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México se encuentra entre los 10 países de América Latina con más restricciones a las libertades civiles, particularmente en cuanto a vigilancia y espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos por parte de autoridades militares, así como agresiones, asesinato y desaparición de periodistas, defensores del medio ambiente y defensoras que buscan a familiares desaparecidos, sin que estos hechos sean investigados ni sancionados por el Estado Mexicano. Así lo manifiesta la organización internacional <a href="https://monitor.civicus.org/globalfindings/TacticsOfRepression/" target="_blank" rel="noopener">Civicus</a>, que monitorea el estado de las libertades civiles en 197 países, considerando violaciones a derechos civiles y el debilitamiento de las instituciones democráticas. En su <a href="https://monitor.civicus.org/explore/en-mexico-la-vigilancia-vuelve-a-ocupar-el-primer-plano/" target="_blank" rel="noopener">último reporte para México</a>, Civicus ha registrado además, difamación, descrédito y persecución a la sociedad civil, y proyectos de ley o leyes que restringen su acción.
En este contexto, el trabajo de las personas activistas y defensoras de los derechos humanos se vuelve fundamental al exigir la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y el cumplimiento de los compromisos con los derechos humanos. Por otro lado, y a pesar de la urgencia de fortalecer las instituciones democráticas, las <a href="https://www.latinobarometro.org/lat.jsp" target="_blank" rel="noopener">cifras</a> <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">1</a> muestran que, en los últimos tres años la valoración positiva de la democracia por parte de las y los mexicanos aumentó del 60 % al 71 %. Esto es particularmente relevante dado que en 2017 se registró el nivel más bajo de respaldo a la democracia en el país desde 2002, con un 56 %.
Este panorama, combinado al contexto pre y post electoral, subraya algunos de los desafíos y oportunidades para fortalecer el sistema democrático en México y torna evidente la necesidad de apoyar organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, movimientos sociales, coaliciones, consorcios, redes o colectivas en todo el territorio nacional. Esta situación llevó a Fundación Avina junto a otros aliados a lanzar Surge, una iniciativa destinada a brindar recursos financieros y respaldo estratégico a quienes trabajan diariamente desde sociedad civil para preservar y revitalizar la democracia en el país.
Como primera acción, Surge abrió la convocatoria a su primer Fondo de Respuesta Rápida, que invita a la postulación de proyectos sobre temas de participación ciudadana y democracia, justicia ambiental, social, económica y de género, que estará abierta desde el 4 de octubre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024.
Para incidir en el contexto descripto, la iniciativa enfocará la adjudicación de apoyos financieros, de fortalecimiento organizacional y/o acompañamiento estratégico a organizaciones, redes o movimientos que estén formados por y/o representen las demandas y necesidades de grupos socialmente discriminados, que hagan trabajo local, en las periferias urbanas o lejos de las grandes ciudades del país, que se hayan creado recientemente, que estén o no legalmente constituidas y que cuenten con pocos recursos de financiamiento.
Los proyectos que apliquen al Fondo de Respuesta Rápida mediante la convocatoria abierta y queden seleccionados, pueden recibir recursos de entre 5 mil y 30 mil dólares, a ser ejecutados en un periodo de hasta 12 meses. Los y las postulantes pueden también solicitar otro tipo de apoyos complementarios al financiero, como asesorías estratégicas en temas como comunicación para la movilización y la incidencia, seguridad, apoyo legal y tributario, tecnología, cuidado colectivo y autocuidado, entre otros.
Consulta todos los detalles de la convocatoria abierta <a href="https://alianzasurge.org/fondo-de-respuesta-rapida/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Latinobarómetro, “<a href="https://www.latinobarometro.org/lat.jsp" target="_blank" rel="noopener">La recesion democtrativa en América Latina 2023</a>”.

Se crea en México un fondo para financiar a organizaciones sociales que fortalecen la democracia

En nuestro nuevo informe, <a href="https://www.msf.mx/wp-content/uploads/2023/11/202311_msf_sar_report_no-one-came-to-our-rescue_final.pdf" target="_blank" rel="noopener">‘Nadie vino a rescatarnos’</a>, Médicos Sin Fronteras (MSF) denunciamos las prácticas fronterizas violentas y la inacción deliberada de los Estados europeos, que han provocado más muertes en el mar.
En este informe, basado en datos médicos y operativos recogidos por el equipo a bordo de nuestro barco de rescate, el Geo Barents, documentamos numerosos casos en los que los Estados costeros europeos ponen, conscientemente, en peligro la vida de las personas al retrasar, no coordinar eficazmente los rescates y al facilitar las devoluciones a lugares inseguros. El informe también detalla los niveles extremos de violencia que las personas sobrevivientes denuncian a los equipos de MSF a bordo del Geo Barents.
En 2023, el número de personas que llegan a las costas italianas a través de la ruta del Mediterráneo ce ntral se duplicó en comparación con el mismo periodo del año anterior, y Túnez ha superado a Libia como principal punto de partida. Este aumento significativo de las salidas, unido a la falta de capacidades y recursos estatales de salvamento, ha traído como consecuencia un incremento de embarcaciones en peligro y de naufragios.
Desde principios de año, un promedio de ocho personas ha perdido la vida o han desaparecido cada día en esta ruta.
<h2>Una letal falta de asistencia</h2>
Indiferentes al inmenso sufrimiento que se está produciendo a sus puertas, la Unión Europea y sus Estados miembros han seguido invirtiendo en políticas, leyes y prácticas migratorias perjudiciales que muestran poca o ninguna consideración por el costo humano que estas tienen.
Mientras <a href="https://www.msf.mx/actualidad/nadie-vino-a-rescatarnos-la-nueva-normalidad-de-las-politicas-migratorias-de-la-ue-en-el-mediterraneo-central/#_ftn1" target="_blank" rel="noopener">el equipo de MSF en el Mediterráneo sigue siendo testigo de devoluciones forzosas a Libia</a>, los nuevos acuerdos con terceros países, como Túnez este verano y más recientemente con Albania, son los últimos y preocupantes intentos en Europa de desviarse de las obligaciones de los Estados de asistir a las personas que buscan protección.
“Una vez más se priorizan la disuasión y la contención por encima de los derechos y la vida de las personas”, se lamenta Juan Matías Gil, coordinador de las operaciones de búsqueda y rescate de MSF.
A principios de 2023, el Gobierno italiano adoptó nuevas normas que obstruyen las actividades de salvamento dirigidas por ONG en el mar, con consecuencias mortales que limitan gravemente la asistencia humanitaria y amplían el vacío en las operaciones de rescate en el Mediterráneo Central.
En los nueve primeros meses de 2023, las autoridades italianas detuvieron a seis buques de rescate de ONG, entre ellos el Geo Barents, en virtud de la nueva ley. Estas paralizaciones sumaron 160 días —más de cinco meses— en los que estos buques de las ONG estuvieron detenidos y no pudieron realizar rescates y evitar la pérdida de vidas.
Además, la práctica habitual de asignar puertos lejanos a los buques de las ONG obligó al Geo Barents a recorrer 28,000 kilómetros más —lo que equivale a unos 70 días de navegación extra— para llegar a puertos innecesariamente lejanos y regresar de ellos.
“Además de retrasar el acceso de las personas sobrevivientes a una asistencia médica adecuada, protección y servicios de acogida en tierra, fueron días en los que se nos mantuvo deliberadamente alejados de la asistencia a personas en peligro en el mar. Aunque las nuevas normas italianas van dirigidas a las ONG, el verdadero precio lo pagan quienes huyen a través del Mediterráneo central, que se quedan sin asistencia”, añade Gil.
Por otro lado, en 2022, una de cada cuatro embarcaciones rescatadas por nuestros equipos había sido avistadas desde el puente de mando del buque. Esto significa que pudieron ser encontradas gracias al patrullaje activo en la zona y no después de una llamada de socorro que permite contar con unas coordenadas. La cifra se ha reducido drásticamente en 2023 a causa de la obligación de regresar a puerto inmediatamente después de cada rescate.
A bordo del Geo Barents, MSF también atestiguamos de primera mano de flagrantes violaciones de derechos en las que Italia y Malta no coordinaron los rescates ni garantizaron la asistencia a las personas en riesgo de ahogamiento, lo que provocó retrasos en los rescates o que no se produjera ningún salvamento. En varias ocasiones, las autoridades italianas han ordenado a los buques de las ONG que no presten asistencia a embarcaciones en peligro y las han obligado a dirigirse a puerto inmediatamente.
Por su parte, Malta se ha desentendido sistemáticamente de los rescates en los últimos años. A pesar de los convenios y reglamentos marítimos y la propia legislación maltesa que obliga a las autoridades a proporcionar “un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz”, estas han ignorado las llamadas de socorro.
Entre enero y septiembre de 2023, MSF realizamos 33 rescates dentro de la región maltesa de búsqueda y rescate. Ninguno de ellos fue coordinado por las autoridades responsables. En junio, MSF documentamos al menos una muerte como resultado directo de la política sistemática de Malta de no proporcionar asistencia en el mar.
Además de no coordinar los rescates, MSF hemos documentado casos en los que las autoridades maltesas han ignorado casos de socorro en su propia área de responsabilidad a pesar de tener conocimiento de ellos. En algunos casos, los recursos malteses estaban incluso físicamente en el lugar de los hechos.
“¿Cuántas muertes más en el Mediterráneo central necesitan los Estados europeos para detener su enfoque hostil e inhumano?”, denuncia Juan Matías Gil. “Instamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros, especialmente a Italia y Malta, a que cambien inmediatamente de rumbo para dar prioridad a la seguridad de quienes buscan refugio en las costas europeas“, añade.
<h2>Rutas violentas</h2>
Entre enero y septiembre de 2023, nuestro equipo médico en MSF realizó 3,660 consultas a sobrevivientes en el Geo Barents. Las personas rescatadas sufrían a menudo problemas de salud directamente relacionados con las peligrosas travesías marítimas, como quemaduras por combustible, intoxicación por inhalación de este, hipotermia y deshidratación.
Muchas personas sobrevivientes también sufrieron problemas médicos relacionados con las inhumanas condiciones de vida durante su cautiverio en Libia, como infecciones cutáneas y heridas no tratadas. Además, 273 pacientes presentaban graves traumas relacionados con la violencia, como cicatrices de heridas de bala o palizas, embarazos no deseados causados por la violencia sexual y niveles preocupantes de angustia psicológica, como ansiedad, pesadillas y recuerdos.
“Desde hace más de dos años, los equipos de MSF a bordo del Geo Barents tratan los impactos en la salud física y mental de las políticas migratorias europeas. Las heridas y las historias de los pacientes reflejan la magnitud de la violencia a la que fueron sometidos en su país de origen y a lo largo de su viaje, incluso en Libia y Túnez”, explica Gil, coordinador de las operaciones de búsqueda y rescate de MSF.
Aquí puedes leer el reporte <a href="https://www.msf.mx/wp-content/uploads/2023/11/202311_msf_sar_report_no-one-came-to-our-rescue_final.pdf" target="_blank" rel="noopener">‘Nadie vino a rescatarnos’</a>.
<a href="https://twitter.com/MSF_Mexico" target="_blank" rel="noopener">@MSF_Mexico</a>

‘Nadie vino a rescatarnos’: la nueva normalidad de las políticas migratorias de la UE en el Mediterráneo central

La nueva normalidad de las políticas migratorias de la UE en el Mediterráneo central

