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Y nos quedamos, nuevamente, sin ley
Se llegó a la fecha y no se cumplió. Es lamentable que el Congreso de la Unión nuevamente incurra en la falta de sus obligaciones legislativas y no haya emitido la ley que regule la publicidad oficial con esta segunda sentencia.
Por Ricardo Reyes Márquez
18 de diciembre, 2021
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El 15 de diciembre de 2021 era el plazo para que el Congreso de la Unión emitiera la ley que regule la publicidad oficial. Esto, derivado de la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 8 de septiembre de 2021, en donde se señalaba a las y los legisladores “que cumplan cabalmente con la obligación establecida en el artículo Tercero Transitorio del decreto de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce y, en consecuencia, proceda a subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año dos mil veintiuno”.

Pues como dice el dicho, “no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza”, pues aquí se llegó a la fecha y no se cumplió. Es lamentable que el Congreso de la Unión nuevamente incurra en la falta de sus obligaciones legislativas y no haya emitido la ley que regule la publicidad oficial con esta segunda sentencia.

La sentencia de la Corte se emitió el 8 de septiembre, por lo que se tuvieron 3 meses para arrancar un proceso legislativo para dar por cumplimentada la misma. El 17 de noviembre, el partido político Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de ley para regular la publicidad oficial, la cual no trascendió y no fue discutida. Asimismo, recordamos la iniciativa ciudadana presentada por el colectivo #MediosLibres en octubre de 2018. Por lo que no es excusa para el Congreso que no se haya podido iniciar un proceso cuando iniciativas existían, y no fueron tomadas en cuenta para su análisis y discusión.

La parálisis legislativa en materia de publicidad oficial lleva 7 años existiendo, desde la publicación de la reforma constitucional en materia político electoral de febrero de 2014, por lo que postergar una vez más sus obligaciones legislativas, es inadmisible.

El proceso legislativo de 2018 fue un fallido intento de cumplimiento de la sentencia del 15 de noviembre de 2017, pues como bien reconoció la Primera Sala de la SCJN en su última sentencia del 8 de septiembre de 2021, la Ley General de Comunicación Social representó una ausencia del marco normativo, pues la misma no se apegó a lo establecido en los principios que la constitución menciona en el párrafo octavo del artículo 134, ni con lo señalado por los estándares internacionales en la materia. Por lo que la omisión legislativa incurrida en 2014, persiste hasta hoy en día.

La necesidad de contar material y formalmente con una ley que regule la publicidad oficial es urgente, y los años de espera se siguen acumulando. El tiempo apremia, el contexto económico, político y social lo amerita, el ejercicio de derechos debe garantizarse y llevarse a cabo bajo un verdadero modelo democrático, en donde haya una real cabida para la pluralidad informativa y de voces.

La necesidad de contar con una ley va mucho más allá de un requerimiento expreso por el máximo tribunal constitucional del país. La urgencia se debe a la necesidad de garantizar el pleno ejercicio de derechos humanos, en específico la libertad de expresión y el derecho a la información.

Actualmente, los medios de comunicación viven una crisis en materia del pleno y libre ejercicio de sus derechos. La estigmatización, las acusasiones que enfrentan, los recortes presupuestales, tienen un impacto en la forma de desarrollar sus actividades, y su rol social de informar se ve comprometido. Lo anterior tiene un impacto directo en la sociedad, ya que como individuos que consumimos y consultamos información, tradicionalmente la adquirimos de los distintos medios y formas de comunicación que existen, llámense medios tradicionales como televisión, radio y medios impresos, como también a través de las redes sociales, plataformas electrónicas, etc. Este gobierno le ha apostado a las conferencias matutinas como su política de comunicación social, la cual ha sustituido la necesidad de invertir y utilizar la publicidad oficial. Así lo ha expresado el presidente.

Por lo tanto, el monopolio de la información y de la agenda pública se ha concentrado en estas conferencias. Por lo que el rol de algunos medios de comunicación se ha limitado a replicar esta información. Para ello, es importante la necesidad de contar con la publicidad oficial, entendiendo esta como una política de estado en la que enfoca sus esfuerzos a informar a la sociedad sobre las obligaciones de las autoridades y sobre los derechos de la ciudadanía, para así, poder ejercer una serie de derechos, esto, a través de la libertad de expresión y el derecho a la información.

En esto radica la importancia de contar con una ley que regule la publicidad oficial. Y sin ella, seguiremos en parte en un estado de indefensión del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información como sociedad, pues se limita el rol de los medios de comunicación en su quehacer informativo, y a nosotros como sociedad al consumir limitadas fuentes de información.

Los pendientes persisten, y las y los legisladores deben sí o sí, asumir sus responsabilidades y cumplir con el mandato de la Suprema Corte lo más pronto posible.

* Ricardo Reyes Márquez es coordinador Jurídico y de pluralidad mediática del programa Derecho a la Información de @article19mex.

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