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Jules (Estados Unidos, 2023), la película dirigida por el estadounidense Marc Turtletaub y escrita por Gavin Steckler, es una combinación entre ciencia ficción y comedia.
Cuenta la historia de Milton (<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Kingsley" target="_blank" rel="noopener">Ben Kingsley</a>) un jubilado viudo que tiene tres hijos. Uno ya fallecido, otro que no vive en el pueblo y siempre está ocupado, y su hija Denise (Zoe Winters), una veterinaria que quisiera mandarlo al asilo para que lo atiendan.
Una noche en el patio trasero de su casa, a las afueras del pueblo, se estrella una nave espacial extraterrestre donde viene un ocupante (Jade Quon), al que pone el nombre de Jules.
Milton cuida de Jules hasta que se recupera. Sin palabras se establece una relación cercana entre los dos. El extraterrestre come manzanas y toma agua.
No quiere que nadie se entere de la presencia de Jules en su casa, pero al final dos de sus vecinas, Sandy (Harriet Sansom Harris) y Joyce (Jane Curtin), terminan por saber lo que pasa. Mantienen el secreto.
Se establece, entonces, una relación entre cuatro. Los terrestres hablan de todo y también preguntan y opinan, mientras que Jules, el extraterrestre, escucha.
El gobierno de Estados Unidos se ha enterado de la caída de la nave y agentes de seguridad se dedican a su búsqueda y cada día están más cerca de dar con su paradero.
Milton, Sandy y Joyce saben qué puede pasarle a Jules si las autoridades lo encuentran. Este, al fin, puede resolver el problema técnico de su nave y partir antes de que lleguen los agentes.
En medio de este hecho nos enteramos de la vida de Milton, Sandy y Joyce, de lo que piensan y viven a su edad, del temor a la soledad.
Empecé a ver la película por accidente y decidí quedarme hasta el final. No aporta nada. Es una más de otras con el mismo tema. La certeza en la vida en otras galaxias y la posibilidad de la relación entre sus habitantes y los de la tierra.
Se puede ver en Netflix.
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Jules  
Título original: Jules     
Producción: Estados Unidos, 2023
Dirección: Marc Turtletaub
Guion: Gavin Steckler
Fotogarfía: Christopher Norr
Música: Hauschtka
Actuación: Ben Kingsley, Jane Curtin, Harriet Sansom Harris, Zoe Winer, Jade Quon (…)
<a href="https://twitter.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Jules y los extraterrestres

A lo largo de nuestra historia, el país ha enfrentado profundas raíces de corrupción que han permeado todas las esferas de la sociedad y han erosionado la confianza de la población civil en las instituciones gubernamentales. Ante este panorama, las candidatas y el candidato a la presidencia para las elecciones de 2024 han presentado diversas propuestas y estrategias para abordar esta problemática.
En este contexto, es crucial realizar un análisis exhaustivo de las propuestas para evaluar su viabilidad, efectividad potencial y coherencia con los principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos. Aunque ya conocemos sus intenciones en cuanto a corrupción se trata gracias al primer debate presidencial, nos dimos la tarea de investigar los planes de gobierno de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. Aquí les va nuestro análisis.
A través de un examen detallado de las propuestas presentadas, es posible identificar tanto fortalezas como debilidades, así como realizar comparaciones que arrojen luz sobre las diferentes visiones y enfoques para abordar esta problemática crucial.
Xóchitl Gálvez presenta un enfoque centrado en la transparencia y la protección de denunciantes, dos aspectos fundamentales para reducir la corrupción. La implementación de una Política General de Transparencia y Datos Abiertos es un paso positivo hacia un gobierno más accesible. Sin embargo, es necesario garantizar que esta política no sea solo un ejercicio superficial, sino que realmente permita un acceso significativo a la información y una supervisión efectiva de las actividades gubernamentales.
La propuesta de establecer un Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción es igualmente crucial, ya que puede fomentar una cultura de denuncia y disminuir el miedo a represalias. No obstante, se requiere una infraestructura sólida y salvaguardias legales para proteger la identidad y seguridad de las personas denunciantes, así como una visión colectiva que pueda salvaguardar, por ejemplo, pueblos o barrios que son violentados sus derechos por los delitos de corrupción.
Aunque Gálvez menciona medidas para fortalecer la fiscalización de recursos y regulaciones sobre compras gubernamentales, es imperativo que estas medidas estén respaldadas por mecanismos de supervisión y rendición de cuentas eficaces para evitar posibles abusos.
Otro de los temas importantes que ha mencionado la candidata es que fortalecerá al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo garantizará su autonomía y recursos plantea preocupaciones sobre la viabilidad y la efectividad a largo plazo de estas propuestas.
La propuesta de Claudia Sheinbaum es el llamado “plan en materia de gobierno honesto y combate a la corrupción” el cual consiste en ocho puntos: 1) Enfoque de Derechos, 2) Acuerdo nacional para un buen gobierno, 3) Agencia Federal Anticorrupción, 4) Rediseñar la Secretaría de Función Pública, 5) Modelo Nacional para investigar delitos de corrupción, 6) Enfrentar la corrupción en la cadena de seguridad-justicia, 7) Mejores contrataciones públicas y transparentes, 8) Criterios generales de la estrategia anticorrupción.
Aunque hay tela para cortar en cada uno de los ocho puntos del programa de Sheinbaum, uno de los elementos que más ha llamado la atención es la Agencia Federal Anticorrupción, la cual se presenta como una institución altamente especializada y operativa, directamente dependiente del Poder Ejecutivo. En esta propuesta se destacan tres puntos principales: especialización y capacidades de investigación, selección y profesionalización del personal, y por último, supervisión de proveedores y contratistas.
Algunos críticos sugieren que estas agencias requieren condiciones específicas para ser efectivas, como por ejemplo: autonomía e independencia, recursos adecuados, personal capacitado, tiempo suficiente para resultados concretos, apoyo político, y capacidades internas de coordinación. Sin embargo, la propuesta de Sheinbaum presenta problemas en varios de estos aspectos.
Primero, una agencia anticorrupción adscrita al Poder Ejecutivo no sería autónoma y estaría sujeta a interferencias políticas. Igualmente, la llamada “austeridad republicana” del gobierno actual y la falta de apoyo a instituciones especializadas plantean dudas sobre si la agencia tendría los recursos necesarios. Por otro lado, la falta de crítica de Sheinbaum hacia las prácticas de nepotismo y favoritismo en el gobierno sugiere incertidumbre sobre si la agencia contratará  personal calificado.
Además, la estrecha relación propuesta entre la agencia y la Fiscalía General de la República podría limitar su efectividad, dada la historia de impunidad y falta de rendición de cuentas de esta última. La falta de acción de Sheinbaum en casos de corrupción durante su gestión como jefa de Gobierno de Ciudad de México también genera dudas sobre su compromiso contra la corrupción, no solo en la narrativa oficialista sino en la efectividad de la gestión pública en la materia.
Por su parte, la propuesta de Jorge Álvarez Máynez de consolidar los órganos garantes de la transparencia es una medida positiva para fortalecer las instituciones encargadas de contrarrestar la opacidad. La coordinación mejorada entre estas instituciones podría aumentar la eficacia en la prevención y detección de actos corruptos.
La propuesta de establecer tiempos acotados para la respuesta y resolución de casos relacionados con corrupción es igualmente prometedora, ya que podría agilizar la justicia y fortalecer la confianza en el sistema. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo se implementarán estas medidas y cómo se financiarán plantea incertidumbres sobre su viabilidad práctica.
Asimismo, su propuesta de utilizar intensivamente las tecnologías de información y comunicación electrónica también es loable, pero es crucial garantizar que se utilicen de manera ética y responsable. La participación activa de la sociedad civil y la academia en el diseño e implementación de estas tecnologías es fundamental para evitar sesgos y discriminación.
El candidato de Movimiento Ciudadano también propuso durante el primer debate presidencial de 2024 la iniciativa &#8220;3 de 3&#8221; como medida para combatir la corrupción en México y garantizar transparencia en las licitaciones gubernamentales. Esta iniciativa, tiene como objetivo principal fomentar la honestidad y la integridad en el gobierno, reduciendo así los riesgos de corrupción, al incluir la presentación pública y periódica de declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses por parte de todos los funcionarios públicos del país.
Esto permitiría detallar los gastos e inversiones del Gobierno, identificar posibles irregularidades en los ingresos y gastos de los funcionarios, y prevenir el nepotismo y la corrupción a través de la revelación de conexiones de redes políticas o personales.
Aunque la iniciativa &#8220;3 de 3&#8221; y su reforma constitucional son pasos positivos hacia la transparencia y la reducción de la  corrupción, aún existen desafíos pendientes. Por ejemplo, se necesitan mecanismos efectivos de supervisión y sanción para garantizar el cumplimiento de estas normativas. Además, es crucial abordar otros aspectos de la corrupción, como la impunidad y la falta de independencia judicial, para lograr un verdadero cambio en la cultura política y administrativa del país.
En términos de comparación, las propuestas de Gálvez y Álvarez parecen centrarse más en medidas concretas para fortalecer las instituciones anticorrupción y mejorar la transparencia, aunque estas propuestas siguen encasilladas bajo los mismos paradigmas ya conocidos para abordar la corrupción, lo cual, además de poco innovador, son modelos burocráticos que bien sabemos no han funcionado. La propuesta de Sheinbaum, en cambio, plantea la creación de una nueva institución que genera preocupaciones sobre la concentración de poder. Históricamente, en México, la concentración de poder ha estado relacionada con prácticas autoritarias y la erosión de las libertades civiles. Adicionalmente, sin una coordinación adecuada y una delimitación clara de responsabilidades, existe el riesgo de duplicación de funciones y conflictos de competencia, lo que podría obstaculizar los esfuerzos para hacer frente a la corrupción de manera efectiva.
Otro aspecto fundamental en materia anticorrupción es el papel de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el país, es importante exigir a las candidatas y el candidato a la presidencia sus propuestas en esta materia por la relación que existe entre militarización y corrupción.
Recordemos que el Estado mexicano ha realizado cambios normativos, los cuales se han llevado a cabo sin incluir la participación ciudadana, ha tenido como resultado un protagonismo en la agenda pública de las FFAA en diversos aspectos de la vida pública, lo cual agrava el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
Lo que conocemos con base en evidencia, es que las FFAA han centralizado recursos públicos a partir de modificaciones presupuestarias, transferencia de funciones, adjudicaciones directas y fideicomisos públicos, llegando a tener 227 funciones civiles que se han transferido a las FFAA desde 2009, de las cuales 148 no tienen que ver con garantizar la seguridad pública (MUCD, 2023).
Los recursos económicos en manos de las FFAA en actividades civiles cuenta con los siguientes retos en materia anticorrupción:
i) Falta de claridad y precisión en el marco legal mexicano.
ii) Obstáculos para el acceso a la información en materia de violaciones a derechos humanos.
iii) Obstáculo en el acceso a la información sobre mecanismos de vigilancia por parte del ejército a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
iv) Obstáculo de información en el presupuesto y gasto de las FFAA.
Sin duda, en sociedad civil nos encantaría que las candidatas y el candidato a la presidencia pudieran dar a conocer cómo se reduciría la opacidad y la corrupción de las FFAA en un contexto de profundización de la militarización, ¿cuáles son sus propuestas para cambiar esta tendencia?
En última instancia, hacer frente a la corrupción en México requerirá que las organizaciones civiles tomen el control sobre la narrativa de la corrupción. Es imperativo que la corrupción deje de entenderse como un mero ejercicio burocrático y se pueda abordar como lo que es: una violación de los derechos humanos.
* Macu Torres es activista afro-diverso y creadore de contenidos de Mexiro A. C. Fer Galicia (<a href="https://twitter.com/mafernn" target="_blank" rel="noopener">@mafernn</a>) es directora de Mexiro A. C. (<a href="https://twitter.com/yoMexiro" target="_blank" rel="noopener">@yomexiro</a>).

