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¿Qué alcances tiene la resolución de la Corte sobre bloqueos en Twitter?
La resolución de la SCJN para que el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, desploqueara de Twitter al periodista Miguel León Carmona tiene efectos solamente en este caso particular, pero sí establece un precedente relevante frente a la tendencia que hay entre los servidores públicos al respecto.
Por Artículo 19
23 de marzo, 2019
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Por: Luis Knapp (@LuisKnapp1988)

La reciente resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de bloqueos en redes sociales por parte de servidores públicos ha constituido un precedente importante respecto al ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información en el ámbito de internet y redes sociales.

En este sentido, resulta pertinente analizar algunas cuestiones, así como el alcance que ahora tendrá en México esta sentencia emitida en el amparo en revisión 1005/2018 respecto al caso del periodista Miguel León Carmona y el bloqueo del Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler.

Previo a analizar el alcance de la resolución, es importante recordar cuál fue el origen de este caso y cuáles son sus componentes esenciales. Por un lado, el periodista cubre temas relacionados con derechos humanos, violencia, desapariciones, entre otros, en un contexto particular de macrocriminalidad en Veracruz. Por otro lado, el Fiscal General es el encargado de una tarea fundamental dentro de ese contexto: la procuración de justicia; por tanto, lo que haga o deje de hacer es de absoluta relevancia y la información que genere y publique es de interés general.

En octubre de 2017, el Fiscal determinó bloquear al periodista porque este último compartió a su cuenta información sobre inseguridad, violencia, fosas clandestinas en Veracruz, suficiente motivo para cerrarle ese canal de comunicación y ya no pudiera acceder a las publicaciones del servidor público en Twitter. El día que León Carmona quiso revisarlas nuevamente, se encontró con el mensaje: “No puedes seguir a @AbogadoWinckler ni ver los Tweets de @AbogadoWinckler porque te ha bloqueado”.

A partir de ello, el periodista decidió promover un juicio de amparo, con la representación de ARTICLE 19 en conjunto con la abogada Adriana Fuentes, por el menoscabo a su libertad de expresión y acceso a la información. El juzgado Decimoctavo de Distrito en Veracruz dio la razón a León Carmona, otorgándole el amparo y ordenando al Fiscal de Veracruz desbloquearlo, misma resolución que finalmente fue confirmada el pasado 20 de marzo por la Segunda Sala de la Suprema Corte para conceder el amparo al periodista de manera definitiva.

La resolución de la Suprema Corte generó diversas reacciones y se pudo observar en redes sociales muchos comentarios sobre diversos servidores públicos que también han realizado estos bloqueos, lo cual confirma una tendencia cada vez creciente y preocupante en este tema, no sólo en México, sino en otros países, como Colombia, España y Estados Unidos, entre otros, donde por ejemplo el caso del presidente Donald Trump ha sido representativo en tanto una jueza federal en el Distrito de Nueva York determinó que el mandatario no debe bloquear a las personas en Twitter, al constituir un acto discriminatorio y en contra de las libertades de expresión e información.

Ahora bien, ante este escenario, es importante preguntarnos y analizar cuál es la importancia de lo resuelto por la Suprema Corte en México y cuáles son sus alcances ante este panorama. Veamos:

  1. La resolución reconoce la importancia de las redes sociales, en particular de Twitter como una plataforma para la difusión de contenidos de relevancia social (como la información gubernamental) y para el debate en asuntos de interés público.
  2. Al realizar una ponderación entre el derecho de acceso a la información y la privacidad, determinó que los servidores públicos están sujetos a un alto escrutinio social respecto a sus funciones y por tanto, las libertades de expresión e información deben ser mayormente protegidas. Los funcionarios no pierden su privacidad pero el umbral de protección es menor frente a cualquier persona no pública, por la naturaleza de sus actividades.
  3. Las y los servidores públicos que han abierto cuentas en redes sociales se han colocado voluntariamente frente a ese escrutinio a través del medio digital que decidieron abrir como canal de comunicación con la sociedad. Es importante aclarar que la relevancia en este tema se encuentra no en cómo se describen las y los funcionarios en sus cuentas, ya sea con el nombre de sus puestos, alguna frase o cualquier otra idea, o simplemente no poner nada; lo importante está en el contenido que publican, que al ser sobre sus actividades y funciones públicas, se constituye como de interés público.
  4. Podemos hacer un símil o comparativo del ámbito digital, con un bloqueo, al terreno físico, cuando en alguna conferencia de prensa o entrevista “banquetera”, un servidor público niegue el acceso de algún periodista a dicha conferencia o a responderle preguntas; lo cual, por cierto, también sucede en un contexto adverso y de agresiones contra la prensa en México.
  5. También esta resolución es la primera en su tipo en el país, en cuanto a reconocer que la protección para el ejercicio de las libertades de expresión e información en el mundo físico, también debe aplicarse en el ámbito digital, en internet y las redes sociales.
  6. Asimismo, si bien la libertad de expresión y de acceso a la información no son derechos absolutos, en casos de comportamientos abusivos en internet pueden existir restricciones justificables, como en casos de amenazas o incitación al odio o la violencia. Pero la resolución realiza una salvedad muy importante: “los comentarios o expresiones críticas, severas, provocativas o chocantes que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadores, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, de ninguna manera deben ser considerados comportamientos abusivos por parte de los usuarios de la red”.
  7. La Suprema Corte también subrayó que en el caso de periodistas como León Carmona se otorgan garantías reforzadas en la indagación, búsqueda y obtención de todo tipo de información que pueda reportar, por ser de interés para la sociedad, como parte de un flujo comunicacional que, contrario a restringirlo o cerrarlo, debe ampliarse y robustecerse.
  8. Ante la pregunta que ha surgido sobre por qué un tribunal tendría que conocer un asunto así, también tendríamos que cuestionarnos en paralelo por qué un servidor público decide bloquear a una persona ante la realización de críticas, opiniones, ideas o información que no le resulta favorable, en una plataforma como las redes sociales, donde la interacción y el flujo informativo son vigorosos y las libertades de expresión e información se amplifican.
  9. La resolución de la Suprema Corte tiene efectos solamente respecto al caso particular del periodista Miguel León Carmona y el Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler. No tiene efectos generales, es decir, no obliga a todas las y los servidores públicos que han bloqueado a personas en redes sociales. Sin embargo, se estableció un precedente relevante frente a la tendencia ya referida en este tipo de situaciones. Y si bien jurídicamente no tiene ese efecto general, con la resolución sí se realiza un planteamiento de índole ético para todos aquellos servidores públicos que han realizado bloqueos y su compromiso con los derechos humanos y la democracia.

Una sentencia así será fácil de cumplirse, como se ha dicho, tan sólo con entrar a la cuenta y desbloquear a una persona, pero no debemos obviar el fondo del asunto, porque también no resulta complicado para las y los servidores públicos decidir no bloquear a las personas y ampliar las libertades de expresión, información y el debate público. La resolución representa un primer paso, importante, en ese sentido.

 

* Luis Knapp es Coordinador de Defensa de @Article19mex.

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