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Privacidad 2.0: Políticos en redes sociales
La exposición mediática de servidores públicos en actos de corrupción o abuso de autoridad no han tenido las consecuencias que debería. Muchos funcionarios que son exhibidos no enfrentan proceso penales. Algunos a lo mucho los destituyen del cargo, pero eso sin graves consecuencias.
Por Artículo 19
23 de septiembre, 2014
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Por: Sebastián Aguirre (@Soy_Sebastian_)

Pocas profesiones tienen peor reputación que la de los políticos. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado los reproches hacia la clase política? El desprecio a los funcionarios públicos, en especial a la alta burocracia, no es algo “Hecho en México”. En menos de dos semanas los medios de comunicación nacionales e internacionales han publicado videos en los que grupos de personas encaran y confrontan a funcionarios. Las razones que motivan el repudio son variadas, sin embargo todos los acontecimientos tienen la similitud de ser efectuados de manera espontánea y haber sido grabados con teléfonos celulares.

El primero sucedió cuando el senador del PAN, Víctor Hermosillo Celada, viajaba del D.F a Mexicali, después del segunde informe presidencial de Enrique Peña Nieto. Dentro de la aeronave el senador fue increpado por un grupo de pasajeros que lo identificaron como uno de los legisladores que votó a favor de la reforma energética- “¿Qué se siente ser un traidor?”, cuestionaron los pasajeros

El segundo hecho ocurrió en Ucrania. Un video invadió las redes sociales con la imagen de un hombre con traje negro siendo arrojado a la basura. El diputado Vitaly Zhuravsky fue confrontado por un grupo de manifestantes afuera del parlamento ucraniano. Los protestantes arrojaron al funcionario en un contenedor de basura, le lanzaron una llanta y le impidieron salir.

En Pakistán el ex ministro del interior, Rehman Malik, retrasó un vuelo por dos horas porque iba tarde. Los pasajeros molestos confrontaron al funcionario. “Hemos tolerado 68 años ¿vamos a tolerarlo otros 68 más?” gritaban los pasajeros. Los reclamos lograron que Malik bajara del avión.

Estos eventos, a diferencia de los videoescándalos de las fiestas del blanquiazul, o los videos de corrupción, evidencian el actual estado de la relación entre sociedad y gobierno. Los videoescándalos, como el ya clásico “Sr. De las Ligas”, muestran la corrupción, pero no han sido suficientes para responsabilizar y castigar a los funcionarios. La exposición mediática de servidores públicos en actos de corrupción o abuso de autoridad no han tenido las consecuencias que debería. Muchos funcionarios que son exhibidos no enfrentan proceso penales. Algunos a lo mucho los destituyen del cargo, pero eso sin graves consecuencias.

El alto grado de desapruebo en parte se debe a las fallas y vacíos de los recursos institucionales para castigar los abusos de poder y atender las quejas ciudadanas. La procuración de justicia ha brillado por su ausencia cuando se enfrenta a altos funcionarios.

Cabe recordar que los funcionarios públicos, en especial aquellos que contienden o fueron elegidos para un cargo de representación popular, gozan de un umbral menor de protección a su vida privada, es decir, están más expuestos a la crítica pública.

Es por ello que grabar o confrontar a los funcionarios no representa un delito. Por el contrario, los ciudadanos están haciendo pleno ejercicio de sus derechos, en especial si los canales institucionales son ineficaces. Asimismo, los tres casos se dieron en espacios públicos, lo cual no representa una invasión a su privacidad. Es importante señalar que el caso del diputado Vitaly Zhuravsky en Ukrania sí representa una agresión física, lo cual es condenable.

La libertad de expresión, ejercida por los ciudadanos que confrontan y graban a funcionarios públicos, es una herramienta para la exigir una mejora en la gestión de la función pública y sirve para combatir el despotismo de los funcionarios.

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