Nuevos intentos y pocos avances en materia de anticorrupción en México

En las últimas semanas se registraron tanto en Monterrey como en la Ciudad de México casos de contaminación de agua domiciliar, en pleno proceso electoral. Independientemente del factor causante de las contaminaciones hídricas, organizaciones de la sociedad civil nos hemos coordinado para la acción ante la falta de información sobre la calidad de agua que llega a nuestros hogares.
Por esta razón, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política, enviamos una petición pública el 24 de abril dirigida al Congreso de la Unión, y en especial al diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, y al senador Raúl Paz Alonzo, quien preside la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República.
Lo que exhortamos a que, con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se establezcan ‘obligaciones específicas’ a todos los más de 2,000 Organismos Operadores de Agua de México, tanto gubernamentales como privados, para transparentar los parámetros de calidad del agua que llega a nuestros domicilios a nivel colonia, con base a la &#8220;<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5650705&amp;fecha=02/05/2022" target="_blank" rel="noopener">NOM-127-SSA1-2021</a>, Agua para uso y consumo humano&#8221;.
Descubrimos, por ejemplo, que la normativa relacionada, la “<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603318&amp;fecha=22/10/2020#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">NOM-179-SSA1-2020</a>” dicta a que estos organismos resguarden los resultados de los análisis de calidad del agua, pero no se les obliga a transparentarlos a la sociedad. Entonces, ¿dónde queda el principio de ‘máxima publicidad’ que establece la constitución en materia del derecho humano a la información?
Nuestra propuesta podría ser ejecutada e instrumentada mediante la obligación de los Organismos Operadores de Agua a publicar sistemática, actualizada y claramente toda la información relativa a la calidad del agua para fines domésticos, ya sea por medio de sistema digitales de información en las páginas web de estas instituciones, en sus redes sociales o en los recibos de agua, donde podría ayudar la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para validar y recopilar dicha información.
En última instancia, que estos datos se incorporen dentro de un nuevo apartado en el Sistema de Información Nacional del Agua (SINA) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Esto implicaría destinar recursos económicos, tecnológicos e informáticos para lograr tal objetivo tan necesario.
De acuerdo a los estándares internacionales del derecho humano al agua, se exige que el agua de uso público y doméstico sea de calidad, lo cual debe estar forzosamente vinculado con el derecho humano a la salud y con el derecho humano a la información, en dicho sentido.
Ante la incapacidad para lograrse un acuerdo político para publicar una nueva Ley de Aguas en México, que tuvo que haberse publicado en el año 2013, no se han podido definir mayores responsabilidades a los gobiernos para garantizar el derecho al agua. Es por ello, que las mejoras de transparencia propuestas en nuestra petición ayudaría a que se garantice en parte lo establecido en el artículo cuarto la constitución política en materia del derecho humano al agua.
Como dato importante, el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2023/doc/encig2023_principales_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a> nos mostró que para el año 2023, solo el 20.4 % de la población mexicana encuestada consideró el agua que recibe en sus hogares como potable, lo que es un retroceso considerando que en el año 2021 la misma estadística fue de 24.4 %.
Acceder a la información específica sobre los parámetros de calidad del agua es sumamente difícil debido a que los organismos operadores de agua no la brindan proactivamente, ni inclusive vía solicitud de transparencia, como lo expuso la Dra. Laura Martínez Pepin Lehalleur en el año 2020, en el <a href="http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4803/CI_62.pdf?sequence=1" target="_blank" rel="noopener">Instituto Belisario Domínguez</a>, del Senado de la República.
Lo anterior genera un entorno de desconfianza social, por lo que se incrementa el consumo de agua embotellada y los gastos domésticos. Esto ha convertido a México en el país con el mayor consumo de agua embotellada a nivel global, que provoca toneladas de desechos plásticos que finalmente contaminan el ambiente como los ríos y los océanos.
Toda esta preocupante situación puede ser una ventana de oportunidad, sobre todo para responsabilizar políticamente a los gobiernos locales y federales para garantizar nuestro derecho humano al agua de calidad, con ayuda del derecho humano a la información.
La petición expuesta la suscribimos las siguientes organizaciones de la sociedad civil de diversos estados de la república:
<ul>
<li>Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Querétaro</li>
<li>Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California</li>
<li>Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León</li>
<li>Global Water Watch México</li>
<li>Movimiento #UnRíoEnElRío</li>
<li>Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de Valle de Bravo &#8211; Amanalco</li>
<li>Red Mexicana de Cuencas</li>
</ul>
Invitamos a toda la sociedad a firmar y a difundir esta petición pública que hemos compartido vía <a href="https://chng.it/bmrWB6MsJq" target="_blank" rel="noopener">change.org</a>, porque la democracia la construimos todas y todos. El derecho humano al agua se tiene que garantizar con nuestra participación.
Esperamos que esta petición pública sea respondida desde el Congreso de la Unión con acciones claras por el bien de nuestro país.
#QueremosAguaTransparente
* Cuauhtémoc Osorno Córdova es miembro de la Red Mexicana de Cuencas. Se especializa en políticas públicas y derechos humanos relacionados al agua.

Contaminación del agua doméstica en tiempos electorales

Cuando un niño o niña Embera se enferma por malaria en el resguardo de Santa María de Condoto, ubicado en la zona rural de Alto Baudó, en Chocó, le es casi imposible encontrar tratamiento o la ayuda de un profesional de salud que prevenga posibles complicaciones.
Causada por cuatro especies del parásito Plasmodium, la malaria es transmitida por la picadura de mosquitos tipo Anopheles, con amplia presencia en el departamento. Si no es tratada oportunamente, puede ser mortal.
Los síntomas son bien conocidos por las comunidades: fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y vómitos.  Y, aunque la mayoría de los casos reportados en la subregión son malaria de tipo vivax, que no suele complicarse, también se da una de las más graves, la malaria falciparum, que provoca síntomas más fuertes y debe ser tratada de inmediato para evitar complicaciones fatales, principalmente en menores de 5 años.
El problema es que, en ese resguardo -como en la mayoría de las comunidades ribereñas del Baudó- no hay personal sanitario que realice la prueba, confirme el diagnóstico y les brinde tratamiento a niños ni a adultos. Todo está centralizado en las cabeceras municipales de Alto y Medio Baudó, y la atención de segundo nivel, en la capital del departamento, Quibdó.
Pero acudir a estos centros requiere de cinco horas a dos días entre trayectos de río y carretera, que deben ser costeados por las mismas comunidades pese a que no tienen una fuente fija de ingresos. Aunque la subregión agrupa a más de 100 mil habitantes, no hay lanchas ambulancia y solo hay una terrestre que hace el trayecto Medio Baudó – Quibdó en cuatro horas.
Todo esto sin contar con dos condiciones más: que la presencia de grupos armados en la zona puede restringir su movimiento (la mayoría de los lancheros evitan moverse de 6 p. m. a 6 a. m. por temor). Y luego, si el paciente viaja y cuenta con suerte, que en la ciudad le den el tratamiento necesario. Pero allí hay otras limitaciones, como las demoras hasta de dos semanas para que el tratamiento sea autorizado, la discriminación histórica a las poblaciones indígenas por sus creencias en torno a la salud, así como la falta de intérpretes de Embera en las estructuras sanitarias.
<h2>La salud comunitaria es clave</h2>
Desde abril de 2022, desde Médicos Sin Fronteras (MSF) trabajamos en la subregión de Alto y Medio Baudó con comunidades afrodescendientes e indígenas Embera que cuentan con múltiples barreras para acceder a la salud.
El conflicto armado es una de ellas. Según cifras de Defensoría del Pueblo de Colombia, durante el 2023 se dieron 124 eventos de confinamiento forzado en Chocó que afectaron a más de 40 mil personas. También es el segundo departamento con mayor número de desplazamientos masivos. El Balance Humanitario realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja da cuenta de que, a las afectaciones a la movilidad, se suman la amenaza constante de minas antipersona y municiones sin explotar, desapariciones forzadas y actos violentos contra la asistencia en salud. Además, las comunidades no cuentan con una fuente económica fija que les permita movilizarse y el esquema de salud de la región no es efectivo.
Desde 2022, en MSF capacitamos a agentes y promotores comunitarios en prevención y detección de signos de alarma, y apoyamos remisiones a centros de salud cuando son necesarias. Fue gracias a ellos que evidenciamos los vacíos en la atención de malaria, uno de los principales motivos de consulta y de complicaciones que recibían, aunque es plenamente prevenible. Entre enero de 2023 y abril de 2024, los agentes atendieron 608 casos y remitieron 363 a centros de salud.
A partir de febrero de 2024, empezamos a desarrollar una estrategia para acercar el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Identificamos nueve comunidades que son de fácil acceso para otras. Allí nuestros agentes comunitarios reciben una capacitación en la detección de malaria con pruebas rápidas y con microscopio, que es más sostenible y gratuito. También sensibilizan a sus vecinos y vecinas sobre la importancia de tomar el tratamiento completo, que es muy sencillo y desde la primera dosis alivia los síntomas y evita complicaciones.
Aunque la estrategia apenas está iniciando, hemos notado que se descongestionan las remisiones a los centros de salud y también se aclara la ruta a seguir para acceder a los tratamientos contra la enfermedad. Además, en la última semana de marzo, el 57 % de los registros de malaria en el reporte epidemiológico oficial del municipio de Alto Baudó provino de los agentes de MSF. La detección y el tratamiento de malaria en este tipo de contextos deben ser comunitarios.
A todo esto se suma la prevención. Para hablar de malaria y otras enfermedades transmitidas por mosquitos en estas regiones, no basta con mencionar la escasez de medicamentos o tratamientos, sino que es necesario ampliar la mirada hacia cómo es la vida de las comunidades. Esto nos ha permitido desarrollar estrategias para promover el uso de mosquiteros, la fumigación y los sistemas de recolección de agua que donamos; pero también la correcta disposición de basuras, el evitar criaderos de mosquitos, entre otros factores que pueden estar incidiendo en la propagación de la malaria y otras enfermedades.
La prevención también se hace desde las comunidades, y no solo contribuye a disminuir el contagio de malaria, sino de diferentes dolencias que nuestros agentes comunitarios encuentran recurrentemente, como diarreas, enfermedades respiratorias, afectaciones en la piel, entre otras
En el Día Mundial de la Malaria, nuestro llamado es a escuchar a las comunidades de zonas rurales dispersas que hoy están en medio de conflictos armados y que no cuentan con una atención oportuna en salud ni con las herramientas de diagnóstico y tratamiento efectivas. La salud en regiones con estas condiciones debe ser comunitaria.
* Esta columna fue escrita con apoyo de Johana Vinasco, coordinadora de salud de Médicos Sin Fronteras en Chocó, y Santiago Valenzuela, responsable de comunicaciones institucional.
<a href="https://twitter.com/MSF_Mexico" target="_blank" rel="noopener">@MSF_Mexico</a>

