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Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
#ProtestaEnLínea para la exigencia de nuestros derechos
La crisis de COVID-19 ha evidenciado el cambio de paradigma, en el que la utilización de Internet y las plataformas digitales para acceder a los derechos civiles y políticos ha pasado a ser indispensable.
Por Martha A. Tudón M.
29 de mayo, 2020
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Los reclamos históricos no se diluyen mientras acontece una pandemia. La exigencia de verdad, memoria y justicia frente a décadas de violaciones de derechos humanos que han azotado al país; la demanda de una respuesta estatal que reconozca y atienda debidamente las distintas manifestaciones de violencia que experimentan las mujeres por razón de género; y las manifestaciones en defensa de la tierra y territorio son, entre otras, movilizaciones sociales que buscan soluciones estructurales frente a problemas de la misma naturaleza.

El ejercicio de derechos y libertades que se realiza en Internet y las plataformas digitales ha ensanchado el espacio cívico que se formó en las calles y que se resignificó en el ámbito digital. Las medidas de distanciamiento social durante la emergencia sanitaria, necesarias para procurar la salud propia y de las demás personas, han evidenciado -una vez más- la capacidad que tiene Internet para habilitar que las personas se comuniquen, informen, organicen y alcen sus voces de forma individual y colectiva. La apropiación del espacio cívico digital, mediante el ejercicio de los derechos civiles y políticos, es parte fundamental de luchas que preceden la crisis de COVID-19. En el presente contexto, donde salir a las calles no es una opción idónea, las personas se levantan en tuits, hashtags y publicaciones para devengar lo que les corresponde.

Mientras que el marco jurídico mexicano no reconoce el derecho a la protesta de forma autónoma, sí reconoce que éste se protege en el marco de la protección del derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación de ideas.1 A su vez, la regulación internacional sobre el derecho a la protesta le protege a través de los derechos a libertad de reunión y de asociación pacíficas.2 Así, a nivel constitucional e interamericano, reconocer su protección radica en la importancia que tiene la protesta como una forma de participación ciudadana para lograr la exigibilidad de otros derechos.

En términos generales, el Estado tiene la obligación positiva de garantizar el ejercicio legítimo de la protesta social y la obligación negativa de impedir la aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas para inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes.3 Sin embargo, es importante leer estas obligaciones a la luz de los estándares de derechos humanos en su conjunto, comprendiendo que éstos gozan de igual protección en el ámbito físico que en el digital.

Quizás con alevosía -sobre todo en situaciones como la crisis actual, donde la realidad nos obliga a permanecer en casa-, el Estado aún falla en garantizar que todas las personas puedan acceder, en igualdad de circunstancias, a todos los derechos, principalmente a aquellos cuyo ejercicio le pueda resultar incómodo: como la libertad de expresión y la protesta.

En primera instancia, mientras que gran parte del territorio nacional sufre los estragos de los feminicidios, las desapariciones, y el despliegue de megaproyectos que amenazan la sustentabilidad de los recursos naturales y los derechos de las comunidades indígenas, la brecha digital imposibilita que voces -de distinta procedencia- se unan a empujar y posicionar estos y otros temas en la agenda pública de esta “nueva normalidad”. Lo anterior es particularmente preocupante, tomando en consideración que los ejercicios de parlamento abierto han migrado de las Cámaras a audiencias en línea. Si bien salir a marchar no es opción para nadie en estos momentos, las personas que no tienen acceso a Internet o no tienen conocimiento de cómo utilizarle tampoco tienen la opción de mostrar sus inquietudes y posiciones en el territorio digital. En ese sentido, la obligación positiva de habilitar el derecho a la protesta, al garantizar que existan las condiciones para que éste sea ejercido, no está siendo cumplida de forma cabal.

En pleno 2020, el derecho de acceso a Internet, reconocido constitucionalmente, sigue sin ser garantizado para todas las personas en el país. En México, según los datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor del 29.9 por ciento de la población -de seis años o más de edad- no es usuaria de Internet.4 Esta cifra sube a 52.3 por ciento en el caso de zonas rurales.5 Ésta es una brecha que se profundiza por razón de género y por la falta de inclusión generacional y la pertenencia lingüística y cultural de las personas. La persistencia de esta brecha implica favorecer un escenario en donde existen varios cúmulos de voces ausentes en el debate público digital y en la exigencia colectiva de soluciones que les incluyan y consideren.

En segunda instancia, la obligación negativa del Estado de no interferir indebidamente en el derecho a la protesta tiene que ser necesariamente trasladada al espacio cívico digital para garantizar el ejercicio pleno de nuestras libertades. Frente a casos donde la promoción inorgánica de hashtags se ha explotado para simplificar y polarizar el debate, como en el caso de la conversación en torno a la detención de Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, resulta relevante obtener un compromiso por parte del Estado para asegurar que este tipo de dispositivos no sean nunca desplegados con el uso de recursos públicos para distorsionar movilizaciones en línea.

Particularmente en el contexto de la pandemia, es a través de los hashtags que las personas plasman sus consignas y buscan “tomar” las calles de lo digital. La crítica, desobediencia y disidencia frente al hartazgo y desolación han disparado distintas manifestaciones digitales en esta época, como es el caso de #CorazonesEnMarcha, protesta digital de las madres en búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos; el caso de #ILEPeriferias, #ILEGuanajuato y #AbortoLegalGuanajuato, donde mujeres de diversas partes del país mostraron su apoyo a la despenalización del aborto en Guanajuato, o el caso de #LeyMineraInconstitucional, movilización de los pueblos indígenas para hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decretar inconstitucional la Ley Minera; por mencionar algunas.

La crisis de COVID-19 ha evidenciado el cambio de paradigma, en el que la utilización de Internet y las plataformas digitales para acceder a los derechos civiles y políticos ha pasado a ser indispensable. El México que somos sigue aquí, solo ha encontrado un nuevo espacio para luchar. Es tiempo de que la #ProtestaEnLínea sea garantizada y protegida por su importancia para reflejar la pluralidad y diversidad de realidades y demandas en el país.

* Martha A. Tudón M. es Coordinadora de Derechos Digitales de @Article19mex.

 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 6 y Artículo 7.

2 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Artículo 20. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Artículo 21. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), Artículo XXI. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), Artículo 15.

3 RELE-CIDH. Lanza, Edison. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. OEA/Ser.L/V/II Doc. 210/18 v.2. Disponible aquí.

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tecnologías de la información y comunicaciones, En hogares. Disponible aquí.

5 Ibid.

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