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Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Razones para que la SCJN declare inconstitucional la Ley de Movilidad
La Ley de Movilidad del Distrito Federal debe ser declarada inconstitucional por la SCJN por restringir el derecho humano a la protesta social.
Por Artículo 19
2 de julio, 2016
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Por: Luis Knapp (@LuisKnapp1988)

El derecho a la protesta social como parte del ejercicio de las libertades de expresión y de reunión será discutido en próximos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver las Acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y 97/2014, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), respectivamente, para impugnar diversos artículos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal por restringir derechos humanos.

Particularmente, en los artículos 212, 213 y 214 se establecen limitaciones desproporcionales al ejercicio de la protesta social, que consisten en cuatro puntos principales: presentar un aviso previo con 48 horas de antelación a la realización de manifestaciones públicas, prohibir el uso de vías primarias de circulación, requerir que la manifestación tenga un “fin perfectamente lícito” y, otorgar facultades discrecionales a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) sobre uso de la fuerza –lo cual va en contra de los estándares internacionales en la materia.

Ante ello, más de 14 mil personas de diversos ámbitos (estudiantes, personas académicas, activistas, sindicatos, artistas, periodistas y personas defensoras de derechos), en una acción coordinada por organizaciones sociales que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, también decidieron impugnar la Ley de Movilidad a través de juicios de amparo por ser violatoria de derechos humanos.

Derivado de esta acción se obtuvieron un total de 9 amparos por parte de Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, en donde se promovieron los juicios, declarando la inconstitucionalidad de dicha ley por restringir las libertades de expresión y reunión.

Aviso previo 

De entrada, es importante mencionar que por ningún motivo las autoridades deben requerir permiso a las personas para manifestarse. De lo contrario, estaríamos entrando en un sistema totalmente autoritario donde el ejercicio de derechos lo decidiría el Estado, ni más ni menos. Y si bien el aviso previo es un parámetro que puede ser aceptado, éste se ha tergiversado al condicionar su presentación para brindar facilidades en el desarrollo de la manifestación, como se establece en la Ley de Movilidad, lo cual además resulta discriminatorio; o bien se establecen requisitos excesivos a quienes organicen manifestaciones como pedirles sus datos personales, domicilio, número de personas, objetivo de la protesta, etc.

Además, como lo ha señalado el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las libertades de reunión y asociación, se omite la existencia de manifestaciones espontáneas, ante determinadas coyunturas o situaciones repentinas de carácter social, político o económico, pues si bien puede existir la figura del aviso, debe ser siempre con la finalidad de que la autoridad realice acciones para garantizar los derechos, por lo que la falta de aviso nunca puede tener consecuencias que limiten o entorpezcan el ejercicio de la protesta.

“Finalidad perfectamente lícita”

 Por otra parte, establecer que las manifestaciones deben tener una “finalidad perfectamente lícita” se traduce en un mecanismo de censura previa al calificar o juzgar a priori como ilícita a la manifestación pública, desconociendo que la misma cuenta con una presunción de legitimidad al constituir un derecho en sí mismo y un instrumento para el ejercicio de otros derechos. Además, dejan al arbitrio de la Secretaría de Seguridad Pública determinar si su finalidad es lícita o no, como si ello fuera medible, y peor aún, hacerlo antes de que se lleve a cabo una protesta.

Espacio público

Asimismo, la Ley de Movilidad prohíbe la utilización de vías primarias de circulación continua, restringiendo desproporcionadamente el ejercicio de la libertad de expresión. Aquí es importante señalar que el espacio público es justamente aquel ámbito donde las personas pueden dar visibilidad y resonancia a sus demandas o exigencias. De nada sirve garantizar la libre expresión en la ley, si se acortan los espacios para llevarla a cabo. Se desvirtuaría la naturaleza y objetivo de la protesta social. Ante ello, es fundamental entender también el espacio público como un ámbito esencial de participación política.

Por ello, en los amparos otorgados contra esta ley, los jueces fueron claros al referir que limitar la protesta social al uso de vías secundarias “resta la posibilidad de liberar la tensión social” a través de la misma.

Uso de la fuerza pública

Otro punto que contiene la Ley de Movilidad se refiere a las facultades que otorga a la SSPCDMX de “tomar las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por las (sic) normatividad aplicable”, además de remitir dichos lineamientos a un Reglamento.

Lo anterior resulta sumamente preocupante ya que abre un campo a la actuación discrecional y arbitraria de los elementos policiales, pudiendo traducirse en un uso indebido de la fuerza, detenciones arbitrarias e, incluso, tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes, tal como ha ocurrido en diversas protestas en la Ciudad de México, conforme a lo que ha documentado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es decir, no es una suposición, ya que dicha preocupación está plenamente justificada ante la pésima actuación que se ha observado de la policía en la ciudad, violando flagrantemente derechos humanos.

Contexto 

En México la libertad de expresión se encuentra en riesgo, y está siendo atacada a través de varios frentes. Por un lado, hay una tendencia legislativa creciente que restringe este derecho, ya sean delitos o infracciones administrativas, pero que generan un grave efecto inhibitorio en el ejercicio de libertades; por otro lado, nos encontramos con una constante de agresiones por parte de elementos de seguridad pública durante protestas sociales.

No olvidemos que ante gobiernos omisos, ineficientes y simuladores, que son sordos y no atienden las necesidades de la sociedad, además de perpetrar violaciones a derechos humanos, un recurso importante para las personas es la calle, visibilizando sus demandas y hartazgo, exigiendo justicia y luchando por preservar la memoria histórica de un país harto de tanta injusticia e impunidad.

Y no debemos irnos muy atrás, pues apenas el 19 de junio pasado en Nochixtlán, Oaxaca, vimos un claro ejemplo de lo anterior cuando la Policía Federal reprimió las protestas del movimiento magisterial y personas que lo apoyan, utilizando armas de fuego que llevaron al asesinato de nueve personas y decenas de heridos.

Con la grave crisis de derechos humanos que existe en México, a decir de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, hoy más que nunca la libertad de expresión y la protesta social se hacen necesarias para alzar la voz y denunciar esta situación.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en estos momentos una gran responsabilidad y oportunidad de garantizar las libertades de expresión y reunión, declarando la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, pudiendo marcar un parteaguas en esta materia y establecer un importante precedente que dé vitalidad a la, ya de por sí, mermada democracia en México.

 

@article19mex

 

 

 ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Espacio Libre Independiente Marabunta A.C. Resonar.

 ONU, Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai. Distr. General. A/HRC/20/27, 21 de mayo de 2012, párr. 41.

 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, 2012, párr. 133 y 137.

 ONU, Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai. Distr. General. A/HRC/20/27, 21 de mayo de 2012, párr. 41. Ver también la Decisión66/1995 del Tribunal Constitucional de España, en donde se refirió que “el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación”.

 Recomendaciones 7/2013, 11/2014, 9/2015, 10/2015, 11/2015, 16/2015 y 17/2015

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