close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Altoparlante
Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Oportunidad de la SCJN para proteger a periodistas
La Corte resolverá en los próximos días la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH en contra de la Ley de Protección a Periodistas, que establece disposiciones que los dejarían en desprotección.
Por Artículo 19
6 de enero, 2017
Comparte

Por: Luis Knapp (@luisknapp1988)

En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un asunto de vital importancia para la libertad de expresión y el periodismo en México. Se trata de la Acción de Inconstitucionalidad 84/2015 que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversas disposiciones de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.

Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa de la ahora Ciudad de México y publicada en la Gaceta Oficial el 10 de agosto de 2015. Se suma al conjunto de iniciativas y leyes aprobadas en otros estados de la República, como Quintana Roo, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, etc., que buscan brindar protección a las y los periodistas ante el contexto adverso que existe en el país contra su labor, pero que más allá de cumplir con ese objetivo establecen disposiciones contrarias a estándares internacionales que al final dejarían en desprotección a quienes ejerzan un trabajo periodístico.

El asunto consiste, de entrada, en establecer criterios claros para comprender de manera clara y conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, qué es la libertad de expresión y quién es una persona periodista. Para quien lea estas líneas tal vez parezca básico y elemental, pero resulta que no es así. Simplemente la concepción de la cual partamos para su entendimiento, ya sea ésta amplia o restrictiva, impactará de manera sustancial en la protección que se pretende proporcionar.

Este tema apenas está siendo abordado por la SCJN. En junio de 2016 discutió por primera vez un asunto similar cuando resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 87/2015 sobre la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Quintana Roo, que para su resolución tuvieron que transcurrir tres sesiones de discusión, en las cuales se reconoció por parte de las y los ministros que se trataba de un tema “sensible, extraordinariamente delicado y relevante” ante la situación de violencia contra periodistas en México.

La ley impugnada parte de un criterio restrictivo para entender la ‘libertad de expresión’, ya que en su artículo 5°, fracción XI, la define como el derecho “que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones de toda índole, ya sea de forma personal o colectiva, sin que sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa o limitada directa o indirectamente, ni discriminada por razones de raza, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, idioma, origen nacional a través de cualquier medio de comunicación”.

Conforme a los estándares internacionales en esta materia, la libertad de expresión comprende el derecho a buscar, recibir y difundir todo tipo de informaciones e ideas, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento que se elija. Además, este derecho nunca debe estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley, ser necesarias y proporcionales. Así se encuentra establecido en los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Lo que se estableció en dicha ley es una visión limitada de la libertad de expresión, refiriéndola únicamente como la posibilidad de “difundir y publicar ideas u opiniones”, omitiendo elementos importantes que conforman este derecho, como lo son “buscar” y “recibir” información, los que a su vez también forman parte esencial del trabajo periodístico. En este sentido, la ley limita esta libertad a sólo expresar ideas u opiniones, excluyendo dentro de su ámbito normativo todo tipo de información, expresada o difundida a través de cualquier medio.

Por tanto, entender la libertad de expresión únicamente como la posibilidad de difundir o publicar ideas, omite este panorama amplio que conlleva el ejercicio de este derecho fundamental, estrechamente relacionado con el periodismo, que a decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, éste “es la manifestación primaria de la libertad de expresión”.

En relación con esto, el segundo tema que abordará la SCJN será sobre la definición de ‘periodista’ que se estableció en la fracción XVII, artículo 5° de la misma ley. Como ya se mencionó, ´esto resulta fundamental toda vez que uno de los objetos de la ley es brindar protección a quienes realizan una labor periodística, por lo que en la forma como se entienda el periodismo, impactará en esa misma protección y a quién se le dará, existiendo la posibilidad de llegar a decisiones arbitrarias y excluir a determinadas personas del ámbito de esa ley.

Lo que se estableció en la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal es ver al periodismo como una actividad “permanente”, excluyendo de su ámbito protector a quienes desempeñan esa labor de manera eventual, como muchos periodistas en el país que también realizan otros trabajos, para allegarse de más ingresos ante la situación de precariedad existente, además de omitir los avances tecnológicos que permiten un mayor flujo de información. Así lo reconoció la propia SCJN cuando discutió la mencionada ley de Quintana Roo.

Además, en la ley se estableció que para considerar a una persona como periodista, debe acreditar “experiencia o estudios o en su caso título para ejercer el periodismo”. De igual forma, esto va en total discordancia con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, y así también lo refirió la SCJN en cuanto a la perspectiva funcional del periodismo.

Para citar algunos de estos estándares, podemos mencionar lo que refirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia para entender el término ‘periodista’ de manera amplia, como todas aquellas personas “que observan, describen, documentan y analizan acontecimientos, declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos, análisis y opiniones para informar a sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una definición de esta índole incluye a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación comunitarios, a los y las “periodistas ciudadanos/as”, y a otras personas que puedan estar empleando los nuevos medios de comunicación como instrumento para llegar al público, así como a formadores de opinión que se tornan un blanco por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”.

También la Relatoría especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha referido la importancia de considerar al periodismo desde una perspectiva funcional.

Por tanto, la Suprema Corte tendrá una oportunidad más para discutir y resolver este tema, debiéndose apegar a los estándares internacionales más protectores, tomando en cuenta el contexto de violencia que impera en México contra periodistas. Es una gran deuda que tiene el Estado con quienes a diario desempeñan una labor de alto riesgo, y que resulta tan necesaria en toda sociedad que se considere democrática.

 

@article19mex

 

 

    Informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 31 diciembre 2013. Pág. 1

    Informe del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/HRC/20/17. Organización de Naciones Unidas (ONU). 4 de junio de 2012. Párr. 4. Se refirió a los periodistas como aquellas “personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una definición de esta índole de los periodistas incluye a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los “periodistas ciudadanos” cuando desempeñan por un tiempo esa función”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.