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Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la... Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex. (Leer más)
Un amparo contra la criminalización de periodistas
En Guanajuato cualquier persona puede ser señalada y encarcelada por el delito de “halconeo” por la simple y llana acusación de las entidades locales encargadas de la seguridad pública. Por ello magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal lo declararon inconstitucional.
Por Alfonsina Ávila y Verónica Espinosa
2 de noviembre, 2021
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La criminalización es un fenómeno de múltiples facetas, en la que actores públicos y privados utilizan o recurren a leyes y disposiciones de los códigos penales para atacar a personas defensoras de derechos humanos, inicialmente para desacreditar su imagen y labor, y a largo plazo, para acallarlos y limitar o eliminar su activismo.

El impacto de estas estrategias es negativo no solamente para estas personas defensoras, sino para los movimientos sociales más amplios y los derechos humanos que defienden, así como las víctimas de diversas violaciones y abusos a nombre de quienes denuncian o a quienes acompañan.

Este fenómeno se ha extendido a la actividad periodística, generalmente con un propósito a lograr: la censura y el silencio, en perjuicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de toda sociedad.

Algunos delitos configurados en los códigos penales como la difamación y la calumnia utilizados con este fin han ido eliminándose de estas normatividades en gran parte por presión de la misma sociedad civil y el gremio periodístico, en un contexto de hostigamiento, riesgo y asesinatos de sus integrantes.

Pero la tentación desde el poder público es mucha, y aparecen nuevas normas proclives o cuyo espectro de acción fácilmente puede utilizarse de manera discrecional para incurrir en la intimidación a periodistas para acallar opinión, información y crítica.

Así las cosas, resulta que en Guanajuato cualquier persona puede ser señalada y encarcelada por el delito de “halconeo” por la simple y llana acusación de las entidades locales encargadas de la seguridad pública.

La definición de este tipo de delito en el Código es tan abstracta que sólo la distingue la obtención y emisión de información que dichas instancias consideren reservada.

El artículo 222-b del Código Penal del Estado de Guanajuato dispone que:

“A quien realice cualquier acto tendente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se le impondrá prisión de dos a siete años y de veinte a sesenta días de multa”.

Pero ¿quiénes buscamos, recabamos y difundimos información sobre funcionarios de seguridad pública a todas horas y todos los días?  Los periodistas.

En medio de la crisis de violencia que vive Guanajuato, al reportar de 10 a 13 asesinatos diarios en la entidad, los periodistas tienen que ejercer su labor pese a la opacidad, silencio y ocultamiento de información de las instituciones.

Una labor tan elemental de los comunicadores es obtener y emitir información verificada, cuando esta atañe al interés público, como lo es en cuanto a la seguridad pública y la incidencia delictiva.

Luego entonces, bajo la percepción de los políticos en Guanajuato, los periodistas somos ‘halcones’ en potencia, frente a instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia que no solamente han mostrado ineficacia ante los hechos de violencia, sino que han sido denunciados por víctimas y familias por fabricación de presuntos actos delictivos y de presuntos culpables.

Del otro lado del camino, en Guanajuato el incremento de agresiones contra periodistas se han catapultado en los últimos años hasta llegar al asesinato de nuestro compañero Israel Vázquez Rangel, reportero de El Salmantino.

Él realizaba una cobertura motivada por reportes ciudadanos que alertaban del abandono de restos humanos en la vía pública. Fue asesinado al presentarse en el lugar para efectuar su cobertura periodística.

Bajo estas circunstancias y conforme a la definición del delito de “halconeo”, no es de extrañar el intento de criminalización que algunas autoridades, como la entonces alcaldesa Beatriz Hernández, pretendieron hacer de Israel, por acudir a un lugar considerado como de alta incidencia delictiva y donde la presencia de elementos de policía era nula, para corroborar en el lugar lo que se le estaba reportando, cuando el periodista hacía su trabajo como cada día, en este contexto de alto riesgo, particularmente en regiones como la del sur de Guanajuato, donde se ubica Salamanca.