¿Estás cansado del transporte público ineficiente, inseguro y caro? ¿Han pasado días desde la última vez que cayó una gota de agua potable en tu vivienda? ¿Tienes trámites pendientes, pero hacerlos te tomaría más de una vuelta al ayuntamiento y uno o varios días perdidos? ¿Leíste esto con voz de infomercial? Pues te tenemos la solución…
Ayer el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó el <a href="https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-urbana-2023/" target="_blank" rel="noopener">Índice de Competitividad Urbana 2023 (ICU 2023)</a>, un estudio que analiza el desempeño de 66 ciudades a través de 69 indicadores divididos en 10 subíndices. Pero más allá del ranking, del que hablamos todos los años y que suele ser objeto de primeras planas, y provocar el orgullo -o enojo- de presidentes municipales y gobernadores en sus informes de gobierno y campañas electorales, el IMCO presentó un manual llamado #ImpulsaTuCiudad. En él proponemos políticas públicas orientadas a la transformación de los centros urbanos.
Muchos de los problemas públicos que nos afectan directamente en la vida diaria tienen que ver con las ciudades; su planeación y gestión es uno de los retos más grandes de la sociedad moderna. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos encargados de resolverlos están “atados de manos” en materia presupuestal y administrativa para tomar acción. Entonces, ¿qué sí pueden hacer?
El manual plantea cinco propuestas principales:
<ol>
<li>#ImpulsaTuCiudad con un gobierno digital para una gestión eficiente de los recursos.</li>
<li>#ImpulsaTuCiudad con catastros digitales para una mejor planeación.</li>
<li>#ImpulsaTuCiudad con el tratamiento sostenible del agua para garantizar el acceso y hacer frente a riesgos climáticos.</li>
<li>#ImpulsaTuCiudad con mejores sistemas de movilidad, seguros e inclusivos.</li>
<li>#ImpulsaTuCiudad con estrategias para la atracción de inversión.</li>
</ol>
Todas estas propuestas caen en el margen de maniobra de los gobiernos municipales, y aunque puede que algunas sean más adecuadas que otras dependiendo de la ciudad (por ejemplo, Monterrey debe enfocarse en el tema del agua, mientras Tijuana debe priorizar la inversión en transporte público), la mayoría de las zonas urbanas tienen uno o varios desafíos en común.
Explicar cada una de ellas y sus potenciales beneficios alargaría demasiado este texto (<a href="https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2023/11/Presentacion-ICU-2023-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">puedes consultarlas aquí</a>), pero, en resumidas cuentas, el mensaje es este: los ciudadanos también podemos proponer herramientas que mejoren nuestro entorno más inmediato.
La digitalización de los trámites nos ahorraría tiempo y recursos a nosotros y a los gobiernos, además de reducir potenciales situaciones de corrupción. Prepararnos para las sequías e incrementar el caudal de agua tratada evitaría que pasáramos meses enteros sin acceso a este recurso. Modernizar los catastros para incrementar el cobro del predial resultaría en una mayor recaudación y, por ende, mayor independencia en las decisiones de los gobiernos municipales que podrían invertir en educación, en salud, y en la infraestructura que tanto necesitan. Crear estrategias de inversión enfocadas en las fortalezas de cada ciudad haría toda la diferencia para atraer inversión en el contexto del nearshoring.
No hay que descubrir el hilo negro o inventar el agua tibia. Las oportunidades están ahí para tomarlas. Los diagnósticos están hechos, las propuestas escritas. El Índice de Competitividad Urbana 2023 es un documento vivo, diseñado para que lo usemos y citemos. No está demás tenerlo a la mano. Se acerca cada vez más el 2024.
* Karla Ruiz Argáiz (@<a href="https://twitter.com/karlaruar" target="_blank" rel="noopener">KarlaRuAr</a>) es supervisora de contenidos.

Manual para mejores ciudades

En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría sentar un precedente sumamente importante que contribuirá a que las grandes empresas multinacionales de la economía digital paguen finalmente impuestos sobre sus ganancias.
Hoy las empresas de la economía digital no pagan impuestos porque las reglas tributarias que rigen las operaciones internacionales están totalmente desactualizadas. Para que una empresa multinacional esté obligada a pagar impuestos en México necesita tener oficinas, sucursales o fábricas en el territorio nacional, pero las empresas de la llamada economía digital no necesitan nada de esto.
Las empresas digitales pueden obtener miles de millones de dólares de ganancias provenientes de muchas partes del mundo, pero como sus servicios se ofrecen a través de internet —y no necesitan tener oficinas en México— solo deben pagar impuestos en su país de residencia. A veces, ni siquiera esto garantiza que paguen impuestos. Un ejemplo de ello, han sido <a href="https://elpais.com/economia/2022-07-12/uber-intento-escudarse-en-sus-conductores-mientras-evadia-decenas-de-millones-en-impuestos.html" target="_blank" rel="noopener">las revelaciones de los Uber Files</a> (los archivos de UBER), <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> donde se ha documentado que empresas multinacionales como UBER tienen una compleja red corporativa que aprovecha a los paraísos fiscales para no pagar impuestos.
Para empresas como Uber, Didi y Rappi nuestro país es uno de sus principales mercados. Estas empresas han crecido tanto gracias al consumo de millones de personas usuarias, pero simple y sencillamente no le ofrecen nada a cambio a nuestras finanzas públicas. Las ganancias de estas empresas se quedan solamente en las manos de sus dueños, y el costo de ello lo pagan los miles de pequeños negocios mexicanos que sí pagan impuestos en México.
Bajo este contexto de injusticia, la SCJN discutirá el proyecto de Amparo en Revisión <a href="https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2023-11/681.pdf" target="_blank" rel="noopener">681/2022</a> presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales. En este proyecto se propone negar el amparo a Uber, que impugnó una contribución local creada por el Congreso de la Ciudad de México vigente desde el 2022. Esta contribución consiste en que las empresas digitales a través de las cuales es posible gestionar la entrega o recepción de paquetes, comida o víveres paguen un 2 % sobre cada operación. Este impuesto debe ser pagado por la empresa digital por el hecho de obtener ganancias, y no por las personas usuarias, las y los repartidores, o los pequeños negocios —quienes, por cierto, ya están obligados a pagar impuestos por trabajar o utilizar servicios digitales.
En caso de que este proyecto sea aprobado por la Segunda Sala de la SCJN, más entidades federativas podrían implementarlo y con ello aumentar su recaudación. También, abriría la puerta a la creación de más impuestos digitales que graven las ganancias de otras empresas multinacionales. Si este proyecto avanza, entonces no habría obstáculos jurídicos para que, en el futuro, otras empresas digitales, particularmente aquellas asociadas a la crisis de vivienda y la gentrificación de la Ciudad, como Airbnb, también paguen impuestos sobre sus ganancias.
En definitiva, lo que discutirá la Corte marcará el destino de la tributación de la economía digital. Si la SCJN rechaza el proyecto, entonces las grandes multinacionales continuarán gozando de los mismos privilegios y los impuestos que hoy no paguen serán cubiertos por las y los repartidores, los pequeños negocios y quienes usamos sus servicios. Como cualquier otra discusión tributaria, las presiones son ya enormes, y las empresas ya han amagado con incrementar sus precios si este impuesto es avalado. La SCJN no debe ceder.
* Iván Benumea es coordinador del <a href="https://fundar.org.mx/justicia-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">programa de Justicia Fiscal</a> de <a href="https://twitter.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Los Uber Files son más de 124 mil documentos<a href="https://www.theguardian.com/news/series/uber-files" target="_blank" rel="noopener"> filtrados al diario The Guardian</a>, analizados por más de 180 periodistas de 44 medios, que abarcan de 2013 a 2017. “La filtración revela la historia interna de la expansión del gigante tecnológico pasando por encima del marco legal, sin permisos, evitando pagar impuestos, enfrentándose a la industria del taxi y exigiendo a conductores precarios y sin licencia facturaciones cada vez mayores para conseguir más beneficios”.

La Corte y el debate por los impuestos a las multinacionales

Tras el devastador huracán Otis que causó estragos en la costa oeste de México, la delegación mexicana se prepara para la <a href="https://unfccc.int/cop28" target="_blank" rel="noopener">COP28 organizada por los Emiratos Árabes Unidos en Dubai</a>. En este sentido, México es uno de los 15 países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, debe desempeñar un rol activo en la mitigación global de emisiones.
Geográficamente vulnerable y susceptible a condiciones climáticas extremas, México debe fortalecer sus medidas de adaptación y resiliencia para proteger a su población y preservar la belleza natural y biodiversidad amenazadas por eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes.
En su búsqueda de descarbonizar la economía, México tiene el potencial de convertirse en un actor clave en la formación del enfoque Latinoamericano hacia el crecimiento verde y la industrialización verde regional. Esta posición estratégica alinearía a México con Brasil, país que actualmente está ya trabajando activamente en desarrollar un modelo de industrialización verde.
<h2>Tendencias actuales de México en políticas energéticas </h2>
México ha mostrado ambivalencia en sus compromisos climáticos y energéticos. El enfoque de la administración actual de aumentar la producción de petróleo y gas natural, modernizar las instalaciones existentes de refinación de petróleo y salvaguardar la generación estatal de electricidad, a pesar de los costos y la contaminación asociados, ha creado obstáculos a las inversiones del sector privado en energías renovables, especialmente en energías solar y eólica.
El impulso actual en la extracción de petróleo incluye la construcción de <a href="https://www.reuters.com/markets/commodities/mexicos-dos-bocas-refinery-produce-290000-bpd-by-year-end-president-2023-09-01/" target="_blank" rel="noopener">una nueva refinería</a> cuyo costo aproximado es de 20 mil millones de dólares y cuya ubicación es en el estado de Tabasco (Dos Bocas). Además, en este mismo sentido, se ha pospuesto el plazo para retirar los activos estatales para la generación eléctrica, principalmente compuestos por antiguas y poco eficientes plantas de carbón y combustóleo.
Otras inversiones de la actual administración en los últimos 5 años incluyen la instalación de 5 nuevas plantas de energía a gas, una decisión que aumentará aún más la gran dependencia de México del gas importado, principalmente de los Estados Unidos (al menos 68 % del gas consumido en todos los sectores se importa actualmente).
En 2023, el gobierno decidió <a href="https://www.reuters.com/markets/deals/mexico-buy-13-power-plants-spains-iberdrola-6-billion-2023-04-04/" target="_blank" rel="noopener">comprar 13 plantas eléctricas de gas existentes a Iberdrola</a> por un costo de 6 mil millones de dólares, solo para aumentar el porcentaje de electricidad generada por instalaciones estatales, en lugar de utilizar esos recursos para avanzar en el despliegue de servicios públicos de energía solar y eólica o fortalecer la red nacional de transmisión.
Del lado positivo, también en 2023 el gobierno inauguró la primera instalación de capacidad solar de 120 MW en Puerto Peñasco, en el estado de Sonora, que formará parte de una gran instalación solar de 1 GW propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Obrador prometió que el gobierno construirá un total de 5 instalaciones de energía solar de la misma escala.
<h2>Compromisos hacia la COP 28 y la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible</h2>
En diciembre de 2020, México presentó sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) actualizadas, con un enfoque en planes de adaptación, mientras que los compromisos de mitigación permanecieron sin cambios. Esta decisión con respecto a la mitigación contravino el principio de progresividad establecido por el Acuerdo de París. Después de desafíos legales liderados por Greenpeace, la publicación de una detallada y ambiciosa hoja de ruta NDC por parte de la ONG <a href="https://iniciativaclimatica.org/ndc/wp-content/uploads/2022/11/Una-propuesta-desde-la-sociedad-civil-091122.pdf" target="_blank" rel="noopener">Iniciativa Climática de México (ICM)</a> y la diplomacia climática persuasiva de los Estados Unidos, México finalmente aumentó sus objetivos climáticos con una reducción del 35 % de emisiones al 2030 con respecto a su línea base durante la COP27 en 2022, aunque sin una hoja de ruta de implementación integral.
La <a href="https://www.gob.mx/shcp/articulos/estrategia-de-movilizacion-de-financiamiento-sostenible?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible</a> del Ministerio de Hacienda tiene como objetivo asignar hasta 15 billones de pesos para financiamiento sostenible para 2030, enfatizando la transición energética con un enfoque en la justicia social. Aunque hay cálculos de costos para cubrir las medidas identificadas para la implementación, aún falta una hoja de ruta de implementación integral.
<h2>Desafíos y oportunidades</h2>
México ha enfrentado críticas por carecer de un compromiso y una ruta adecuados hacia cero emisiones netas, <a href="https://www.energymonitor.ai/policy/how-mexico-came-to-have-the-weakest-climate-policy-in-the-g20/?cf-view" target="_blank" rel="noopener">diferenciándolo de sus homólogos del G-20</a>. En noviembre de este año, <a href="https://www.iniciativaclimatica.org/wp-content/uploads/2023/11/RENC-SC-final-271123.pdf" target="_blank" rel="noopener">ICM publicó un informe</a> con una propuesta detallada sobre cómo México podría alcanzar el objetivo de emisiones netas cero para 2060 si se llevan a cabo las políticas e inversiones adecuadas.
Al reconocer la necesidad de mejorar los esfuerzos del gobierno en materia de mitigación, es clave reconocer el potencial de México especialmente en áreas como son las energías renovables, la electromovilidad, la agricultura, la silvicultura, entre otras. Las colaboraciones entre el centro académico <a href="https://www.climatepolicylab.org/" target="_blank" rel="noopener">Laboratorio de Política Climática (CPL) de la Universidad de Tufts</a> y la ICM tienen como objetivo identificar vías de políticas públicas específicas para la descarbonización en México, mediante la evaluación de la efectividad de las estrategias y políticas actuales, y la identificación e implementación de una serie de nuevas políticas que podrían complementar los esfuerzos existentes para lograr una descarbonización profunda en las próximas décadas, al mismo tiempo que se impulsa la economía y el empleo en México. Para economías emergentes como la de México, el desafío es establecer una trayectoria de emisiones que equilibre los compromisos globales de México con las prioridades y circunstancias nacionales.
<h2>Ambición de México para la COP28 y perspectivas futuras</h2>
A medida que México se prepara para la COP28, surgen preocupaciones sobre la transparencia y la participación de la sociedad civil en la evaluación de las acciones de México. A pesar de los desafíos en sectores como la electricidad y el petróleo y gas, se han logrado avances positivos, impulsados por factores como impuestos al carbono, la disminución de los costos de las energías renovables, esfuerzos públicos y privados subnacionales, y diversas políticas sectoriales. Este progreso es notable a pesar de la falta de interés, y a veces de una oposición directa del gobierno, hacia una trayectoria de descarbonización en los sectores de electricidad y petróleo y gas.
La NDC actualizada en 2022 establece un objetivo más ambicioso, pasando de una reducción del 22 % por debajo de los niveles habituales (BAU) a una reducción del 35 % por debajo de BAU para 2030. Sin embargo, falta notablemente una estrategia de financiamiento detallada y -como habíamos mencionado anteriormente- una hoja de ruta.
Es clave señalar que la proyección BAU de las emisiones de México inicialmente anticipaba un crecimiento del 48 % entre 2013 y 2030. Esta proyección, basada en un crecimiento promedio del PIB del 3 % (que no se ha cumplido), carece de una actualización posterior a la pandemia, excediéndose intencionalmente con un margen adicional significativo. A pesar de desafíos como obstaculizar la generación de electricidad renovable y expandir la capacidad de refinación, un bajo crecimiento económico podría inadvertidamente acercar a México al logro de sus objetivos.
Mientras México aspira a reducir a la mitad las emisiones para 2050, una hoja de ruta regulatoria y de financiamiento clara es imperativa. La ausencia de una fecha de compromiso de cero emisiones netas coloca a México por detrás de otras economías industrializadas, como China e India, que han señalado objetivos para <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/23/world/asia/china-climate-change.html" target="_blank" rel="noopener">2060</a> y <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59125143" target="_blank" rel="noopener">2070</a>, respectivamente.
Más allá de los compromisos, el apoyo de la administración saliente a la próxima administración es clave para capitalizar las oportunidades de la economía verde, crear empleos y atraer inversiones. Todos estos desarrollos podrían ampliarse significativamente en vista de las oportunidades que podría ofrecer el <a href="https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-10-el-nearshoring-es-la-oportunidad-de-impulsar-el-crecimiento-economico-de-mexico-senala-ramirez-de-la-o" target="_blank" rel="noopener">nearshoring</a> en rápido crecimiento. El variado paisaje de México incluye estados con precios de carbono y estrategias de descarbonización, que contribuyen aún más al potencial del país en la dirección del discurso climático global actual.
* Zdenka Myslikova es una Académica Postdoctoral en el Laboratorio de Política Climática en Fletcher, Universidad de Tufts. Marisol Rivera  es economista especialista en cambio climático en Iniciativa Climática de México.

