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¿Restricción de derechos en tiempos de COVID-19?
Sea cual sea la medida que tome el Gobierno Federal, es indispensable informar debida, oportuna y adecuadamente a la población sobre las limitaciones impuestas al ejercicio de los derechos.
Por Ricardo Reyes Márquez
27 de marzo, 2020
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En contextos donde existen situaciones extraordinarias en que la sociedad está expuesta a un grave riesgo, ya sea de seguridad, emergencia sanitaria o de un fenómeno natural, el Gobierno tiene las facultades de imponer medidas de igual forma extraordinarias para proteger el bien público y el orden.

El artículo 29 constitucional prevé la facultad que tiene el Presidente para restringir o suspender el ejercicio de los derechos humanos y las garantías en todo el país o en las zonas en donde surja aquella situación extraordinadia. Lo anterior sucede además cuando mantener el estado normal de las cosas puede fijgurar como un obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la emergencia. Claro, lo anterior, solamente se puede hacer con la aprobación del Congreso de la Unión y la supervisión sobre su constitucionalidad o no por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, de verdad es un caso extraordinario donde el bienestar de la sociedad y la independencia o seguridad del Estado se enfrenten a un riesgo inminente. También es importante tomar en cuenta que de acuerdo a nuestro marco jurídico es imperativo que cuando se utilice un estado de excepción y/o suspensión o restricción de derechos fundamentales, dichas medidas sirvan para atender la emergencia presente y estén plenamente justificadas.

En México, solamente se ha utilizado esta figura una vez, en junio de 1942, con motivo de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, en el marco de la pandemia por COVID-19, algunos países han optado por impedir que las personas viajen o se desplacen, salgan de sus casas, que se lleven a cabo eventos masivos, entre otras medidas. Estas, si bien buscan contener las vías de transmisión del virus y reducir los números de contagios. son restricciones a las libertades. Las personas ceden al gobierno el poder de decidir sobre su libertad a fin de garantizar seguridad. Por ejemplo, en Italia se ha declarado toque de queda a partir del 10 de marzo hasta el 3 de abril; en España se ha emitido una declaratoria de un estado de alarma hasta el 11 de abril, y si la crisis persiste, se optará por imponer el estado de excepción, el cual endurece las medidas de confinamiento y existe la posibilidad de intervenir todo tipo de comunicaciones y sistemas de transporte. En Chile, se decretó estado de catástrofe por 90 días a partir del 19 de marzo, el cual consiste en proteger y mejorar la logística de traslado de insumos médicos, facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico, limitando ciertos derechos y garantías constitucionales. En el caso de Nueva York, California y Washington, en Estados Unidos, se dio paso a la entrada de la Guardia Nacional para asegurar las órdenes de confinamiento de las personas.

En nuestro país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa del 19 de marzo señaló que no se implementará el toque de queda ni la reducción de libertades, como tampoco dará el control del país al ejército para la contención del coronavirus1 como ha sucedido en otros países como Estados Unidos, Italia y España que ya existe presencia policiaca y militar en las calles. Hasta ahora, la Secretarías de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina tienen la responsabilidad de asisitir a la población en la mitigación y control de la transmisión del COVID-19.

No obstante, existe hoy en la conversación pública un gran número de personas principalmente de derecha que debaten sobre la posibilidad de que el gobierno implemente un estado de excepción. Es más, hay quien exige que esto suceda, que el gobierno cierre fronteras o que imponga penas a quiénes decidan salir de sus casas. En este contexto, vemos cómo las personas exigen abiertamente al Estado, a Andrés Manuel López Obrador, que les quite algunos de los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Lo anterior sin considerar que si bien existen países como los que he mencionado que sin declarar un estado de excepción han limitado principalmente el derecho de tránsito, también existen otros que con el pretexto de la “emergencia” han abusado del poder para coartar la privacidad de los ciudadanos a través de mecanismos de vigilancia masiva, han emitido una serie de discursos discriminatorios y de apología de la violencia hacia las poblaciones asiáticas y extranjeras e, incluso, han encarcelado a aquellos periodistas y personas que difunden información que contradice la versión oficial.

Cuando un Estado declara la excepción en el ejercicio de derechos entonces debe hacer mención de los límites formales y materiales, así como los límites temporales y geográficos. Además, cualquier medida debe ser proporcional al peligro que se enfrenta, es decir, que las medidas aplicadas deben ser necesarias y debidamente justificadas y observar en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. También es importantísimo que se asuma que de ninguna manera se pueden restringir o suspender el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre y a la nacionalidad. Tampoco se pueden restringir ni suspender los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y de no retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y de la tortura, así como las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Finalmente -aunque muchos gobiernos después de esto podrían cambiar las reglas del juego-, la titularidad del derecho jamás se suspende, solamente su ejercicio.

En este sentido, sea cual sea la medida que tome el Gobierno Federal, es indispensable informar debida, oportuna y adecuadamente a la población sobre las limitaciones impuestas al ejercicio de los derechos. El derecho a la información debe ser garantizado y no debe ser un derecho restringido en estas situaciones. Asimismo, el Estado debe garantizar que la libertad de expresión no se vea afectada dejando ejercer el periodismo libremente y sin restricciones, ya que a través de esta labor social, la sociedad se nutre de información útil y necesaria. De igual forma es menester de los distintos gobiernos y funcionarios y funcionarias en las entidades federativas, propiciar las condiciones óptimas y necesarias para llevar a cabo la labor periodística.

* Ricardo Reyes Márquez es coordinador jurídico del programa de Derecho a la Información de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica (@article19mex).

 

1 Disponible aquí.

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