Todas estas valoraciones nos hicieron ver la importancia de alertar sobre los riesgos del tipo penal del “halconeo” en Guanajuato para nuestra labor como mujeres periodistas.

Rebatir estos riesgos mediante una estrategia legal respaldada por la organización Artículo 19 mediante un juicio de amparo, resultó contundente: la justicia federal nos ha dado la razón y la protección frente a este tipo penal, en una resolución definitiva (después de un recurso de revocación interpuesto por los representantes jurídicos del gobernador y del Congreso de Guanajuato) del Segundo Tribunal colegiado en materia penal del Décimosexto circuito, cuyos tres magistrados por unanimidad ratificaron la resolución que en nuestro favor ya había dictado un juez de distrito.

El Tribunal Colegiado concluyó que el delito, tal como está establecido en el Código Penal de Guanajuato, “tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico” porque “criminaliza la búsqueda de toda información relativa a las actividades de los servidores públicos, de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia o de ejecución de penas, sin poder saber a priori si dicha información es considerada reservada”.

Los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal conocieron argumentos presentados por Artículo 19 en favor de las dos periodistas, fundamentalmente sobre la falta de precisión y la ambigüedad en la redacción del tipo penal de “halconeo”.

Artículo 19 consideró que se afecta un principio denominado “de taxatividad”, que exige que las normas describan con precisión qué conductas están prohibidas y que sanciones se impondrán en cada caso. Esto porque, así como está redactado el artículo 222-b, puede prestarse a que una autoridad se vea beneficiada con esa falta de definición precisa “para adquirir un poder ilícito de prohibir acciones comunicativas con las cuales no coincide”, además del riesgo de inhibir la deliberación pública, en este caso, sobre el tema de la seguridad o del desempeño de servidores públicos de esta área.

En su resolución por el recurso en el caso de las dos mujeres periodistas del 5 de octubre pasado, los magistrados Arturo Rafael Segura Madueño, Ricardo Garduño Pasten y Francisco Javier Araujo Aguilar revisaron la sentencia del Juez de Distrito y los argumentos presentados por la representante legal del gobernador Diego Sinhue y el abogado del Congreso del estado, así como de Artículo 19.

Su fallo fue unánime al confirmar el amparo a las dos periodistas.

El delito de “halconeo” es inconstitucional. Y ni los argumentos presentados por la Coordinación general jurídica del Gobierno, ni los expuestos por la Dirección de Asuntos jurídicos de Congreso del estado, fueron suficientes para rebatir y echar abajo el amparo inicialmente resuelto por un juez de distrito.

Los magistrados consideraron que la falta de precisión de una norma, como en este caso, se convierte en un problema de constitucionalidad” cuando limitan o restringen derechos fundamentales”, por lo que su verificación debe ser estricta, como en este caso, “debido a la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social”.

Los magistrados fueron claros en su resolución contra la redacción del delito de “halconeo”:

“Tipificar la “intención” de que la información sea usada por alguien para la comisión de un delito no solo constituye una tipificación vaga e imprecisa de imposible comprobación, sino que, además, obstaculiza e impone requisitos de entrada al espacio público para participar en el debate público, en el centro del cual se encuentran los periodistas”.

La ambigüedad y la falta de precisión y de claridad con la que fue redactado el delito en mención por las y los legisladores del Congreso del estado de la anterior Legislatura, puede ser corregida o eliminada si hay la voluntad para hacerlo por quienes actualmente integran el Congreso. A ello les conminamos como periodistas.

Para la construcción de sociedades democráticas, el trabajo de la prensa es fundamental, llenar los vacíos informativos y silencios a veces intencionales de una autoridad o de los poderes públicos y facilitar a la ciudadanía el acceso a la información, le permite tomar decisiones sobre su vida en sociedad, o simplemente, reflexionar sobre la justicia y el desarrollo sostenible.

* Alfonsina Ávila y Verónica Espinosa son periodistas, integrantes del Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato.

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