Tendencias regionales alertan mayor restricción a la libertad de expresión
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Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Tendencias regionales alertan una mayor restricción a la libertad de expresión
Atestiguamos en Centroamérica y el Caribe el debilitamiento de las instituciones democráticas, y el estigma y criminalización al trabajo periodístico, la defensa de derechos humanos e incluso hacia las y los ciudadanos que ejercen o luchan por ejercer sus derechos.
Por Claudia Ordóñez Víquez
14 de mayo, 2022
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La región de Centroamérica y Caribe se enfrenta cada vez más al predominio de gobiernos cuyas prácticas autoritarias se intensifican y tienden a limitar, cada vez más, la libertad de expresión, el derecho a la información, a la reunión, asociación y a defender los derechos humanos, entre otros. A la par, atestiguamos el debilitamiento de las instituciones democráticas, el estigma y criminalización al trabajo periodístico, la defensa de derechos humanos e incluso hacia las y los ciudadanos que ejercen o luchan por ejercer sus derechos.

La continuidad de los asesinatos en contra de personas defensoras ambientales y periodistas comunitarias en Honduras; la criminalización sistemática en contra de voces disidentes en Nicaragua y Cuba; el bloqueo informático, el estigma desde los más altos funcionarios y la proliferación de leyes que criminalizan las expresiones en El Salvador; la persecución en contra de los actores que investigan corrupción en Guatemala, y 11 asesinatos de periodistas en México en este año, son hechos alarmantes e inaceptables en contextos y países que se dicen democráticos, en donde la libertad de expresión e información son necesarias para el desarrollo y bienestar de los pueblos.

Preocupadas/os por un contexto de mayores amenazas para las libertades y derechos, desde Artículo 19 iniciamos un nuevo proyecto regional que comprende analizar la situación que enfrenta la libertad de expresión en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Cuba, y presentar una propuesta de comunicación llamada “Barómetro de la libertad de expresión”, en cuya primera edición se aborda la situación de cada país en los primeros 3 meses del presente año, y del cual se destaca lo siguiente:

En Cuba las acciones represivas que ejerce el gobierno contra las personas manifestantes del 11 de julio de 2021 continúan, esta vez a través de presiones para abandonar el país y de juicios y sentencias desmedidas. Se destacan las reformas al código penal, que serán discutidas y muy probablemente aprobadas el 14 de mayo por la Asamblea Nacional Popular, que incrementan las penas contra personas por intercambiar información con personal diplomático extranjero; por colaborar con “organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica”; se tipifican otros delitos como “sedición” para sancionar a personas que se manifiesten o realicen acciones de desobediencia civil; el delito de propaganda contra el orden constitucional y el estado socialista; el de difusión de noticias falsas que pongan en peligro “el prestigio del Estado Cubano”; y también se fijan penas de 4 a 10 años de cárcel por “apoyar, fomentar, financiar, proveer, recibir o tener en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

En Guatemala, el gobierno ha intensificado la persecución contra funcionarios del poder judicial comprometidos en la lucha contra la corrupción, y han surgido casos de acoso judicial contra periodistas críticos que realizan investigaciones en torno al presidente y su círculo más cercano. Entre los casos en referencia están el del periodista Juan Luis Font, quien enfrenta una denuncia penal por parte del exministro de Comunicaciones por investigaciones sobre corrupción; la orden de arresto contra el periodista Carlos Ernesto Choc quien, por informar sobre las afectaciones de una empresa minera en El Estor y el asesinato de un pescador en una manifestación, es acusado por policías por “instigación a cometer un delito”. También se registró un ataque digital al medio Vox Populi después de publicar una investigación sobre la adquisición de propiedades de lujo por parte de los hijos del presidente Giammattei.

Por su parte, el gobierno del Salvador se enfrentó a duras críticas por la revelación del uso en gran escala del software espía Pegasus de NSO Group, en contra de varios periodistas críticos al poder y organizaciones no gubernamentales. Semanas después, se aprobó una iniciativa de reforma al Código Procesal Penal que crea la figura del “agente encubierto digital”, la cual abre la puerta al espionaje a periodistas y defensores de forma legal. Además, se documentaron un número importante de hackeos a las cuentas de redes sociales de periodistas.