Día de la Malaria: la prevención y la atención en salud deben ser comunitarias

Desde 1981, México firmó en dos Convenciones de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y en 1999 firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará. <a href="#_edn1" name="_ednref1">1</a> Sin embargo, en el 2014, el hostigamiento sexual estaba tipificado en el 81 % de las entidades federativas, y fue hasta el 2020 que el acoso sexual fue tipificado como delito a nivel federal. La Secretaría de Educación Pública, por mandato de la Ley General de Educación Superior, solicita a las Instituciones de Educación Superior (IES) contar con un protocolo de atención a la violencia por razón de género. <a href="#_edn2" name="_ednref2">2</a>
Estos protocolos representan un compromiso institucional para atender la violencia de género, y con ello, se puede considerar el primer paso de una estrategia integral (ausente en la mayoría de las universidades) para identificar y sancionar la violencia contra las mujeres. Quejas y denuncias por violencia de género en las instituciones de educación superior hay de sobra por todo el país, y son expuestos (al menos) cada conmemoración del 8 de marzo ante la inacción de las autoridades universitarias.
De acuerdo con Medina y Cienfuegos (2020), es indispensable que las universidades hablen de manera explícita del hostigamiento y el acoso sexual, tanto en sus estatutos como en sus protocolos, como un tipo de violencia y problemática que ocurre dentro de sus espacios educativos y por lo tanto, requiere ser sancionada institucionalmente. Asimismo, las autoras concluyen que la elaboración de sanciones institucionales deben armonizar con las leyes locales, federales e internacionales, y deben ser acorde con la gravedad del acto cometido. De igual manera, las instituciones deben promover y facilitar el acercamiento de la víctima hacia los organismos correspondientes para realizar el proceso de manera externa, como conducir a los agresores al Ministerio Público, y hacer valer los derechos de la víctima ante cualquier circunstancia. <a href="#_edn3" name="_ednref3">3</a>
Sobre las reflexiones en torno a trece protocolos para atender la violencia de género en universidades públicas del país, Eugenia Martín (2020) menciona que hay casos en los que estos documentos son muy generales, dejan vacíos y dudas; hay otros que son extensos y difíciles de comprender; otros que son poco accesibles, o muy especializados. Destaca que en la  mayoría de los protocolos no se incluye la prevención como paso fundamental para divulgar, informar y sensibilizar sobre la problemática, ni se considera la reparación del daño. Además, la autora encontró que los documentos incluyen procesos de mediación, sin establecer las condiciones necesarias para que los facilitadores guíen estos procesos, y sobre todo, no toman en cuenta las consecuencias y costos para las víctimas. De igual manera, hay protocolos que basan las sanciones en la normativa universitaria que suele ser anacrónica y obsoleta, como aquellos que establecen recomendaciones en lugar de sanciones, implicando un alto grado de impunidad. Por lo anterior, Eugenia Martín concluye que los protocolos no son suficientes para cambiar la realidad de la problemática a la que se enfrenta la comunidad estudiantil. <a href="#_edn4" name="_ednref4">4</a>
Por otra parte, Cerva y Loza (2020) concluyen que no existen procedimientos claros para actuar ante casos de violencia de género, desincentivando la denuncia y da el mensaje de ser un procedimiento institucional viciado. Las autoras destacan la necesidad de que la creación y aplicación de los protocolos quede a cargo de personal formado y sensibilizado en perspectiva de género y de derechos humanos, en lugar de autoridades y órganos colegiados quienes actualmente crean y aprueban dichos protocolos. Asimismo, las investigadoras concluyen que los protocolos implementados no resultan suficientes ni efectivos, mostrando una falta de reconocimiento de la problemática, la opacidad con las que las instituciones manejan el tema y limitantes para las personas responsables de la perspectiva de género en las universidades. Por lo anterior, las colectivas feministas son el principal recurso para las víctimas, haciendo evidente la problemática. <a href="#_edn5" name="_ednref5">5</a>
Se requirieron unas horas de búsqueda en las páginas de internet de las primeras 65 instituciones de educación superior en el listado de ANUIES, para encontrar que los protocolos de atención a casos de acoso y hostigamiento sexual, en muchos de los casos, solo cumple el requisito establecido en la ley. La búsqueda se tornó complicada, pues encontrar los protocolos en las páginas de internet universitarias no resultó simple en todos los casos. ¿Qué se encontró? En el caso de los Institutos tecnológicos, integrados en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), estos replican el protocolo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 03 de enero del año 2020: Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. Cabe añadir que estas instituciones cuentan con un Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación, derivado de la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no discriminación que, como el nombre lo indica, se centra en la transversalización de la perspectiva de género en materia laboral, dejando de lado al alumnado, que es cosa seria, considerando que su oferta académica integra las carreras que han sido estereotipadas como masculinas.
En el caso de las universidades, se encontró que las autónomas estatales fundamentan sus protocolos en convenciones internacionales y en leyes nacionales. Sin embargo, la gran mayoría, no justifican el documento en torno a la problemática presentada en sus espacios educativos. Se identificaron algunas excepciones en las que se tomó en cuenta al estudiantado o las colectivas feministas para la elaboración o reforma del protocolo. Por ejemplo, la actualización del protocolo de la Universidad Autónoma de Chiapas, afirma que fue el resultado de la instalación de mesas de diálogo establecidas tras la movilización de la Red de Colectivas Feministas Universitarias de Chiapas (RECOFUCH), a raíz del incremento de casos de violencia de género al interior de la institución.
Como se ha documentado en años recientes, las instituciones de educación superior en México son espacios en los cuales se perpetúan dinámicas y relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, que resultan en un continuo de situaciones de violencia de género. Lo que se constató con la búsqueda en internet (de los protocolos y notas periodísticas sobre violencia contra las mujeres en universidades), es que estos documentos poco han abonado a la atención de la violencia de género, mucho menos han contribuido a la creación e implementación de una estrategia integral que incorpore tanto la prevención de la violencia y la reparación del daño. Es necesario que todas las mujeres podamos aprender y formarnos profesionalmente en espacios libres de violencia. Por ahora, solo nos queda continuar con la exigencia de justicia para las víctimas, exigir el establecimiento de campañas contra la normalización de la violencia, a favor de la sensibilización, concienciación y aceptación de la problemática en las universidades, que nos permita vislumbrar en un futuro no tan lejano, la erradicación de estas manifestaciones de violencia.
* Mirna García Avalos (<a href="https://twitter.com/Mir_Maicita" target="_blank" rel="noopener">@Mir_Maicita</a>) es parte del equipo de investigación de Simetría, y Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en temas de aprendizaje tecnológico.
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<a href="#_ednref1" name="_edn1"> 1</a> Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos.
<a href="#_ednref2" name="_edn2">2</a> López, S., Rodríguez, B., Ojeda, L., Gutiérrez, J., Narcia, E., Villanueva, M., Cayeros, L., González del Pliego, E. 2023. Diagnóstico Unidades de Igualdad de Género de las IES. Red Nacional de Instituciones de Educación Superior. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
<a href="#_ednref3" name="_edn3">3</a> Medina-Medina, B., &amp; Cienfuegos-Martínez, Y. (2020). Análisis de protocolos universitarios contra el hostigamiento y acoso sexual en México. Reencuentro. Análisis De Problemas Universitarios, 32(79), 47-68. Consultado el 23 de enero de 2024. Recuperado de <a href="https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/1043" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref4" name="_edn4">4</a> Martín Moreno, Eugenia. (2020). Protocolos de atención a la violencia de género en las universidades públicas en México. ¿Un Traje a la Medida? Reencuentro. Análisis De Problemas Universitarios, 32(79), 70-94. Recuperado a partir de <a href="https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/1044" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>. Consultado el 26 de enero de 2024.
<a href="#_ednref5" name="_edn5">5</a> Cerva Cerna, D., &amp; Loza Gómez, Z. (2020). Obstáculos institucionales en el diseño e implementación de los protocolos para la atención a la violencia contra las mujeres en universidades públicas. Reencuentro. Análisis De Problemas Universitarios, 32(79), 147-170. Recuperado a partir de <a href="https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/1047" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>. Consultado el 26 de enero de 2024.

Los protocolos de atención a víctimas de violencia de género en las universidades: la primera piedra de una obra inconclusa.

Inconclusos, los protocolos de atención a víctimas de violencia de género en las universidades

En todo el gobierno del presidente Peña Nieto, las autoridades de Estados Unidos detuvieron y deportaron a 1 129 434 migrantes mexicanos y en lo que va del sexenio del presidente López Obrador han sido 3 035 515, que son 168.7 % más.
Estas cifras se dan a pesar de la pandemia del Covid-19 que frenó las detenciones de migrantes en 2019 (237 078) y 2020 (297 711), aunque son cifras superiores a cualquiera de los años de Peña Nieto.
En 2021 las detenciones llegaron a las 655 594; en 2022 a 803 339; en 2023 a 717 033 y a febrero de 2024 eran 319 760, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
De seguir el comportamiento de los primeros meses del año fiscal 2024 de Estados Unidos, podrían ser más de 1 000 000 las detenciones. Según distintas fuentes todos los años, a pesar de las deportaciones, logran ingresar a Estados Unidos entre 100 000 y 200 000 mexicanos sin papeles.
A lo largo de este sexenio, los migrantes mexicanos a Estados Unidos superan, con mucho, a los migrantes venezolanos, ecuatorianos, hondureños, guatemaltecos, cubanos y salvadoreños.
Según los estudiosos del tema y de las organizaciones que trabajan con migrantes, el incremento de la migración mexicana al vecino del norte se debe a dos causas principales. La primera es la violencia en amplias zonas del país ahora bajo control del crimen organizado. Familias enteras salen de esas regiones y pretenden llegar a Estados Unidos.
Eunice Rendón, Coordinadora de Agenda Migrante, afirma que “en los últimos cinco años, la inseguridad y el riesgo a perder la vida es lo que empuja a las familias mexicanas a intentar cruzar la frontera (…) Migra la familia completa porque ya le mandaron la cabeza de uno de sus integrantes; a mí me tocó conocer uno de esos (casos) en Michoacán”.
La segunda es la situación económica. Al terminar el sexenio el crecimiento de la economía mexicana será de cero o incluso menos. Esto como efecto de la Pandemia de Covid-19, pero también por la manera como se gestionó. El nulo crecimiento del PIB impacta la generación del empleo y también del ingreso.
David Saucedo, especialista en seguridad, afirma que “quienes migran son de ingresos bajos. Son segmentos de la población que enfrentan muchas carencias, que encima de su situación socioeconómica compleja, de falta de oportunidades educativas, laborales, de acceso a la justicia (…) tiene que padecer las presiones de los grupos criminales”.
A las causas del incremento exponencial de la migración que reconocen los estudios del tema se podría añadir el fracaso de los programas sociales del actual gobierno. Según el presidente López Obrador estos iban a evitar la migración e incluso los ha propuesto a los gobiernos de los países de Centroamérica como la solución, para detener la migración. Los discursos van por su lado y la realidad por otra.
<a href="https://twitter.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Migración, expresión de la violencia

