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Nos queremos vivas: mujeres desaparecidas y el derecho a la verdad
Hablar de Alicia y Lupita es contar una historia de décadas de impunidad, es contar la ausencia, la ineficacia y la ineficiencia de las autoridades estatales una y otra vez. Contar sus historias nos hace preguntarnos por las miles de mujeres desaparecidas de quienes no tenemos información. Pensar en ellas es acercarnos a todas las preguntas sin respuesta en términos del derecho a la verdad.
Por Cinthya Alvarado R., María De Vecchi G., Marilyn Alvarado L. y Miriam Pascual J.
24 de marzo, 2021
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En memoria de Guadalupe González Herrera, Lupita.

 Por Verdad y Justicia. Ni una menos.

 

Hoy 24 de marzo, día internacional por el Derecho a la Verdad, escribimos este texto pensando en la importancia de la visibilización de la lucha contra la violencia hacia nuestros cuerpos, consideramos importante que nosotras como mujeres podamos nombrar y contar las historias que nos causan impotencia, dolor y tristeza, queremos nombrar a las mujeres desaparecidas en México. Escribir sus historias nos acerca a sus vidas, a conocer sus sueños, sus anhelos. A sentirlas cerca y también a sentir su ausencia.

Escribimos la historia de Alicia de los Ríos, quien fue desaparecida en Ciudad de México en 1978, y de Guadalupe González, Lupita, desaparecida desde el 10 de marzo de este año en Guanajuato.

A horas de publicar este blog, nos enteramos con gran indignación de que Lupita fue hallada sin vida. Nos solidarizamos con su familia y les abrazamos a la distancia. Nombramos a Lupita, contamos su historia y exigimos justicia, por ella y por todas las mujeres asesinadas y desaparecidas. Publicamos entonces este blog llenas de rabia y profunda tristeza, refrendando nuestro compromiso por seguir luchando porque ninguna mujer más sea desaparecida ni asesinada. Por justicia para todas y por la no repetición de los casos.

Alicia de los Ríos estudiaba Ingeniería Tecnológica en Chihuahua cuando, poco tiempo después de su fundación, se integró a la Liga Comunista 23 de septiembre en 1973. Fue desaparecida el 5 de enero de 1978 por fuerzas del Estado militares y policiales. Once meses antes había tenido una hija, fruto de su relación con Enrique Guillermo Pérez Mora, quien fuera ejecutado el 16 de junio de 1976. Después de su detención a principios de 1978, Alicia fue vista con vida en las cárceles clandestinas del Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México y en Pie de la Cuesta, Guerrero. Desde entonces se desconoce su paradero. Su familia, su madre, su hermana y actualmente su hija, la han buscado por décadas. El pasado 5 de enero de 2021, Alicia, su hija homónima publicó una carta invitando a las personas que tuvieran información sobre su madre, a que se acercaran a ella. Su caso se encuentra desde hace algunos años en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante la falta de respuestas de las autoridades mexicanas. En octubre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que decidirá sobre la admisibilidad y el fondo de su caso. A 43 años de la desaparición de Alicia, su familia y el Centro Prodh, que acompaña su caso, siguen trabajando por su regreso a casa, por verdad y justicia.

Guadalupe González Herrera, conocida como Lupita por sus personas más cercanas, era una mujer guanajuatense de 26 años que se encontraba desaparecida desde el 10 de marzo de este año. Ese día salió junto con su novio, Sergio Antonio Villanueva, de la colonia San Francisco de Asís en la ciudad de León, Guanajuato, rumbo a unas cabañas ubicadas en la Sierra de Lobos. Sin embargo, según declaraciones de su familia, él regresó de dicho lugar sin Lupita. A partir de entonces, su familia y amistades comenzaron a difundir su fotografía junto con sus señas particulares en distintas redes sociales con la finalidad de encontrarla. También acudieron ante el Ministerio Público y fue el 11 de marzo que se activó la Alerta Alba. Según la información de la alerta, Lupita fue vista por última vez saliendo del municipio de San Felipe con dirección a León. El cuerpo de Lupita fue encontrado sin vida el 23 de marzo, casi dos semanas después de ser desaparecida. Durante los días en que su familia la buscaba y exigía su búsqueda con vida, las autoridades seguían sin tener avances en la investigación, y sin dar información a sus familiares. Amistades, colectivas feministas y familiares de Lupita habían realizado ya dos marchas en León y en Guanajuato capital para exigir su localización con vida. Lupita fue desaparecida y luego fue asesinada como resultado de la ineficacia e ineficiencia de las autoridades, mientras su familia la buscaba, mientras se gritaba su nombre en las calles.

Hablar de Alicia y Lupita es contar una historia de décadas de impunidad, es contar la ausencia, la ineficacia y la ineficiencia de las autoridades estatales una y otra vez. Es contar historias de búsqueda, de lucha incansable de los y las familiares, de relatos similares que se repiten y no paran, y que incluso se han intensificado con el paso del tiempo. Contar sus historias nos hace preguntarnos por las miles de mujeres desaparecidas de quienes no tenemos información. Pensar en ellas es acercarnos a todas las preguntas sin respuesta en términos del derecho a la verdad.

Hace poco, en un conversatorio sobre desapariciones y derecho a la verdad organizado por el INAI a propósito del documental Volverte a Ver, desde el público preguntaban cómo hablar de este derecho cuando la verdad es un concepto tan profundo y complejo; cómo saber cuál es LA verdad. Cabe entonces la aclaración de qué es el derecho a la verdad y cómo lo podemos pensar en términos prácticos, cuando el 24 de marzo se conmemora el Día Internacional del Derecho a la verdad, en un país con más de 86 mil personas desaparecidas.

