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Se tortura para investigar la verdad y se tortura para ocultarla
El peso que poseen las acciones u omisiones de actores relevantes de la vida pública se conjuga con el empleo y el papel de los medios de comunicación que, en la difusión de casos de amplia repercusión, acuden a juicios mediáticos y discursos punitivos dominados por criterios demagógicos.
Por Miguel Sarre
6 de diciembre, 2019
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La tortura en México es fruto de un pacto barbárico de la política y de una sociedad discriminatoria, reforzado por la demagogia punitiva; la (con)fusión entre las tareas de la justicia y las de la seguridad, y el papel que juegan algunos medios de comunicación y periodistas que replican las “verdades oficiales” sin someterlas al rigor periodístico.

Aquí se entresacan y complementan las consideraciones sobre la tortura en México a la luz del informe “Fabricación de falsas verdades en el sistema de justicia penal. Las decisiones políticas y fisuras jurisprudenciales que sostienen la tortura”, presentado en días pasados por la organización ARTICLE 19:

1. La tortura es un fenómeno político. Tanto instrumentos internacionales como normas nacionales la vinculan al abuso del poder conferido a agentes estatales. Sin su intervención, las eventuales figuras delictivas serían las de lesiones, homicidio u otras pero no estaríamos frente a un caso de tortura.

Más allá de lo legal, la tortura es una calamidad política porque su subsistencia o su efectiva proscripción dependen de lo que las autoridades hagan o dejen de hacer.

2. Por su carácter político, la responsabilidad de su recurrencia sistemática depende de los poderes y órganos del Estado, en los ámbitos local y federal. En el estudio se documentan acciones y omisiones concretas auspiciadas desde su cúspide. Destaca el análisis que se hace de las “fisuras” en las decisiones de la Suprema Corte que permiten la subsistencia de esta práctica, así como las omisiones de la CNDH y del “Mecanismo Nacional …” adscrito a la misma y creado expresamente para prevenirla, cuya labor ha sido tan insustancial que da pena nombrarlo completo.

3. La tortura ocurre principalmente en el seno del sistema de justicia penal (incluyendo las fiscalías y las cárceles) y dentro del sistema de seguridad, que comprende a policías, marinos, militares y, ahora, guardias nacionales.

4. Cuando la tortura tiene lugar en el camino de obtener condenas para culpables o inocentes, los órganos judiciales ordinarios y de control tienen una herramienta muy poderosa para desincentivar su práctica, que es la invalidación de los procesos penales donde se hubiere usado la misma. Sin embargo, como se documenta en el informe, el modo en que han sido resueltos algunos casos por nuestro Máximo Tribunal produce una regresión de las salvaguardas dispuestas en la legislación procesal penal.

5. Respecto de la tortura y malos tratos inferidos en el ámbito del sistema de prisiones, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé mecanismos judiciales para evitarla. Uno de ellos es el control judicial de los traslados de centro a centro. Sin embargo, los responsables de operar las prisiones reclaman eliminarlo, con lo que se garantizaría que, ante el riesgo de un traslado arbitrario, la tortura y otros malos tratos permanezcan impunes.

6. “Nadie está por encima de la ley”; no obstante, se augura lo difícil que será hacer comparecer en juicio a los agentes militares o militarizados (Guardia Nacional) a quienes se imputen hechos de tortura.

7. La demagogia punitiva que está detrás del aumento de penas y otras medidas que debilitan el debido proceso es un fenómeno transversal a todos los partidos políticos. Así lo demuestra la contundente aprobación de la prisión preventiva oficiosa que amplió los poderes policiales y disminuyó los judiciales.

8. La (con)fusión entre justicia y seguridad está en el fondo de las motivaciones que han marcado la regresión en los criterios de la Suprema Corte para proteger derechos humanos en este ámbito. Este subsidio legal a la policía, provisto por la acción de la justicia, no solo incentiva los abusos sino que además perjudica la profesionalización de las instituciones responsables de la investigación de los delitos.

9. Se puede constatar que la tortura se practica contra personas pobres por otras personas pobres, en una especie de sistema de castas donde los grupos más encumbrados difícilmente torturan personalmente y difícilmente son torturados, ni mucho menos responsabilizados por los actos que ordenan o toleran. Si el debido proceso es, como lo dice Luigi Ferrajoli, “la ley del más débil”, las garantías de legalidad son el mínimo de justicia al que es acreedora la mayoría desventajada.

10. Los medios de comunicación tienen un papel preponderante en la tortura. El reconocimiento y análisis de esta circunstancia distingue a este informe, desarrollado por parte de una organización dedicada a la protección de periodistas, la libertad de expresión, el derecho a la verdad y el acceso a la información.

El peso que poseen las acciones u omisiones de actores relevantes de la vida pública, se conjuga con el empleo y el papel de los medios de comunicación que, en la difusión de casos de amplia repercusión, acuden a juicios mediáticos y discursos punitivos dominados por criterios demagógicos. Así, se retroalimentan las visiones compartidas por unos y otros (autoridades y medios de comunicación) sobre el fenómeno delictual y se tolera, enmascara o, directamente, se promueve la tortura. El telón de fondo de estos componentes favorecedores de la tortura es, como se ha dicho, la subordinación de la función de la justicia a intereses de seguridad pública mal orientados.

Si la tortura ha atizado la violencia en el país, la decisión política, judicial y legislativa de terminar con ella es un paso necesario para caminar hacia su pacificación.

* Miguel Sarre es profesor del ITAM y asesor del informe publicado por ARTICLE 19 en días pasados.

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