Es común escuchar a la ciudadanía quejarse sobre el desempeño y dudosa eficacia de las policías en México, pero no es tan usual conocer las condiciones adversas que enfrentan a diario. En una de las épocas más violentas del país, las y los policías en México tienen que trabajar no sólo con el estigma de una profesión poco reconocida, sino bajo condiciones laborales desfavorables.
Por ejemplo, su salario. La evidencia muestra que los policías tienen sueldos que limitan la dignificación de su servicio público. De acuerdo con el <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2023/" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023</a>, tres de cada diez policías reciben mensualmente entre  9 mil y 13 mil pesos netos, cifra por debajo del salario digno que para esta labor recomiendan las autoridades a nivel federal. Ese <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/894386/SUELDOS_CONASAMI_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">salario digno promedio a nivel nacional</a> en 2024 es de 16,668 pesos netos. En otras palabras, más de la cuarta parte de los policías gana menos, en promedio, de lo que las mismas autoridades recomiendan.
Si hablamos de sus prestaciones laborales, la situación también es insuficiente. De acuerdo con el <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2023/" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023</a> sólo uno de cada dos policías cuenta con aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y seguro de vida. Sin embargo, la mayoría no tiene cobertura de seguridad social, ni otras prestaciones relevantes para su profesión como atención psicológica, o acceso gratuito a gimnasios.
<h2>Policías sin hogar propio</h2>
Entre estas carencias, la falta de acceso a la vivienda es especialmente crítica. La última información disponible del <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2023/" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023</a> indica que sólo 8 de cada 100 policías municipales a nivel nacional tienen acceso a crédito para la vivienda como prestación laboral, y apenas 6 de cada 100 reciben algún tipo de apoyo para adquirir un bien raíz. Las cifras son alarmantes, pues claramente las y los policías no están recibiendo los derechos que se les extienden directamente desde la Constitución.
Para complicar lo anterior, el trabajo policial se cataloga como riesgoso, lo que dificulta que una institución financiera autorice créditos hipotecarios. Así, la desprotección se combina con la falta de inclusión en el sistema financiero tradicional,  y eso es un doble castigo.
Si de por sí es difícil reclutar y retener a estos profesionales, estas carencias definitivamente no ayudan. Menos aún si las comparamos con las <a href="https://www.mexicoevalua.org/el-abismo-entre-la-atraccion-de-talento-criminal-y-el-policial/" target="_blank" rel="noopener">tácticas más efectivas de grupos criminales</a> para reclutar —tal como señaló Mariana Campos, directora de México Evalúa, en una columna de opinión de octubre pasado.
Desde luego, la falta de acceso a una vivienda digna es una situación crítica a nivel nacional, no solamente en las instituciones policiales. Se necesitan al menos 8.2 millones de viviendas en México, de acuerdo con la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envi/2020/doc/envi_2020_presentacion.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020</a>. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (<a href="https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Dosieres_Derechos_Sociales/Retos_Derecho_Vivienda.pdf" target="_blank" rel="noopener">CONEVAL</a>) indica que el 45 % de las casas de México enfrenta una situación de precariedad tanto en su construcción como en su equipamiento, infraestructura y acceso a servicios básicos. Estos déficits impactan de manera significativa a los sectores menos favorecidos de la población, pero es especialmente grave para aquellas personas que no tienen acceso a los instrumentos financieros para hacerse de una vivienda… como las policías.
<h2>La buena noticia: sí hay solución al problema</h2>
Ya hay propuestas para mejorar la accesibilidad al financiamiento de vivienda para policías, incluyendo subsidios gubernamentales y programas de financiación local adaptados a sus necesidades y riesgos específicos. Por ejemplo, recientemente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) creó un programa piloto para otorgar, en una primera etapa, servicios de vivienda para los policías municipales de Mérida. Con el éxito de esta experiencia, otros municipios en Nuevo León y en Hidalgo ya se unieron al programa de forma permanente.
A pesar de ser un paso en la dirección correcta, la adopción generalizada del programa se ve limitada por cuestiones normativas y financieras por parte de los municipios. Por un lado, deben asegurarse que la normativa local permita que el Infonavit otorgue los servicios de vivienda, lo que puede requerir cambios de leyes estatales y municipales; por otro lado, los municipios deben asegurar una partida específica para el pago del Infonavit en el primer año y los subsecuentes. Es aquí donde la debilidad de las finanzas municipales se vuelve el principal reto para mejorar las condiciones laborales de la policía.
Es por todo esto que este tipo de iniciativas deben estar formalmente establecidas mediante leyes o reglamentos. Este paso legal proporciona una base sólida y duradera para su implementación; además de que garantiza la asignación continua de fondos y recursos.
Contar con una vivienda estable no solamente mejoraría la calidad de vida de los policías; también tendría un impacto positivo en su eficacia laboral. Dicho de otro modo, fomentar que la policía tenga casa propia puede ser una herramienta efectiva para fortalecer las estrategias de reclutamiento y retención. Esto generaría en las corporaciones policíacas un entorno laboral más atractivo y seguro que, en consecuencia, resultaría en una vida más segura para la ciudadanía.
<a href="https://twitter.com/mexevalua" target="_blank" rel="noopener">@mexevalua</a>

La seguridad empieza en el hogar… pero a los policías no les alcanza para comprar casa

La mano extendida en postura receptiva tiene orígenes profundos en la evolución humana con sus modelos de sobrevivencia, en la filogenia, la antropología social y en los comportamientos adaptativos de las comunidades contemporáneas.
La intención de los primeros grupos sociales era, justamente, obtener los beneficios de la vida comunitaria, defenderse, cazar en grupo, obtener alimento de forma proactiva. Pero también apareció la opción de obtener beneficios desde la dádiva, que dependía de la voluntad de los otros y, en términos morales, de una moral heterónoma rudimentaria.
Existe una amplia diferencia entre una mano extendida que sostiene un instrumento <a href="https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4068/ev.4068.pdf" target="_blank" rel="noopener">de trabajo y la mano ociosa que expresa una paciencia letárgica que no coincide con el</a> érgon (del griego, εργον, trabajo) proactivo.
En este escenario surge la concepción de la espera, que eventualmente se confunde con la expectativa y la esperanza, términos que no significan lo mismo. Expectativa implica esperar algo por consecuencia de la inercia del destino o de un hecho propiciado por los mecanismos más elementales de la acción y la reacción. Esta ruta de la expectativa es la misma ruta del placer que tiene hoy en día una conceptualización bien definida en la esfera neurobiológica.
Pero la esperanza tiene una connotación más profunda y amplia que le da un toque propio de las emociones morales complejas y que está representado por el hecho de que aquello que se espera le dé un sentido a la existencia. De hecho, la primera prueba psicológica para medir depresión se denomina la prueba de desesperanza de <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kI5cspPos48" target="_blank" rel="noopener">Beck</a>.
Esta mano pasiva representa el encuadre de la dádiva que queda sujeta a los designios de un destino, en ocasiones divino o cuasi divino, o de ciertas inercias sociales postuladas por las ideologías, o bien en una autoría endosada a la naturaleza y a las circunstancias que son parte de la otredad.
Los otros siempre resultan actores protagónicos y, eventualmente, los hacemos responsables de nuestra bonanza o tragedia.
En el entorno terrenal, los humanos han retomado este modelo y hoy han convertido la dádiva en un capital rentable, que opera como una moneda de cambio para mantener voluntades y conciencias alineadas con los preceptos ideológicos que va definiendo el péndulo de la línea temporal.
De pronto la oferta y la demanda han tomado la expectativa como un activo primario y, en ocasiones, a la esperanza como una parte central de la narrativa en el discurso en ciertos liderazgos. Esta condición embona muy bien con la cultura de la dádiva en la que siempre aparece ese “otro” con cierto poder para capitalizar la dádiva y se postula como responsable de darnos algo y resolver nuestras necesidades en medio de un río revuelto.
Hoy la misma sociedad ha validado y legitimado esta historia en que la dádiva tiene sus fases de embeleso como la “luna de miel”, y una vez que fenece fatigada ante la realidad, apelamos a su subsistencia al exigir que otros entes nos den algo como parte de un derecho a recibir en un marco moralista de dignidad.
Este proceso forma ya parte de las entrañas comportamentales contemporáneas para calificar los liderazgos, lo que significa que quien más nos llena las manos de algo que nutre la expectativa, aun con ideaciones falaces y fuera de la realidad, se le reconoce como el proveedor idóneo al que le conferimos el poder de decidir por nosotros.
Así es como la expectativa genera un binomio dependiente, eventualmente insaciable, que se traduce con el tiempo en una relación tóxica y patológica. Aún más cuando se encuentra aderezada por preceptos ideológicos y confesionales que llegan a resultar tan incuestionables como peligrosos para las libertades elementales.
Tal como el síndrome de Estocolmo en que la víctima se enamora de su secuestrador, empieza por legitimar y sublimar cierto tipo de tratos en que la mendicidad puede fácilmente confundirse con un elemento indispensable para lograr aspirar a un satisfactor <a href="https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1130-52742018000200081" target="_blank" rel="noopener">normal</a>. Entonces la narrativa de “nunca nadie nos había dado nada” o “nadie había puesto algo en nuestra mano” cubre ese vacío a la perfección, que los líderes del nuevo marketing saben capitalizar con mucha habilidad.
En consecuencia, es fundamental replantear que la cultura de una sociedad, que involucra el respeto a los derechos fundamentales y a los ecosistemas, se constituye como un marco de referencia en las ciencias de la vida. Y las raíces de la filosofía, expresadas a través de la ética y la moral, definen el rol transdisciplinar de la bioética en la sociedad <a href="https://neurologia.com/articulo/2014036" target="_blank" rel="noopener">contemporánea</a>.
Para el caso de la salud es fundamental promover la corresponsabilidad a través de la cultura del autocuidado y la prevención, especialmente cuando una persona presenta un quebranto en su salud que lo convierte en una persona vulnerable. En estas condiciones la dádiva no funciona y puede estar sujeto a disparidades y discriminación ante un sistema sanitario que aún no supera sus limitaciones para ofrecer una atención eficiente en el escenario individual y colectivo.
La educación crítica y reflexiva, la actividad creativa que cuestiona y genera pensamientos y acciones, puede conducirnos a horizontes diferentes propios de un autoliderazgo proactivo.
Es sólo entonces cuando además esa mano extendida se puede convertir en una mano que saluda, que no agrede, que crea arte y trabajo, que transforma y produce y que puede comunicar con esa destreza minuciosa, los nuevos caminos de la autonomía y la dignidad.
* Rodrigo Ramos Zúñiga es neurocirujano, doctor en Neurociencias y profesor Investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara; es académico, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II, y de la Academia Nacional de Medicina de México, así como emérito del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. En 2014 obtuvo el Premio Jalisco en Ciencias. Es autor de<a href="https://publicaciones.udg.mx/gpd-la-cultura-bioetica-en-la-sociedad-contemporanea-9788418791345-6557a6a17b503.html" target="_blank" rel="noopener"> La cultura bioética en la sociedad contemporánea.Guadalajara:Ediciones de la Noche, 2021.</a>
 
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.