Ambición climática de México en la COP28: equilibrio entre políticas y compromisos

En un mundo cada vez más amenazado por el cambio climático, las políticas ambientales y el financiamiento climático emergen como fundamentos críticos para el futuro sostenible de nuestra sociedad. México está en un punto crucial debido a su posición en una región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Esta vulnerabilidad se debe a una <a href="https://www.gob.mx/inecc/prensa/mexico-entre-los-paises-mas-vulnerables-ante-cambio-climatico?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">combinación de factores geográficos, socioeconómicos, y una capacidad limitada para manejar y mitigar los impactos de estos cambios ambientales</a>. En este escenario, el papel del gobierno federal es clave, no solo para dar forma al entorno ambiental de México, sino también para contribuir de manera significativa a la solución de esta crisis global.
El principal instrumento de política pública con el que cuenta el gobierno para reflejar su estrategia ambiental es el Programa Especial de Cambio Climático (PECC). Los programas especiales deben corroborar las prioridades del desarrollo integral del país que se hayan fijado en el Plan Nacional de Desarrollo o se refieran a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.<a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">1</a> Sin embargo, este tipo de programas no cuentan con presupuesto asignado, sino que se apoyan en los programas presupuestarios de diversas dependencias que sí cuentan con presupuesto asignado. Así, el PECC 2021-2024 aborda de manera integral la sostenibilidad y eficacia de las políticas ambientales de México, enfocándose en áreas críticas como la energía renovable, la conservación de la biodiversidad y la gestión de recursos naturales. Cuenta con 4 objetivos prioritarios:
<ol>
<li>Aumentar adaptación y resiliencia climática en poblaciones y ecosistemas.</li>
<li>Reducir emisiones para un desarrollo social sostenible y bajo en carbono.</li>
<li>Promover políticas que integren mitigación y adaptación, generando múltiples beneficios.</li>
<li>Mejorar coordinación y financiamiento para políticas climáticas inclusivas y efectivas.</li>
</ol>
El PECC 2021-2024 establece metas y estrategias en sectores clave como energía, transporte, industria, agricultura y gestión de residuos, entre otros. También enfatiza la importancia de la conservación de ecosistemas y la biodiversidad como elementos fundamentales en la lucha contra el cambio climático. El programa subraya la necesidad de un enfoque multidisciplinario que involucre a diversos actores, incluyendo el sector privado, la sociedad civil y las comunidades indígenas, para lograr una transición justa hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima.
Para apoyar en la implementación del PECC, además de los programas presupuestarios, el gobierno federal cuenta con anexos transversales en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto es, recursos etiquetados específicamente para el propósito que determina cada anexo. Para el caso de las políticas ambientales podríamos hablar de dos anexos transversales:
<ul>
<li>Anexo 15. Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios</li>
<li>Anexo 16. Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático</li>
</ul>
En los últimos años, el presupuesto de estos anexos transversales ha evolucionado de la siguiente manera:
Recursos de los Anexos Transversales (15 y 16)
(millones de pesos de 2023)
 <img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1347457" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/anexos-transversales.jpg" alt="Gráfica con los anexos transversales con los que cuenta el gobierno federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto es, recursos etiquetados específicamente para el propósito que determina cada anexo." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/anexos-transversales.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/anexos-transversales-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/anexos-transversales-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/anexos-transversales-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
El presupuesto es el mejor lugar para observar las prioridades de un gobierno. Sin embargo, en el caso de México, si bien se observa un incremento considerable en estos anexos con respecto al 2022, estos cambios se deben observar con reservas, ya que este par de anexos solo representan el 2.7 % del presupuesto total. Por ejemplo, un análisis del CIEP concluye que<a href="https://ciep.mx/cambio-climatico-acciones-desde-los-recursos-publicos/" target="_blank" rel="noopener"> para el 2023 solo el 30.1 % del presupuesto asignado en los anexos transversales contribuye a enfrentar la crisis climática</a>. Para 2024, se consideran 125,937 millones de pesos en el anexo del cambio climático que están asignados al ramo Defensa Nacional para la ejecución del Tren Maya, el cual carece de manifestaciones de impacto ambiental en algunos tramos, ya que <a href="http://selvamedeltren.com.mx" target="_blank" rel="noopener">organizaciones de la sociedad civil reportan la destrucción perpetrada en el gran acuífero maya, cenotes y la selva maya</a>.
Mientras que hay un compromiso declarado hacia la sostenibilidad y el combate al cambio climático, reflejado en parte del presupuesto, existe una preocupación sobre la asignación limitada y posiblemente insuficiente de recursos para sectores clave del medio ambiente y recursos naturales. Esto podría impactar la eficacia de las políticas ambientales y los esfuerzos de sostenibilidad en México.
La próxima Conferencia de las Partes (COP28) representa un hito histórico en la lucha global contra el cambio climático. Este evento marcará la conclusión del primer &#8216;Inventario Global&#8217; de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, una evaluación exhaustiva del progreso colectivo del mundo hacia la mitigación de la crisis climática. Los resultados preliminares de este inventario, revelados en septiembre de 2023, ya indican que estamos significativamente rezagados en nuestro objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. En este contexto crítico, la COP28 se convierte en un foro decisivo donde líderes de países, corporaciones, ciudades e instituciones financieras deben responder a los hallazgos del Inventario Global. México, con su rica biodiversidad y desafíos en desarrollo económico, social y sostenible, se enfrenta a la urgente necesidad de replantear sus compromisos y acciones en financiamiento climático. La conferencia no solo será un espacio para la reflexión, sino -lo que es más crucial- un escenario para la adopción de acciones decisivas. Durante la COP28, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubái, los negociadores climáticos de los países y otros actores discutirán los resultados del Inventario Global y determinarán los pasos a seguir. Para que la COP28 sea un éxito es imperativo que México, junto con los otros países, aborde las brechas en la acción climática con nuevos planes de reducción de emisiones, compromisos de financiamiento climático, objetivos de energía renovable y más. Este es un momento crucial para que México muestre liderazgo y compromiso, alineando sus estrategias nacionales con las necesidades globales y las expectativas de la COP28.
Con esta comprensión de los desafíos que México enfrenta en el panorama internacional, y la inminente COP28 como telón de fondo, la necesidad de pasar de la teoría a la práctica se hace más apremiante. No basta con reconocer los retos; es hora de implementar soluciones tangibles y efectivas. En este sentido, el gobierno de México está llamado a tomar la iniciativa, proponiendo y ejecutando un conjunto de acciones que no solo respondan a los desafíos actuales, sino que también pavimenten el camino hacia un futuro más sostenible y resiliente. Las siguientes propuestas representan pasos concretos en esta dirección, cada uno de ellos centrado en aspectos cruciales de la política ambiental y del financiamiento climático. Estas medidas son vitales para fortalecer la posición de México tanto en el ámbito global como en el desarrollo interno sostenible, asegurando que el país no solo cumpla con sus compromisos internacionales, sino que también lidere con el ejemplo en la lucha contra el cambio climático:
1. Trazabilidad de los Ingresos-Egresos de la Federación: Es crucial fortalecer la transparencia y el monitoreo en la distribución de recursos para políticas ambientales. Implementar un sistema integral de trazabilidad financiera, que rastree específicamente cómo se asignan los ingresos, como aquellos procedentes de los combustibles fósiles, a los programas presupuestarios, es fundamental para asegurar un uso eficaz de los fondos destinados a iniciativas sostenibles. Tal sistema no solo facilitaría un control minucioso de los recursos, sino que también permitiría evaluar con precisión el impacto ambiental de estas inversiones. México, al haber tomado la iniciativa previamente al enlazar sus gastos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ahora se encuentra ante el desafío alentador de avanzar aún más en este camino.
2. Claridad en el etiquetado de los anexos transversales: Es fundamental que se revise y proponga una nueva forma de etiquetar los programas presupuestarios que van asignados a los anexos transversales, en particular a los 2 que se refieren a apoyar las políticas ambientales. Este enfoque separaría las verdaderas acciones sostenibles de las meras apariencias, ayudándonos a identificar las iniciativas genuinas y descartar cualquier intento de greenwashing. Imaginemos un sistema donde cada iniciativa sea claramente definida como beneficiosa (&#8216;verde&#8217;) o no (&#8216;marrón&#8217;), eliminando zonas grises. Con esta claridad, podríamos no solo seguir la pista del dinero, sino también asegurarnos de que nuestras inversiones se reflejen en acciones reales para un México más verde y sostenible.
3. Iniciativa de un Pacto Verde Mexicano: Tomando como inspiración el European Green Deal, se propone explorar un Pacto Verde Mexicano con la participación de los sectores público, privado y social, orientado hacia la sostenibilidad y la protección ambiental. Este pacto impulsaría a México hacia una economía moderna y eficiente, con objetivos claros: cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, crecimiento económico desvinculado del uso excesivo de recursos y apoyo inclusivo a todas las regiones. Esta iniciativa colectiva situaría a México a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y el impulso hacia un desarrollo más sostenible.
4. Acuerdo sobre Financiamiento: Establecer una cifra concreta de financiamiento para las iniciativas ambientales y sostenibles, pero también desarrollar mecanismos para su cumplimiento es crucial. Para lograr esto, se debería convocar a un grupo multidisciplinario, integrado por expertos en sostenibilidad, economía, ciencia ambiental y representantes de las comunidades afectadas por el cambio climático. Este equipo colaborativo tendría la tarea de determinar no solo la cantidad de recursos necesarios, sino también de diseñar estrategias de implementación y seguimiento efectivas. Este enfoque colaborativo y participativo garantizaría que los fondos asignados se utilicen de manera estratégica, apoyando proyectos que aborden de manera integral los retos de la sostenibilidad y el cambio climático en México. Al definir estas cifras y mecanismos con un amplio espectro de perspectivas y conocimientos, se fortalece la probabilidad de éxito en la implementación de políticas ambientales efectivas y de largo alcance.
5. Implementación y Hoja de Ruta: Para avanzar efectivamente en la sostenibilidad y el combate al cambio climático, se propone desarrollar un plan de implementación de las propuestas enlistadas previamente, pero se deben establecer objetivos específicos, plazos y responsabilidades claras. Además, es fundamental incorporar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el progreso y hacer ajustes necesarios. Una vez definidas estas estrategias, se pueden integrar y potenciar con herramientas existentes como la taxonomía sostenible de México y la estrategia de movilización de financiamiento sostenible. Estas herramientas proporcionarían una estructura y metodología sólida para la implementación, asegurando que las acciones estén alineadas con los estándares y prácticas más efectivas en materia de sostenibilidad. Así, se lograría una sinergia entre las nuevas iniciativas y los marcos ya establecidos, creando una hoja de ruta integral y coherente que facilite la planeación, ejecución y evaluación continua del avance hacia las metas de sostenibilidad en México.
La conclusión que emerge es clara y convincente: la necesidad de un enfoque integrado y comprometido es más urgente que nunca. En un mundo donde los desafíos del cambio climático se vuelven cada vez más urgentes, México tiene la oportunidad y la responsabilidad de adoptar un liderazgo proactivo en la implementación de políticas ambientales efectivas y en la movilización de recursos financieros hacia la sostenibilidad.
La acción colectiva y el firme compromiso del gobierno, en sinergia con el sector privado, la sociedad civil y las comunidades indígenas, son fundamentales. Es crucial que estas políticas y financiamientos no sean solo declaraciones de intenciones, sino que se traduzcan en acciones concretas, mensurables y eficaces. La lucha contra el cambio climático y la transición hacia la sostenibilidad requieren de una visión a largo plazo, adaptabilidad y una voluntad política inquebrantable. Las decisiones y acciones tomadas hoy determinarán no solo la trayectoria ambiental del país, sino también su viabilidad económica y social en las décadas venideras. La adopción de un enfoque integrado, transparente y estratégicamente enfocado en la política ambiental y el financiamiento climático no es solo deseable, sino esencial para forjar un camino sostenible y resiliente hacia el futuro.
* Brenda Pequeño es parte de la membresía Aúna Ciudad de México, consultora en temas económicos, políticas públicas y de finanzas sostenibles. Ha trabajado en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y Economía, además de haber sido profesora en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac.
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<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">1</a> Ley de Planeación, Artículo 26.