Al hablar de este derecho, ayuda pensarlo en términos de preguntas concretas: quiénes son las víctimas, quiénes los victimarios, qué sucedió y en qué contexto. En el caso de las personas desaparecidas, el derecho a la verdad también implica saber dónde está cada una de ellas. Para contestar estas preguntas, se necesita información concreta, pública, que esté disponible para todas y todos, porque el derecho a la verdad no es solo un derecho de las víctimas sino de la sociedad en su conjunto. Así, garantizar la localización, el acceso a la justicia y la verdad en los casos de personas desaparecidas, y en concreto de todas las mujeres desaparecidas son parte de las exigencias de sus familias, de los colectivos y organizaciones que las acompañan, pero también son obligaciones del Estado con las víctimas y con la sociedad en general.

El Gobierno Mexicano ha reconocido oficialmente a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), a marzo de 2021, la existencia de 86,614 personas en calidad de desaparecidas y no localizadas, de las cuales 21,535 son mujeres. La comisionada Karla Quintana, en conversación pública meses antes, aseguró que el 25% de las personas son mujeres. De las personas desaparecidas menores de 18 años, el 55.2% son niñas. Los informes presentados periódicamente por la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas nos dan una muestra general, sin hacer énfasis en la diferencia de un plan nacional de búsquedas con vida, y búsquedas sin vida. Como público en general, seguimos sin tener acceso a la versión pública de la base de datos de personas desaparecidas y no localizadas con datos desagregados (responsabilidad de la Comisión Nacional de Búsqueda), así como de los Registros Nacionales de Fosas y de Personas Fallecidas No Identificadas, responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Además, sigue sin existir certeza en términos de los cuerpos recuperados por las propias familias que han sido genéticamente identificados.

En conferencia de prensa en julio de 2020 donde se presentó un informe sobre la situación de las personas desaparecidas en México, la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, dijo que “la información seguramente variar(í)á”,1 pues al momento varios estados aún no entregaban información, o la habían entregado incompleta, además que únicamente se contabilizan casos denunciados entre 2006 y 2019, lo que no responde a las preguntas de quiénes son las personas desaparecidas, cuáles fueron las circunstancias de su desaparición, y lo más importante: cuál ha sido su paradero. Es decir, la información con la que contamos por parte del Estado no responde a las preguntas fundamentales del derecho a la verdad. Esto se mantiene aún cuando el propio INAI en su resolución RRA 09837/20 ya ordenó a la Comisión Nacional de Búsqueda la publicación del RNPDNO en formato de datos abiertos incluyendo datos personales de las víctimas de desaparición con fines de memoria, verdad y justicia.

La incertidumbre de no contar con los datos abiertos se encuentra en que no existen mecanismos de sistematización eficaces para conocer la realidad de las personas desaparecidas, además de algunas estrategias que han utilizado procuradurías y fiscalías locales, quienes no cuentan con mecanismos efectivos para recibir denuncias y garantizar los derechos de las víctimas, ya no se diga de recopilar y sistematizar la información. Es urgente contar con una estrategia de información con enfoque de género, que facilite construir políticas públicas encaminadas a garantizar el acceso a la verdad, la justicia, reparación, y no repetición de casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.

En este contexto de falta de información en términos de las personas y en particular de las mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, han sido las familias y las organizaciones quienes nos han compartido quiénes son las personas desaparecidas, en qué contexto las desaparecen. La información con la que contamos es, pues, resultado de las dignas luchas que las familias han llevado a cabo por décadas.

Hablar de mujeres desaparecidas, en un país tan violento e impune como México, además de ser un proceso doloroso, como mujeres nos hace cuestionarnos lo que estamos haciendo para visibilizar esta situación. No son sólo números, son mujeres cuyas vidas, planes y sueños fueron truncados. Mujeres que tienen familia, hijas, madres, hermanos; ignorar la situación no nos lleva a la verdad, no nos lleva a esa justicia que buscan sus familiares. Tenemos que exigir por todos los medios posibles el derecho a la verdad, el derecho a querernos vivas, el derecho a exigir que el Estado mire hacia aquí y ejercer todos los recursos posibles para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, para sensibilizar al personal a cargo de las instancias de búsqueda, para evitar los estereotipos hacia las víctimas y para que no sigan existiendo casos de personas desaparecidas en el país. Este compromiso no solo debe existir en la retórica, sino en la práctica de todas las agencias del Estado, en cada lugar del país.

Nos falta un largo tramo, donde nos tenemos que convertir en defensoras de nosotras mismas, y querernos vivas, apoyar de todas las maneras posibles a las buscadoras, a las rastreadoras, a los familiares de las personas desaparecidas. Mirar todos los esfuerzos que hacen las familiares de las víctimas para que sintamos la digna rabia, el enojo, el miedo, la frustración de no tener respuestas, de no tener la verdad.

Quizá parezca insuficiente salir a las calles, exigir, pintar y expresar nuestra rabia por querernos vivas ante un sistema que nos prefiere invisibles, que nos prefiere calladas,que nos llama moda por estar hartas, y que silencia nuestra exigencia de no querer ser la siguiente. Quizá nuestra realidad nos ha sobrepasado y sólo exigiendo el derecho a la verdad y a la vida, podremos ser libres. No podemos vivir con miedo, no queremos vivir así.

No estamos todas, nos faltan y nos duelen Lupita, Alicia y más de veintiún mil mujeres desaparecidas más. Nos faltan en todos lados, todo el tiempo. Nos queremos vivas.

* Cinthya Alvarado Rivera es Investigadora de Derecho a la información. María De Vecchi Gerli es coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas. Marilyn Alvarado es Enlace de Derecho a la Información en Yucatán. Miriam Pascual Jiménez es Enlace de Derecho a la Información en Oaxaca.

 

 

1 Disponible aquí.

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