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Tener pensamientos propios no debería ser un crimen en Cuba
Familiares, defensores, artistas y organizaciones de derechos humanos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una serie de prácticas que en su conjunto constituyen violación a los derechos de las y los ciudadanos cubanos, en particular quienes participaron en las protestas del 11 de julio pasado.
Por Claudia Ordóñez Víquez
23 de octubre, 2021
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Este jueves 21 de octubre se llevó a cabo la Audiencia Temática “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba”, en la cual familiares, defensores, artistas y organizaciones de derechos humanos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de prácticas que en su conjunto constituyen prácticas sistemáticas de violación a los derechos de las y los ciudadanos cubanos, en particular, quienes participaron en las protestas del 11 de julio pasado.

En la sesión fue notable la ausencia del Estado cubano -como en todas las audiencias de la CIDH a las que se le convoca-, la cual tuvo lugar en el marco del 181º período de sesiones por solicitud de una veintena de organizaciones, mismas que expresaron su deseo de que la CIDH inicie un proceso de diálogo con el Gobierno cubano y las propias organizaciones.

El motivo de dicha audiencia radica en los hechos del pasado 11 de julio, cuando la ciudadanía de Cuba salió a las calles a manifestar su descontento por la escasez de servicios básicos, atención médica de calidad y alimentos, por la sistemática violación a los derechos humanos de la población, en particular de la libertad de expresión y la protesta, así como por la respuesta represiva del gobierno hacia cualquier expresión disidente.

En respuesta a las protestas pacíficas, el presidente Díaz-Canel hizo un llamado a defender la Revolución en las calles y respondió con violencia extrema, desproporcionada e injustificada, desplegando las fuerzas especiales conocidas como “boinas negras”, unidad de élite de las fuerzas armadas.

Como resultado, el Grupo de trabajo Justicia 11J -integrado por Cubalex, entre otros- registró 1130 personas detenidas, de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad. Varias personas excarceladas denunciaron actos de tortura y malos tratos entre los que se pueden mencionar golpizas, ofensas verbales, obligación de desnudarse, amenazas de abuso sexual y uso de perros para amedrantar. Varias de ellas fueron sometidas temporalmente a desapariciones forzadas, como lo documentó Cubalex, a quienes las autoridades les negó información sobre 40 personas respecto al lugar en el que se encontraban detenidas.

De igual forma, resultan preocupantes las agresiones que recibieron las y los periodistas durante las coberturas en las protestas para obstaculizar el flujo de información. Se registraron agresiones contra 18 periodistas, 5 mujeres y 13 hombres, de 8 medios de comunicación independientes y en diversas provincias. Si bien fueron liberados, la mayoría están sujetos a un arresto ilegal domiciliario de manera reiterada, situación que se agrava con el cortes selectivos y deliberados del servicio de internet.

Al respecto, en la audiencia se alertó sobre el sistema normativo implementado por el gobierno para limitar la libertad de expresión en el espacio digital. Después de las protestas del 11 de julio se puso en vigor el Decreto Ley No. 35, que legaliza los cortes masivos de acceso a internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet. Bajo estas normativas, la transmisión en vivo de manifestaciones o las convocatorias online de protestas pueden ser calificadas como Difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social.

En el desarrollo de la audiencia se mostraron testimonios de familiares de personas detenidas, quienes dieron rostro y sentido humano a las cifras de la represión expuestas por las organizaciones, a través de la experiencia que sus hijos, hijas, padres y hermanas y hermanos han vivido al ser privados de la libertad y de sus derechos fundamentales. La madre de Roberto Pérez Fonseca, con la voz entrecortada dijo “Le pido a la Comisión de Derechos Humanos que interceda por la liberación inmediata de mi hijo, porque tener pensamientos propios no es un crimen”.

Para las organizaciones solicitantes de la audiencia, fue de especial interés la participación de las y los comisionados, quienes saludaron y reconocieron el esfuerzo de las organizaciones y de quienes ofrecieron su testimonio bajo riesgo de ser víctimas de represalias, manifestando su apoyo por la lucha por el respeto de los derechos humanos en Cuba. Así también, manifestaron su preocupación por las amenazas que el gobierno cubano ha emitido en frontal oposición a las protestas anunciadas para el próximo 15 de noviembre y adelantaron que mantendrán observación especial durante esa jornada.

* Claudia Ordóñez Víquez es Oficiala del programa de Centroamérica en @article19mex.

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