Verde es el nuevo oro: México tiene que rediseñar su futuro climático

Por generaciones, buena parte de la población del norte de Chiapas ha practicado la agricultura y la ganadería para generar su sustento. Entre las comunidades locales se encuentran miles de zoques, el pueblo indígena más representativo en los municipios de la región. Desde el punto de vista ambiental, la zona norte se caracteriza por la presencia de abundantes fuentes de agua, en cuyas tierras altas persiste un ecosistema al que se le conoce como Selva Negra. Para la región, se vislumbran los riesgos inherentes a la minería metálica que son principalmente sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales.
De acuerdo con la colectiva Cambiémosla Ya, el <a href="https://mx.boell.org/es/2023/01/10/mineria-canadiense-en-mexico-quien-se-ha-beneficiado-de-la-relacion-bilateral">63.4 %</a> de las empresas mineras que operan en territorio nacional son de origen canadiense, y este no es un dato menor. La dinámica de las empresas mineras junior sigue la ruta de la especulación financiera a partir de bajos costos de inversión y la promesa de la riqueza del subsuelo mexicano. Una vez que se calcula el monto de producción, se suman los gastos de gestión y el costo de las acciones bursátiles para asignar una cifra de venta de la concesión. Aquí está la plusvalía.
Datos actualizados de la cartografía de concesiones mineras de la Secretaría de Economía reflejan que están vigentes nueve concesiones sobre el territorio de la región. En total, los polígonos de las concesiones mineras afectan una superficie de <a href="https://portalags1.economia.gob.mx/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1f22ba130b0e40d888bfc3b7fb5d3b1b" target="_blank" rel="noopener">28,482</a> hectáreas, sobre los territorios de los municipios de Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ocotepec, Pantepec, Rayón, Solosuchiapa, Tapalapa y Tapilula. Tres empresas mineras son titulares de las concesiones: la canadiense Fortune Bay; Frisco de Grupo Carso y Peñoles del Grupo Baillères.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1347454" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses.jpg" alt="Cartografía de concesiones mineras de la Secretaría de Economía." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
En mayo del presente año, el CEO de la minera canadiense Fortune Bay, Dale Verran, arribó al municipio de Tapilula, en el norte de Chiapas, en donde sostuvo reuniones con autoridades locales para reactivar el proyecto minero “<a href="https://fortunebaycorp.com/projects/ixhuatan-copper-gold-project/" target="_blank" rel="noopener">Ixhuatán</a>”. El siguiente paso para Fortune Bay es generar acuerdos con las localidades para seguir explorando durante 2024 y 2025. El título de concesión minera 236835, cuya vigencia es hasta 2051, cuenta con una superficie de 4,176 hectáreas donde yacen cerca de un millón de onzas de oro y 4.4 millones de plata.
El entramado minero es complejo y difícil de monitorear por parte de la sociedad civil en México. Como ejemplo tenemos que esta concesión (hoy propiedad de Fortune Bay) fue promovida en el año 2000 por MIM México, S. A. de C.V. subsidiaria mexicana de Mount Isa Mines (a su vez, subsidiaria de la empresa suiza Glencore). En 2004, MIM transfiere los derechos a Linear Gold S. A. de C.V. (subsidiaria mexicana de la minera canadiense Linear Gold Corporation), la cual opera la concesión a través de su subsidiaria Servicios Ixhuatán S. A. de C.V. hasta 2007, año en que Linear Gold firma un <a href="https://s2.q4cdn.com/496390694/files/doc_news/2007/090607_linear-gold-and-kinross-agree-to-partner-on-the-ixuatan-project.pdf" target="_blank" rel="noopener">acuerdo</a> con la también canadiense Kinross Gold Corporation (con promesa de compra del 70 % de la concesión). Recientemente Fortune Bay ha iniciado una campaña de promoción del proyecto minero para atraer más inversión.
A través del informe técnico <a href="https://fortunebaycorp.com/files/NI_43-101_2011_Summary_Report.pdf" target="_blank" rel="noopener">NI43-101</a> promovido por la empresa canadiense Cangold Limited, Fortune Bay presenta datos de geología que obtuvo después de haber hecho 342 perforaciones (barrenos), cuya longitud acumulada alcanza los 89 kilómetros de longitud entre los años 2004 y 2011. El proyecto consta de 6 secciones y su área de influencia abarca los municipios de Chapultenango, Ixhuatán, Pantepec, Tapalapa y Tapilula.
Tanto <a href="https://www.lineargoldcorp.com/about/" target="_blank" rel="noopener">Linear Gold</a> como <a href="https://www.fortunebaycorp.com/about/board-of-directors/" target="_blank" rel="noopener">Fortune Bay</a> son controladas por el empresario canadiense Wade Kevin Dawe, quien también posee acciones sobre las mineras <a href="https://briguscapital.com/about/" target="_blank" rel="noopener">Brigus Gold</a> y Cangold. En este mismo entramado aparecen fondos de inversión como <a href="https://www.blackrock.com/ca/investors/en/literature/quarterly-portfolio-disclosure/qpd-xgd-en-ca.pdf" target="_blank" rel="noopener">BlackRock</a>, <a href="https://personal.vanguard.com/us/FundsAllHoldings?FundId=0934&amp;FundIntExt=INT&amp;tableName=Equity&amp;tableIndex=0&amp;sort=SHARES&amp;sortOrder=web.funds.profile.view.FundsAllHoldingsSort$SortOrder@39613e&amp;APP=PE" target="_blank" rel="noopener">Vanguard</a> Group, <a href="https://www.vaneck.com/dk/en/investments/junior-gold-miners-etf/downloads/holdings/" target="_blank" rel="noopener">VanEck</a> Associates Corporation, cuyas prácticas de transparencia y rendición de cuentas son de igual forma opacas e inaccesibles, ya que mucha de esta información sólo se puede ver en idioma inglés y mediante plataformas especializadas, muchas de ellas de acceso restringido.
El método de la opacidad y la especulación no pueden llevar a ningún modelo sustentable. Las autoridades mexicanas, las empresas mineras y las instituciones financieras (fondos de inversión, bancos, etc.) tienen que garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades, y un paso importante para ello es la transparencia efectiva, no sólo nominal. Hablar de participación ciudadana y régimen democrático también requiere superar la brecha de la información oportuna, veraz y accesible para toda la ciudadanía, y en particular a las comunidades afectadas, en este caso, al pueblo zoque.
<a href="https://twitter.com/PODERlatam" target="_blank" rel="noopener">@PoderLATAM</a>

El método minero canadiense: opacidad, especulación y división

En la vastedad del panorama informativo, donde las elecciones del 2024 se perfilan como un platillo complejo y condimentado, la necesidad de fuentes de información verídicas y digeribles se convierte en un ingrediente esencial para todes les comensales de la democracia. En este festín informativo es crucial no solo tener acceso a datos, sino también comprender su relevancia en términos sencillos y atractivos.
Dentro del contexto político mexicano, la militarización emerge como un condimento picante que requiere una atención especial al ser un tema neurálgico en la coyuntura política del país. Observamos un aumento en la presencia militar en cuestiones de seguridad pública y actividades civiles, un fenómeno que impacta directamente la relación entre el gobierno y la sociedad.
Así lo han alertado diversas organizaciones internacionales de derechos humanos como lo es El Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, quienes en su informe de 2022 titulado “<a href="https://causaencomun.org.mx/observatorioguardiayfuerzasarmadas/wp-content/uploads/2023/07/4to-informe-OGN_VFweb.pdf" target="_blank" rel="noopener">Guardia Nacional: 4 años de una definición militarista</a>”, señalan que esta institución en México ha sido criticada por su falta de resultados tangibles y objetivos claros que permitan una evaluación efectiva. Esta carencia aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Además, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas a expensas de las fuerzas policiales locales, que enfrentan limitaciones presupuestarias, agrava la situación. El aumento en los fondos destinados a las Fuerzas Armadas, junto con la tradicional opacidad de estas instituciones, eleva el peligro de corrupción –no sólo en materia de recursos económicos sino también nos referimos en su actuar–. La prominencia militar en detrimento de las instituciones civiles también plantea preocupaciones, especialmente ante expresiones partidistas de altos funcionarios militares y amenazas a jueces/zas por parte de funcionarios castrenses.
En ese orden de ideas, el tema de los derechos humanos y la perspectiva de género, tan relevante para la realidad social del país, no escapa de protagonismo en las próximas elecciones; así pues, al igual que el trío inseparable de cilantro, cebolla y salsa en un taco, los temas de género, derechos humanos y corrupción están intrínsecamente entrelazados en el menú electoral. Estos no solo son temas aislados; son ingredientes esenciales que definen la calidad y la autenticidad de nuestro sistema político.
El marco jurídico vigente en México presenta deficiencias en la protección de mujeres y niñas ante la violencia de género y sexual. Algunas cláusulas, como las que vinculan la gravedad de la pena por delitos sexuales a la &#8220;castidad&#8221; de la víctima, entran en conflicto con los estándares internacionales. A pesar de estas incongruencias, las mujeres y niñas siguen siendo víctimas de niveles alarmantes de violencia de género. Según Human Rights Watch, <a href="https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/mexico#c6de0b" target="_blank" rel="noopener">en el transcurso del año 2020 el gobierno reportó casi mil casos de femicidios</a>, caracterizados por la privación de la vida de una mujer debido a su género. Sin embargo, según señalan organizaciones dedicadas a los derechos de la mujer, es probable que no todos los casos de femicidio hayan sido oficialmente registrados.
Por su parte, la corrupción sigue siendo un taquito difícil de digerir en México, según el <a href="https://www.undp.org/es/mexico/projects/integridad-y-fortalecimiento-de-la-transparencia" target="_blank" rel="noopener">Proyecto Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia del PNUD México</a>, “La corrupción en México implica pérdidas económicas equivalentes al 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el 2017. Lo que implica que por cada $100 pesos que la economía mexicana genera como riqueza, $10 pesos son destinados a la corrupción” (p. 3).
Ante el panorama actual se hace necesario que quienes se postulen en las próximas elecciones puedan tener la capacidad de establecer diálogos y acuerdos entre los diversos sectores, y para ello es indispensable contar con las herramientas necesarias para poder identificar los discursos y prácticas políticas que instrumentalizan las luchas y procesos de resistencia popular. “Taquitos Políticos” nace de la necesidad de tener fuentes que no solo sean verídicas, sino también que vengan en un formato amigable para todas las personas, en ese sentido, este proyecto informativo es una apuesta política de acceso a la información para la participación ciudadana informada.
En estas elecciones exijamos más que solo datos; exijamos la sazón de la verdad y la claridad en la información que consumimos. Al hacerlo, contribuimos a un proceso democrático más saludable y robusto, en donde la ciudadanía, al igual que disfrutan de unos buenos taquitos pueden saborear la democracia con conocimiento y discernimiento.
* Juan David Macuacé Torres (Macu) es activista afro-diverso y creadore de contenidos de Mexiro A. C. (<a href="https://twitter.com/yoMexiro" target="_blank" rel="noopener">@yomexiro</a>).

