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Perpetuar la impunidad o deconstruir la PGR
O aprovechamos la reforma Constitucional de 2014 donde se da autonomía a la Fiscalía, o nos quedamos como estamos, perpetuando la impunidad y la corrupción.
Por Artículo 19
14 de abril, 2017
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Por: Ana Lorena Delgadillo Pérez

En los últimos meses ha estado en el debate público la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía autónoma, libre de injerencia del poder ejecutivo y de cualquier otro poder.

Los mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, a través del conocimiento que han tenido sobre múltiples casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridos en México, han recomendado que las prácticas de las instituciones de procuración de justicia sean modificadas. Ese es también el clamor de miles de víctimas en nuestro país, que perciben directamente que los casos no avanzan, que ven una institución empantanada entre una burocracia abrumante y kilos de expedientes que no resuelven los problemas de fondo. También la sociedad mexicana percibe que “curiosamente” los casos donde se debe perseguir a agentes del estado o servidores públicos de alto nivel de responsabilidad, no llegan a ningún lado.

Ciertamente nos encontramos ante una disyuntiva: o aprovechamos la reforma Constitucional de 2014 donde se da autonomía a la Fiscalía, o nos quedamos como estamos, perpetuando la impunidad y la corrupción. Es el Senado quien nos marcará la pauta a partir del debate que deberá abrirse para discutir nuevamente el artículo 102 que regula la Fiscalía.

En diciembre de 2016, ante el reclamo de las organizaciones de sociedad civil, académicos y líderes de opinión, el presidente de la República se vio orillado a girar el plan que se había trazado hacia una autonomía disfrazada: se tuvo que reconsiderar que no era adecuado hablar de autonomía y al mismo tiempo imponer un Fiscal a modo cuya designación fuera una muestra más del tan conocido “dedazo” en nuestro país. De ahí que el ejecutivo federal enviara una iniciativa para evitar que se diera ese “pase automático”.

Sin embargo, dada la conocida ineficacia estructural que enfrenta la PGR, esa iniciativa no es suficiente. Una institución tan colapsada y con resultados tan pobres en términos de procuración de justicia, requiere deconstruirse y reconstruirse, dejar de ser, para ser; sentar las bases de una verdadera autonomía, modificar el modelo bajo el cual investiga y bajo el cual opera, transformarse en una #FiscalíaQueSirva a todos y no que sólo sirva a quienes están en el poder.

Desde el Colectivo #FiscalíaQueSirva se ha propuesto que la reforma del artículo 102 Constitucional no se quede a medias –como muchas cosas en nuestro país-, sino que se aproveche la oportunidad para hacer una reforma integral que incluya algunos de los aspectos que mejorarán la autonomía, pero también el funcionamiento de dicha institución. Si bien en el 2014 se introdujeron nuevos elementos para el nombramiento del titular, es preciso garantizar que el proceso de selección y el perfil estén mejor regulados. No se trata sólo de elegir a un procurador o a un político que cumpla con los requisitos; es preciso que sea el o la mejor abogado/a quien llegue a este cargo tan importante para combatir la impunidad y la corrupción y que de preferencia, no sea un político con intereses y agendas partidistas. Las reglas del proceso de selección deben permitir la participación de la sociedad para evitar acuerdos “en lo oscurito”, sin transparencia y sin control. Pero otro aspecto necesario es que no quede bajo “el poder” del ejecutivo la remoción del titular. Pensemos que también para algunos en el poder pudiera ser “incómodo” tener un Fiscal que sí funcione y el dejar abiertas facultades para removerlo, también afecta la autonomía.

No se puede crear un nuevo modelo para la Fiscalía si no hay un debate profundo sobre cuál debe ser su competencia. El modelo de la institución federal no puede ser igual al de los estados de la república mexicana, ya que no presentan los mismos retos en términos de criminalidad. Por ello la propuesta del actual procurador de “homologar” a las procuradurías como si fueran cafeterías de “Starbucks” suena ilógico. Las procuradurías no venden café, procuran justicia.

La definición de competencia y de las facultades de atracción de casos que tenga el ente federal, debe ser clarificado para evitar provocar el daño que se ha causado a cientos de víctimas cuando escuchan por parte de la PGR “no puedo investigar porque su caso de desaparición forzada no es competencia federal” aunque la persona haya desaparecido en un estado y el delito se continúe cometiendo en otros ó “no me toca a mi, porque aunque sea una masacre se cometió en una entidad federativa”. Eso debe llegar a su fin.

Los aspectos sugeridos por el Colectivo #FiscalíaQueSirva para ser incluidos en la reforma constitucional del 102 hablan de reforzar las reglas de competencia y atracción, incluir mecanismos de control con mayor participación ciudadana, contar con servicios periciales autónomos, mejorar las reglas de designación del titular y las características del perfil, contar con un área especializada para la investigación de graves violaciones a derechos humanos, generar las bases para un nuevo modelo de investigación penal capaz de embestir contextos de macro-criminalidad, graves violaciones, la utilización de técnicas de análisis de contexto entre otros. Además contar con un personal capacitado cuya designación, ascenso y permanencia esté regida por el mérito.

Esto significa un “no” al pase automático del titular de la Fiscalía, “no” al pase automático del personal sin un proceso de selección basado en las capacidades y en el mérito y “no” a una reforma a medias.

La última voz la tiene en este momento el Senado de la República: o perpetuamos la impunidad y la corrupción o cambiamos las reglas del juego desde la Constitución para que México pueda contar con una #FiscalíaQueSirva.

 

* Ana Lorena Delgadillo Pérez es Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A. C.

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