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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Peña Nieto y la libertad de expresión
Todo indica que el sexenio de Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el más violento contra la prensa. Del 1° de diciembre de 2012 al 31 de septiembre de 2016, se han registrado al menos 1,367 agresiones contra periodistas.
Por Artículo 19
5 de diciembre, 2016
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A cuatro años de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México es importante hacer un alto y mirar hacia atrás analizando el desempeño de este gobierno en todas las materias, principalmente las que aquejan severamente al paí, como el aumento de pobreza, altos niveles de corrupción e impunidad, inseguridad y violencia, política exterior, educación y, por su puesto, en materia de derechos humanos.

En este sentido, uno de los temas que hasta ahora detectamos en números rojos en este sexenio es la violencia contra periodistas y medios de comunicación y la garantía del derecho a la libertad de expresión.

Todo indica que el sexenio de Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el más violento contra la prensa. Del 1° de diciembre de 2012, fecha en que tomó posesión del cargo, hasta el 31 de septiembre de 2016, se han registrado al menos 1,367 agresiones contra periodistas, tomando en cuenta las múltiples agresiones cometidas por policías federales y del entonces Distrito Federal durante las protestas del denominado #1DMX, precisamente en el primer día de su gobierno.

De igual forma, un total de 26 periodistas han sido asesinados en el país durante este sexenio, siendo ésta la censura más grave que pueda existir para el ejercicio de las libertades de expresión e información. Sin embargo, también se suman otros tipos de agresiones que tienen como efecto una censura, ya sea directa o indirecta.

En el actual sexenio se han incrementado las demandas contra periodistas por parte de funcionarios públicos o políticos, con motivo de opiniones, notas o informaciones que consideran perjudiciales a su honor o reputación, desconociendo que este tipo de personas, por la naturaleza de sus actividades públicas, tienen un umbral menor de protección respecto a su honor, ya que se encuentran bajo el escrutinio social y lo que hagan o dejen de hacer, reviste información de interés público, la cual debemos conocer todas las personas.

Las demandas contra periodistas constituyen un mecanismo de violencia institucional, que tiene por consecuencia la judicialización de la libertad de expresión, y generan un efecto inhibitorio para el ejercicio periodístico. Lo cual también resulta preocupante ya que los jueces que han conocido de este tipo de casos, sin analizarlos a la luz de los estándares internacionales en la materia, determinan otorgar preponderancia a los derechos al honor o reputación, sobre la libertad de expresión, estableciendo sanciones o medidas desproporcionales que se traducen en un mecanismo de censura, ya sea con altas indemnizaciones u ordenando quitar informaciones o dejarlas de publicar.

Asimismo, las agresiones en contexto de protestas sociales han aumentado, tanto para periodistas como a las personas manifestantes, siendo muy clara y visible la política de represión por parte de agentes de seguridad pública. Uno de los casos representativos de esta situación fue Nochixtlán, en Oaxaca, durante las protestas magisteriales, donde hubo por lo menos 8 personas asesinadas y decenas de heridos, existiendo pruebas contundentes que muestran a la Policía Federal, en su División de Gendarmería, portando y disparando armas de fuego en las protestas.

El año 2016 está por concluir y pasará a la historia de México como uno de los años más letales para el ejercicio periodístico. Como lo reporta el tercer informe trimestral de ARTICLE 19, recién publicado, hasta el 31 de septiembre de este año, 10 periodistas han sido asesinados, es decir, en promedio un asesinato cada 30 días. Además, se documentaron hasta fecha un total de 306 agresiones.

A esta situación falta sumar las agresiones que se están presentando de manera continua y preocupante en estos tres últimos meses del año (octubre, noviembre y diciembre). Tan sólo en la primera semana de noviembre, se registraron 6 hechos de agresión contra periodistas en México, entre amenazas, detención arbitraria, desplazamientos y daños en propiedad; es decir, la semana en que transcurría el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, el 2 de noviembre, las agresiones fueron en aumento.

También es importante mencionar que existen zonas en el país donde los niveles de violencia son tan altos y la colusión de autoridades de todos los niveles con grupos criminales es tan arraigada, que las y los periodistas han llegado a la autocensura por esta situación imperante, lo cual es un reflejo de las graves problemáticas que atraviesa México en materia de seguridad, corrupción, impunidad y pésimos gobiernos.

El discurso oficial contrasta claramente con todo lo anterior, recordando que en el marco de la 58° Semana Nacional de Radio y Televisión, Peña Nieto afirmó durante la comida anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) que en México existe una pluralidad donde no se restringe la libertad de expresión ni de prensa. Sin embargo, la realidad dice todo lo contrario.

El sexenio de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por una serie de violaciones graves a derechos humanos, cuya crisis ha sido documentada y visibilizada por diversas organizaciones civiles, así como por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Y es que en México existe un contexto generalizado de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza pública y otras violaciones graves, como lo ocurrido en Ayotzinapa (Guerrero), Tlatlaya (Estado de México), Apatzingán (Michoacán), Tanhuato (Michoacán), Nochixtlán (Oaxaca), Chalchihuapan (Puebla), Atenco (Estado de México), Aquila (Michoacán), Calera (Zacatecas), etc., y que forman parte de la “lista de la ignominia” del gobierno de Peña Nieto.

Faltan dos años para que concluya el actual sexenio y, a este paso, no se avizora un panorama favorable para el ejercicio de derechos; sin embargo, debemos mantener las exigencias y no dejar de luchar y alzar la voz frente a esta situación de injusticia, violaciones a derechos e impunidad que impera en el país, exigiendo a todos los gobiernos, desde el federal hasta los municipales, que cumplan con sus obligaciones, pues para eso ocupan sus cargos y sus servicios deben ser en favor de la sociedad mexicana. México es un gran país, pero que ya esta harto e indignado, y no merece este tipo de funcionarios ni sufrir esta situación.

 

@article19mex

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