Taquitos Políticos: saboreando la precampaña electoral México 2024

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la última instancia capaz de limitar o revertir las decisiones inconstitucionales de un presidente o del Congreso de la Unión. Si la Corte es sometida o se llena de incondicionales de un gobierno, nadie en México podría —legalmente— frenar una política presidencial o del oficialismo congresional, aunque ésta viole la Carta Magna.
Por ende, la elección de los ministros de la SCJN debe estar basada en capacidad y conocimiento legal. En este sentido, la propuesta arropada por Claudia Sheinbaum de <a href="https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/sheinbaum-pide-mayoria-en-el-congreso-en-2024-para-que-jueces-y-ministros-sean-electos-por-voto-popular/" target="_blank" rel="noopener">elegirlos por voto popular</a>, aunque suene atractiva, tiene varios problemas de diseño.
En primer lugar, la elección por voto popular podría politizar en exceso a la SCJN y comprometer a sus integrantes. En democracia es esencial que el Poder Judicial sea lo más independiente posible del poder político y económico. Sin embargo, este método podría aumentar la influencia del dinero —público o privado— en las decisiones judiciales. Las campañas para la elección de ministros, como otras, requerirían de grandes sumas de dinero para ser realmente competitivas, lo que abriría la puerta a que los aspirantes comprometan sus decisiones futuras a cambio de dinero o apoyo mediático.
Asimismo, de existir la capacidad de reelegirse mediante el voto popular, ello podría llevar a que, ya en la Corte, los ministros tomen decisiones motivadas por su popularidad, con miras a fortalecer sus probabilidades de reelección.
En segundo lugar, la elección por voto popular podría llevar a una falta de experiencia y conocimiento legal en la SCJN. Actualmente, los ministros son seleccionados a través de un proceso riguroso que incluye la revisión de sus antecedentes, méritos y experiencia legal —que, sin embargo, tiene sus puntos ciegos, como en el caso del plagio de Yasmín Esquivel—. Elegir a los ministros por voto popular podría dar lugar a candidatos que carezcan de la preparación necesaria para tomar decisiones judiciales informadas, ya que su principal requisito sería ser populares y no capaces.
Un tercer riesgo es que los candidatos caigan en una profunda demagogia con tal de ser electos. En un México sediento de justicia, imaginen un candidato a ministro prometiendo, por poner un caso extremo, prisión automática a todos “traidores a la patria” o pena de muerte a todos los asaltantes —aunque no sea algo viable en términos constitucionales ni sea una decisión exclusivamente suya—. Con tal de ganar espacio mediático y votos, un candidato sin escrúpulos podría intentar “seducir” al electorado con medidas extremas.
Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que <a href="https://lopezdoriga.com/nacional/amlo-propondra-reforma-poder-judicial-tribunal/" target="_blank" rel="noopener">plantea promover la revocación de mandato de ministros</a>, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> de aprobarse el voto popular como mecanismo de elección. Esto, de nuevo, es bastante delicado.
De entrada, el gobierno federal o un grupo fáctico podría financiar una campaña de revocación contra uno o más ministros incómodos para sus intereses políticos o económicos. Asimismo, la revocación periódica podría generar inestabilidad en la Corte. Los ministros podrían sentirse constantemente amenazados y ser más propensos a tomar decisiones basadas en la popularidad en lugar de la legalidad, o bien, podrían decidir en función de su temor a ser destituidos y privilegiar los intereses de quienes puedan activar o frenar un proceso de revocación en su contra.
En ambos casos —elección por voto popular o revocación—, tiene más ventaja quien tiene más dinero y poder; entiéndase, una lista que encabezan el gobierno federal y los grandes empresarios y consorcios.
La fortaleza de la Corte es su independencia. Si esa Corte puede emitir fallos en contra del gobierno o de los grandes intereses económicos sin verse intimidada —o a favor de éstos, si así lo dicta la ley—, esa Corte funciona.
Harry Truman, presidente estadounidense entre 1945 y 1953, alguna vez dijo que cuando “pones a un hombre en la Suprema Corte, deja de ser tu amigo”. Él, <a href="https://aristeguinoticias.com/2004/mexico/amlo-admite-errores-y-traiciones-en-su-gobierno/" target="_blank" rel="noopener">como López Obrador hace algunos meses</a>, <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> lo decía a manera de queja, ya que algunos ministros que propuso votaron en contra de los intereses de su gobierno. Pero esa es justamente la idea: nadie, nunca, por encima de la Constitución.
* Alonso B. Tamez es maestro en Comunicación Política por la Universidad de Glasgow y maestro en Política y Comunicación por la London School of Economics. Subsecretario de Acción Electoral del CEN del PRI.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Aristegui Noticias (15/10/2023). “Sheinbaum pide mayoría en el Congreso en 2024 para que jueces y ministros sean electos por voto popular”. Redacción. Disponible <a href="https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/sheinbaum-pide-mayoria-en-el-congreso-en-2024-para-que-jueces-y-ministros-sean-electos-por-voto-popular/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> López Dóriga Digital (23/11/2023). “AMLO propondrá, en reforma al Poder judicial, tribunal para revisar el actuar de jueces y magistrados”. Nacional. Disponible <a href="https://lopezdoriga.com/nacional/amlo-propondra-reforma-poder-judicial-tribunal/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Aristegui Noticias (20/04/2023). “AMLO acusa de traidores a ministros Ríos Farjat y Alcántara Carrancá”. Redacción. Disponible <a href="https://aristeguinoticias.com/2004/mexico/amlo-admite-errores-y-traiciones-en-su-gobierno/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Ministros por voto popular: una mala idea

A un año de que se publicaron las reformas que ampliaron hasta 2028 el plazo temporal para que la Fuerza Armada Permanente realice tareas de seguridad pública en el país, <a href="https://ymlp.com/zqySev" target="_blank" rel="noopener">el Centro Prodh presentó </a>la segunda edición del Informe #PoderMilitar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense&#8220;.
El <a href="https://centroprodh.org.mx/poder-militar-2da-edicion/" target="_blank" rel="noopener">Informe #PoderMilitar</a> busca contribuir a la discusión de la actual profundización de la militarización y a recordar que en México urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir cabalmente las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar hacia el control que los civiles deben ejercer sobre los castrenses.
El reporte presenta un recuento puntual del proceso jurídico y político por el que se ha profundizado la militarización en este sexenio, analizando específicamente las recientes reformas que han derivado en una notable e innegable ampliación de la preeminencia militar. Así, el reporte analiza detalladamente más de una decena de reformas y actos jurídicos que han aumentado el poder castrense.
Adicionalmente, el informe confirma que los controles civiles internos y externos sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se han seguido debilitando. Por ejemplo, actualiza los datos sobre el número de expedientes de investigación de la Guardia Nacional que se han abierto en la Unidad de Asuntos Internos de dicha corporación, acreditando que este control interno no está funcionando.
Por otro lado, #PoderMilitar identifica los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuibles a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional que se han presentado en este sexenio, para mostrar cómo las graves violaciones a derechos humanos no se han erradicado. En este sentido, analiza también la manera en la que, ante la recurrencia de estos hechos, se ha ampliado la intervención militar en la investigación, lo que se traduce en la realización de las primeras diligencias, en la conducción de investigaciones paralelas y en que la vocería sobre esos eventos la coordinen los castrenses desde las conferencias matutinas presidenciales con la pasiva complacencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Por otro lado, para mostrar que la creciente militarización ha despertado resistencias y que hay alternativas, el informe destaca, además, las luchas de comunidades que han resistido e impulsado procesos jurídicos contra la militarización de su territorio, como la de los <a href="https://frayba.org.mx/pueblo-tsetal-de-chilon-estamos-defendiendo-nuestra-madre-tierra" target="_blank" rel="noopener">pueblos tsetsales en Chiapas </a>y la de habitantes de <a href="https://centroprodh.org.mx/2022/08/10/habitantes-de-xochimilco-y-azcapotzalco-presentan-quejas-ante-cdhcm-contra-autoridades-capitalinas-por-la-construccion-de-cuarteles-de-la-guardia-nacional/" target="_blank" rel="noopener">Azcapotzalco</a> y <a href="https://centroprodh.org.mx/2023/02/14/habitantes-de-xochimilco-logran-suspension-definitiva-para-la-construccion-de-instalaciones-de-la-guardia-nacional-sobre-vivero/" target="_blank" rel="noopener">Xochimilco</a> contra la imposición de cuarteles de la Guardia Nacional en sus alcaldías.
Finalmente, esta segunda edición presenta <a href="https://x.com/CentroProdh/status/1727326098470694935?s=20" target="_blank" rel="noopener">10 propuestas indispensables</a> para empezar a reconstruir los controles civiles externos sobre las Fuerzas Armadas: 1) mantener la actual redacción del artículo 21 constitucional que indica que las corporaciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil; 2) abrogar o modificar el Acuerdo Presidencial por el que el titular del Ejecutivo dispuso de la Fuerza Armada Permanente para la realización de labores de seguridad pública; 3) restablecer la redacción de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para acotar el papel de las Fuerzas Armadas; 4) diseñar controles civiles sobre el nombramiento del Comandante del Ejército Mexicano; 5) repensar el diseño de los controles internos de la Guardia Nacional, incluyendo el robustecimiento de la Unidad de Asuntos Internos; 6) ampliar el control parlamentario externo que realiza la Comisión Bicameral, incorporando cabalmente indicadores sobre reducción de la violencia y respeto a los derechos humanos; 7) asegurar el cumplimiento pleno de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, publicitando los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza letal a los que se refieren los artículos 32 y 33; 8) continuar limitando los alcances legales y fácticos del fuero militar, con una segunda reforma que incluya entre otras cosas al artículo 37 que hoy permite la apertura de indagatorias paralelas; 9) garantizar que el despliegue de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Permanente priorice las entidades y regiones que realmente tienen los mayores problemas de violencia, y no en lugares donde no es indispensable —como la CDMX— o en temas seleccionados por razones políticas —como la migración—, y 10) reformar a profundidad el Sistema Nacional de Seguridad Pública que requiere revitalizarse tras volverse meramente testimonial este sexenio.
Quien sea que gobierne el país a partir de 2024 encontrará a un Ejército empoderado como nunca antes. La profundidad del proceso de ampliación de potestades y recursos a favor de los castrenses que se ha materializado este sexenio es innegable y preocupante. Por ello, urge comenzar a discutir los controles civiles externos y la supervisión civil extraordinaria que deben diseñarse ante el nuevo papel que ya desempeñan hoy las Fuerzas Armadas en nuestra realidad política nacional.
La segunda edición del Informe #PoderMilitar puede consultarse en la página web del Centro Prodh en <a href="https://centroprodh.org.mx/poder-militar-2da-edicion/" target="_blank" rel="noopener">este enlace</a>.
<a href="https://twitter.com/CentroProdh" target="_blank" rel="noopener">@CentroProdh</a>

