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Sin rumbo, la Estrategia Digital Nacional
El planteamiento que hace la Estrategia Digital Nacional para lograr los servicios de alta calidad, combatir la corrupción por prácticas desleales en la compra y adquisición de tecnología, eficiencia de procesos digitales, seguridad de la información y soberanía tecnológica no se resuelven con nueve objetivos específicos.
Por Priscilla Ruíz
4 de septiembre, 2021
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En 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un documento titulado “Proceso de Planeación de la Estrategia Digital Nacional y de la Política Tecnológica”, que nunca fue ratificado ni publicado en el Diario Oficial de la Federación. Solo delineaba algunas acciones que se pretendían realizar sin establecer un diagnóstico detallado de la problemática, líneas de acción por crear y ejecutar, ni tampoco proyectaba la medición de impacto e incluso evaluación de este proceso.

Tres años después, el coordinador de la Estrategia Digital Nacional, Carlos Emiliano Calderón Mercado, presentó un anteproyecto tardío en su creación, con distintos planteamientos de problemas públicos desarticulados y con ausencia homologada para atender y solucionar mediante la formación de políticas públicas.

El anteproyecto de la EDN retoma dos vertientes distintas en la que incluye: 1) la digitalización de servicios, lo que implica que la Administración Pública Federal (APF) homologue los criterios que orienten “los esfuerzos e iniciativas tecnológicas y seguridad de la información” y 2) impulsar el proyecto prioritario para el bienestar titulado “Internet para todos”. Sin embargo, el documento es una carta de buenos deseos. Carece de un diagnóstico adecuado a la atención de cada problemática como se plantea en la EDN. Es un anteproyecto que conglomera mucho temas y problemáticas, que no tiene claridad y acciones para atender de forma integral cada unos de los problemas públicos en materia digital.

La EDN tiene la intención de definir los ejes y transversalizar los principios sin ser coherentes con la realidad que impera en el contexto de México, inmerso en una crisis de derechos humanos y donde la libertad de expresión está bajo asedio inmediato. No incorpora la diversidad de estudios, recomendaciones, informes, consultas con expertos y expertas que ha aportado al tema de tecnologías de la información y comunicación (TIC). Y, sobre todo, su abordaje no tiene una perspectiva de derechos digitales.

En la EDN deja de lado las voces y aportaciones que se han hecho desde diversos sectores incluyendo el mismo sector público que ha tenido contribuciones importantes en la materia a nivel internacional. No convoca, no articula. Tampoco recupera las opiniones, investigaciones, aportaciones tecnológicas de innovación que el sector privado, académico, de alta investigación técnica y centros de pensamiento han aportado para el desarrollo, adopción y uso de la tecnología.

Existen esfuerzos de diferentes sectores tanto de la iniciativa privada, la academia y organismos de la sociedad civil que han hecho aportaciones hacia el avance de una sociedad de la información y comunicación. Tal es el caso de la agenda de Inteligencia Artificial (IA) que en marzo de 2018 publicó el informe “Hacia una Estrategia de IA en México: Aprovechando la Revolución de la IA”. En él se advierte que los avances de la IA involucran una serie de elementos que el gobierno debe atender y prestar atención. Entre ellos: i) la inversión a la infraestructura que soporta el desarrollo tecnológico; ii) la educación digital; iii) la reducción de la brecha digital; iv) la colaboración y cooperación con las unidades de investigación en IA en todo el país; v) la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes usan la IA como una herramienta para identificar nuevas oportunidades de negocio, y vi) la incorporación de marcos regulatorios que protejan la innovación tecnológica y la privacidad.

El planteamiento que hace la EDN para lograr los servicios de alta calidad, combatir la corrupción por prácticas desleales en la compra y adquisición de tecnología (no olvidemos el caso Pegasus), eficiencia de procesos digitales, seguridad de la información y soberanía tecnológica no se resuelven con nueve objetivos específicos.

En una estrategia es importante identificar las áreas de oportunidad y acciones que se han desarrollado a lo largo de estos años para integrar esos saberes. Por ejemplo, en materia regulatoria e implementación de estrategias que permitan generar procesos de formulación de política pública claros que eviten actuar de manera aislada y desarticulada. México cuenta con una vasta experiencia para emprender acciones en torno a la EDN que puede robustecer la agenda de una forma participativa e integral.

Aún falta impulsar una visión nacional y de gobernanza que aglutine, articule, oriente y desarrolle una Estrategia Digital Nacional que funja como eje transversal en el desarrollo, uso, aplicación de la tecnología en bienestar de la sociedad. Es decir, la EDN debe abrirse y arriesgarse a incorporar una diversidad de experiencias y perspectivas que permitan emprender líneas de acción factibles y viables para su ejecución.  La finalidad es enlazar los diferentes esfuerzos y sentar las bases para evitar que una Estrategia Digital Nacional promueva normas restrictivas o que limiten los derechos humanos -de manera particular la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el acceso a la información-, pero al mismo tiempo estimule la innovación tecnológica y la economía digital del país.

* Priscilla Ruíz es coordinadora legal para el programa de Derechos Digitales en @article19mex.

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