Publicidad oficial: el deber de informar y el derecho a recibir información - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Altoparlante
Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Publicidad oficial: el deber de informar y el derecho a recibir información
Más allá de los recortes presupuestales a la publicidad oficial, hay prácticas que tienen en común esta administración y las anteriores, y es que persiste la concentración del ejercicio de los recursos en un muy reducido puñado de medios de comunicación, los mismos y los de siempre.
Por Ricardo Reyes Márquez
15 de febrero, 2021
Comparte

El año 2020 se caracterizó por ser el año de la pandemia, en donde la necesidad de contar con información veraz y oportuna por parte del gobierno ha sido más importante que nunca, esto para que como sociedad sepamos qué medidas está tomando el Estado para enfrentar la crisis sanitaria que ha impactado al país en diversas formas. Tenemos el derecho y la necesidad de saber qué medidas sanitarias se están llevando a cabo, cuál es la tasa de contagios y de defunciones, cuál es la capacidad hospitalaria, la disponibilidad de camas, a dónde debemos acudir en caso de presentar síntomas, entre muchas cosas más.

La comunicación social es la política por medio de la cual el gobierno nos informa de temas de interés público, en donde se destinan recursos públicos para difundir información a toda la población a través de distintas formas y medios de comunicación, llámense medios impresos, canales de televisión, estaciones de radio, panfletos, spots en redes sociales, propaganda impresa, espectaculares, entre otros, y que debe ser accesible a todas las personas sin importar su condición ni ubicación, porque, como lo indica el artículo 6º Constitucional, toda la sociedad tiene el derecho a estar informada, y por ende, el gobierno la obligación de informarnos.

Para esto, el gobierno federal aprobó para el año 2020 la cantidad de $2,452 millones de pesos, casi la mitad del presupuesto aprobado para el año 2019 ($4,165 millones de pesos), y se ejercieron preliminarmente en el 2020 $1,248,779,648.75 pesos, mientras que en el 2019 se gastaron $3,245,595,820.81 pesos. Como se puede observar, las cifras oficiales nos indican que los montos aprobados y ejercidos en publicidad oficial van a la baja, recalcando que en los gastos ejercidos existen subejercicios de alrededor de mil millones de pesos, mil millones que no se están destinando a ejercer los recursos para informar a la población. Por cierto, esos mil millones son poco más de los 954 millones que cuesta anualmente el INAI.

El gobierno federal ha justificado la reducción al gasto en dos sentidos; el primero, que esta administración ha apostado a una política de austeridad desde el primer día. La publicidad oficial se ha reducido considerablemente a comparación de los gastos excesivos que la administración anterior ejercía. En los dos primeros años de gobierno de Peña Nieto se ejercieron casi 14 mil millones de pesos, en comparación a los 2.7 mil millones que ha ejercido la actual administración. La segunda justificación de la reducción al presupuesto en publicidad oficial se debe a que, en voz del presidente, las mañaneras cumplen la función de informar a la población, y que su gobierno no tiene la necesidad de pagar por publicidad oficial.

Lo anterior nos plantea dos interrogantes: ¿las mañaneras son reales ejercicios de transparencia y acceso a la información? Y ¿la comunicación social está siendo ejercida efectivamente? No. Se ha identificado que en múltiples ocasiones, el presidente emite declaraciones de diversos temas aludiendo a determinada información u otros datos que él tiene, pero la verdad y la evidencia nos muestran que en muchas ocasiones no existe un respaldo o evidencia documental de las mismas, lo que se traduce a que emite información sesgada, incompleta, sacada de contexto, imprecisa o falsa, lo cual tiene un efecto negativo en la sociedad que consume esta información de carácter oficial, y se comprueba que las mañaneras en realidad no son un ejercicio de transparencia, acceso a la información, ni rendición de cuentas.

Por otro lado, la publicidad oficial que se ha ejercido durante dos años de gobierno no ha tenido el impacto que necesita la sociedad, sobre todo en un año como el 2020, donde la pandemia ha resultado un punto de quiebre en la necesidad de estar informado en temas de salud pública, aunado a otros económicos, de seguridad, de programas sociales y demás temas que atañen e interesan a toda la sociedad en su conjunto. Esto debido a que la tendencia de esta administración es invertir menos recursos en publicidad oficial y en hacer un uso mucho más limitado de ella, para así depositar la proyección pública en la política de comunicación social más poderosa que tiene este gobierno y el presidente, las conferencias mañaneras, en las cuales se marca la agenda pública y se generan las tendencias de las discusiones presentes.

Pero más allá de los recortes presupuestales a la publicidad oficial, hay prácticas que tienen en común esta administración y las anteriores, y es que persiste la concentración del ejercicio de los recursos en un muy reducido puñado de medios de comunicación, los mismos y los de siempre. Para el 2020, de los $1,248 millones de pesos ejercidos preliminarmente, TV Azteca, la Jornada y Televisa son los 3 de 397 medios de comunicación que más recursos reciben, acaparando 400 millones, lo que representa el 33% de la totalidad. En el mismo sentido de las malas prácticas al ejercer los recursos de publicidad oficial, los datos de la página de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública1 nos muestra que de enero a noviembre de 2020 se ejercieron $695 millones de pesos, lo que representa el 55% de la totalidad, y en diciembre se gastó el 44% restante. Lo que nos señala que no existe una planeación ni un gasto eficiente de los recursos, sobre todo en un año en donde esperaríamos que el gobierno se haya dedicado a informar por todos los medios y vías posibles sobre cuestiones relativas al coronavirus.

En la misma línea de ideas, llama la atención que la Secretaría de Salud, la secretaría encargada de llevar a cabo la política para hacer frente a la crisis sanitaria, esté en el lugar 11 con tan solo 14 millones de pesos ejercidos, y por encima de ella, en los primeros lugares estén el IMSS, Pronósticos para la Asistencia Pública, la Comisión Federal de Electricidad, la SEDENA y la SEMAR. Lo lógico sería pensar que la institución que lleva a cabo la política sanitaria en el contexto de la pandemia sea la que más nos esté informando, la que más medios y vías de comunicación utilice, la que más recursos ejerza.

La política de comunicación social, llámese conferencias matutinas o mañaneras, debe cumplir con el verdadero rol de informar, y no simular o ser utilizada como una tribuna para atacar y estigmatizar a sus adversarios. Asimismo, la publicidad oficial debe cumplir con lo establecido en el artículo 134 constitucional párrafo octavo, donde se menciona que la información que emita el gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, garantizando así nuestro derecho a ser informados.

El derecho a la información debe ser garantizado por todos los entes del Estado y hacia toda la población. Para ello, el Estado cuenta con distintas formas y medios para llevarlo a cabo. Un uso debido de la publicidad oficial implica garantizar la pluralidad mediática, así como la democratización de los medios de comunicación.

Así, es importante recordar la deuda pendiente que tiene esta administración en la debida y correcta regulación de la publicidad oficial. Esto para corregir las malas prácticas del pasado que persisten y siguen vigentes, y así poder contar con criterios de asignación y distribución, mecanismos de contratación idóneos, una completa transparencia y rendición de cuentas, un debido y efectivo uso de los recursos, evitar la concentración y la asignación discrecional de los mismos, y evitar que la publicidad oficial se siga utilizando como un mecanismo de censura, garantizando así la libertad de expresión y el derecho a la información.

* Ricardo Reyes Márquez (@vegetable0000) es Coordinador Jurídico y de Pluralidad Mediática del Programa de Derecho a la Información en ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica.

 

 

 

1 Disponible aquí.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.