Controles civiles sobre el #PoderMilitar

El Buen Fin se fue, pero los plásticos innecesarios que se usaron para envolver cada compra se quedarán con nosotros por años. En el “fin de semana más barato del año”, el comercio electrónico vio un <a href="https://www.eleconomista.com.mx/el-empresario/Se-rompe-record-de-ventas-en-el-Buen-Fin-Tiendas-en-linea-aumentan-54-las-transacciones-20231123-0091.html" target="_blank" rel="noopener">incremento del 54 % en sus ventas</a> con respecto a 2022. Si bien, las y los consumidores pueden comprar los artículos que desean a un menor precio, también es cierto que son ellos y ellas quienes pagarán el costo de la contaminación plástica de esta industria.
En 2021, <a href="https://mx.oceana.org/wp-content/uploads/sites/17/2023/09/Comercio-electronico-plastico-innecesario-y-contaminacion.pdf" target="_blank" rel="noopener">la CDMX gastó 53.4 millones</a> de pesos en la gestión y manejo de la basura plástica generada por el comercio electrónico. Debido a que estos plásticos no se reciclan en los sistemas de gestión de residuos de nuestro país, esos 53.4 millones se fueron, literalmente, a la basura.
Este dinero, que sale de los impuestos pagados por las y los mexicanos, se desperdicia para subsidiar la contaminación de una industria que se aprovecha de la falta de regulación en México para contaminar. En el contexto del Buen Fin, esto significa que parte de lo que las y los consumidores se ahorraron en sus compras, lo pagarán en impuestos que se destinan a la gestión del exceso de basura plástica que se generó durante estos días.
Tan solo en 2021 el comercio electrónico <a href="https://mx.oceana.org/wp-content/uploads/sites/17/2023/09/Comercio-electronico-plastico-innecesario-y-contaminacion.pdf" target="_blank" rel="noopener">generó 86,000 toneladas de basura plástica</a> en la CDMX, eso es equivalente a 29 camiones de basura llenos cada día. Sabemos que esta industria es una de las que más rápido ha crecido en el mercado a nivel global, y sigue haciéndolo junto con la basura plástica que genera de manera proporcional. Por ello es imperativo que se ponga un alto a esta problemática desde el Congreso de la CDMX.
Un análisis de los materiales que utiliza el comercio electrónico en otros países y las regulaciones que se aplican nos dan claridad de que la única razón por la que aquí aún usan plásticos que contaminan nuestras ciudades es porque no hay una ley que se los prohíba.
En lugares como China, la India, Colombia, y varios países de la Unión Europea, el comercio electrónico ha sustituido los plásticos contaminantes por materiales que sí se reciclan, o mejor aún, envían los productos en sus empaques originales, sin añadir plásticos innecesarios gracias a las regulaciones que se le han impuesto, de modo que la responsabilidad de atender este problema cae directamente en las y los diputados del Congreso de la CDMX. ¿Harán su trabajo?
Recuerda que tú también puedes ser parte del cambio, súmate a Oceana, <a href="https://ca.engagingnetworks.app/page/129303/action/1?ea.tracking.id=website" target="_blank" rel="noopener">firma la petición</a>, y juntos exijamos a nuestros diputados y diputadas que regulen el comercio electrónico para que tengamos un Buen Fin con #EnvíosSinPlásticos.
* Nick Leopold es Gerente de la campaña de Océanos libres de plástico en OceanaOceana en México (<a href="https://twitter.com/OceanaMexico" target="_blank" rel="noopener">@OceanaMexico</a>).
Subscríbete a nuestro <a href="https://act.oceana.org/page/98754/subscribe/1" target="_blank" rel="noopener">newsletter</a> y síguenos en nuestras redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/OceanaMexico/" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/OceanaMexico" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a href="https://www.instagram.com/oceanamexico/" target="_blank" rel="noopener">Instagram,</a> y <a href="https://mx.oceana.org/" target="_blank" rel="noopener">página web</a>.

¿Quién paga el costo del Buen Fin?

Por primera vez en lo que va de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el pleno de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), compuesta por 133 obispos.
El pasado 15 de noviembre, mientras la CEM tenía su CXV Asamblea Plenaria, el presidente solicitó ser recibido por los obispos, que aceptaron su petición. Durante la mañanera de ese día anunció que iría a la reunión de la CEM, pero que no llevaría “preparado ningún mensaje” sino que solo les “explicaría lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos”.
Y también para responder a sus preguntas y dudas y reiterarles que “somos respetuosos de todas las religiones, de todas las iglesias y también respetamos a los no creyentes”.
De lo que ocurrió en la reunión se sabe por parte de declaraciones de la CEM; el presidente no quiso dar importancia al encuentro a pesar de que lo pidió.
La presidencia de la CEM dijo que a López Obrador se le presentaron los temas que estaban a discusión y análisis en esta Asamblea de los obispos. Y estos fueron “la descomposición del tejido social, el proceso de construcción de la paz y, de manera especial, se habló de la preocupación de la Iglesia sobre el problema humanitario de los migrantes en todo el país”.
De acuerdo a la CEM, el presidente durante su intervención “habló de los temas que suele presentar en sus informes durante sus conferencias de prensa diaria”. En forma especial “sobre cuestiones de inversión extranjera, empleo, las remesas, la estabilidad económica, el problema de la drogadicción, entre otros, con datos muy optimistas”.
Es positivo que López Obrador haya solicitado reunirse con la CEM, aunque sea en el quinto año de su gobierno. La relación entre éste y la Iglesia católica se ha caracterizado por la tensión. Cada vez que la Iglesia institucional o sacerdotes en lo particular hacen pública alguna posición crítica, el presidente reacciona de manera muy agresiva e incluso agrede personalmente a quienes las emitieron.
La Iglesia católica ante la manera que el presidente entiende la política y el ejercicio de la libertad de expresión, que entre otras cosas no acepta ninguna crítica, ha optado, en una decisión consciente y razonada, por mantener muy bajo perfil y hacer el mínimo posible de declaraciones públicas.
En lo personal, como creyente y fiel de la Iglesia católica, no estoy de acuerdo con la posición asumida por la CEM y los obispos que la integran. Pienso que han dejado de lado temas que se tenían que pronunciar con independencia de la reacción del presidente.
Me han explicado que frente a la manera de reaccionar de López Obrador ante cualquier crítica de la Iglesia institucional, lo mejor es evitarla para no fomentar la polarización dentro de la población en su mayoría católica.
La CEM asume, entonces, que ante la agresividad e irresponsabilidad de López Obrador, a la Iglesia le toca actuar con mucha prudencia para evitar los exabruptos presidenciales, que a nadie benefician y sí tensan la relación entre el gobierno y la Iglesia.
<a href="https://twitter.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Los obispos y el presidente

En el vasto lienzo del conocimiento humano a menudo encontramos metáforas poderosas que capturan la complejidad de nuestras interacciones con la ciencia y la tecnología. En este escenario, una <a href="https://vimeo.com/202722653" target="_blank" rel="noopener">pintura</a> de Pablo Picasso llamada “Minotauro ciego guiado a través de la noche por una niña con una paloma revoloteando” (1950), mencionada en la Cátedra Prima de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac por el actual  titular de la Comisión Nacional de Bioética (Conbioética), Patricio Santillán Doherty, en octubre de 2022, emerge como una expresión visual que nos invita a reflexionar sobre la relación entre la ciencia y la ética en el siglo XXI.
El minotauro personifica la ciencia en su forma más bruta y poderosa, encarna la fuerza sin guía, un ser ciego y desbocado que deambulaba sin rumbo por un laberinto. Sin embargo, en la obra de Picasso adquiere un matiz peculiar: representa la ceguera de la ciencia ante sus propios poderes y las consecuencias que estos conllevan. Se convierte en la encarnación de una fuerza incontrolada.
En contraste con esta figura imponente emerge la niña, quien personifica a la Bioética, siendo la guía que sujeta la cuerda y dirige al minotauro a través del laberinto de la moralidad. La niña no sólo calma a la ciencia desenfrenada, sino que también la orienta por el camino correcto. Su inocencia, lejos de constituir una limitación, simboliza la necesidad de un discernimiento moral que, con frecuencia, se precisa cuando nos enfrentamos a avances científicos y tecnológicos.
En 2005, la Unesco impulsó la bioética como una disciplina esencial a nivel global cuando adoptó la <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/343573/6._INTL._Dec._Universal_Bioetica_y_Der_Humanos.pdf">Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos</a>, que establece un conjunto de principios éticos que deben guiar las acciones en biomedicina, investigación científica y tecnología médica. Estos principios, que incluyen el respeto a la dignidad humana, la autonomía, el consentimiento informado, la no discriminación y la justicia, se han convertido en un marco ético global para abordar una amplia variedad de desafíos éticos, desde la investigación en seres humanos hasta la ingeniería genética.
La declaración adquiere una relevancia aún mayor en el siglo XXI, cuando los avances tecnológicos han ampliado las posibilidades en medicina y biotecnología; proporciona la guía esencial para abordar cuestiones éticas apremiantes, como la manipulación genética, la medicina personalizada y la inteligencia artificial en la atención médica, asegurando que estos avances se utilicen en beneficio de la humanidad, sin comprometer la dignidad y los derechos fundamentales. Su influencia ha tenido un impacto global significativo. Ha servido como referencia en la formulación de leyes y regulaciones relacionadas con la ética médica en diversos países, y ha promovido la colaboración internacional en la promoción de la Bioética y la protección de los derechos humanos en contextos biomédicos.
Por su parte, en 1992, México inició su compromiso con la promoción y consolidación de la bioética como una disciplina esencial al establecer la <a href="https://www.gob.mx/salud/conbioetica" target="_blank" rel="noopener">Conbioética</a>. Además de dar una respuesta concreta y comprometida al fomento de la cultura de la bioética y los derechos humanos en el país, tiene un papel fundamental en la promoción de la ética en la ciencia y la medicina en el país. Entre sus funciones más destacadas se encuentra la propuesta de políticas públicas de salud relacionadas con la bioética y la colaboración en su implementación; sirve como órgano de consulta nacional para abordar temas éticos específicos, fomentando la protección de los derechos humanos en la investigación y la prestación de servicios de salud, y promueve principios éticos y facilita debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de diversos sectores de la sociedad. Además, desempeña un papel crucial en la formación, la creación de comisiones estatales, la capacitación de comités hospitalarios y la evaluación de protocolos de investigación en salud, y trabaja en estrecha colaboración con instituciones nacionales e internacionales.
Asimismo, es fundamental en la promoción de la bioética y su impacto en la generación de cultura, y participa de manera estratégica para asegurar que las leyes y regulaciones reflejen las reflexiones bioéticas necesarias en un mundo de rápidos avances científicos y tecnológicos. Su influencia perdura en el siglo XXI, destacando la importancia de la ética en un mundo de rápidos avances científicos y tecnológicos que han revolucionado la medicina y la investigación científica. Estos progresos han dado lugar a dilemas éticos complejos que incluyen cuestiones relacionadas con trasplantes, cirugías avanzadas, tecnología 3D, robots en la medicina y técnicas de reproducción asistida, entre otros.
Los trasplantes de órganos son un logro médico crucial, pero la escasez de órganos, la falta de recursos humanos capacitados para llevarlos a cabo y la carencia en las infraestructuras, plantea <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/837219/1er_semestre_2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">desafíos éticos</a> sobre la asignación justa y equitativa de estos recursos vitales, así como cuestiones de consentimiento informado y la ética de la donación.
También las técnicas quirúrgicas de <a href="https://acofipapers.org/index.php/eiei/article/view/2917" target="_blank" rel="noopener">alta precisión</a> respaldadas por tecnología 3D y robots han transformado la cirugía. Sin embargo, surgen cuestiones éticas en relación con la formación de cirujanos, la seguridad del paciente, las grandes diferencias respecto al acceso a estas tecnologías y la toma de decisiones en este nuevo entorno médico.
Por otro lado, la impresión en 3D ha permitido la creación de <a href="https://www.researchgate.net/publication/372389084_Protesis_roboticas_de_extremidades_superiores_elaboradas_con_impresion_3D" target="_blank" rel="noopener">prótesis</a> y dispositivos médicos personalizados, lo que plantea dilemas éticos sobre la calidad, la accesibilidad y la propiedad intelectual de estos productos. La creciente autonomía de los robots en cirugía, cuidado de pacientes y rehabilitación presenta desafíos éticos en términos de <a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=934095" target="_blank" rel="noopener">responsabilidad</a> por errores y la interacción entre humanos y máquinas en la toma de decisiones médicas.
La capacidad de editar genes con precisión, como con la tecnología CRISPR-Cas9, plantea interrogantes éticos fundamentales sobre la modificación del adn humano y los límites en la edición genética para prevenir enfermedades o mejorar características. Los avances en neurociencias han abierto nuevas posibilidades para <a href="https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/10892" target="_blank" rel="noopener">comprender y manipular el cerebro humano</a>, lo que suscita cuestiones éticas sobre privacidad mental, consentimiento y responsabilidad en la investigación neurológica.
La bioética no se limita a las paredes de los hospitales o a los laboratorios de investigación; se extiende por todos los rincones de la sociedad moderna. A medida que enfrentamos dilemas éticos, emerge como una guía esencial para navegar por un mundo cada vez más complejo. Se encarga de asegurar que, independientemente de la profesión o el contexto, se respeten los derechos fundamentales de todas las personas en situaciones médicas, de investigación y tecnológicas. Esto es especialmente importante en un mundo diverso en el que los dilemas éticos pueden surgir en cualquier momento y lugar. También aborda cuestiones de justicia y equidad en la distribución de recursos médicos y el acceso a la atención de salud.
Además, en los estudios universitarios se convierte en un componente vital de la educación contemporánea, ya que los problemas éticos trascienden fronteras profesionales y sociales, y equipa a los universitarios con las herramientas necesarias para comprender y abordar desafíos como la desigualdad en la atención médica y la discriminación en la investigación. Es un recordatorio constante de que la ética es una responsabilidad compartida de toda la humanidad en un mundo interconectado y en constante cambio.
A través de la educación, fomenta la conciencia ética y la responsabilidad individual en la toma de decisiones. Los profesionales de todas las disciplinas deben considerar cuidadosamente las implicaciones éticas de sus acciones en un mundo interconectado.
Dicha formación ayuda a reconocer que los desafíos éticos no se limitan a una sola profesión o área de estudio, y que la colaboración entre diferentes campos es esencial para encontrar soluciones éticas efectivas. Fomenta una ciudadanía informada que puede participar en debates públicos sobre temas éticos cruciales, desde la toma de decisiones en política de salud hasta la regulación de tecnologías emergentes.
Hemos explorado la consolidación e importancia de la bioética en la sociedad actual y concluimos que no sólo es una disciplina académica o un conjunto de principios abstractos, sino un faro ético que guía nuestras acciones en un mundo en constante transformación. Esta capacitación no se limita a los profesionales de la salud, sino que se extiende a todas las áreas del conocimiento y la sociedad en su conjunto. Proporciona las herramientas necesarias para analizar críticamente cuestiones éticas, tomar decisiones informadas y participar activamente en debates públicos sobre temas cruciales.
La bioética se ha convertido en un baluarte que nos recuerda que la ciencia y la tecnología, por asombrosas que sean, deben estar siempre al servicio de la dignidad humana y los derechos fundamentales, y nos recuerda que, independientemente de los avances tecnológicos o las transformaciones sociales, nuestras acciones deben guiarse por principios éticos sólidos e invita a reflexionar sobre la dignidad humana, la justicia y la equidad en un mundo diverso y complejo. Es un llamado constante a la responsabilidad ética, recordándonos que somos los guardianes de la humanidad en un mundo en constante evolución.
Estas palabras son un recordatorio de que la bioética no se limita a ser un campo de estudio, sino que representa un llamado a la acción ética en nuestra vida cotidiana. En un mundo donde las decisiones éticas pueden tener un impacto global, la bioética se erige como un faro que nos guía hacia un futuro más ético y equitativo para toda la humanidad, como la brújula que orienta el progreso humano en medio de la complejidad del mundo moderno, la bioética es la niña que guía al minotauro en la oscuridad de la noche.
* Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética.
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica son bienvenidos.

