mismo sistema de corrupción en el que trabajan los policías, los militares, los políticos, los líderes sindicales o cualquier Secretario de Estado. Aunque algunos se benefician y otros lo padecen, el sistema es integralmente similar sólo depende del nivel de los intereses, los montos y las redes.

Los actores no son el problema (militares honestos o académicos ladrones) sino la impunidad y la opacidad del desparrame gubernamental que hemos creado (y soportado financieramente) en las últimas cuatro décadas, respecto a los procesos efectivos de rendición de cuentas en la función pública.

El sistema anticorrupción está paralizado por una red de intereses entre los partidos, que históricamente se han blindado ante la rendición de cuentas, la exposición del antes y el después de sus virreinatos, o la metódica resistencia a cualquier sistema de contrapesos ciudadanos que actúe como fiscalizador administrativo y penal de cualquier servidor público.

La propuesta sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas que ha logrado integrar opiniones desde los grupos que lo padecen e incluso con aportaciones de los grupos que se benefician de la multidimensional corrupción, ha encontrado el techo de cristal típico de cualquier iniciativa que escala hasta la cúpula partidista con tan fuerte exigencia ciudadana: la congeladora legislativa.

El drama no es minúsculo, no hay forma de tirarles el mercado de beneficios públicos que tiene cualquier funcionario público por sentarse en el penthouse de alguna Secretaria de Estado o en cualquier curul patricio de Reforma o San Lázaro.

Con toda la rabia ciudadana -compartida desde Artículo 19- que se expresa entre activistas, columnistas y firmantes sobre el paro en seco de la Ley 3 de 3 y los “Así no” que claramente planteó Mauricio Merino el 4 de Abril, no podemos dejar pasar que hay otra ley general que abona con fuerza a un sistema de controles y contrapesos y que la comunidad de práctica de transparencia y acceso a la información sigue impulsando para su armonización en las entidades federativas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015 y su quinto transitorio señala que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de hasta un año -contado a partir de la entrada en vigor del decreto- para la armonización de las leyes en las entidades federativas, plazo que vence el próximo miércoles 4 de mayo. Sin embargo la armonización en los estados ha perdido el interés general, aun cuando abona de forma entrelazada con la propuesta de Ley de Responsabilidades.

Esta Ley General de Transparencia también integra principios fundamentales que, más allá de reconocer mecanismos de control sobre el servicio de las instituciones o una mejor eficiencia sobre los procesos administrativos para el acceso a la información, garantiza por medio de nuevos sujetos obligados y diversas disposiciones un derecho humano plasmado en nuestra constitución y numerosos instrumentos internacionales; se dice fácil, pero la batalla para instrumentarla fue considerablemente laboriosa y debemos darle seguimiento junto con el terrible y cansado proyecto de nuestras contrapartes en materia de anticorrupción.

Las entidades federativas no han hecho su trabajo. Hay tres acciones de inconstitucionalidad en proceso de resolución respecto a las leyes estatales de Querétaro, Oaxaca y Tabasco, sólo siete publicadas y otras siete en proceso.

En Querétaro hay nuevas reservas para el Congreso del estado; en Tabasco se inventaron el término “seguridad estatal” como el símil de la seguridad nacional, y en Oaxaca tendrán hasta 40 días de prórroga. Ejemplos claros del blindaje de los acuerdos entre propuestas inadmisibles de los partidos políticos y los particulares en los estados.

Es imprescindible que se atienda la Ley general de Transparencia en las entidades, porque un sistema anticorrupción sin el acceso a la información, con declaraciones de inexistencia por doquier, con reservas que abonan a la discrecionalidad, o con amparos y acciones de inconstitucionalidad, volverá a blindar a los que ostentan el monopolio de la opacidad.

Ambos sistemas son fundamentales, transparencia y anticorrupción, sin la armonización en las entidades federativas, tendremos un derecho humano que no podrá garantizarse y un soporte del sistema anticorrupción desgastado en los espacios locales. Parece que los congresos estatales han decidido no hacer cumplir la ley, con la idea de que la rendición de cuentas, el acceso a la información o la transparencia en los fondos públicos, los fideicomisos o las decisiones sobre la política pública de los gobiernos locales dependen del código postal.

Los que padecemos la falta de un sistema anticorrupción integral y ciudadano, no debemos perder de vista que la armonización del proceso de transparencia y acceso a la información continua y al igual que las leyes en materia de archivos y datos personales son pilares democráticos de relevancia estructural. Aún faltan –a una semana de cumplirse el 5° transitorio- 18 leyes sin discusión y sin consulta ciudadana alguna. Es fundamental exigir #TransparenciaYa

 

@article19mex

 

 

Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Querétaro, Tabasco, Oaxaca, Morelos.

Baja California, Sonora, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Estado de México.

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