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Periodismo y libertad de expresión: la Suprema Corte tiene la oportunidad de garantizarlos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la gran oportunidad de establecer criterios que entiendan al periodismo desde una visión amplia y garantista y no debe restringirse a poseer un título universitario o pertenecer a un medio tradicional.
Por Artículo 19
15 de septiembre, 2015
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Por: Luis Knapp (@luisknapp1988)

El pasado 9 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió una importante oportunidad para abordar y establecer criterios sobre la labor periodística en México y su relación con el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información.

Lo anterior se deriva de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 45/2015 resuelta por la Primera Sala de la SCJN, donde decidió atraer un amparo en revisión radicado en el Tribunal Colegiado del estado de Campeche debido a la importancia y trascendencia de los temas que contiene. A continuación se explica el contexto de este amparo, cómo se llegó a él y cuál es su relevancia para la libertad de expresión en México.

Edwin Canché Pech, periodista de Seyé, Yucatán, acudió a cubrir un accidente automovilístico en ese municipio el 1° de enero de 2014, tratándose de una camioneta que chocó con un muro y se metió a una propiedad. Para sorpresa del periodista y de los demás habitantes, el conductor, que iba en estado de ebriedad, era el sobrino del entonces presidente municipal de Seyé, Ermilo Dzul Huchim. Al lugar de los hechos acudieron funcionarios del ayuntamiento y el propio alcalde.

Edwin Canché comenzó a tomar fotografías de lo sucedido así como del alcalde, lo cual provocó su enojo y ordenó a policías que lo detuvieran, siendo trasladado al palacio municipal, donde fue torturado por cinco agentes municipales, uno de ellos el director de seguridad pública, y por el mismo alcalde. Además, le quitaron su cámara fotográfica, borrando las imágenes que había tomado y el video de las agresiones de los policías.

Después de presentar la denuncia, su caso fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y consignado ante un juzgado federal contra dichos servidores públicos por los delitos de lesiones y abuso de autoridad. En este proceso, ARTICLE 19 y el EQUIPO INDIGNACIÓN se constituyeron como coadyuvantes en su caso, quienes han dado seguimiento puntual al mismo.

Fue entonces que se presentó una demanda de amparo con la finalidad de que se reclasificaran los delitos por el de tortura, toda vez que participaron directamente funcionarios públicos en las agresiones físicas y psicológicas contra Edwin Canché. Sin embargo, al resolver el amparo, el tribunal federal puso en duda su calidad de periodista al decir que no había sido acreditada con ningún documento, contrato o título.

Ante ello se impugnó dicha resolución por ser violatoria de derechos y contraria a los estándares internacionales en esta materia, que prohíben la acreditación de periodista con algún título profesional, pertenecer a algún colegio o asociación profesional, a un medio de comunicación tradicional, o viéndolo solamente como la prestación de un servicio público derivado de la aplicación de determinados conocimientos técnicos o universitarios.

Así lo ha establecido tanto la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y las Relatorías Especiales sobre Libertad de Expresión de ambos sistemas. Es decir, debe considerarse al periodismo desde una perspectiva funcional, entendiéndolo desde un criterio más amplio y garantista como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y no de manera restrictiva

La Corte Interamericana desde su Opinión Consultiva 05/85 se pronunció al respecto, diciendo que el periodismo constituye “la manifestación primaria y principal” de la libertad de expresión, estando prohibida la colegiación obligatoria. Recordemos que esta libertad consiste en recibir, buscar y difundir ideas e informaciones, por lo que restringirla va en contra de la dimensión individual de quien la ejerce, pero también de su dimensión social, es decir, el derecho a la información que tiene la sociedad.

Asimismo, tanto el Comité de Derechos Humanos como la Relatoría especial sobre libertad de opinión y expresión de la ONU han establecido que en la función periodística participan una amplia variedad de personas, incluyendo desde quienes trabajan en medios de comunicación, autores de blogs, quienes publican por cuenta propia en internet u otros medios o los periodistas ciudadanos que desempeñan por algún tiempo esa función.

En el mismo sentido, la UNESCO ha declarado que “la protección de los periodistas no debiera limitarse a los que están reconocidos formalmente como tales, sino que debería comprender a otros, incluidos los trabajadores de los medios de comunicación comunitarios, los periodistas ciudadanos y otras personas que puedan estar empleando los nuevos medios de comunicación como instrumento para llegar a su público.

Con todo lo anterior, en un país como México donde la libertad de expresión se encuentra constantemente amenazada o coartada, y donde ejercer el periodismo implica un alto riesgo, negar la protección a periodistas con criterios restrictivos no abona en absoluto a esta situación, empeorándola aún más. Claramente se establece en la Constitución (Artículo 73, fracción XXI) la facultad del Ministerio Público Federal atraer aquellos delitos del fuero común cometidos contra periodistas, instalaciones o cualquier persona que afecten su libertad de expresión e información.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la gran oportunidad de establecer criterios que entiendan al periodismo desde una visión amplia y garantista, siendo el ejercicio de las libertades de expresión e información, y no debe restringirse a poseer un título universitario o pertenecer a un medio tradicional. Muchas agresiones o limitaciones a periodistas parten de esta perspectiva reduccionista y conservadora. Por el contrario, retomar dichos estándares sería un paso importante para el desarrollo y garantía del ejercicio periodístico en México. La Suprema Corte tendrá esa decisión.

 

@article19mex

 

 

Corte IDH. Opinión Consultiva 5/85. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)

Comité de Derechos Humanos ONU. Observación General No. 34. Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión. CCPR/C/GC/34. 12 de septiembre de 2011. Párr. 44; Informe del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/HRC/20/17. Organización de Naciones Unidas (ONU). 4 de junio de 2012. Párr. 4

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. Punto 1.5.

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