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Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Nuevo gobierno, ¿nuevo modelo de comunicación?
Las políticas de comunicación anunciadas por el gobierno de López Obrador no garantizan el final de la perversa e histórica relación del poder con la prensa que ha permitido el uso de la publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta.
Por Artículo 19
28 de abril, 2019
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Por: Ricardo Reyes

Desde que Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, ya había dado indicios de cómo se conduciría la comunicación social durante su gobierno. Su primer pronunciamiento al respecto fue el punto 29 de su plan de austeridad y combate a la corrupción, en donde se menciona que “Se reducirá en un 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno”. Se trataba de una medida necesaria, teniendo en cuenta los históricos sobreejercicios de las anteriores administraciones.

El 17 de abril de este año, la Coordinación General de Comunicación Social publicó un Acuerdo con la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, en el cual todas las dependencias de la Administración Pública Federal se tendrán que apegar a su cumplimiento para difundir campañas de publicidad oficial.

Si bien es la primera vez que un gobierno se interesa y tiene la iniciativa de cambiar el modelo de comunicación, las medidas tomadas son insuficientes respecto a la necesidad de cambiar radicalmente el actual modelo. Las políticas anunciadas no garantizan el final de la perversa e histórica relación del poder con la prensa que ha permitido el uso de la publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta. El real y verdadero cambio de este viciado modelo se puede dar sólo a través de la abrogación de la actual Ley General de Comunicación Social y la discusión de una ley que cumpla con los estándares de la materia y se apegue a lo establecido por la Suprema Corte en aquella histórica sentencia sobre omisión legislativa.

Basta recordar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se gastaron más de 60 mil millones de pesos en publicidad oficial ,[1] en el cual 10 medios de comunicación concentraron el 44.59 % del gasto, es decir poco más de 26 mil millones de pesos. Las medidas que pretende implementar el actual gobierno no dan certeza sobre el control del presupuesto, los criterios de asignación, la equidad e igualdad entre los distintos medios de comunicación y el quehacer periodístico. Además, es importante mencionar que esta medida, que debiera promover la democratización de los medios, parece contradictoria respecto a la relación actual del Presidente con los medios de comunicación, al descalificar y estigmatizar a ciertos medios por las opiniones que han emitido, lo cual no abona a un pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Si bien se ha visto fortalecida la transparencia del gasto a través de este Acuerdo, la discrecionalidad sigue vigente, así como la desigualdad en la repartición de la pauta publicitaria. Esto sigue comprometiendo gravemente la libertad de expresión, ya que las malas prácticas permiten que se siga asignando grandes cantidades de dinero a los mismos medios de comunicación. No basta que las promesas estén en las conferencias matutinas, necesitamos verdadera pluralidad informativa.

A través de la emisión de lineamientos y políticas de comunicación social no se garantiza que la estrategia de comunicación planteada se cumpla, ni que los sobreejercicios no vayan a ocurrir, tampoco que vaya a existir un pluralismo informativo. Si bien este gobierno ha reconocido e identificado los vicios que han existido, los esfuerzos en el papel no significarán nada si el cambio no es profundo y desde la generación de una legislación adecuada. Tampoco podemos esperar a que el Poder Judicial de la Federación resuelva los recursos contra la vigente Ley General de Comunicación Social (mejor conocida como #LeyChayote), tal como lo ha mencionado el Presidente.

La vigente Ley General de Comunicación Social es una ley muy cómoda para un gobierno que ha sido resistente a la crítica pública, y que no pretende que en el corto plazo se cambie el paradigma, si no es a su modo. A casi 6 meses de entrar en funciones, este gobierno ha llevado a cabo una estrategia de comunicación basada en conferencias matutinas, centralizando las fuentes de información, y sí, muy probablemente gastando lo mínimo en publicidad oficial, pero, ¿esta estrategia en verdad abona a la libertad de expresión y al derecho a la información?

Abonar a la libertad de expresión y el derecho a la información significa atender la generalidad de los problemas que aquejan a estos derechos y a las malas prácticas, no solamente reglamentar ciertos aspectos, que si bien son positivos, son insuficientes. Es necesario transformar de raíz este problema para evitar que se repita el nivel de gasto del sexenio de EPN que rondó en cerca de los 10 mil millones de pesos anuales, representando más de un 70% de lo aprobado, o como el gasto excesivo que tuvo Calderón de poco más de 56 mil millones de pesos durante su sexenio.

El Acuerdo emitido el 17 de abril tiene solamente aplicación a nivel federal, lo cual no regula a las entidades federativas ni a los demás poderes de todos los niveles de gobierno, lo cual es delicado, ya que en las entidades federativas es donde más abunda la opacidad, la desinformación y la discrecionalidad en la repartición y el gasto de la pauta. Éstas malas prácticas (entre otras) deben ser reguladas con urgencia.

Desde ARTICLE 19 hemos insistido en la necesidad de abrogar la #LeyChayote. Asimismo, hemos redactado una iniciativa ciudadana con el colectivo #MediosLibres, y hemos instado a los y las legisladoras a discutirla junto con las demás iniciativas presentadas en ambas Cámaras bajo un ideal modelo democrático de parlamento abierto.

El viacrucis legal que inició desde 2014 al ampararnos por la omisión legislativa de regular el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, nuevamente se ve situada en el Poder Judicial: acciones de inconstitucionalidad, recursos de inconformidad y un amparo están a la espera de nuevas resoluciones que declaren la inconstitucionalidad de la #LeyChayote. Esto demuestra la simulación y poca voluntad que existió y que hemos señalado en repetidas ocasiones durante el proceso legislativo de la LXIII legislatura que generó la Ley General de Comunicación Social.

* Ricardo Reyes es Abogado del Programa de Derecho a la Información de @article19mex.

 

 

[1] COMSOC, 2019. Cifras finales de 2013 a 2017 y preliminares de 2018.

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