En el mes de marzo, el presidente emitió un decreto solicitando al Congreso declarar estado de excepción y, con esto, restringir o suspender el derecho de reunión y asociación y los derechos que amparan a las personas detenidas, así como intervenir las comunicaciones de los considerados grupos delictivos. En este contexto, tuvieron lugar diversos bloqueos informativos documentados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y se aprobó una nueva reforma al Código Penal que criminaliza la cobertura y las expresiones relacionadas con el pandillerismo en el país.

En Honduras, el 27 de enero de 2022, Xiomara Castro asumió la Presidencia del país tras el gobierno de Juan Orlando Hernández. El expresidente enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos de América por cargos relacionados con el tráfico de drogas. Castro tomó protesta con la promesa de combatir los flagelos que supone la corrupción y la impunidad en el país.

En estos primeros meses, los asesinatos a comunicadores comunitarios e indígenas, así como a personas defensoras siguieron ocurriendo, registrándose 4 de ellos. Por su parte, las reformas aprobadas en octubre de 2021, al Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Especial contra el Lavado de Activos, a través de la cual se extiende la aplicación del delito de usurpación a las manifestaciones en espacios públicos y se agrava la sanción, mantienen las restricciones desproporcionadas en el espacio cívico y agudizan el fenómeno de criminalización de la protesta social.

Sobre Nicaragua es importante destacar que, desde octubre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ‘Ley Especial de Ciberdelitos’. En diciembre del mismo año, se aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, conocida como ‘Ley de Soberanía’. Ambas limitan la libertad de expresión, información y asociación. Con una aplicación arbitraria y discrecional de estas leyes, al menos 46 nicaragüenses fueron capturados en el contexto de las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con sus principales contendientes en prisión. Entre los detenidos se encontraban diversos integrantes de la oposición, pero también varios/as periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Al respecto, en estos tres meses, periodistas y personas defensoras han sido sentenciadas con penas desproporcionadas y a partir de procesos judiciales plagados de arbitrariedad y parcialidad.

En este contexto, gran parte de la prensa crítica en el país ha tenido que exiliarse tras la sistematicidad de acciones represivas en su contra.  Por su parte, organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos y trabajos asistenciales, así como fundaciones filantrópicas, han tenido que cerrar sus puertas, sumando hasta el momento un total de 187 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018.

Desde Artículo 19 hemos visto con admiración la resiliencia de un periodismo que busca mantener su función social.  Desde dentro y en el exilio, periodistas cubanos y nicaragüenses no han dejado de informar sobre la barbarie, la arbitrariedad y las violencias a las que el pueblo es sometido todos los días. En Guatemala, redes de periodistas, sociedad civil y organismos internacionales lograron frenar una ley conservadora que dinamitaba las victorias de grupos feministas y de la comunidad LGBTTTIQ+ en el reconocimiento de la expresión de la identidad sexual y de sus derechos. La comunidad internacional ha jugado un papel muy relevante para levantar la voz sobre los atropellos cometidos por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador en el marco del Decreto de estado de emergencia emitido el mes de marzo y, aun cuando este ha respondido con la desacreditación y la nulificación de la palabra, el escrutinio y la crítica se han fortalecido.

Por su parte, la transición en Honduras ha permitido revertir prácticas y leyes antidemocráticas, impulsadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández, que daban lugar a más corrupción y más impunidad.  La derogación de la Ley de Secretos, la promoción de una iniciativa para fijar criterios de idoneidad dentro de los procesos de designación pública de los magistrados del Poder Judicial y la solicitud de apoyo a las Naciones Unidas para la instalación de una Comisión Especial para el combate a la corrupción y la impunidad representan una esperanza para la región que no podemos dejar de mirar.

* Claudia Ordóñez Víquez es oficial del programa de Centroamérica y el Caribe en ARTICLE 19, oficina para México y CA.

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