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Un gobierno lejano y conservador
México no es un gobierno abierto y es necesario decirlo con todas sus letras, el cumplimiento de un plan de acción no es suficiente para hablar de rendición de cuentas y muchos menos de una verdadera relación gobierno–sociedad.
Por Artículo 19
21 de noviembre, 2014
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Por: Ana Cristina Ruelas (@anaruelas)

El contexto nacional requiere acciones inmediatas por parte del gobierno. La crisis de inseguridad y la falta de legitimidad de las instituciones derivado de una flagrante corrupción han puesto al país en el reflector. Durante el Encuentro Regional de la Alianza para el Gobierno Abierto, un grupo de organizaciones de 18 países exigieron a México, como Presidente de esta iniciativa, que fungiera como ejemplo y garantice verdad, justicia y rendición de cuentas ante los hechos ocurridos en los últimos meses en el país.

La Alianza para el Gobierno Abierto es una plataforma que promueve el diálogo entre el gobierno y la sociedad para la co-creación de políticas públicas. En este sentido, durante el Encuentro las organizaciones mexicanas denotaron la fragmentación existente con el gobierno y la necesidad urgente de garantizar un verdadero estado de derecho. Además señalaron que para que México tenga la legitimidad suficiente para presidir la Alianza, debe cumplir íntegramente con los compromisos del Plan de Acción 2013 – 2015, atender el rezago del Plan de Acción Ampliado y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en cada una de sus acciones.

La violencia no ha cesado desde el sexenio pasado. Sin embargo, la percepción al exterior del nuevo gobierno era positiva; en poco tiempo se lograron las “reformas estructurales”. Pero 22 ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya y 43 desapariciones forzadas en Iguala fueron suficientes para romper esta idea. México sigue enrolado en una “guerra” y, en 2014, van más de 5 mil desaparecidos.

Por su parte, en el marco de una serie de protestas y reclamos sociales por los hechos antes mencionados, se hace pública una investigación sobre un inmueble en posesión de la familia presidencial valuado en 7 millones de pesos, cuyo propietario legal está ligado al consorcio de empresas a quienes se les asignó originalmente la licitación del tren de alta velocidad México–Querétaro y que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México ganó diversas licitaciones y adjudicaciones de obras públicas.  Tras las presiones de la sociedad, la Primera Dama salió a justificar la propiedad de la casa y el Presidente hizo pública su declaración patrimonial la cual sigue sin mostrar el precio real de los bienes y el patrimonio de su esposa, situación que, nuevamente, advierte sobre el nivel de opacidad y corrupción que permean el sistema.

México no es un gobierno abierto y es necesario decirlo con todas sus letras, el cumplimiento de un plan de acción no es suficiente para hablar de rendición de cuentas y muchos menos de una verdadera relación gobierno–sociedad.

Necesitamos conocer el paradero real de las víctimas, los hechos, los actores involucrados y las sanciones a las que son acreedores, las acciones u omisiones del Estado que permitieron que estos hechos ocurrieran, y aquellas que deberán garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir.

Es urgente que el Presidente revele la información completa de su declaración patrimonial incluyendo los bienes de su cónyuge y el valor real de los bienes que reporta. Además, deberá promover la publicidad proactiva de la misma para todos los servidores públicos.

Es necesario construir confianza y para esto es importante que se generen mecanismos de participación y se promueva el flujo de información.  Es urgente responder a los reclamos de la sociedad y decidir en conjunto.

 

 

Vale la pena destacar que el enero de 2013, el Presidente ya había hecho pública una declaración patrimonial en la que se omitía el valor de los bienes (ver acá).

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