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Organismos Garantes del Derecho a la Información: de la lógica administrativa a un enfoque de derechos
Los organismos garantes del derecho a la información tienen la obligación de garantizar un derecho humano, no solo un trámite administrativo.
Por Erik E. Gutiérrez Muñoz
22 de diciembre, 2019
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El derecho a la información (DI) es un derecho humano que juega un papel central en toda sociedad democrática. Es instrumental para el escrutinio público y la rendición de cuentas, y a su vez fomenta la participación activa de las personas en el espacio cívico.

Como en el caso de todo derecho humano, el Estado tiene la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio efectivo del DI. Para ello, en México existe un marco jurídico en el cual se establece la creación de 33 organismos autónomos especializados (uno por cada entidad federativa y uno para la Federación), los cuales cuentan con un amplio abanico de atribuciones para garantizar que toda persona pueda acceder a la información en poder del Estado.

Siendo así, salta a la vista la importancia de analizar la actuación de estos Organismos Garantes. ARTICLE 19 México y Centroamérica decidió emprender este reto nuevamente, para lo cual en el equipo de investigación decidimos, precisamente, ejercer nuestro derecho a la información: analizamos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), transformamos las obligaciones y atribuciones en variables, diseñamos preguntas referentes al año 2017 y presentamos 232 solicitudes de información.

De esta forma, la Evaluación Nacional de los Organismos Garantes del Derecho a la Información (ENOGDAI) contó con un universo total de 6,745 variables, a partir de las cuales obtuvimos resultados cualitativos y cuantitativos, identificamos buenas prácticas, áreas de oportunidad y emitimos recomendaciones específicas a cada Organismo Garante con el objetivo de fortalecer su labor.

Ahora bien, puesto que la ENOGDAI se basa en procesos de acceso a la información, sus resultados también se ven limitados por la cantidad y calidad de los datos proporcionados por los Organismos Garantes. En efecto, la primera área de oportunidad que observamos fue relativa a la accesibilidad de la información, la cual se ve mermada cuando las respuestas se presentan en lenguaje altamente especializado o se encuentran en formatos cerrados como, por ejemplo, en bases de datos escaneadas como imágenes en PDF.

Este caso sirve para ejemplificar que el mero acto administrativo de dar respuesta a una solicitud de información (una de las formas más habituales de ejercer el DI) dentro del plazo legal no necesariamente significa que se ha garantizado este derecho.

En efecto, garantizar un derecho humano también implica promover su conocimiento y ejercicio. Con esto en mente, en la ENOGDAI analizamos 11 atribuciones en materia de promoción del DI, a partir de lo cual identificamos que solamente 17 Organismos Garantes ejercieron cinco o más de estas atribuciones durante 2017.

Entre las acciones de promoción más destacadas se encuentran la impresión de la LGTAIP en lenguaje braille en Oaxaca, Puebla y Sinaloa; la emisión de formatos en lenguas indígenas para presentar solicitudes de información e interponer recursos de revisión en Veracruz, así como la operación continua de un consejo que agrupa a 35 instituciones educativas del Estado de Coahuila, con el objetivo de incluir contenidos en materia de transparencia en sus planes y programas de estudio.

Siguiendo la misma lógica, para garantizar el ejercicio del DI también es fundamental considerar y atender las asimetrías a las que se enfrentan las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Para tal efecto, la LGTAIP le otorga atribuciones a los Organismos Garantes para emitir políticas de transparencia proactiva dirigidas a grupos de población específicos. Por lo tanto, es sumamente relevante señalar que durante 2017 solamente el INAI y el Organismo Garante de Nuevo León emitieron políticas de esta naturaleza.

Por otro lado, a fin de que los Organismos Garantes puedan cumplir con sus obligaciones de proteger y defender el DI, la LGTAIP les otorga diversas atribuciones, como lo son la resolución de recursos de revisión, la imposición de sanciones y la interposición de acciones de inconstitucionalidad.

En lo que respecta a la emisión de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, durante 2017 solamente 13 Organismos Garantes ejercieron esta atribución: en total se impusieron 694 sanciones, de las cuales 464 fueron emitidas por el Organismo Garante de Veracruz. En este punto también resalta el caso del Organismo Garante de San Luis Potosí, el cual señaló que un vacío en la legislación local le impedía imponer sanciones.

Ahora bien, una de las atribuciones más importantes para proteger el DI es la de interponer acciones de inconstitucionalidad. Durante 2017 solamente tres Organismos Garantes la ejercieron y, en el caso del Organismo Garante de Aguascalientes, la acción de inconstitucionalidad fue desechada por haberse presentado fuera del plazo legal.

A partir de todo lo anterior podemos concluir que la tarea de estos organismos es sumamente compleja y tanto ellos mismos, como las autoridades de los tres órdenes de gobierno, deben asumirla adecuadamente: no se trata de instituciones que vigilan el cumplimiento de trámites administrativos, sino que tienen la obligación de garantizar un derecho humano y, precisamente por esa razón, su fortalecimiento es de vital importancia para todas y todos.

* Erik E. Gutiérrez Muñoz (@Mausterchief) es Coordinador de la ENOGDAI.

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