La niña de la bioética y el minotauro de la ciencia

Durante mucho tiempo la reelección estuvo no solo mal vista sino legalmente prohibida, fue una de las banderas de la lucha revolucionaria. Desde entonces la relación con la reelección ha sido de claroscuros: a algunos les gusta y a otros les parece contraproducente para los sistemas democráticos.
Con la reforma de 2014 logramos superar ese estigma y la reelección volvió a regularse para cargos legislativos y municipales, con límites muy claros. Las y los diputados se pueden reelegir hasta tres veces, para completar un máximo de 12 años en el cargo; en el caso de las senadurías la reelección solo puede ser por un periodo, para ocupar el cargo también un máximo de 12 años. Cabe aclarar que la prohibición de la reelección, inmediata o no continúa para presidencia de la república y gubernaturas.
En 2021 fue la primera vez que las y los diputados se pudieron reelegir. En ese entonces, 439 diputadas y diputados manifestaron la intención de buscar la reelección (214 mujeres y 225 hombres); de estos finalmente 211 buscaron la reelección, y lo consiguieron 145 diputadas y diputados.
En la elección de 2024 será la segunda vez que las y los diputados puedan reelegirse y la primera vez para senadores y senadoras. Previo al inicio de las precampañas venció el plazo para que manifestaran su intención de reelegirse. Lo hicieron 467 diputadas y diputados y 88 senadoras y senadores.
La reelección en la mayoría de los países de la región va relacionada con la profesionalización de la administración pública y la rendición de cuentas frente al electorado, pues es la forma en la que la ciudadanía podemos calificar el trabajo realizado por nuestros representantes.
La reelección es una figura compleja, por lo que requiere reglas muy claras para hacerla funcionar. Por ejemplo, las dos reglas más importantes son: un legislador o legisladora solo se puede reelegir por el mismo partido o coalición que se postuló, si lo quiere hacer por uno distinto debe separarse del grupo parlamentario o partido antes de la mitad del periodo de su encargo, la reelección solo se da si busca ser electo nuevamente para el mismo cargo y en el mismo ámbito geográfico por el que fue electo la primera vez.
En México la reelección tiene como candado principal a los partidos políticos, que son los que definen quiénes se pueden reelegir y quienes no. Esto es lejano a lo ideal, pues debe ser el electorado quien tenga el poder decisivo sobre si su representante debe continuar en el cargo o es momento de que llegue alguien nuevo al mismo, por tratarse de un mecanismo de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, no hacia los partidos políticos.
La reelección es una figura novedosa en el sistema electoral actual, apenas este será la segunda elección en la que se presentará; sin embargo, si se ejecuta adecuadamente puede traer efectos muy positivos en la calidad de la representación y servir como un mecanismo de empoderamiento ciudadano.
Ahora el siguiente paso será saber quiénes son los que buscarán la reelección y cuál ha sido el trabajo que hicieron en el legislativo estos últimos años.
<a href="https://twitter.com/Eleccionesymas" target="_blank" rel="noopener">@Eleccionesymas</a>

Reelección legislativa

El pasado 6 de noviembre de 2023 se publicó el Reporte Mensual sobre pagos y adeudos con proveedores y contratistas de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex). El reporte muestra el saldo respecto de los pagos y adeudos de la empresa con proveedores y contratistas al 31 de octubre; así, se observa que Pemex sostiene un adeudo en sus compromisos de pago por 96 mil 762.6 millones de pesos; el incumplimiento en el pago de los dineros para hacer frente a estos adeudos, producto de compromisos adquiridos, podría ahondar en el estrés financiero que continúa afectando a la petrolera.
Lo anterior adquiere principal relevancia si se analizan los datos contenidos en el reporte de resultados al tercer trimestre de 2023. Pemex presenta una deuda financiera al 30 de junio de 2023 por 1 billón 864 mil 778 millones, en donde se observa que la deuda de corto plazo asciende a 553 mil 891 millones de pesos. Esta deuda de corto plazo muestra un incremento en términos porcentuales por 18.87 por ciento con respecto al mismo periodo del año 2022.
En el mismo reporte se aprecia que la deuda financiera al cierre de 2022 fue de 2 billones 091 mil 464 millones de pesos. Si bien ello representa una reducción de 10.8 por ciento, existen indicadores dentro del balance general consolidado al 30 de septiembre de 2023 que, de continuar con la tendencia al alza, podrían ocasionar que al cierre de 2023 la deuda financiera sea mayor que la registrada al cierre del año pasado.
La preocupación esgrimida parte de la revisión de los estados financieros reportados por Petróleos Mexicanos: el pasivo a corto plazo tuvo un incremento de 175 mil 588 millones de pesos, al pasar de 929 mil 737 millones al 31 de diciembre de 2022 a 1 billón 105 mil 325 millones de pesos para el 30 de septiembre del 2023; la deuda financiera a corto plazo se incrementó en el mismo periodo en 87 mil 943 millones de pesos, monto que representa un aumento del 18.9 por ciento; y las pérdidas por sustracción de combustibles (huachicol) al tercer trimestre suman pérdidas por 13 mil 542 millones de pesos, un ingrediente más del universo de datos que pueden ser consultados en los mencionados reportes publicados por la empresa productiva.
A esto se suma que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y Pemex suscribieron un ACUERDO de revisión salarial 2023-2025, pactando un aumento salarial del 4.16 por ciento y un aumento en prestaciones del 2.28 por ciento, el cual debió aplicarse retroactivamente el pasado 1 de agosto de 2023; así mismo, el acuerdo señala que a partir del 1 de enero de 2024 se otorgará un incremento adicional del 1.38 por ciento por concepto de apoyo a la inflación.
Un ingrediente más que podría consolidar las preocupaciones que estresan financieramente a Pemex es el contenido en los estados financieros consolidados de los años 2020, 2021 y 2022, realizados por auditores independientes de la firma KPMG. En ellos confluye la duda razonable y significativa sobre la capacidad de Pemex para continuar como negocio en marcha.
“Al 31 de diciembre de 2022 Petróleos Mexicanos ha sufrido pérdidas recurrentes en su operación y representa deficiencia de patrimonio neto. Estos factores indican la existencia de una incertidumbre material que puede crear una duda significativa sobre la capacidad de PEMEX para continuar como negocio en marcha”.
Si lo anterior no tuviese la suficiente claridad, la nota “22F. INCERTIDUMBRE RELATIVA AL NEGOCIO EN MARCHA” contenida en la página 121 de referida auditoría, párrafos quinto y sexto dan luz de la siguiente forma:
“… El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 autorizó a PEMEX una meta de balance financiero de cero. Este balance financiero cero no considera el pago principal de la deuda durante 2023, el cual será cubierto mediante actividades de financiamiento que no representen un endeudamiento neto en términos de deuda pública superior a los $29,912,400. Al 31 de diciembre de 2022, PEMEX tiene vencimientos de deuda de corto plazo por 465,947,638 (incluyendo el pago de intereses).
El efecto combinado de los eventos arriba mencionados, indican duda sustancial sobre la capacidad de PEMEX para continuar como negocio en marcha”.
En este orden de ideas, y de acuerdo con el reporte mensual sobre pagos y adeudos con proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos, indican una deuda por 96 mil 762.6 millones de pesos, otro ingrediente que enfatiza la duda sobre la capacidad de PEMEX para continuar como negocio rentable.
Sobre todo si consideramos que en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2024 se ha dispuesto un endeudamiento interno de hasta 138 mil 119.1 millones de pesos -es decir, 111 mil 050.7 millones de pesos más que lo autorizado para 2023- y de hasta <a href="https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/ilif/ilif_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">3 mil 726.5 millones de dólares de endeudamiento externo</a>, cifra que representa un incremento en términos nominales de 3 mil 584.3 millones de dólares con respecto a los 142.2 millones de dólares autorizados para 2023.
Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, se observa para Petróleos Mexicanos la mayor reasignación presupuestal para el referido ejercicio en su Gasto Programable por la cantidad de 25 mil 442.9 millones de pesos, adicionales a los 145 mil millones de pesos para hacer frente a la deuda de la empresa estatal.
La omisión de entender y atender los peligros que representan las cifras referidas en el presente análisis conlleva a que los tomadores de decisiones en la empresa productiva no estén resultando en un manejo financiero estrictamente quirúrgico que aminore las señales de alerta que ya vislumbran los inversionistas extranjeros. Al final del día, debemos tener presente que los estados financieros poco entienden de política.
Por estas razones, Pemex deberá cumplir con la condición de mantener un endeudamiento moderado y que, en lo posible, <a href="https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">el saldo de la deuda pública de Pemex refleje una reducción respecto al saldo del año anterior</a>, según rezan los Criterios Generales de Política Económica para 2024, y que estos recursos no se diluyan en gasto corriente; recordemos que Petróleos Mexicanos tiene la enfermedad crónica de un pasivo pensionario de 1 billón 306 mil 900 millones de pesos, 4.6 por ciento del PIB.
* Christian Emilio Martínez Portillo (<a href="https://twitter.com/ChristianEmilio" target="_blank" rel="noopener">@ChristianEmilio</a>) es coordinador de asesores del Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República.<a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>

Pemex, ¿a terapia intensiva?

