close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Altoparlante
Por Artículo 19
Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
SNA: incompleto y de brazos atados
No hay un compromiso honesto del Estado mexicano para combatir la corrupción y la impunidad y cómo empezó a operar el Sistema Nacional Anticorrupción es la prueba.
Por Artículo 19
21 de julio, 2017
Comparte

Por: Dominique Amezcua (@DomAmezcua) y Ricardo Reyes (@vegetable0000)

México es un país corrupto. De acuerdo con la última versión del Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país obtuvo el lugar 123 de una lista de 176 países analizados, cayendo 28 posiciones con respecto al lugar que tuvo en dicho ranking el año previo, en el que ocupó el lugar 95. Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se ubica en el último lugar.

No extraña entonces que hace un par de días, cuando Donald Trump dio a conocer los objetivos generales para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se incluyeran demandas sobre la necesidad de que en México la corrupción del gobierno sea penalizada, se cuente con medidas para desalentarla y para proporcionar sanciones adecuadas, así como con herramientas de enjuiciamiento de personas sospechosas de participar en actividades corruptas.

Hace un año, cuando se promulgaron las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), las y los mexicanos albergamos la esperanza de que, por fin, se estaban sentando las bases para la consolidación de un mecanismo que permitiría combatir de manera integral la problemática de corrupción que ocurre en prácticamente todos los escenarios de la vida de las y los mexicanos. Hoy, 12 meses después, el SNA entra en funciones y el panorama no podría estar más alejado de las expectativas que se construyeron alrededor de la creación de este organismo.

La estructura del SNA el día de hoy carece de un Fiscal Anticorrupción cuya designación el Senado de la República ha pospuesto desde 2015, año en que se publicó la reforma constitucional que creó a dicho Sistema. De igual forma, el SNA operará en sus inicios sin los 18 magistrados especializados que integrarán la Sala Superior y las cinco salas especializadas en responsabilidades administrativas, lo cual se suma a la interrogante que más preocupa y que es la incertidumbre que rodea la transición entre la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República.

En la misma línea de los obstáculos que ha enfrentado la propia conformación del Sistema encontramos que, incluso antes de haber entrado en funciones formalmente, ya existen temas que han sido bloqueados para su consideración y posterior análisis al interior del Sistema: nos referimos a las peticiones que realizó el Comité de Participación Ciudadana (CPC) al Comité Coordinador para atraer el estudio de los casos de los contratos de Odebrecht y de Pegasus ante la presunción de posibles actos de corrupción.

En este mismo sentido, el CPC se ha configurado en estos meses como el hermano incómodo dentro del Sistema, no sólo por todos los cuestionamientos que recientemente se han hecho desde un sector muy específico con respecto a la transparencia del proceso de selección de las y los comisionados que lo conforman, sino también por el claro bloqueo que ha habido a las propuestas planteadas por el brazo ciudadano del Sistema. Preocupa entonces el grado de independencia y autonomía con que se actuará al seno de este mecanismo, y el margen de libertad que tendrá el CPC para insertar temas incómodos para muchos en la agenda de trabajo del SNA.

Por si fuera poco, la propuesta del ejecutivo de los 18 magistrados y magistradas en materia de responsabilidades administrativas que conformarían la Sala Superior y las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha sido cuestionada debido a los claros vínculos o antecedentes partidistas de diez de los candidatos, cuatro de ellos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y seis al Partido Acción Nacional (PAN).

Así, el SNA comenzó a operar como muchos de los proyectos que se echan a andar en este país, como una obra que se queda a medias, que sale más cara de lo que se pensó pero cuyo costo no garantiza su verdadera eficacia y que, por encima de todo, es un claro reflejo de la clase de clase política que tenemos en este país. Es el reflejo de que las cosas en México no cambian por una clara falta de voluntad de los grupos políticos que detentan un poder que podrían perder ante un Sistema Nacional Anticorrupción de a de veras. Que quede claro: no hay un compromiso honesto del Estado mexicano para combatir la corrupción y la impunidad que siempre la acompaña. El estado en el que el SNA comenzó a operar es la prueba. Que opere incompleto augura posibles naufragios mientras aquella ventana de oportunidad a la que la sociedad civil mexicana le apostamos todas nuestras canicas se cierra estrepitosamente. Una pena.

Las resistencias existentes para la completa creación y funcionamiento del Sistema vienen del Ejecutivo y de la partidocracia que impera en México, e implica un revés a la democracia y a los esfuerzos que desde otras esferas se realizaron para darle a las y los ciudadamos el Sistema Nacional Anticorrupción no sólo que merecemos sino que, en el contexto actual, pedimos a gritos. Habremos de ver cómo el SNA se hará de la fuerza institucional para sostenerse ante los retos que traerá consigo su entrada en funciones.

 

@article19mex

 

    El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. Fuente: Animal Político (2017), “Perciben un México más corrupto; el país cae 28 sitios en índice de Transparencia Internacional”, 25 de enero, disponible aquí. Consultado el 19 de julio de 2017.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.