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Pegasus: cuatro años de impunidad en México
El espionaje a periodistas y activistas no debe verse como un asunto del pasado, del “gobierno autoritario” del expresidente Enrique Peña Nieto. Es un asunto que demanda una atención urgente de este gobierno. La necesidad de transparentar los contratos, anexos técnicos y demás información fundamental que permita el esclarecimiento de los hechos.
Por Vladimir Cortés
25 de julio, 2021
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Al inicio de este gobierno, el presidente se comprometió a transparentar todo lo relacionado con el uso de Pegasus, sin embargo, no fue hasta que una investigación periodística de escala mundial advirtió nuevamente sobre la vigilancia ilegal, que el tema volvió a ocupar la atención del mandatario.

El 18 de julio de 2021, una nueva investigación, Pegasus Project, impulsada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, aportó nueva información que apunta al uso mundial del malware Pegasus de la empresa NSO Group en contra de personas defensoras de derechos humanos, políticos, periodistas, investigadoras y otras personas de la sociedad civil.

La lista de números que se filtró contiene más de 50 mil números de todo el mundo. México, figura en primer lugar con más de 15 mil números de teléfono como potenciales objetivos de Pegasus. Los números mexicanos incluyen a familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera y más de 25 periodistas, entre los cuales incluye al periodista de Guerrero, Cecilio Pineda Brito, quien unas semanas antes de su asesinato en 2017 fue seleccionado como “posible objetivo de vigilancia por un cliente mexicano de la empresa de software espía NSO Group”.

El espionaje a periodistas y activistas no debe verse como un asunto del pasado, del “gobierno autoritario” del expresidente Enrique Peña Nieto. Es un asunto que demanda una atención urgente de este gobierno. La necesidad de transparentar los contratos, anexos técnicos y demás información fundamental que permita el esclarecimiento de los hechos. Y, sobre todo, la urgencia de establecer una regulación robusta para la adquisición y uso de este tipo de herramientas que permita la rendición de cuentas y la transparencia.

Por si fuera poco, las revelaciones sobre el espionaje global también alcanzaron al círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia mañanera, el presidente señaló que el espionaje se sabe “en la llamada sociedad política” y dijo no saber si actualmente en su administración “pueda existir el contrato”.

Al siguiente día, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, indicó que las contrataciones del malware Pegasus concluyeron el 31 de diciembre del año 2018 “y que durante la administración del presidente López Obrador estos grupos no han sido contratados por el gobierno federal”. También indicó que en 2014, Tomás Zerón, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, contrató por 32 millones de dólares el malware Pegasus desarrollado por la empresa israelí NSO Group a través de Grupo Tech Bull S.A. de C.V., una “empresa con características de fachada” y que fue constituida por Balam Seguridad Privada S.A. de C.V.

El tono de las declaraciones del presidente y el titular de la UIF, hacen ver como si se tratara de un asunto anecdótico, del pasado. Sin embargo, el caso no termina de resolverse. Las víctimas que presentaron una denuncia, entre ellas la periodista Carmen Aristegui, siguen demandando justicia.

Hace cuatro años, en 2017, la Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D), ARTICLE 19 y Social Tic con el apoyo de Citizen Lab, un laboratorio digital e interdisciplinario con sede en la escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, revelaron los primeros casos de espionaje a periodistas y activistas en México. Hasta la fecha, el caso permanece en la impunidad.

De ahí el llamado que hizo el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil al presidente López Obrador para que instruya a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a cumplir con el compromiso sobre Controles Democráticos para la Intervención de Comunicaciones Privadas en el marco del Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Otras acciones deben seguirse para poner fin a la amenaza que representa para las sociedades democráticas, para el derecho a la privacidad y la libertad de expresión el espionaje. El Estado mexicano, debe sumarse a la declaratoria de un moratoria inmediata a la exportación, venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia hasta que no exista un marco de protección a los derechos humanos.

El espionaje, con tecnologías altamente intrusivas que convierte a los teléfonos móviles en un espía digital de bolsillo tiene un impacto grave en la labor periodística. No sólo el efecto inhibitorio para las personas que se saben vigiladas y que les empuja a la autocensura. La vigilancia, señalaba David Kaye, ex Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión, puede utilizarse como un mecanismo para “silenciar la disidencia, sancionar las críticas o castigar la facilitación de información independiente (y castigar también a las fuentes de esa información)”.

Pegasus Project dejó, entre otras cosas, dos grandes reflexiones. La primera, la necesidad de contar con un marco legal que proteja a las personas alertadoras o whistleblowers. La filtración de más de 50 mil números telefónicos y en el caso de México, el testigo Cazador de cazadores quien revelo información fundamental a la investigación realizada por la FGR.

NSO Group cerró sus cortinas a la prensa y dice que “investigará a fondo” si hubo algún uso indebido. Mientras tanto, la FGR tiene la obligación de continuar la investigación de manera exhaustiva, objetiva e integral sobre el espionaje en México. No basta con emitir comunicados que distorsionan el trabajo técnico y riguroso de Citizen Lab. La fiscalía cuenta con un amplio abanico de opciones para realizar actos de investigación, y no limitarse al análisis forense de los teléfonos de las víctimas. Puede, por ejemplo, revisar la infraestructura de NSO Group y de los operadores de Pegasus como el CISEN y PGR, y en donde existe información técnica relevante para esclarecer el caso.

Pegasus Project abre nuevamente la caja de Pandora. Lo que en 2017 se decía con los casos en México que era la punta del iceberg, ahora vemos la dimensión mundial. Para conocer más sobre estas últimas revelaciones, Amnistía Internacional dio a conocer la metodología que siguió para el análisis forense de los teléfono que fueron infectados con el malware Pegasus, así como también una caja de herramientas para la verificación de teléfonos móviles (Mobile Verification Toolkit, MVT) que pemite “simplificar y automatizar el proceso de recopilación de rastros forenses útiles para identificar un posible compromiso de los dispositivos Android e iOS”.

* Vladimir Cortés (@vladyruzo) es Oficial del Programa de Derechos Digitales de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

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