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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Protección a periodistas: fracaso institucional
Cuando la violencia cotidiana se utiliza para acallar voces que hablan sobre temas de interés público, la situación adquiere particular gravedad.
Por Artículo 19
18 de agosto, 2017
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Por: Leopoldo Maldonado

La prensa en México está bajo ataque. No hay duda de ello. Lo vemos en las estadísticas y lo conocemos a partir de las historias de cada periodista que sufre agresiones debido a su labor. En ARTCILE 19 documentamos que cada 15.7 horas se agrede una/un periodista, presumiblemente en razón de su labor. El Estado mexicano ha fracasado de manera rotunda en brindar las condiciones mínimas de seguridad para realizar una labor informativa desinhibida, robusta, amplia.

En diversos foros la gente pregunta por qué poner tanto énfasis en la violencia contra la prensa si también son víctimas de la violencia generalizada “[email protected][email protected], [email protected], taxistas, [email protected], etc”. A reserva de conocer los casos específicos de estas personas que desempeñan diversas profesiones y oficios, no tenemos datos que se les ataque en razón de su labor. Ese es el punto medular de la problemática. En una sociedad que se dice democrática es inaceptable que 1.5 agresiones contra la prensa hayan sucedido durante los primeros seis meses del año. Y peor, que esas agresiones se perpetren con la firme intención de censurar y así ocultar irregularidades en el ejercicio de poder.

Las violencias física, psíquica e institucional se ha convertido en una constante, en parte de nuestra cotidianeidad. Cuando esa violencia se utiliza para acallar voces que hablan sobre temas de interés público, la situación adquiere particular gravedad. No es casual que de los 6 periodistas asesinados durante el periodo de enero a junio, 5 cubrieran principalmente temas de seguridad y justicia, y uno tópicos de corrupción y política. Si a lo anterior agregamos que en lo que corre del año ya se han documentado 9 casos de intervenciones de comunicaciones a periodistas (900 % más que el primer semestre de 2016), comenzamos a comprender cuáles son las fuentes de peligro para las y los periodistas.

En efecto, en este país tocar los intereses de mafias políticas y económicas puede costar la integridad, y hasta la vida, de los y las periodistas. Escudriñar en la podredumbre de las relaciones de poder a nivel nacional y local es una labor de riesgo extremo, e inmediatamente puede detonar la persecución, espionaje, hostigamiento, y hasta ataques letales. Un amplio repertorio de formas y medios para inhibir el libre ejercicio periodístico se ha arraigado como modus operandi de los actores de poder.

En no pocas ocasiones, siete registradas el primer semestre de 2017, las comunicadoras y comunicadoras se ven orillados a toma medidas extremas como el desplazamiento. Nada peor que romper los vínculos sociales y afectivos con la familia y la comunidad, y muy probablemente, dejar de trabajar como periodista en el lugar de acogida.

No es menor que se presuma que el 50 % de las agresiones provengan de servidores públicos de distintos niveles. De hecho, esta cifra contundente explica en buena medida el desdén y la negligencia de las instituciones por brindar protección y garantizar el acceso a la justicia para los periodistas agredidos.

Para muestra un botón. De las 189 carpetas de investigación abiertas en la FEADLE desde febrero de 2016 (cuando entró en vigor el sistema penal acusatorio a nivel federal), solamente una ha sido judicializada. Por otro lado el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas ha incorporado a 323 periodistas en riesgo. Eso evidentemente no ha tenido impacto en la disminución de las violencias contra la prensa. Al contrario, dado el carácter reactivo y estrictamente policiaco de las medidas, se antoja imposible revertir el patrón de violencia ascendente. Seguiremos insistiendo: de nada sirven las medidas de protección si no van acompañadas de una investigación diligente, imparcial y exhaustiva que identifique y lleve a los responsables ante una autoridad judicial.

Los problemas se arreglan aceptándolos, y un primer paso ha sido que dos altos funcionarios federales hayan aceptado recientemente que el Estado es el principal agresor de la prensa. Ahora el siguiente paso es dejar ese discurso gubernamental que tiende a la victimización (“estamos rebasados”) y empezar a actuar como verdaderos órganos de Estado, con voluntad genuina de atajar los problemas.

¿No fue el discurso del presidente Enrique Peña Nieto y la CONAGO del 17 de mayo un parteaguas en el compromiso institucional con la prensa? O más bien fue, como en muchos otros rubros de la agenda de derechos humanos de este país, un discurso más, una puesta en escena para calmar las presiones nacionales e internacionales.

Desafortunadamente a casi 100 días del anuncio de las “acciones” para proteger a la prensa, todo parece indicar que las instituciones han fracasado en esta esencial labor. Salta la duda sobre las razones de ese fracaso, pero dadas las cifras todo parece indicar que la censura (o autocensura) producto de la violencia es bastante funcional para muchos actores políticos y económicos.

 

@article19mex

 

 

    Seminario de Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, tuvo lugar el 9 de agosto en el Instituto Belisario Domínguez.

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