Es terriblemente simbólico que ni siquiera un magistrade pueda escapar de los juicios discriminatorios del ministerio público mexicano. En los últimos años se ha argumentado -desde la misma presidencia, pasando por otros actores políticos- que la impunidad en México se hospeda en el Poder Judicial. Si una persona es liberada por un juez, actores políticos y sociales atribuirán toda la culpa al juez, y omitirán el papel del expediente que presentó el ministerio público. Si el asesinato de una persona en el rango de magistratura termina impune, tenemos una clara señal de que a quien hay que llamar a cuentas es al Ministerio Público.
Familias y amistades de las personas queer asesinadas por crímenes de odio en México saben perfectamente cómo el ministerio público “da carpetazo” a estos casos para no hacer su labor: investigar delitos. Es indignante ver como la Fiscalía del Estado de Aguascalientes apresuró la hipótesis de que le magistrade Ociel Baena fue asesinade por su pareja. Y que la pareja cometería suicidio posteriormente. Una vez más, una fiscalía usó la narrativa de los “crímenes pasionales”. La organización <a href="https://letraese.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/Homicidios-LGBT-en-la-prensa-mexicana-1995-2014.pdf" target="_blank" rel="noopener">Letra S ha documentado</a> sistemáticamente cómo suceden los crímenes contra las personas queer en México. En su reporte de 2014 denunciaron que los ministerios públicos usan la narrativa del “crimen pasional” para explicar la violencia extrema contra las personas queer. De manera velada, intencional o inconsciente, el uso del concepto de “crimen pasional” permite a los agentes del ministerio público evadir la posibilidad de que se investigue un crimen de odio.
Entiendo perfectamente que la liberación de personas detenidas por la policía y el ministerio público es frustrante. Sin duda, hay jueces que pueden llegar a ser cómplices de la liberación de personas que efectivamente han cometido delitos. No obstante, investigadores y agencias internacionales han probado que muchos expedientes judiciales descansan, sobre todo, <a href="https://mexico.un.org/es/188374-onu-dh-presenta-informe-sobre-la-pr%C3%A1ctica-sist%C3%A9mica-de-la-tortura-en-aguascalientes-ocurrida" target="_blank" rel="noopener">en declaraciones obtenidas bajo tortura</a>. Cualquier cuestionamiento contra la liberación de una persona debería comenzar por cuestionar el rol que jugaron los agentes del ministerio público armando el expediente.
Las principales víctimas de la impunidad son las personas más vulnerables. En particular las poblaciones históricamente discriminadas: mujeres, personas queer y hombres jóvenes en situación de pobreza. Según <a href="https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/" target="_blank" rel="noopener">Impunidad Cero</a>, el 94 % de los homicidios en México no se investigan, y del restante 6 % solo 1 % se resuelve en un tribunal. Como descubrieron <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/institutionalized-police-brutality-torture-the-militarization-of-security-and-the-reform-of-inquisitorial-criminal-justice-in-mexico/1FB267963EE824E40B4AC6C9644D19B2" target="_blank" rel="noopener">Beatriz Magaloni y Luis Rodríguez</a>, más de la mitad de las personas presas en México fueron torturadas, amenazadas o abusadas psicológicamente. En estas condiciones, ¿cómo podemos garantizar que las personas que terminan en prisión son efectivamente las que han cometido delitos? ¿Cómo podemos creer en las hipótesis de los ministerios públicos si estos no investigan más allá de declaraciones obtenidas bajo tortura?
Escuché con atención al fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, en una <a href="https://www.radioformula.com.mx/nacional/2023/11/15/fiscalia-de-aguascalientes-no-descarta-crimen-de-odio-en-caso-de-magistrade-baena-790046.html" target="_blank" rel="noopener">entrevista radiofónica</a> defendiendo el papel de sus agentes del ministerio público. En ese momento, él dijo que la hipótesis del crimen pasional era solo una línea de investigación. Sin embargo, él sostuvo que la evidencia pericial era lo que fundamentaba su hipótesis. El fiscal ha sostenido públicamente una sola hipótesis después de una filtración a medios. ¿Podemos confiar que el fiscal y sus agentes del ministerio público no han confeccionado un caso para sostener un prejuicio discriminatorio?
Los ministerios públicos, agencias de policía, y las cortes son espacios de profesiones altamente masculinizadas. La presencia de le magistrade era una luz de que la justicia no es un espacio exclusivamente para hombres en México. Sin embargo, su asesinato y la investigación de la fiscalía demuestra que hay una resistencia al cambio de muchos hombres que habitan el sistema de justicia. Más allá de las reglas formales, una visión patriarcal y conservadora del mundo gobierna las prácticas del sistema.
No es casual que se “filtren” fotografías de los casos y luego los fiscales hagan conferencias de prensa defendiendo una versión de los hechos. Ministerios públicos y policías elaboran casos mediáticos en línea con los instintos conservadores y punitivistas de partes del público mexicano. En algunos casos, lo hacen para que no haya espacio público para una hipótesis alternativa que cuestione el orden social patriarcal. En otros, para defender sus casos a sabiendas que un juez los puede desechar porque están elaborados sin evidencia o con evidencia manipulada. Si tan solo pusieran toda esa energía en investigar con rigor. Pero investigar con rigor implicaría que tendrían que dejar de operar usando la tortura o perfiles criminológicos discriminatorios. En otras palabras, tendrían que desmantelar el verdadero manual de procedimientos de la justicia mexicana.
El caso Ayotzinapa desnudó el uso politizado y arbitrario de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía, pero ciertamente actuando como antes de su transformación). El caso de le magistrade Baena revelará otra faceta del ministerio público mexicano: el uso de perfiles discriminatorios. Recuperemos lo que hemos aprendido del caso Ayotzinapa para vigilar el caso de le magistrade. Tenemos que analizar las prácticas cotidianas del ministerio público. Esas prácticas están infundidas de percepciones discriminatorias, politización, y en otros casos de plena incompetencia profesional.
Las reformas del sistema de justicia de las últimas décadas años han tenido enormes virtudes. Pero, como las personas expertas que acompañaron estos procesos han denunciado, estás están limitadas por la falta de recursos humanos, profesionales, y de voluntad política. Poco podemos hacer para esclarecer los miles de casos irresueltos de homicidio y otros delitos si el Ministerio Público sigue sin ser llamado a cuentas por las autoridades públicas. Y eso va más allá de tener un mejor marco legal o más recursos. Es tiempo de desmantelar el verdadero manual de procedimientos. Mando un abrazo, a la distancia, a las personas no binaries en México.
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Le magistrade y el verdadero manual de procedimientos de la justicia mexicana

Una ultraderecha (¿incontenible?) que rechaza de tajo la crisis climática, se abre paso políticamente en el mundo. <a href="https://tinyurl.com/4vznuyy9" target="_blank" rel="noopener">Argentina</a> y <a href="https://tinyurl.com/2py97m65" target="_blank" rel="noopener">Holanda</a> son los ejemplos electorales más recientes. Con la nada remota posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones en noviembre del 2024 en los Estados Unidos, los avances relativos en temas ambientales podrían sufrir un retroceso definitivo y fatal.
1. <a href="https://tinyurl.com/bdfhfmun" target="_blank" rel="noopener">Este año se perfila como el más caluroso desde que se tiene registro</a>. The Guardian
2. México es particularmente vulnerable al <a href="https://tinyurl.com/mrya32v3" target="_blank" rel="noopener">calentamiento global</a>. DGCS UNAM 
3. Un estudio revela que <a href="https://tinyurl.com/3ehfxwup" target="_blank" rel="noopener">ya son dos millones las especies en riesgo de extinción en el mundo</a>: el doble de las estimaciones previas de Naciones Unidas. The Guardian
4. Trump 2.0: <a href="https://tinyurl.com/2kcn6crr" target="_blank" rel="noopener">El clima no resistiría una segunda administración del expresidente</a>, si éste gana las elecciones del año próximo en los Estados Unidos. The Hill 
5. El Amazonas, en lucha contra la <a href="https://tinyurl.com/2p943r4v" target="_blank" rel="noopener">sequía que produce la deforestación</a>. The Guardian
6. <a href="https://tinyurl.com/336vmrja" target="_blank" rel="noopener">Diecisiete de los 20 países más amenazados por le emergencia climática se encuentran en África</a>. Efe Verde
<h2 class="p1">Contra todos los pronósticos</h2>
Aunque incipiente y escasamente -dadas las dimensiones del problema- siguen ensayándose en el mundo respuestas concretas a la insensatez destructiva:
7. Prados del Sol, una <a href="https://tinyurl.com/5bfzrzew" target="_blank" rel="noopener">comunidad sustentable en Argentina que desafía a la crisis climática</a>. El País
8. Importancia de los <a href="https://tinyurl.com/3rnvnuk4" target="_blank" rel="noopener">árboles de alineación en entornos urbanos y la necesidad de evitar podas excesivas</a>. Los Árboles Mágicos 
9. Nicaragua: <a href="https://tinyurl.com/2abda2s9" target="_blank" rel="noopener">proteger la selva en el país más deforestado de Centroamérica</a>. El País 
10. Basura que no es basura: <a href="https://tinyurl.com/z5y6xvrz" target="_blank" rel="noopener">la economía circular da una segunda vida a los residuos en Paraguay</a>. El País
11. Empresa norteamericana crea un <a href="https://tinyurl.com/4csdckbe" target="_blank" rel="noopener">ladrillo de cemento biológico hecho por bacterias</a>. Conciencia Eco 
12. Pueblos indígenas, aliados clave en la <a href="https://tinyurl.com/46hrwx2j" target="_blank" rel="noopener">mitigación de los daños</a> ocasionados por la crisis climática. Infobae
<a href="https://twitter.com/alconsumidor" target="_blank" rel="noopener">@alconsumidor</a>

Emergencia climática: peligros y contenciones

Los especialistas en el estudio de las Fuerzas Armadas, académicos, políticos de la oposición, periodistas, líderes religiosos, líderes empresariales, líderes sociales, amplios sectores de la población y también de la comunidad internacional se preguntan sobre cuál será el papel de las Fuerzas Armadas a partir del 1 de octubre de 2024.
La pregunta surge ante la constatación del inmenso poder que el Ejército y la Marina han adquirido en los años que lleva este gobierno. El presidente López Obrador, su comandante en jefe, se ha dedicado a darles nuevas funciones y también a dotarlos de empresas y hacerlos propietarios privados.
El Ejército y la Marina se han convertido en instituciones fundamentales para llevar adelante todos los proyectos que de manera personal interesan al presidente. Son sus operadores. Y los titulares de esas dependencias obedecen ciegamente a las órdenes de su comandante.
A la pregunta anterior se añade la de si el Ejército y la Marina en el futuro habrán de renunciar al poder que ahora tienen, al papel fundamental que juegan en la administración pública y a los privilegios que han adquirido en esta administración.
La militarización de la seguridad pública y de la administración pública que impulsa el presidente ha debilitado la estructura institucional del poder civil y fortalecido la militar. Él, que inicia este proceso, no ha vivido todavía la limitación que ha generado, pero muy seguramente cualquiera que sea su sucesora sí.
Las respuestas a las preguntas planteadas pueden parecer obvias. Si gana la presidencia de la República la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, que repite mecánicamente lo que dice el presidente, todo seguiría igual e incluso podría seguir avanzando la militarización. Sería parte del proyecto de la 4T.
Y de ganar la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, hermana de un militar retirado, ésta frenaría el proceso de la militarización, para luego iniciar su desmantelamiento y darse a la tarea del fortalecimiento de la estructura institucional civil tan golpeada por López Obrador.
Surgen, con todo, otras preguntas. Ya por muchas décadas, el presidente electo ha tomado la decisión de elegir al secretario de la Defensa. Los militares no intervienen en el nombramiento. Sí lo han hecho de manera indirecta al ser ellos quienes deciden los que pueden llegar a ser generales de divisiónm que es la única condición para poder ser nombrado secretario.
¿Después de la elección de 2024 seguirá esta práctica? ¿Con el poder que ahora tiene la cúpula militar dejará que la presidenta electa elija al secretario o ellos lo impondrán? No son preguntas retóricas y surgen a partir de la nueva realidad del poder de los militares y marinos. Hay muchas más preguntas que plantea el poder del que ahora gozan el Ejército y la Armada y las cúpulas que las dirigen. En próximos artículos seguiremos sobre el tema.
<a href="https://twitter.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

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