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Tlatlaya: el silencio federal
A poco menos de tres meses de los hechos registrados en Tlatlaya, la sociedad mexicana sigue sin tener certeza de lo ocurrido. La legislación nacional e internacional obliga a las autoridades a difundir de manera proactiva toda la información que tengan en su posición y no pueden invocar el carácter de reservado cuando se trata de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
Por Artículo 19
7 de octubre, 2014
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Por: Sebastián Aguirre (@soy_sebastian_)

Los medios nacionales e internacionales hablaron de ello; Human Rights Wach habló de ello, al igual que Amnistía Internacional; el gobierno de Barack Obama, a través del portavoz del Departamento de Estado, habló de ello. Sin embargo el gobierno federal ha guardado silencio.

El homicidio de 22 personas a manos de miembros de la armada mexicana, en Tlatlaya, Estado de México, ha sido comentado por varios actores. Pero los principales responsables de difundir información sobre los hechos han guardado silencio.

La poca información que ha emitido la Secretaría de la Defensa, que es la dependencia federal involucrada en los hechos, es la siguiente:

El 30 de Junio de 2014 elementos de la 22° zona militar se enfrentaron con un grupo armado en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. De acuerdo con un boletín emitido por la SEDENA el mismo día de los hechos, “personal militar al realizar reconocimientos terrestres ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión”. El resultado del enfrentamiento fue la muerte de los 22 presuntos delincuentes –21 hombres y una mujer-; la liberación de tres mujeres secuestradas; un soldado lesionado, y 25 armas largas, 13 armas cortas y una granada de fragmentación fueron decomisadas junto.

A los pocos días, el 8 de julio, la agencia de noticias Associated Press (AP) difundió una nota en la que contradecía la información oficial. De acuerdo con la nota “Impactos de bala y manchas de sangre en las paredes interiores de una bodega de almacenamiento […] cuentan una historia sombría […]. Puede que no sea la misma historia que dicen los funcionarios”. La nota cuestiona la posición oficial sobre los hechos. Pone en tela de juicio la idea de un fuerte enfrentamiento; ya que argumenta que no se evidencian un gran número de boquetes en la fachada exterior, como lo supondría un enfrentamiento.

De acuerdo a la publicación de AP, dos observadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos señalaron que no encontraron signos de balas perdidas del tipo que dejarían los soldados después de disparar armas automáticas a cierta desde la distancia.

Esta nota provocó una serie de declaraciones y cuestionamientos hacia las autoridades. ¿Dónde se dio el enfrentamiento, afuera o en el interior del almacén? ¿Cómo en un enfrentamiento con armas largas solamente un soldado resultó herido y los 22 civiles murieron?

Ante estas dudas el gobierno federal guardó silencio. El gobierno federal no emitió un comunicado aclarando lo sucedido o proveyendo mayor información sobre su versión de los hechos. Cada día que pasaba reforzaba la hipótesis de una ejecución extrajudicial por parte del ejército.

ARTICLE19 realizó solicitudes de acceso a la información, el 21 de Julio, para conocer la información que han hecho pública las autoridades que son competentes en temas de seguridad con relación a los hechos ocurridos en Tlatlaya. La respuesta de la SEDENA fue el boletín ya mencionado. Por otra parte la Procuraduría General de Justicia del Estado de México declaró la reserva de información y dio un boletín. El documento fichado el 15 de julio aparenta ser una respuesta a las opiniones emitidas en un programa televisivo. El comunicado menciona, con relación a lo mencionado sobre los suceso en el programa Es la Hora de Opinar con Leo Zukerman, la Procuraduría del Estado de México realizó diversas pruebas las cuales le permiten concluir que: 1) No existieron disparos a corta distancia, 2) las 22 personas fallecidas efectuaron disparos de arma de fuego, 3) hubo un fuego cruzado en el que “el intercambio de disparos resultó proporcional”, y se encontraron indicios de que los disparos se realizaron de adentro hacia afuera de la bodega y viceversa, 4) la trayectoria de los proyectiles y la posición de los cuerpos no indican indicio alguno sobre una ejecución.

Después de este comunicado ninguna institución gubernamental emitió más información. Pasaron 66 días, hasta el 19 de septiembre, cuando la edición mexicana de revista Esquire publicó un reportaje con el testimonio de una testigo presencial de los hechos. De acuerdo con el artículo, Julia -la testigo cuyo nombre se cambió por seguridad- relata que fueron los militares quienes dispararon primero y solamente uno de los fallecidos murió durante el enfrentamiento.

Este reportaje produjo una nueva ola de declaraciones y exigencias para que el gobierno federal diera una explicación sobre lo sucedido. Jeff Ratkhe, portavoz del Departamento de Estado, pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que autoridades civiles no militares investiguen exhaustivamente el incidente ocurrido. Amnistía Internacional  hizo un llamado  a las autoridades civiles a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. La presión internacional logró movilizar las letárgicas y silenciosas estructuras gubernamentales mexicanas. El 22 de septiembre el presidente Peña Nieto dijo que será la Procuraduría General de República la encargada de la investigación que dé respuesta a los hechos ocurrido en Tlatlaya. Un día después, Raúl Placencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), comentó que en seis semanas el organismo a su cargo contará con un informe preliminar sobre la muerte de 22 presuntos delincuentes en una bodega en el Estado de México.

La Agencia MVT publica fotografías de la escena del crimen donde se evidencia manipulación de cuerpos, siembra de armas y no aparecen casquillos percutidos.

La semana pasada (25/Septiembre/2014), la Sedena informó que ocho militares (7 miembros de la tropa y un oficial), que participaron en el operativo de Tlatlaya, fueron puestos a disposición del Juzgado 6/o. Militar e ingresados a una prisión militar en espera de que la justicia militar defina su situación jurídica en caso de que los elementos sean requeridos por la PGR.

A poco menos de tres meses de los hechos la sociedad mexicana sigue sin tener certeza de lo ocurrido. La legislación nacional e internacional obliga a las autoridades a difundir de manera proactiva toda la información que tengan en su posición y no pueden invocar el carácter de reservado cuando se trata de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

El gobierno mexicano ha sido incapaz de realizar un expediente público, de manera proactiva, que explique las posibles ejecuciones extra judiciales de Tlatlaya. Al parecer lo único que logra generar una reacción en el gobierno es el daño que produce, a su imagen internacional, las publicaciones de medios extranjeros y las demandas de la comunidad internacional.

Hace un par de días, el 28 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional del acceso a la Información Pública o Derecho a saber. Los familiares de las víctimas, los habitantes de Tlatlaya y la sociedad mexicana tienen derecho a saber qué fue lo que sucedió. El Estado mexicano tiene la obligación de difundir la información, por lo que debe de dejar la sombra de silencio bajo la que se oculta.

 

* El presente texto contó con la investigación de Eunice Sanchez (@eeuunike) y Mitzi Blanquet.

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