La cultura de la dádiva

Entre las múltiples lecturas sobre ganadores y perdedores, destacan tres elementos del segundo debate entre los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En primer lugar, a pesar de la rigidez del formato, con los participantes sentados, una mesa de por medio que restringe la movilidad y el lenguaje corporal, así como tiempos perfectamente equitativos que no fomentan el diálogo ni la confrontación de ideas, el debate de la Ciudad de México enfocado en agua y combate a la corrupción fue un espacio democrático relevante para plantear la visión de ciudad de los candidatos. Ninguno de los punteros lo hizo. Plantear una serie de propuestas aisladas no es lo mismo que una visión de ciudad. Para eso son los debates, para transmitir esas aspiraciones a los ciudadanos.
Segundo, en materia hídrica, más allá de las propuestas –evidentes y urgentes– de aumentar la captación de agua pluvial, incrementar el tratamiento de aguas y modernizar tuberías, resalta el consenso alrededor de la necesidad de devolverle su vocación lacustre a la ciudad. No es el espacio para discutir la viabilidad técnica y económica de cada planteamiento, basta mencionar que poner la recuperación de humedales, ríos y lagos en el Valle de México es en sí mismo algo positivo y no debe salir de la agenda pública.
Ningún candidato habló, sin embargo, de la cuestión regional, es decir, los mecanismos de coordinación y cooperación con las entidades de la megalópolis (especialmente el Estado de México e Hidalgo). Si no se resuelve la gobernanza regional tanto en términos de agua como de planeación urbana, el problema hídrico no se resolverá.
Tercero, la segunda mitad del debate, enfocada en el combate a la corrupción, giró en torno a la corrupción inmobiliaria. Eliminar las posibilidades de extorsión en el desarrollo urbano requiere, en el fondo, reglas claras y predecibles mecanismos transparentes para todos los ciudadanos.
Sin embargo, las propuestas planteadas en el debate se enfocaron en limitar el desarrollo. Esto tiene implicaciones altamente negativas en términos de calidad de vida de los ciudadanos. La Ciudad de México es esencialmente una metrópoli horizontal, existe un potencial subutilizado en términos de densidad, es decir, apostar por la vivienda vertical. El urbanismo horizontal llegó a su límite en el Valle de México, es necesario densificar las zonas centrales de la ciudad, donde –aunque suene contraintuitivo– la oferta de vivienda es restringida y, por ende, costosa.
Reaccionar suspendiendo obras y negando nuevos permisos no solo no erradica el problema de la corrupción, sino que sería una respuesta contraria a las necesidades de la Ciudad de México en términos de movilidad (tiempos de traslado), medio ambiente (emisiones en traslados), agua (pérdida de superficie de bosques), seguridad (mayor actividad en las calles y zonas con usos mixtos dificulta el delito) y economía (atracción y retención de talento).
En este sentido, tanto la cuestión de la vocación lacustre como de la corrupción inmobiliaria reflejan una ausencia importante en el debate chilango: la planeación urbana, un pilar para resolver ambas problemáticas.
Una ciudad más densa facilita la provisión de servicios públicos, desde agua hasta seguridad, y fomentaría la preservación de la naturaleza que rodea a la urbe, específicamente los bosques de agua al sur de la ciudad. Es indispensable densificar la ciudad. El futuro de la cuenca de Anáhuac es vertical.
De cara al tercer debate vale la pena cuestionar, ¿a qué ciudad aspiran los candidatos?
* Oscar Ocampo (@<a href="https://twitter.com/oscarocampo" target="_blank" rel="noopener">OscarOcampo</a>) es coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO.

Segundo debate chilango: agua, corrupción y densidades

El próximo 30 de abril marca el fin del último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura del Congreso de la Unión. Sin embargo, el saldo que dejará el Senado de la República en materia de designaciones de altas responsabilidades públicas será más que negativo: ninguna ha sido resuelta. Por increíble que parezca, el órgano con la obligación –constitucional– de decidir a las personas que asumirán altas encomiendas públicas NO realizó ninguna. A pesar de contar con tres meses de sesiones, estos no les fueron suficientes para desahogar sus pendientes por mínima decencia y decoro.
Esta dinámica lamentablemente no es nueva, el Senado lleva unos buenos años en hacerse el omiso y no designar. Desde el Observatorio de Designaciones Públicas <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> se contabilizan, al menos, 124 designaciones pendientes; la mitad de ellas están en la cancha de la cámara alta, mientras la otra parte se encuentra a la espera de que el titular del Poder Ejecutivo federal les envíe sus propuestas y/o ternas.
¿Cuáles son estas vacantes? Comprenden las tres del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); las nueve de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/res-publica/comision-seleccion-sna-desierta" target="_blank" rel="noopener">quedó desierta;</a> <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> dos magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras 48 en 31 tribunales electorales estatales y en cada una de sus cinco salas regionales y la especializada, nada menor teniendo presente que las elecciones están a la vuelta de la esquina y son estos últimos órganos los encargados de resolver cualquier conflicto y calificar la validez de las propias elecciones. Como está el panorama, seguramente el Senado no resolverá ninguna en las pocas sesiones que restan antes de la clausura el próximo 30 de abril.
El Poder Ejecutivo no se queda atrás y sigue sin mandar sus propuestas para cubrir las tres vacantes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dos en la Comisión Reguladora de Energía, cinco magistraturas en la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras 51 para salas regionales del mismo tribunal.
¡No hay palabras para expresar tanta irresponsabilidad! No obstante, vale revisar qué dice el marco legal respecto al incumplimiento deliberado de las obligaciones de las autoridades, ya que esto es precisamente lo que indica tantas designaciones pendientes: la falta de intención y de compromiso para llevarlas a cabo. En reflexiones anteriores hemos apuntado que estas omisiones forman parte de una estrategia de debilitamiento institucional y de los controles y contrapesos democráticos. ¡En esa realidad estamos!
El artículo 57 de la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf">Ley General de Responsabilidades Administrativas</a> <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> establece elementos sobre el abuso de funciones, refiriéndose a aquellas personas servidoras públicas que se valgan de sus atribuciones “para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios [&#8230;] que causen perjuicio a alguna persona o al servicio público”. Vaya que tantas omisiones han repercutido no sólo en el funcionamiento de las instituciones, sino que también tienen un impacto significativo en la garantía de los derechos humanos que estas instituciones están encomendadas a proteger.
Incluso, es importante recordar que, en el caso de las designaciones pendientes en el INAI, existen resoluciones judiciales y una sentencia de la Suprema Corte que ponen al Senado en desacato. El artículo 63 de la referida ley establece que “cometerá desacato [la o] el servidor público que [&#8230;] tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades [&#8230;] judiciales [&#8230;], proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información”. Hasta la fecha, ya acumulan 132 días del plazo que fijó la Corte para su resolución y el Senado sigue sin realizar las designaciones correspondientes.
Ante este modus operandi de no designar, bien valdría la pena que los órganos responsables enfrenten alguna sanción y consecuencia. La propia Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone varias posibilidades: la suspensión del empleo, cargo o comisión; la destitución; la sanción económica o la inhabilitación.  Esto sí sería un final de temporada épico para cerrar de manera contundente con el ciclo de impunidad que se permite en el servicio público. ¡Designen ya!
#SinCuotasNiCuates
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es la coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://twitter.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>). El Observatorio es un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Que comprende el monitoreo de las siguientes instituciones: Banco de México; Instituto Nacional Electoral; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Comisión Federal de Competencia Económica; Comisión Nacional de Hidrocarburos; Comisión Reguladora de Energía; Fiscalía General de la República; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Consejo de la Judicatura Federal; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Tribunal Superior Agrario; Auditoría Superior de la Federación; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Comité de Participación Ciudadana y Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Ver <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/res-publica/comision-seleccion-sna-desierta" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Se puede consultar <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf" target="_blank" rel="noopener">acá</a>.

