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Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Ruptura de OSC con gobierno, no sólo por espionaje
Periodistas asesinados, ecocidios, concesiones sin rendición de cuentas, nombramientos en órganos reguladores sin transparencia ni participación ciudadana; contratos multimillonarios de infraestructura irregulares y persecución contra activistas impiden la colaboración certera y responsable entre el gobierno y la sociedad civil.
Por Artículo 19
2 de junio, 2017
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Por: Ricardo Luévano (@rickluev)

El tercer plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) se encuentra publicado desde noviembre de 2016. Sin embargo, desconocer el trabajo colectivo de más de 341 actores por parte de la Administración Pública Federal ha sido tomado por la sociedad civil como una forma crónica de simulación.

La AGA es una iniciativa multilateral que tiene actualmente 63 países miembros. En México hace referencia a una alianza entre el gobierno federal, el organismo garante de transparencia nacional (INAI) y un conjunto de diez organizaciones de la sociedad civil que promovemos la participación ciudadana, la transparencia, el combate a la corrupción y el uso de tecnologías como habilitador de la apertura gubernamental.

Desde agosto del 2011 la Alianza para el Gobierno Abierto en México ha sido un espacio de colaboración con incontables y valiosos acuerdos, pero también con lamentables ambivalencias y marcados desencuentros. Sin embargo, no podía ser de otra forma. Tres visiones tan diversas, unificadas en un proyecto nacional, debían sujetarse de algo más que la voluntad política o la continuidad de una agenda de sociedad civil, en muchos casos, impulsada por medio de protestas, periodicazos y estudios sin repercusión en los medios de comunicación y el gobierno.

Así se construyeron dos planes de acción, y hay que destacar que pasamos de un cumplimiento mediocre en el primero, a un segundo plan en el que se cumplieron todos los compromisos. Sin embargo, en ambos casos no habíamos logrado implementar un plan de acción que fortaleciera el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia, que además permeara en la población como un efecto de la visibilización de los principales problemas públicos. Por esta razón, nuestro tercer plan de acción fue desarrollado durante casi un año, con etapas lentas pero firmes que incluyeron al menos los siguientes procesos:

Una consulta electrónica que integró diversas opiniones sobre los problemas públicos más importantes del país, asociados a los 17 Objetivos de desarrollo sostenible que deberán cumplirse en el año 2030. Así, se identificaron seis ejes temáticos para la construcción del plan de acción:

  1. Derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho
  2. Sistema Nacional Anticorrupción
  3. Pobreza y desigualdad
  4. Igualdad de género
  5. Gobernanza de recursos naturales y cambio climático
  6. Servicios públicos
  7. Agua
  8. Industrias Extractivas

La siguiente etapa se conformó por una invitación a la ciudadanía y la sociedad civil de diferentes entidades federativas, para acotar la consulta y sugerir, por medio de la revisión y la discusión de los temas, las prioridades que pudieran generar compromisos desde la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia y la innovación: pilares fundamentales de la Alianza para el Gobierno Abierto.

En la tercera etapa se realizaron casi una decena de mesas de trabajo entre académicos, comunidades de práctica sobre temas relacionados, funcionarios públicos y representantes de distintos organismos nacionales e internacionales. Estos actores en conjunto aportaron preocupaciones contundentes sobre los temas que finalmente fueron elegidos. Nombraré solo algunos para entender la trascendencia de lo pactado.

Lo temas fueron: el trabajo de cuidados no remunerados en los hogares; la dispersión y fragmentación de los programas sociales; la medición del consumo de agua y descargas tanto en volumen como en calidad, así como la promoción de su reutilización y la descarga cero de los grandes consumidores; el combate a la obesidad por medio de la modificación de las Normas Oficiales Mexicanas sobre el etiquetado frontal en los productos; la inclusión de mecanismos de participación ciudadana sustantiva en los procesos de designación que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, y la reducción de la vulnerabilidad y riesgos asociados a la variabilidad y al cambio climático.

Sin embargo, en la cuarta etapa para acordar las líneas de acción, en la que debían desarrollarse a detalle las bases sobre las que trabajaríamos los próximos dos años, la Administración Pública Federal (APF) le ha apostado a la renegociación de los numerosos trabajos desarrollados por -según las listas de convocatoria- 341 actores. Esto con la intención de acotar el alcance de los compromisos y atenuar sus efectos, para cumplirlos y señalar que el gobierno federal es un gobierno abierto, o peor aún, un Estado abierto.

Esto refleja la simpleza con la que la APF puede desconocer el trabajo colectivo, colegiado, y ordenado que realizaron personas como Miguel Sarre, Santiago Corcuera, Silvano Cantú, Lourdes Barrera, Consuelo Morales, Luis Daniel Vázquez, Luis Pineda, Julia Monarrez, Iván García Gárate, Gisela Zaremberg, Fiorella Espinosa, Christel Rosales , Claudia Campero, David Mora y Paulina Gutiérrez durante más de un año.

Es importante considerar que el contexto mexicano actual impide la colaboración certera y responsable entre el gobierno y la sociedad civil. En gran parte por eso decidimos repensar nuestros acuerdos de participación. Hay 33 periodistas asesinados por su labor periodística en la administración de Enrique Peña Nieto; ecocidios a cambio de turismo y cadenas hoteleras; concesiones a mineras que no rinden cuentas; designaciones de los titulares de los órganos internos de control sin transparencia y participación ciudadana; contratos multimillonarios de infraestructura a cambio de unas cuantas casas blancas; una persecución contra investigadores en materia de salud, que reconocen el daño de los alimentos que consumimos, y un presidente que se burla de la Alianza para el Gobierno Abierto tomando coca cola en cadena nacional.

La Alianza para el gobierno abierto es y será un mecanismo de negociación sin precedentes entre la sociedad civil y el gobierno. El núcleo de organizaciones, las diez que lo conformamos, seguiremos impulsando la agenda y protegiendo lo construido, pero no con este gobierno, no con un gobierno que desconoce los acuerdos, no con acuerdos copulares, pactados desde la simulación.

 

@article19mex

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