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La incertidumbre sigue. Pasan los años y no tenemos cifras claras sobre fosas clandestinas en México
Más de 90 mil personas desaparecidas; más de 52 mil cuerpos sin identificar, los más inhumados en panteones y fosas comunes del Estado, como Jojutla o Tetelcingo. Y pareciera inverosímil que no hay claridad respecto a esos panteones, cuántos son, en dónde están, por qué llegaron ahí cuerpos sin identificar a pesar de tanto dolor de quienes buscan.
Por Carlos Alberto Dorantes
18 de septiembre, 2021
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Responder solicitudes de información se asume como una labor que estorba a la administración pública. Se piensa más como una tarea administrativa que obstaculiza el trabajo y no tanto como un derecho a garantizar. Los efectos de esta mirada se materializan cuando se trata de información que puede contribuir a encontrar a personas desaparecidas, pues se evidencia que no se toma en cuenta “el dolor que nosotras llevamos a cuestas al andar buscando a nuestros familiares”, en voz de Sandra Luz Román, integrante del colectivo Madres Igualtecas en Búsqueda de sus Familiares.

Más de 90 mil personas desaparecidas; más de 52 mil cuerpos sin identificar, los más inhumados en panteones y fosas comunes del Estado, como Jojutla o Tetelcingo. Y pareciera inverosímil que no hay claridad respecto a esos panteones, cuántos son, en dónde están, por qué llegaron ahí cuerpos sin identificar a pesar de tanto dolor de quienes buscan; tan inverosímil como que hayan incinerado 1,500 cuerpos sin identificar en Jalisco. Al final, no sabemos si no nos quieren decir o si no saben ellos tampoco. Pareciera más que evidente que si tuviéramos claridad sobre muchos de estos datos podríamos encontrar a personas desaparecidas entre los archivos y papeles del Estado. Que organizar registros, información o archivos no es una exquisitez ni mera burocracia:

Han pasado ya cuatro años desde la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición que ordenó integrar bases de datos interoperables. A pesar de ello, aún no existe una versión pública del Registro Nacional de Fosas ni del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas que ofrezcan suficiente certeza, ambos responsabilidad de las fiscalías. La única fuente de información oficial disponible es la publicada periódicamente por la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, se remite solamente a hallazgos que datan a partir de diciembre de 2018 y no cuenta con formatos abiertos que permitan su análisis.

Ante el vacío informativo, las organizaciones de la sociedad civil Artículo 19 y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), junto con la Universidad Iberoamericana, presentamos solicitudes de acceso a información pública sobre fosas clandestinas ante las 32 fiscalías estatales y la Procuraduría/Fiscalía General de la República (FGR). A pesar de los vacíos y la mala calidad de mucha de la información, los datos recuperados en estos años se hicieron disponibles en la Plataforma Ciudadana de Fosas, publicada apenas este 14 de septiembre pasado. Uno de los principales retos que tuvimos al integrar esta plataforma fue la imposibilidad de contar con información contrastable y verificable en muchos de los casos. En particular, me referiré al proceso de acceso a información —que derivó en un litigio de cuatro años— que interpuso Artículo 19 ante la entonces PGR y cómo esta falta de transparencia se mantiene con la actual FGR.

En marzo de 2015, Artículo 19 solicitó a la PGR (Infomex 0001700095215) estadísticas sobre fosas clandestinas y cuerpos encontrados entre 1960 y febrero de 2015. Ante la falta de información clara y a lo largo del proceso de litigio, Artículo 19 recibió seis conjuntos de información distintos que mostraban incongruencias entre sí:

Variaciones en las cifras de fosas clandestinas en las entregas de datos de la Procuraduría General de la República (Fuente: amparo indirecto 1464/2015, 2018).

En total, la PGR reconoció la existencia de 505 fosas y al menos 2,055 cuerpos entre el 2006 y febrero de 2015. La PGR reportó la identificación de apenas 126 cuerpos (sólo 6% del total). La dependencia también informó que abrió 81 investigaciones, por las que ha condenado a 106 personas. Los delitos perseguidos, sin embargo, no estaban relacionados con muertes o inhumaciones irregulares. El juez federal del caso consideró que “las cifras presentadas por la PGR no ofrecen un mínimo de certeza al solicitante” (Amparo Indirecto 1464/2015 ante el Octavo Juzgado de Distrito Federal en Materia Administrativa).

Esto, a su vez, llevó a nuestro equipo de investigación a comparar los datos obtenidos con la información entregada por la PGR en otros procesos de acceso a información pública. Incluso algunas de ellas recientes, dirigidas a la actual FGR. Cuatro años después, en solicitud de febrero de 2020, la FGR cuenta por lo menos 475 fosas y 1,282 cuerpos recuperados. Se trata de menos fosas y cuerpos para un período de tiempo mayor. Además, se mantienen prácticas que no permiten que la información sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, como establece la Ley General de Transparencia. Por ejemplo, la información se entrega de manera fragmentada entre datos distintas unidades o subprocuradurías que no son contratables. También se vuelve imposible comparar la información con los datos de SEGOB o de otras fiscalías estatales. Como lo revela la siguiente gráfica incluso hubo discrepancias significativas entre respuestas entregadas a diversos solicitantes:

Discrepancias en los datos presentados por la PGR/FGR: Número de fosas clandestinas y víctimas halladas en México en el año 2014

Discrepancias en los datos de la PGR sobre fosas clandestinas y cuerpos descubiertos en 2014.

Como se observa en el cuadro anterior, la PGR/FGR proporciona información diferente a distintos solicitantes que hacen la misma petición, ello hace más difícil que ésta se considere accesible, veraz, verificable, contrastable.

Esta situación demuestra la urgencia de dos reformas clave:

  1. A la fecha se requiere una versión pública y en formatos abiertos del Registro Nacional de Fosas Clandestinas, así como su metodología. De este modo es factible evitar la manipulación de la información, pero también permite tener un diagnóstico más claro del fenómeno.
  2. Establecimiento de reglas claras sobre la organización de los archivos dentro y entre las jurisdicciones, ya que en las respuestas a solicitudes se entregan por separado los datos con los que cuentan las distintas unidades al interior de la institución.

Estos hallazgos también plantean otras preguntas serias sobre los impactos que generan estas discrepancias. Contar con esta información en formatos claros, accesibles, verificables contribuirá en mucho a fortalecer los procesos de búsqueda de los familiares, tanto de búsqueda en campo, como búsqueda en vida. Ello sería un paso adelante en una administración pública distinta, centrada en las personas. La información más clara que tenemos se debe en gran parte al trabajo de búsqueda de las familias. Es tiempo de contar con información oficial clara y precisa que genere certeza.

* Carlos Dorantes es Oficial del Programa de Derecho a la Información en @article19mex.

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