Fin de temporada, ninguna designación

Repensar la política social y buscar formas innovadoras y efectivas de solución a las problemáticas que afectan a los grupos históricamente discriminados, es aceptar que los contextos han cambiado y que las necesidades de atención ya no son las mismas. La expectativa, entonces, es que la administración pública vea un nicho de oportunidad en otras estrategias, como la que ofrecen las ciencias del comportamiento, que se enfoquen en combatir temas de desigualdad, discriminación y a la contribución de un ejercicio justo de los derechos humanos.
En su natural evolución, las políticas públicas se han allegado de herramientas para dar solución a problemas públicos cada vez más complejos. La economía del comportamiento (EC) es el punto de encuentro de las ciencias del comportamiento, como lo es la psicología, con un importante descubrimiento que tuvo la economía: las personas no toman decisiones de forma racional en todo momento. Es así que las personas hacedoras de políticas públicas con enfoque de derechos humanos retoman los principios de la EC para diseñar acciones tendientes a tener una mejor comprensión del comportamiento humano, en este caso, para contribuir a eliminar las conductas discriminatorias y promover el acceso igualitario de oportunidades a los grupos en situación vulnerable.
En este sentido, las ciencias del comportamiento han estudiado cómo las <a href="https://www.bbvaopenmind.com/articulos/economia-conductual-pasado-presente-y-futuro/" target="_blank" rel="noopener">influencias sociales</a> afectan nuestras decisiones y elecciones. Por ejemplo, las influencias informativas nos ayudan en situaciones donde no tenemos mucha información del contexto y entonces observamos cómo actúan otras personas en la misma situación. Por otro lado, las influencias normativas tienen que ver con cómo respondemos a las presiones de los grupos que nos rodean. Una muestra de ello se presenta en <a href="https://www.frontier-economics.com/es/es/noticias-e-informacion/publicaciones/article-i9789-are-you-keeping-up-with-the-joneses/" target="_blank" rel="noopener">nuestros recibos de luz</a>, donde se hacen comparativos entre la energía que gasta “un vecino con menor consumo”, un “vecino promedio” y nuestro consumo, lo que tiende a reducir nuestro gasto energético para así equipararnos con el consumo ideal.
Sobre las políticas públicas con este enfoque, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuenta con el <a href="https://behavioral.iadb.org/es/our-projects/cerrando-la-brecha-de-genero-en-las-carreras-stem" target="_blank" rel="noopener">Grupo de Economía del Comportamiento</a> (GEC), que se ha asociado con gobiernos locales y nacionales de América Latina y el Caribe para promover el conocimiento relacionado con la toma de decisiones individual y colectiva en la región, con el objetivo de mejorar la vida de las personas, a través de los conocimientos que ofrecen la psicología y la economía, en ámbitos de salud, educación, trabajo, medio ambiente, entre otros.
La economía del comportamiento, a grandes rasgos, se refiere a esa rama de la economía que estudia la forma en la que las personas toman decisiones en un plano más acercado a la realidad, contrastando con los modelos económicos tradicionales que se basaban en la racionalidad del individuo. En una publicación anterior de <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/capital-plural/sesgos-cognitivos-discriminacion-diversidad" target="_blank" rel="noopener">Capital Plural</a>, donde se abordaron los sesgos cognitivos y cómo estos pueden llevarnos a tener conductas discriminatorias, aprendimos que nuestro cerebro se ayuda de estrategias o atajos para procesar la gran cantidad de información a la que está expuesto, y que, en ese proceso, se pueden presentar errores sistemáticos. La <a href="https://www.bi.team/wp-content/uploads/2016/09/v9-imec-vol-1-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">EC aplicada a políticas públicas</a> explora la influencia de estos sesgos, además de la aversión al riesgo y a la incertidumbre y las motivaciones en nuestras decisiones, para así idear una serie de herramientas y alternativas que se dirijan a impactar positivamente la vida de las personas.
Es un tema relativamente nuevo, que probablemente obtuvo mayor visibilidad en 2002 y 2017, cuando Daniel Kahneman y Richard Thaler recibieron, respectivamente, el premio Nobel en economía por sus aportaciones en la materia. En este auge, los gobiernos vieron una alternativa viable de solución a los problemas públicos para implementarse en sus administraciones. En este sentido, el exprimer ministro del Reino Unido, David Cameron, estableció en su administración el Equipo de Ideas sobre Comportamiento, popularmente conocido como la <a href="https://www.instituteforgovernment.org.uk/article/explainer/nudge-unit" target="_blank" rel="noopener">Nudge Unit</a> (o unidad del “empujón”) en 2010, basado en las investigaciones de Thaler sobre la influencia en las motivaciones de las personas para tomar mejores decisiones. Vale la pena decir que esta unidad tuvo una importante labor durante las acciones que se llevaron a cabo en la pandemia por COVID-19, sobre todo en el diseño de campañas informativas sobre higiene y distanciamiento social.
En materia de derechos humanos se ha comenzado a utilizar la EC para diseñar políticas públicas en favor de grupos históricamente discriminados. Al respecto, el Grupo de Economía del Comportamiento del BID realizó una <a href="https://behavioral.iadb.org/index.php/es/our-projects/intervencion-conductual-para-mejorar-el-cumplimiento-de-la-cuota-de-empleo-de-personas" target="_blank" rel="noopener">intervención en Perú</a>, con el objetivo de promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Con base en los datos del BID, las personas con discapacidad tienen un acceso deficiente a la educación, lo que tiene repercusiones en el ámbito laboral, donde su tasa de participación es considerablemente baja. Aunque existe la normatividad que requieren a las empresas aplicar cuotas de contratación para este grupo, sólo el 0.5 % cumplían con la disposición.
El proyecto consistió en enviar dos tipos de cartas a 1000 empresas: el primer tipo fue con un enfoque normativo donde se destacaban las multas por incumplimiento, y en el segundo tipo se señalaban los beneficios y el rol de la empresa para revertir la exclusión laboral contratando a personas con discapacidad. Los resultados muestran que las empresas a las que se les hizo el envío de la carta implementaron medidas para la contratación de trabajadoras y trabajadores con discapacidad, en comparación con las que no recibieron ningún mensaje. Este aumento se observó en mayor medida en las empresas a las que se les envió la carta con enfoque normativo, donde se les recordó su obligación legal y las consecuencias de no cumplimiento.
Otro ejemplo se dio en <a href="https://behavioral.iadb.org/es/our-projects/animar-las-sobrevivientes-de-la-violencia-contra-las-mujeres-buscar-ayuda" target="_blank" rel="noopener">Honduras</a>, donde más de una cuarta parte de las mujeres hondureñas de entre 15 y 49 años han sufrido al menos un acto de violencia física y más de una quinta parte han sufrido violencia por parte de su pareja en una relación, entre 2019 y 2020. No obstante, un porcentaje muy pequeño buscó ayuda de las instituciones estatales. Para este caso, el equipo del BID realizó una investigación cualitativa sobre los principales factores que frenan a las mujeres a buscar ayuda. Con este fundamento, diseñaron una intervención con mujeres usuarias de Facebook, distribuidas aleatoriamente en grupos. Se enviaron mensajes distintos a cada grupo, explorando herramientas de comportamiento particulares. Los resultados arrojaron que las mujeres del primer grupo de tratamiento (de reducción de la incertidumbre), donde se mostró un mensaje que señalaba los pasos a seguir después de la llamada al número de emergencia, tenían un 19.4 % más probabilidades de visitar el sitio web de ayuda, en comparación con el grupo de control, donde se mostraba un mensaje estándar sobre las llamadas al 911.
En <a href="https://behavioral.iadb.org/es/our-projects/cerrando-la-brecha-de-genero-en-las-carreras-stem" target="_blank" rel="noopener">nuestro país</a>, el BID realizó un proyecto para impulsar la representación de las mujeres en las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ya que, en México, los puestos de trabajo mejor pagados se encuentran en eso ámbitos. De esta forma, se busca promover la igualdad de género en el campo laboral y así reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Se aplicó primero una encuesta a 12 mil estudiantes a nivel bachillerato y se encontró que las jóvenes se enfrentan a estereotipos de género, normas sociales y falta de información en cuanto al acceso a las carreras mencionadas.
Posteriormente, se formaron dos grupos de tratamiento y un grupo control. En el primero recibieron una carta personalizada donde se contaba la historia de un modelo a seguir para hacer frente a los estereotipos de género. En el segundo grupo, la carta contenía una guía práctica para solicitar el ingreso en la universidad con el fin de reducir las barreras de la falta de información y la complejidad del proceso. El grupo control recibió una carta con información básica de las carreras antes referidas. Los resultados mostraron que las cartas de tratamiento aumentaron la preferencia de las mujeres por las matemáticas en comparación con el grupo de control. También se concluyó que es fundamental exponer a las estudiantes a la información sobre carreras de ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemáticas en una etapa temprana de la escuela secundaria; asimismo, es clave brindar información a las madres y padres, con el fin de influir en las normas sociales familiares que moldean las elecciones de carrera de las mujeres.
El Gobierno de la Ciudad de México no es extraño en el uso de las ciencias del comportamiento para cambiar conductas no deseadas en la ciudadanía. Un ejemplo de esto fue la campaña <a href="https://www.researchgate.net/publication/324536009_La_arquitectura_de_la_decision'_Economia_conductual_y_diseno_de_las_politicas_publicas" target="_blank" rel="noopener">“Menos sal, más salud”</a>, en donde se cambiaba la opción por default (tener un salero en la mesa de los restaurantes) para reducir el consumo de sal y de esta forma, tratar de disminuir las enfermedades cardiovasculares relacionadas con una alta ingesta de este condimento. Una cadena restaurantera reportó que el consumo de sal se redujo en un 70 %, porque la mayoría de comensales no solicitó un salero. Aquí se trabajó con el sesgo del status quo, en donde las personas prefieren mantener el estado de las cosas tal y como se les presenta.
Y aunque también se pueden rastrear esfuerzos de intervenciones de EC en la Secretaría de Movilidad y en la Agencia Digital de Innovación Pública que, sin duda, apuntan a promover los derechos y la seguridad de las personas que viven y transitan en la capital del país, no se han utilizado todavía este tipo de herramientas para el diseño de políticas públicas en favor de los grupos de atención prioritaria, que ayuden al cierre de brechas de desigualdad en la Ciudad de México, tal como se mostró en el trabajo que hace el BID en otras ciudades de la región.
Como instituciones del Estado se puede explorar la posibilidad de conformar laboratorios de políticas públicas con enfoques transversales (como género, derechos humanos, igualdad, entre otros), que empleen herramientas innovadoras, como lo ofrece la Economía del Comportamiento, para la creación de intervenciones que tomen en cuenta los retos actuales que enfrentan las personas en el ejercicio de derechos y que contribuyan al combate de la discriminación y la desigualdad. Como decía el psicólogo Daniel Kahneman, “Nos concentramos demasiado en lo que conocemos e ignoramos lo que no conocemos, lo cual nos hace confiar demasiado en nuestras creencias”.
* Laura Rosales es asesora en la Coordinación de Políticas Públicas y Legislativas del COPRED.

La economía del comportamiento para los derechos humanos

En México hay 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes. Ellas y ellos tienen derecho a crecer y desarrollarse de tal forma que puedan lograr todo su potencial y alcanzar el más alto nivel de salud. Sin embargo, existen brechas importantes en el acceso a bienes y servicios en salud y <a href="https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/pc.asp?t=14&amp;c=11817" target="_blank" rel="noopener">entre las causas de mortalidad persisten condiciones que se pueden evitar</a>, como los problemas relacionados con el parto y puerperio, las enfermedades prevenibles por vacunación, el suicidio e incluso la desnutrición.
Entre las niñas, niños y adolescentes, <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Pobreza_infantil_y_adolescente_en_Mexico_2020.pdf" target="_blank" rel="noopener">tres de cada 10 no cuenta con acceso a servicios de salud</a>, 6 de cada 10 niñas y niños de 1 año de edad no cuenta con su esquema completo de vacunación <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">1</a> y cuatro de cada 10, entre los 5 y 19 años, vive con sobrepeso u obesidad. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">2</a> Además, existen problemas focalizados por grupo de edad, tal es el caso de la primera infancia que va de los 0 a los 5 años, donde el 25 % tiene alguna forma de malnutrición, <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">3</a> uno de cada 4, no recibe una alimentación nutritiva y de calidad y solo 33.6 % recibe lactancia materna exclusiva en sus primeros 6 meses de vida. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn6" name="_ftnref6">4</a>
Entre las y los adolescentes, los problemas relacionados con la salud mental, y la salud sexual y reproductiva se vuelven prioritarios. De 2018 a 2022, las ideas suicidas e intentos suicidas aumentaron, incluso, <a href="https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14815/12428" target="_blank" rel="noopener">se duplicaron sobre todo en las mujeres</a>, además de que hubo un crecimiento acelerado de los problemas como depresión o ansiedad. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn8" name="_ftnref8">5</a> Hablando de salud sexual y reproductiva, no debemos olvidar que <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Embarazos21.pdf" target="_blank" rel="noopener">México sigue ocupando el primer lugar de embarazo adolescente entre los países de la OCDE</a>, además de que existen marcadas diferencias en la atención pre y postparto comparadas con las mujeres embarazadas adultas. Del total de niñas o adolescentes que se convierten en madres, <a href="https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14795/12405" target="_blank" rel="noopener">solo 65 % recibe atención prenatal y 48 % atención posparto</a>.
Este panorama demuestra que urge hacer de las niñas, niños y adolescentes una prioridad en las campañas electorales, para que el próximo gobierno incluya en el Plan Nacional de Desarrollo la aplicación efectiva de políticas y programas públicos en salud, eficientes, transversales, con acciones y metas claras para garantizar acceso universal y de calidad a bienes y servicios de salud.
Algunas de las prioridades en salud infantil ya se han ido incorporando como parte de las propuestas de las candidatas y candidato a la presidencia de la república, tales como el incremento en la cobertura y atención en salud que sea gratuita y de calidad, incluyendo la atención a la salud mental, todo esto desde la etapa gestacional y durante el periodo que abarcan los primeros 1000 días de vida para contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal; de igual forma se busca mejorar las coberturas vacunales, promover la salud sexual, e influir en la reducción del embarazo adolescente. Otras prioridades abarcan el aspecto nutricional, evitando la malnutrición y buscando la seguridad alimentaria.
Desde Save the Children reconocemos estas prioridades que, además, se alinean con las que hemos encontrado en nuestro trabajo diario y que nos facilitó la creación de nuestra <a href="https://www.savethechildren.mx/wp-content/uploads/2024/02/Agenda-derechos-de-las-nina-sy-ninos-en-un-proyecto-de-nacion.pdf?utm_source=landing+page+&amp;utm_medium=organico&amp;utm_campaign=Vota+2024&amp;utm_id=Vota+2024&amp;utm_content=link+descarga+&amp;_gl=1*1siq8cw*_ga*NDE5NjUyMzk5LjE3MDY4OTcyNTg.*_ga_W1CTLB0V4R*MTcwODQ3NTYyOC4xNi4xLjE3MDg0NzY3OTAuNDcuMC4w" target="_blank" rel="noopener">Visión 2030: un gran país para niñas, niños y adolescentes</a>, donde se concentran 14 recomendaciones puntuales.
Los temas que las candidatas y el candidato a la presidencia traen a la mesa son de suma importancia y resolverlos tiene el potencial de cambiar el perfil de morbimortalidad actual, pero para lograrlo hay que contar con acciones concretas y efectivas; por ejemplo, garantizar que el acceso a cualquier institución de salud esté libre de condicionamientos, que se haga efectivo el acceso a vacunas en todas las zonas del país, incluso mediante servicios de contra referencia, y que se intensifiquen las acciones de inmunización para completar los esquemas vacunales a través de un Plan Emergente para Atender y Revertir los Rezagos en Vacunación
Para la mejora de la operación del Programa de Vacunación y el alcance de sus metas, deben considerarse las recomendaciones internacionales basadas en la implementación de un Sistema Electrónico de Vacunación con indicadores Nominales que favorezca la gestión y coordinación del Programa y los seguimientos individuales para que las niñas y niños cuenten con todas sus vacunas siempre.
Sería también óptimo implementar una Estrategia para el Combate a la Malnutrición que ponga principal atención a la primera infancia mediante la protección de la lactancia materna, la atención del sobrepeso y la obesidad, así como también, un Programa Nacional de Desarrollo Socioemocional y Salud Mental desde esa edad y hasta adolescencia, y en ese último grupo, invertir en mejorar la atención médica de calidad para las madres adolescentes, cuando se requiera.
Exhortamos a las candidatas y los candidatos a cargos de elección popular a conocer nuestras propuestas y posicionar a las niñas y niños dentro de sus prioridades, al mismo tiempo que invitamos a la ciudadanía a emitir su voto por aquellas candidaturas que cuenten con compromisos de campaña asertivos y que estén ligados a atender objetivamente la salud de la infancia. En estas próximas elecciones 👉🏽<a href="https://bit.ly/3UWk7T1" target="_blank" rel="noopener">#VotaPorLasNiñasyLosNiños</a>.
* Paulina Jiménez Medina es oficial de Incidencia Política en Salud Pública de Save the Children en México (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>), organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a> e <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.
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<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">1</a> Mongua-Rodríguez, N. y Cols. Cobertura de vacunación en niños, niñas y adolescentes en México. (2023). Salud Pública de México. Mex. 2023;65(supl 1):S23-S33.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">2</a> Shamah- Levy T, Y Cols. Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente en México. Ensanut Continua 2020-2022. (2023). Salud Pública de México. 2023;65(supl 1):S218-S224.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">3</a> Cuevas-Nasu, L. Y cols. Estado de nutrición de niñas y niños menores de cinco años en México. Ensanut 2022. 2023;65(supl 1):S211-S217.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">4</a> González-Castell, LD. Y cols. Prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en menores de dos años de edad en México. (2023). Salud Pública de México. 2023;65(supl 1):S204-S210.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">5</a> Secretaría de Salud. (2023). Dirección General de Información en Salud.

