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Un Tribunal de hombres para decidir derechos de mujeres
El TEPJF debe ser conformado por los perfiles más aptos para la naturaleza del puesto, pero también debe fomentar y garantizar la representación efectiva de las mujeres con una integración de tres a cuatro o, en el mejor de los casos, cuatro mujeres por tres hombres.
Por Artículo 19
12 de agosto, 2016
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Por: Paulina Gutiérrez (@paulinagtzr), Ricardo Luévano (@RickLuev) y David Mora (@dmoravera)

En la historia política de México, en sus facetas tanto autoritaria como democrática, las mujeres y las agendas de género han estado subrepresentadas en todos los poderes y órdenes de gobierno. Si bien es cierto que recientemente se ha incrementado el acceso a cargos de poder (incluso algunos trascendentales e idóneos como plataformas para impulsar acciones en favor de la equidad formal y material en derechos, como la Procuraduría General de la República o la Presidencia del Instituto Nacional de Transparencia), también lo es que el simple acceso a estos cargos no se ha traducido en una representación sustantiva.

El Poder Judicial, como advertimos, no escapa de esta situación, pues se tiene una gran resistencia a promoverlas para ocupar cargos en el rango de juezas, magistradas o ministras, y las mujeres que los ocupan no traen consigo agendas de género para impulsar. Sirve recordar, por ejemplo, que en 2015, para la designación de tres Ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), el ejecutivo envió tres ternas al Senado, dos conformadas por hombres y una por mujeres, lo que cerró la posibilidad de un Pleno con cuatro mujeres y siete hombres.

La designación de siete perfiles para constituir la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es un espacio que nuevamente enciende alarmas por la mínima participación de mujeres y la indiferencia del Estado mexicano ante esto. El proceso de designación diseñado por la SCJN, además de opaco, discrecional y subjetivo, es excluyente porque no prevé medida alguna en materia de equidad de género para la composición de las ternas que serán enviadas al Senado de la República, ni tampoco de inclusión alguna para otros grupos usualmente relegados por las instituciones políticas electorales a situaciones de marginalidad, como el caso de los pueblos indígenas y comunidades originarias.

No es un tema cualquiera: la Sala Superior del TEPJF, además de determinar la validez de los procesos electorales futuros y resolver conflictos internos de los partidos, decidirá sobre los derechos políticos de todos los mexicanos y mexicanas. En particular, interpretará la aplicación de los artículos 1, 4 y 41 de la Constitución, que aseguran la igualdad de género en la competencia electoral. Es cuando menos paradójico que una sala de siete hombres interprete qué significa esto en la participación política de las mujeres.

Ahora bien, de forma más amplia, es necesario detonar una discusión en el país sobre las implicaciones de la igualdad que se exige a partidos políticos sobre los procedimientos de designación pública para el servicio público: ¿deberían también las ternas o listas que conforma un Poder público para la elección de otro prever garantías en términos de igualdad? La práctica en otros países, por ejemplo Colombia, lleva la obligación de un mínimo de mujeres a los procesos de designación pública y no sólo para los procesos de elección popular.

Sin embargo, estos planteamientos no son un tema para la SCJN. Desafortunadamente, en la lista que conformará a las o los posibles designados del TEPJF no se priorizó ni de forma ni de fondo una consulta incluyente. Lo pudo haber hecho, por ejemplo, previendo que de los siete lugares que ocuparán las y los Magistrados se incluyera un mínimo de tres o cuatro lugares para mujeres con la capacidad, autonomía y probidad suficiente para el cargo. Asimismo, pudo haber elaborado una amplia consulta, por ejemplo dirigida a identificar a juezas, magistradas, académicas e investigadoras jurídicas y abogadas practicantes notables, para cumplir primero una cuota con los perfiles suficientes, dentro de amplios plazos para su revisión. La promoción y generación de incentivos para la participación y acceso de las mujeres a este tipo de puestos también es obligación de la Suprema Corte.

Asegurar que las mujeres integren órganos colegiados u ocupen una titularidad es tan sólo el primer paso. El segundo necesariamente es que tanto ellas como ellos, es decir cada aspirante que llegue al cargo, apuntalen agendas de género en la materia que les corresponde. En este sentido, no sólo es insuficiente y preocupante la participación de tan sólo 20 mujeres (por cada cinco hombres hay una candidata), sino que el proceso no evalúe de manera alguna el compromiso de las y los participantes con los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Tener una cuota de 20 mujeres respecto a los 106 hombres en la designación del TEPJF obliga a que en caso de elegir una sala superior con tres Magistradas y cuatro Magistrados deberán seleccionarse tres mujeres de 20 perfiles y cuatro de 106 personas. Lo anterior significará una falta total de equidad en la decisión, pues es posible que de las 20, únicamente algunas tengan larga trayectoria, por cierto, con probables características cuestionables por carecer de independencia partidista. Así, se distorsionan las cuotas de género no como espacios de inclusión sino como adeptos partidistas o judiciales. En un segundo panorama, en caso de considerar el pleno de acuerdo al porcentaje de mujeres participantes (15%) el Tribunal estaría representado por una mujer y seis hombres de acuerdo a esta proporción, lo que infiere un espacio históricamente patriarcal.

Desde el proyecto designaciones de ARTICLE 19 y Fundar, hemos señalado en numerosas ocasiones que la falta de inclusión en las convocatorias con un 50% a favor de las mujeres limita e impide la autonomía y la trayectoria de trabajo con perspectiva de género y participación política de quienes aspiran a los cargos. El TEPJF debe ser conformado por los perfiles más aptos para la naturaleza del puesto, pero también debe fomentar y garantizar la representación efectiva de las mujeres con una integración de tres a cuatro o en el mejor de los casos cuatro mujeres por tres hombres. Es antagónico que el Tribunal sea el seno de las decisiones en materia de cuotas para inclusión de las mujeres e inicie su propio proceso de designación desde la masculinización de las reglas de competencia y la participación política mayoritaria hacía un sexo.

 

@article19mex

 

 

    Un Tribunal Electoral de hombres en su mayoría interpretó anteriormente la obligación constitucional de paridad de género para los partidos políticos (véase la sentencia en el juicio SUP-JDC12624/2011). Tenemos la convicción que ahora deberán ser mujeres quienes desde la perspectiva de género evalúen la aplicación de esta interpretación en los procesos electorales futuros.

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