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El padrón de telefonía vulnerará la libertad de expresión y la privacidad de las personas en México
La recolección de datos biométricos, es decir, datos sensibles como el iris, el registro de voz y las huellas dactilares, es una práctica invasiva que socava el derecho que todas las personas tienen para resguardar su intimidad.
Por Vladimir Cortés
1 de mayo, 2021
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La aprobación de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que crean el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), más que una medida para combatir las redes criminales en el país establece un mecanismo de control y vigilancia que pone en riesgo la privacidad y seguridad de las personas. En México hay más de 65 millones de personas usuarias de telefonía celular en la modalidad de prepago. Para los voceros del gobierno mexicano, todas ellas son potenciales criminales.

Y no solo eso, el PANAUT debilita la posibilidad de realizar comunicaciones anónimas entre las personas, suponiendo que todas ellas se realizan para llevar a cabo un delito, sin advertir que periodistas, abogadas, investigadoras y defensoras de derechos humanos usan el cifrado y el anonimato para protegerse a sí mismas y a sus fuentes de la vigilancia y el acoso del Estado. Esto se introduce a pesar de ser abiertamente violatorio de estándares internacionales de derechos humanos, los cuales reconocen que el cifrado y el anonimato constituyen dos pilares fundamentales para que las personas accedan a la información y se expresen libremente.

Incluso la Relatoría para la Libertad de Expresión y Opinión de la ONU ha advertido que “el  registro  obligatorio  de  las  tarjetas SIM puede proporcionar a los gobiernos la capacidad de vigilar a personas y periodistas más allá de cualquier interés gubernamental legítimo”. Por eso, hace un llamado a los Estados para que se abstengan de “establecer la identificación de las personas usuarias como condición para acceder a las comunicaciones digitales y a los servicios en línea”.

Sobre todo la recolección de datos biométricos, es decir, datos sensibles como el iris, el registro de voz, las huellas dactilares, es una práctica invasiva que socava el derecho que todas las personas tienen para resguardar su intimidad. En un reporte publicado por ARTICLE 19 se advierte que “los datos biométricos no son como las contraseñas que pueden cambiarse en caso de filtración; al contrario, pueden utilizarse para identificar y seguir a un individuo de por vida”.

Bajo la justificación de hacer frente a las redes criminales, se está forjando el camino para establecer mecanismos de control sobre la ciudadanía, la crítica y el disenso. Así lo demostró la senadora Lucía Trasviña durante el debate del dictamen en la Cámara de Senadores, donde señaló que está a favor de la iniciativa porque el padrón será una herramienta “para denunciar quiénes (les) calumnian, quién (les) difama”. Además insistió en que “la oposición” -sin describir a quién se refiere, pero generalizando el término- usa la telefonía móvil “para desinformar, para manipular la información”.

El decreto que aprobó el poder ejecutivo y formaliza la creación del PANAUT confirmará el fracaso ya comprobado respecto a este tipo de medidas y sus efectos para disminuir la criminalidad en México. La evidencia recabada ha demostrado su ineficacia para disminuir las extorsiones y reducir la actividad de las redes criminales. La Asociación de Operadores Móviles (GSMA por sus siglas en inglés) indicó que durante los años en que se implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (también conocido como RENAUT, el cual fue el antecesor del PANAUT) hubo “un aumento del 40% en el número de llamadas de extorsión registradas diariamente y un aumento del 8% en el número de secuestros entre 2009 y 2010”.

Lo peor es que el Estado mexicano cuenta ya con herramientas tecnológicas para investigar y combatir a las redes criminales -como la geolocalización en tiempo real y el acceso a los datos conservados-, pero no las usa o no las ejecuta de forma eficiente. Además, otras medidas que podrían implementar resultarían más efectivas que el PANAUT. Por ejemplo, Gabriel Székely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México (Anatel) precisó que “usar las llamadas realizadas a la línea de denuncia 089 para identificar extorsiones sería más eficiente y simple que instaurar el padrón”. Sin embargo, el gobierno se empecina en reproducir los vicios del pasado y distorsionar la realidad con mensajes sesgados. Afirmó que 155 países hacen el registro de tarjetas SIM, pero omitió que solo un reducido grupo de países (Arabia Saudita, China, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos entre otros) lo asocia a la identidad biométrica de las personas.

En general, resulta absurdo pensar que las redes criminales van a registrar sus datos biométricos para obtener una línea de telefonía móvil. Como lo advierte la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D), en la actualidad se valen de otros mecanismos como la clonación de tarjetas SIM, el robo de teléfonos o el uso de tarjetas SIM de otras jurisdicciones para suplantar un número telefónico. No obstante, pareciera que sobran los recursos en este país para invertir 24 mil millones de dólares en su creación (la GSMA estima ese monto para este tipo de padrones).

¿Por qué quiénes en el pasado se pronunciaron en contra del RENAUT, advirtiendo una flagrante violación a los derechos humanos, hoy se convierten en férreos defensores de un padrón inconstitucional? Pareciera ser que esas y esos políticos no tienen memoria. La experiencia histórica ha demostrado la gran vulnerabilidad de padrones en México. En 2010, los datos de más de 50 millones de personas que formaban parte del RENAUT se vendían por $500 pesos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no solo advirtió los riesgos de la creación del PANAUT sino que decidió interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad. El pleno reconoció de forma unánime que esta medida es “violatoria del derecho a la protección de datos personales, al tratar datos biométricos sensibles y trasgredir los principios de proporcionalidad, seguridad y certeza  jurídica (además de restringir) la libertad de acceder a información”.

El PANAUT es una medida desproporcionada e inconstitucional. En este contexto, la SCJN tendrá la obligación de proteger los derechos constitucionales de las y los mexicanos y darle marcha atrás. Lo preocupante es que el gobierno no tiene como prioridad una lucha frontal contra la impunidad y la protección de los derechos humanos, sino más bien va contra la libertad y los derechos de su propia ciudadanía. ¿A qué le tendrán tanto miedo?

* Vladimir Cortés (@vladyruzo) es oficial del programa de Derechos digitales para @article19mex.

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