Nación saludable para niñas y niños: prioridad en campañas electorales y propuestas de gobierno

En alguna ocasión, un jefe de la Policía de la Ciudad de México, en reunión privada, calificó a la corporación como un monstruo de mil cabezas difícil de controlar y más aún de transformar.
Bajo la contundencia de ese argumento, era entendible la corrupción y abuso de fuerza solapados desde las cúpulas policiales.
Aunque estaba lejos de los tiempos de Arturo “El Negro” Durazo —el jefe de la policía en la década de los 70 conocido por sus millonarias propiedades, una de ellas llamada El Partenón, en Ixtapa Zihuatanejo—, sí era una corporación con poca credibilidad, respeto y confianza.
Sus procedimientos carecían de legitimidad y eran cuestionados en sus formas y resultados. Al interior privaba un sentido de machismo y compadrazgo obstaculizador de promociones y desarrollo policial.
El “entre”, “favores” y cuotas eran factor de desarrollo. Se pagaba por tener acceso a una patrulla, un arma de cargo o un chaleco antibalas, hasta por determinadas zonas de patrullaje.
Bajo esas condiciones hace cinco años comenzó un proceso de transformación del cuerpo policial más grande de América Latina. La dignificación policial no fue simple retórica.
Dos decisiones al inicio de la administración de Claudia Sheinbaum resultaron centrales: la extinción del cuerpo de granaderos, cuestionado por los métodos empleados para disolver manifestaciones, y la reforma legal para dotar de facultades de investigación a la policía, un reconocimiento a la capacidad y formación de las y los agentes.
Un proceso de dignificación reforzado con un esquema de reconocimientos, estímulos y promociones como las entregadas el pasado 11 de abril por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.
Desde el Consejo Ciudadano de la CDMX se impulsa desde julio de 2019 una estrategia basada en Comisiones Ciudadanas contra la Corrupción en el Ministerio Público y la Corrupción Policial y Violencia a Mujeres Policías. En ellas participan instituciones y, predominantemente, ciudadanos; se revisan los reportes a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533 y se canalizan a la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Hay un conjunto de medidas favorecedoras de la transformación, las cuales explican la captura de más de 2 mil 550 delincuentes, la baja de 63 por ciento en la incidencia delictiva al primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2019 —de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— y una mejora de 34.8 puntos en la percepción de seguridad entre marzo pasado y el mismo mes de 2018, según el INEGI.
La “retórica vacía y los lugares comunes” a los cuales hizo referencia el secretario Pablo Vázquez han sido superadas para dar significado y contenido a la proximidad, prevención, inteligencia e investigación.
En la década de los 70 se hablaba de una hermandad para cubrirse las espaldas, ahora hay una verdadera hermandad policial que da sentido y espíritu de cuerpo a la corporación.
* Salvador Guerrero Chiprés (<a href="https://twitter.com/guerrerochipres" target="_blank" rel="noopener">@guerrerochipres</a>) es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Hermandad policial

No hay amnistía que haga funcionar un sistema de justicia

En el presente artículo pretenderé establecer, de manera sencilla, mi postura sobre la contradicción de criterios 228/2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre los sustentados por ese máximo tribunal en la acción de inconsticionalidad 107/2016 y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el SUP-REP-362/2022.
La Corte determinó que sí existió contradicción de criterios entre ambos Tribunales Constitucionales consistentes en que: a) la SCJN sostiene que el modo honesto de vivir es un concepto subjetivo y sumamente indeterminado que no debe seguir siendo exigible como requisito de elegibilidad, ya que la interpretación de lo que cada persona entienda como “honestidad” no encuentra cabida en nuestra sociedad y ello puede generar una posible discriminación en su aplicación y b) la sentencia del TEPJF establece que la presunción del modo honesto de vivir puede ser suspendida como requisito de elegibilidad para la postulación de cargos públicos, por la comisión reiterada de violaciones al orden constitucional y legal por parte de los servidores públicos.
Lo primero a determinar desde la perspectiva de la interpretación jurídica es el bien jurídico que debe prevalecer en un ejercicio de ponderación: el derecho político de los ciudadanos que aspiren a ser votados para un cargo de elección popular ante una posible interpretación discriminatoria o la posibilidad de suspender la presunción del modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad de los servidores públicos que pretendan postularse para cargos de elección popular, mediante un criterio y procedimiento objetivo de sanción para los que de manera dolosa y reiterada violenten los principios constitucionales y el Estado de Derecho.
¿Qué es lo justo? ¿Qué criterio es el aplicable para lograr el bien común? ¿Cuál es el bien jurídico que debe prevalecer? Y, realmente, ¿se trata de una contradicción de criterios?
Por lo que hace a lo justo, ambos criterios adoptados por la SCJN y el TEPJF buscan proteger derechos y valores constitucionales ya que, si bien es justo proteger el derecho político de las personas que aspiren a ser registradas para un cargo de elección popular, también resulta justo sancionar a quien transgrede los derechos que detentamos los demás, en particular, el derecho de la ciudadanía a poder elegir a candidatos que cumplan con la normatividad y principios consagrados en nuestra Carta Magna.
Por cuanto hace al cuestionamiento sobre cuál de los dos criterios es el que debe prevalecer para lograr el bien común y cuál es el bien jurídico predominante, por la materia de que se trata y lo que se pretende preservar, resulta aplicable  de conformidad con la recta razón establecer que el criterio sostenido por el TEPJF es el que protege el bien común del Estado Mexicano, ya que implica el respeto y deber de cumplir con las disposiciones que hemos establecido para configurar un sistema democrático y Estado de derecho funcionales con respeto al ejercicio pleno de las libertades de todos los individuos.
Estamos ante un valor (el bien común según Santo Tomás de Aquino) que debe prevalecer respecto de otro (el derecho político de los ciudadanos aspirantes a candidatos). Actualmente resulta de particular importancia para la sociedad que el comportamiento de quienes nos representan adecue sus conductas al bien común y al Estado de derecho. Por ello debe prevalecer el criterio que maximice el Sistema democrático sobre las libertades particulares.
Considerando la ética de los máximos versus la ética de los mínimos, apliquemos los mínimos exigibles a cualquier ciudadano que aspire a ser candidato sobre el concepto del modo honesto de vivir desde una perspectiva presuntiva del mismo y apliquemos los máximos a los funcionarios públicos implicando los deberes y valores superiores que demandan un progreso moral de nuestra vida democrática buscando el  fortalecimiento del Estado de Derecho necesario para la consecución del bien jurídico común a todos los mexicanos.
Como juristas estamos conminados a desempeñar nuestra labor jurisdiccional de manera que ponderemos con razones sobre lo justo, pero además atender al bien jurídico  general sobre el particular y, en este caso,  el concepto objetivo sobre el concepto subjetivo.
La Sala Superior en la sentencia materia de contradicción, vinculó a todas las autoridades electorales a realizar un procedimiento de análisis previo a la suspensión de la presunción del modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad de los funcionarios que pretendan ocupar cargos de elección popular, no se pronunció sobre este concepto sino a la posible sanción consistente en la suspensión de la presunción del “modo honesto de vivir”, en el caso de que se comprueben las violaciones dolosas y reiteradas a nuestro ordenamiento constitucional en materia electoral mediante un procedimiento específico previo de análisis antes de aplicar la sanción respectiva.
Por último quiero concluir estableciendo que no hay contradicción de criterios entre nuestros dos Tribunales Constitucionales, se trata de interpretaciones aplicadas en distintos ámbitos. Una por lo que hace a la defensa de los derechos fundamentales de las personas en lo individual para evitar caer en una discriminación. Y la otra, por lo que hace a la defensa de nuestros principios constitucionales sobre el actuar de los que detentan o pretenden detentar el poder los funcionarios públicos que pretenden acceder a cargos de elección popular.
Sin embargo, creo firmemente que desde la óptica de la ética, la prevalencia y eficacia de los principios y valores de la constitución deben ser tutelados como fin último de un Tribunal Constitucional  como lo es el TEPJF.
* Noé Corzo Corral es profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El modo honesto de vivir y la responsabilidad política de las autoridades en México

