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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
El caso Narvarte, de Veracruz a la Ciudad de México
En Veracruz enfrentamos niveles de violencia contra periodistas y medios que alcanzan y afectan directamente el derecho a la vida, al grado que ya contabilizamos 15 asesinatos durante la actual gestión a manos de Javier Duarte.
Por Artículo 19
31 de marzo, 2016
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El pasado 18 de marzo, ARTICLE 19 publicó su informe anual sobre el estado de la libertad de expresión en México, con especial énfasis en las agresiones a la prensa. El año pasado, 2015, ha sido el más violento del que se tenga registro. A la cabeza de las entidades con más agresiones registradas se encuentran Ciudad de México y Veracruz con 67 cada una.

Guardemos las proporciones, nada se compara con la magnitud de las violaciones a derechos humanos cometidas contra periodistas en Veracruz: ejecuciones, desapariciones, tortura, ataques sistemáticos a medios. La ciudad de México tiene un espacio y tiempo muy definidos en los que se cometen agresiones contra la prensa y cualquier persona que ejerza su derecho a expresare o recopilar información: las protestas.

Con ello no trato de relativizar la gravedad del asunto que vivimos en la capital del país desde hace 3 años, sin embargo, en Veracruz enfrentamos niveles de violencia contra periodistas y medios que alcanzan y afectan directamente el derecho a la vida, al grado que ya contabilizamos 15 asesinatos durante la actual gestión a manos de Javier Duarte.

Una vez dicho lo anterior, cuál sería el vaso comunicante más allá del empate en cifras. Si los contextos y la magnitud de la violencia son distintos, ¿qué conecta a Veracruz, territorio de cacicazgos y ejercicios autoritarios de poder, con Ciudad México, antaño espacio de mayores libertades? La respuesta la encontramos en un caso: Narvarte. El patrón: la impunidad y la estrategia encaminada para lograrla.

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No se trata de entrar al terreno de las especulaciones, lo cual de por sí implica exhibir que no se accedido al derecho a la verdad en el caso. Hace 8 meses cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, fueron ejecutadas después de ser torturadas en una colonia céntrica de la Ciudad de México. Dos de esas personas –Rubén Espinosa, periodista, y Nadia Vera, activista y promotora cultural- huían de Veracruz, un estado de la República que se caracteriza por proferir y encubrir las agresiones más violentas contra periodistas. Inmediatamente todos los ojos voltearon a ver al Gobernador Duarte y su Secretario de Seguridad Pública.

La PGJDF intentó dar un golpe mediático con interrogatorios a los mencionados altos funcionarios. Dichas testimoniales recabadas no buscaban profundizar en la línea de investigación que apunta a los antecedentes de hostigamientos y amenazas vividos en Xalapa por Rubén y Nadia. De hecho, ese fue el último acto de investigación sobre Veracruz que la PGJDF impulsó motu proprio. A partir de ahí, vimos como los medios de prueba y los datos aportados por los abogados y abogadas de las víctimas sobre el vínculo con el estado costero se iban acumulando en un bromoso expediente, pero nada serio detonaban.

La PGJDF diría a dos meses de los hechos de la Narvarte que el caso estaba cerrado y todo se trató de un tema de robo/prostitución/droga/malas amistades. Además, culpó a las víctimas de su fatal destino al señalar que consumieron drogas (Rubén y Nadia) y se dedican al sexo servicio (Yesenia y Mile). Ahora la PGJDF apela a una estrategia de bajo perfil escudada en un amparo interpuesto contra las filtraciones. Ello no ha evitado que poco a poco traten de allegar información a algunas casas de medios sobre sus hipótesis magramente sustentadas.

Aquí es donde nos encontramos la misma estrategia de ambos gobiernos para garantizar impunidad. Primero, desprestigiar y estigmatiza a las víctimas. En Veracruz acabamos de ser testigos del terrible caso de Anabel Ortega. “La periodista era amiga y pareja de un narco de la región”, dice la propia Fiscalía. Días después, el propio Fiscal se deslinda, y -dice- todo fue culpa de su oficina de comunicación social. El daño estaba hecho.

Segundo, agotar líneas de investigación sólidas de manera superficial para justificar un posterior descarte. Me explico. La estrategia de la impunidad en el caso de Moisés Sánchez, desparecido el 02 de enero de 2015 y encontrado su cuerpo 22 días después, fue dirigir toda la artillería del Ministerio Público contra el alcalde de Medellín, lugar de residencia del periodista. Con base en una imputación floja, carente de pruebas suficientes, se desaforó al edil. Meses después, éste gana un amparo… por falta de pruebas que lo incriminen. Hoy en día, ni un solo esfuerzo de la Fiscalía de Veracruz se dirige a fortalecer esta acusación. O bueno, hay uno, crear una Fiscalía Especial para el caso Moisés.

Tercero, la hipótesis oficial sobre los crímenes descarta el ejercicio periodístico desde los primero momentos de la investigación. En el caso de Regina Martínez, la entonces Procuraduría del estado de Veracruz determinó que se trató de un intento de robo, pretendiendo darle un tinte adicional de crimen pasional.

Cuarto y último. La narrativa oficial pretende adquirir fuerza a través de la voz de los propios inculpados. Ello, semanas después, encontraría un fuerte revés ante alegaciones de tortura e incomunicación por parte de los procesados, como sucedió en los asesinatos de Regina y Gregorio Jiménez. En el caso de Moisés Sánchez, se repite la receta, aunque hasta ahora el único asesino confeso no ha alegado tortura. Lo mismo ha sucedido en el caso Narvarte en lo que respecta a dos de los presuntos responsables. Independientemente de si trata una estrategia de defensa o no, es algo que se debe investigar y descartar. Asimismo, revela la pobreza de estándares de prueba que prevalece en nuestro sistema de procuración de justicia, el cual busca sostener una versión de los hechos investigados en confesiones y otras pruebas “circunstanciales” de menor valor.

Con todos los elementos anteriores tenemos que los puntos de confluencia entre Veracruz y Ciudad de México son más que el número de agresiones a la prensa. Radica precisamente en la activación de una estrategia de impunidad basada en una construcción discursiva que estigmatiza a las víctimas, descarta el ejercicio periodístico como móvil de los crímenes, realiza un agotamiento frívolo de esta línea de investigación y sustenta las investigaciones en bajos estándares probatorios como las confesiones.

Por ello los habitantes de la Ciudad de México deben pensar dos veces antes de respirar con alivio cuando imaginan que vivimos en una entidad pletórica de libertades, democracia y Estado de Derecho.

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@article19mex

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