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Periodistas se amparan contra el Congreso de Baja California
Si bien la decisión de derogar la difamación y calumnia podría tomarse como una medida progresista que ayuda al Estado Mexicano a cumplir con los compromisos contraídos en materia de derechos humanos, lo cierto es que al condicionar el fallo con un artículo transitorio los diputados bajacalifornianos violentan derechos humanos, pues la mera vigencia de esos delitos constituyen un modo de censura indirecta para la prensa.
Por Artículo 19
11 de julio, 2014
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Por: Francisco Sandoval Alarcón (@Mrterremoto)

Un grupo de 39 periodistas y ciudadanos de Baja California se ampararon contra el Congreso del Estado, ante la parálisis legislativa de los diputados locales. Lo anterior luego de que el pasado jueves 3 de julio los diputados bajacalifornianos votaran a favor de derogar del Código Penal del Estado los delitos contra el honor (difamación y calumnia), pero condicionando su vigencia a un artículo transitorio que señala que hasta no hacer las reformas correspondientes al Código Civil no será aprobado.

Originalmente los diputados propusieron derogar estos dos delitos que se castigan con dos años de cárcel y hacer las reformas al Código Civil en un plazo no mayor a ocho días, sin embargo en la propuesta aprobada no establecieron una fecha para realizar los cambios correspondientes, dejando todo a sus tiempos personales e intereses legislativos.

Si bien la decisión de derogar la difamación y calumnia -que para ARTICLE 19 son inconstitucionales y se oponen a los tratados internacionales- podría tomarse como una medida progresista que ayuda al Estado Mexicano a cumplir con los compromisos contraídos en materia de derechos humanos, lo cierto es que al condicionar el fallo con un artículo transitorio los diputados bajacalifornianos violentan derechos humanos, pues la mera vigencia de esos delitos constituyen un modo de censura indirecta para la prensa.

Fue esa la razón por la cual los periodistas y ciudadanos convocados por la abogada Sandra Esquer Montoya, colaboradora de ARTICLE 19 en ese estado del noroeste mexicano, se dieron a la tarea de ampararse contra la parálisis legislativa del Congreso de Baja California, pues no es la primera ocasión que sus legisladores tienen la oportunidad de avanzar en la materia y no lo hacen. En por lo menos otras cuatro ocasiones, de 2011 a la fecha, los legisladores locales han tenido la oportunidad derogar y legislar sobre el tema, pero en todos los casos las iniciativas presentadas no han prosperado. Simplemente las propuestas se quedan en la congeladora legislativa.

“Es absurdo que al tener aproximadamente tres años trabajando en un proyecto de derogación, necesiten más tiempo para adecuar una legislación diversa como es la civil. Con esto se puede acreditar cómo la deficiencia o ausencia legislativa ha permitido que la codificación local este atrasada”, asegura la abogada Sandra Montoya, quien agrega que la omisión por parte de la autoridad responsable no sólo genera una afectación general, al no establecer una fecha cierta de la entrada en vigor del dictamen que despenaliza los delitos de Difamación y Calumnia, sino que además utilizar aun dichos artículos inhiben la libertad de expresión.

ARTICLE 19 tiene conocimiento que en estos momentos por los menos cinco periodistas bajacalifornianos están siendo procesados por la presunta comisión de delitos contra el honor, afectando su labor informativa y generando un efecto inhibidor o mordaza en materia de libertad de expresión. Las denuncias han sido interpuestas por políticos, empresarios y funcionarios públicos para tratar de inhibir la labor informativa que realizan los comunicadores.

Que los diputados pospongan nuevamente la discusión, condicionándola a un artículo transitorio, levanta muchas suspicacias. Más por los antecedentes de la pasibilidad legislativa y porque de acuerdo con lo documentado por ARTICLE 19 son los políticos locales los que utilizan esos delitos para amedrentar a la prensa y sus periodistas.

Por lo pronto de los 39 amparos presentados, los juzgados penales admitieron 34. En caso de resolverlos a favor de los comunicadores y ciudadanos, el Poder Judicial Federal y sus impulsores le corregirían la plana a los pasivos diputados locales a quienes obligarían a retirar el artículo transitorio propuesto y a erogar de manera inmediata la difamación y la calumnia de su Código Penal.

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