En marzo pasado, el 61 % de la población del país de 18 años y más, que viven en las 50 ciudades más grandes, se sentía insegura, según los resultados de la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana</a> del INEGI.
La percepción de inseguridad se ha mantenido más o menos estable a lo largo de los últimos tres años. En 2022 era de 64.2 % (diciembre); en 2023 de 62.1 % (marzo) y ahora es de 61.0 %.
Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son: Fresnillo (95.4 %), Zacatecas; Naucalpan (89.6 %), Estado de México; Zacatecas (89.3 %), Zacatecas; Chilpancingo (87.3 %), Guerrero; Cuernavaca (87.0 %), Morelos, y Ciudad Obregón (86.8 %), Sonora.
Y las que tienen el mejor nivel de percepción de seguridad son: Alcaldía Benito Juárez (11.1 %), Ciudad de México; Piedras Negras (19.0 %), Coahuila; Alcaldía Cuajimalpa (22.5 %), Ciudad de México; Mérida (23.2 %), Yucatán; Tampico (23.6 %), Tamaulipas, y Los Cabos (24.8 %), Baja California Sur.
De las 50 ciudades contempladas, en 14 hubo cambios significativos al alza en la percepción de inseguridad entre ellas: Tijuana, Baja California; Pachuca, Hidalgo; Tlajomulco; Jalisco; Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México; Cancún, Quintana Roo; Monterrey, Nuevo León, y San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
El 66.5 % de las mujeres se sienten inseguras contra el 54.5 % de los hombres. Según los espacios específicos que contempla la encuesta: 69.4 % se siente inseguro en los cajeros automáticos; 63.9 % en el transporte público; 53.9 % en las carreteras; 53.5 % en los bancos y el 52.8 % en las calles que utiliza.
Para el 33.9 % de la población su expectativa es que en los 12 próximos meses la inseguridad en su comunidad seguirá igual de mal; para el 21.5 % que va a empeorar; el 19.2 % considera que seguirá igual de bien, y el 23.5 % que va a mejorar.
La percepción sobre la inseguridad ha traído consigo cambios de costumbres y de hábitos en la población: 47.4 % ha dejado de llevar cosas de valor (joyas, relojes, dinero…); 40.8 % ya no camina después de las 20.00 horas por las calles donde se ubica su vivienda; 39.2 % no permite que sus hijos menores salgan de su casa y 26.3 % cambió sus hábitos de visitas a parientes y amigos.
Los medios que utiliza la población para enterarse de la inseguridad de su localidad, estado y país son: el 58.6 % lo hace por los noticieros de televisión; el 53.8 % por Facebook; 53.9 %, de manera personal; 25.7 % por internet, y 21.3 % por WhatsApp.
Todo indica que al término de la presente administración se va a mantener la percepción de inseguridad en torno a poco más del 60 % de la población mayor de 18 años, como ha venido siendo hasta ahora. La posibilidad de mejorarla será ya tarea del próximo gobierno.
<a href="https://twitter.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

La percepción de inseguridad en las ciudades

Cuando hablamos de la Tierra, es fundamental reconocer que nuestro planeta es en realidad más agua que tierra firme. Más del 70 % de la superficie terrestre está cubierta por agua y los océanos albergan una biodiversidad impresionante que incluso hoy en día sigue siendo inexplorada en su totalidad.
Cada 22 de abril, nos unimos para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta que llamamos hogar. Este día no es solo una conmemoración, sino un recordatorio de la importancia vital de la Tierra y sus ecosistemas para nuestra supervivencia y bienestar.
Los océanos y los mares son una parte integral de la vida en la Tierra, desempeñan un papel crucial en su funcionamiento. No podemos celebrar el Día de la Madre Tierra sin incluir a los océanos: estos son responsables de la vida tal cual la conocemos debido a que nos proporcionan al menos el 50 % del oxígeno, capturan 30 % del dióxido de carbono atmosférico anualmente y albergan una vasta variedad de vida marina que sustenta a millones de personas en todo el mundo. Esta celebración de la Tierra es también una celebración marina.
La historia de este día se remonta a 2009, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra con el objetivo de evidenciar que el planeta y sus diversos ecosistemas nos sustentan, y que debemos buscar un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
En abril de 2024 se llevó a cabo la Conferencia del Decenio del Océano, como parte de una semana completa de actividades en Barcelona, España. Durante la conferencia, líderes mundiales, científicos y representantes de la sociedad civil se reunieron para abordar los mayores desafíos y soluciones para la sostenibilidad de nuestros ecosistemas marinos.
Las discusiones durante la conferencia se centraron en temas como la economía oceánica sostenible y la alimentación azul sostenible. Se destacó la necesidad de desarrollar una economía oceánica que sea equitativa, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente. Esto implica aprovechar y recabar datos, información y conocimientos de diversas fuentes, incluidas las comunidades tradicionales y culturales.
Además, se analizaron soluciones para garantizar la seguridad alimentaria global a través de prácticas pesqueras sustentables y el manejo de los recursos marinos basado en la ciencia. Esto incluye la implementación de enfoques de planificación espacial marina y mecanismos financieros basados en la conservación del medio ambiente.
El Día Mundial de la Madre Tierra nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y reafirmar nuestro compromiso con su protección y conservación. Reconocer la importancia de los mares y océanos en este día es fundamental para garantizar un futuro sustentable para las generaciones venideras, sin su protección, la vida como la conocemos hoy en día colapsaría. Cada acción cuenta, y juntos podemos marcar la diferencia en la preservación de nuestra Madre Tierra y los océanos.
* Mariana Reyna es científica de Océanos y Pesquerías de Oceana en México (<a href="https://twitter.com/OceanaMexico" target="_blank" rel="noopener">@OceanaMexico</a>).
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Día Mundial de la Madre Tierra, un homenaje a nuestros mares

La falta de integración plena de la <a href="https://www.te.gob.mx/front3/ContenidoSalas/salaSuperior" target="_blank" rel="noopener">Sala Superior del Tribunal Electoral</a> es un golpe directo a la integridad democrática de México. Más allá de los nombramientos pendientes, esta carencia resuena en la legitimidad de los resultados electorales de 2024 y trasciende en su impacto. Podría incluso socavar la legitimidad democrática de aquellos que se alcen como ganadores.
La Sala Superior del Tribunal Electoral se compone de siete Magistraturas Electorales, cuyos titulares son seleccionados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, de entre las ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ausencia de dos designaciones podría conllevar varios efectos tanto en el funcionamiento de dicho Tribunal como en su capacidad para cumplir con sus deberes constitucionales y legales. Mencionaré cuatro de ellos:
Retrasos en la toma de decisiones. La Sala Superior podría enfrentar dificultades para reunir el quórum necesario para deliberar y decidir. La ausencia de dos magistraturas, junto a cualquier eventualidad adicional (enfermedad, conflicto de interés u otra razón), podría frustrar la conformación del quórum y, por ende, impedir sesionar y emitir resoluciones. Esto cobra especial relevancia dado que el Tribunal Electoral debe resolver con prontitud las impugnaciones y recursos que surjan, especialmente en periodos electorales. Por ejemplo: para la declaración de validez de la elección presidencial, o para declarar la nulidad de la elección, la Sala Superior debe sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes.
Afectación en la operatividad. La falta de nombramientos de magistrados repercute en la distribución de la carga de trabajo y podría mermar la eficiencia en la resolución de casos. Esto podría derivar en dilaciones en decisiones jurídicas cruciales, afectando potencialmente la certeza y legalidad de los procesos electorales. Además, quienes ocupan los cargos podrían enfrentarse a una presión añadida y una carga laboral incrementada debido a la ausencia de colegas. Esto no solo ralentiza la gestión de casos, sino que también compromete la calidad de las deliberaciones y decisiones, dado que cada magistrado dispone de menos tiempo para analizar exhaustivamente cada caso.
Impacto en la legitimidad. La falta de una composición completa en la Sala Superior podría suscitar dudas sobre la legitimidad de sus fallos, en especial si se percibe que la carencia de designaciones responde a intereses políticos. Esto podría minar la confianza pública en la institución. Si el Senado no procede con los nombramientos, podría generarse la percepción de injerencias políticas en la integración del Tribunal. Esta situación podría arrojar incertidumbre sobre la imparcialidad de sus decisiones, especialmente si las cuestiones pendientes tienen implicaciones políticas sustanciales. Esta demora en las designaciones podría interpretarse como un intento de manipular los resultados judiciales, especialmente en un contexto políticamente sensible y polarizado, como el actual proceso electivo.
Presiones políticas y legales. La ausencia de magistrados podría generar presiones de índole política y legal para resolver la situación, incluso derivar en la intervención de otros órganos estatales. Con un número reducido de magistraturas, cada voto adquiere una relevancia mayor, incrementando el riesgo de que las decisiones judiciales sean percibidas como parciales o influenciadas por minorías que controlan el proceso de designación. Imaginemos el alcance amplificado de estas presiones en un contexto de elecciones con resultados ajustados.
<figure id="attachment_1392128" aria-describedby="caption-attachment-1392128" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1392128" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/tribunal-electoral.jpg" alt="Imagen generada con IA y que representa los espacios vacíos en la Sala Superior del TE." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/tribunal-electoral.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/tribunal-electoral-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/tribunal-electoral-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/tribunal-electoral-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1392128" class="wp-caption-text">Imagen generada con IA y que representa los espacios vacíos en la Sala Superior del TE. Propiedad: Roberto Heycher . Herramienta: DALL-E 2024</figcaption></figure>
<h2>Atribuciones clave de la Sala Superior</h2>
La Sala Superior desempeña un papel crucial en la validación de los resultados electorales en México. Este proceso incluye la recepción de los resultados electorales por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), seguido de un período en el que los partidos políticos pueden impugnar si consideran que hubo irregularidades. La Sala Superior revisa estas impugnaciones y resuelve juicios de inconformidad para garantizar la legalidad del proceso electoral y, si concluye que la elección fue válida, emite una declaración de presidencia electa que se debe notificar a la Camara de Diputados para la emisión del Bando Solemne.
¿Realizará la Sala Superior todo esto sin una integración completa y con incertidumbre sobre quienes ocuparán las magistraturas en esta importante responsabilidad?
Dada la importancia central de las elecciones como mecanismo de distribución del poder político, se considera que para que exista legitimidad democrática es indispensable la celebración de elecciones libres y auténticas, en las cuales los ciudadanos elijan a sus representantes y gobernantes. No obstante, la legitimidad democrática conlleva el respeto al Estado de Derecho y al adecuado funcionamiento de las instituciones que garantizan el ejercicio de los derechos. Por tanto, la integración completa y conforme a la Constitución de la Sala Superior del Tribunal Electoral constituye una cuestión de legitimidad democrática, ya que asegura la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
<a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Piden-nombrar-a-magistrados-pendientes-20240215-0015.html" target="_blank" rel="noopener">El Senado de la República está en falta</a> y todos deberíamos exigir la garantía del buen funcionamiento de nuestras instituciones. La integración de la Sala Superior no debe ser botín de ninguna fuerza política.
A escasas seis semanas del día de la elección, <a href="https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2024/4/4/el-tribunal-electoral-incompleto-591301.html" target="_blank" rel="noopener">el Tribunal Electoral sigue incompleto</a>. Las elecciones auténticas y libres dependen de la integración plena de los órganos electorales, y a su vez, la legitimidad de los gobiernos democráticos solo puede derivar de elecciones libres y auténticas.
<a href="https://twitter.com/RobertHeycherMx" target="_blank" rel="noopener">@RobertHeycherMx</a>

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