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Por Artículo 19
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Publicidad oficial en México
Durante 2012, 26 entidades gastaron 5377 millones de pesos en publicidad oficial y solamente conocemos el destino del 47%. Es decir, no sabemos a dónde se fueron 2,833 millones.
Por Artículo 19
1 de abril, 2014
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Por: Ana Cristina Ruelas y Ricardo Luévano

En un sistema democrático, la publicidad oficial se funda en el derecho a saber de la ciudadanía y la obligación de los gobiernos de informar, explicar y justificar sus decisiones y actividades. Por esto, la publicidad oficial debe sustentarse bajo los criterios de claridad, objetividad, equidad y no discriminación.

Sin embargo, la naturaleza autoritaria del gobierno ha marcado profundas distancias entre la ciudadanía, la rendición de cuentas y el diseño de políticas públicas, incorporando millones de pesos a estrategias mediáticas ausentes de transparencia y regulación.

La publicidad oficial, desde la experiencia mexicana, ha sido una válvula que ha favorecido de forma selectiva acuerdos e intermediaciones que impactan en la libertad de expresión y el derecho a la información.

La arbitrariedad y el favoritismo en la asignación de publicidad oficial han viciado de manera estructural la relación entre medios y gobierno. Se ha llegado a una dinámica de presiones mutuas y de “vicios aprendidos”. La posibilidad de “negociar” la publicidad oficial promueve la autocensura, e inhibe la función social y de vigilancia que los medios de comunicación deben desempeñar en una sociedad democrática.

Aunque la obviedad histórica parece no dejar lugar a dudas entre la relación de los medios y el control del Estado, ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación generaron la tercera edición del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas, con la difícil tarea de medir la transparencia  del gasto, la falta de planeación y fiscalización de su ejercicio y la distribución discrecional y arbitraria entre los distintos medios de comunicación.

En esta investigación se confirma la opacidad, la ausencia de reglas y el incremento del presupuesto en publicidad oficial, al amparo de una deficiente justificación del gasto y su carente regulación. Los resultados presentan aristas destacables y porcentajes sobre el incremento o control en diversas entidades, interpretados desde solicitudes de información y datos públicos que proyectan la actuación estatal en el tema.

Así, aún cuando la publicidad del ejercicio de recursos públicos sea una obligación constitucional, la mitad de las entidades federativas no entregan alguna información sobre el gasto en publicidad oficial (el total o el detalle).  Es decir, después de 12 años de “transparencia” en el país no podemos saber a dónde se destina cada peso de los recursos públicos y no existen sanciones para quien los ejecuta.

De esta manera, 26 entidades gastaron 5377 millones de pesos en publicidad oficial durante el 2012 y solamente conocemos el destino de 47%.  Es decir, no sabemos a dónde se fueron 2,833 millones.

Además, en 16 casos nos encontramos con sobreejercicios que llegan hasta cuatro veces de lo originalmente presupuestado. En total, 25 entidades sobreejercieron 72% más de lo aprobado.  Esto habla de la carencia en la planeación y fiscalización del ejercicio de este concepto.

Por último, la distribución del gasto –de lo que se pudo tener acceso con información de diecinueve entidades– revela la arbitrariedad y discrecionalidad con la que se maneja ya que 2 544 millones de pesos fueron distribuidos 44% a televisión, 24% a prensa escrita, 17% a radio, 12% a otros y 3% a internet. Sin conocer los criterios para llevar a cabo esta asignación.

Las cifras de esta investigación urgen a los legisladores a frenar este gasto innecesario de recursos públicos.  Tienen hasta el 30 de abril para cumplir con esta obligación.

La publicidad oficial requiere reglas claras y transparentes que favorezcan el ejercicio efectivo de la libertad de expresión e información. Sin esto, la democracia será solo un discurso oficial.



Asociación por los Derechos Civiles (ADC). 2006 Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial. Argentina. ADC. Disponible en línea (Última consulta febrero 2013).

Dupuy, J., & Ruelas, A. C. (2013). Comprando Complacencia; publicidad oficial y censura indirecta en México. Paris: WAN – INFRA.

La información relativa a la primera y segunda edición del Índice de acceso al gasto en las entidades federativas se encuentra disponible aquí.

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