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La comodidad del “compre ahora” y la promesa de entregas rápidas han transformado no solo nuestros hábitos de consumo, sino también nuestras calles, ríos y mares. Es tiempo de preguntarnos: ¿a qué costo nos está llegando ese paquete que pedimos a tan solo un “clic”?
La Ciudad de México, uno de los epicentros del comercio electrónico en América Latina, enfrenta una crisis de residuos plásticos agravada por la creciente demanda de productos comprados en línea. Tan solo en 2021, se estima que el comercio electrónico generó más de 86 mil toneladas de basura plástica solo en esta ciudad. Es decir, 29 camiones de basura llenos de plástico cada día. ¿El destino final de todos estos residuos? En el mejor de los casos, un relleno sanitario. En el peor, nuestros ecosistemas y nuestra salud.
Pero este problema va más allá del reciclaje. De hecho, solo el 9 % del plástico a nivel mundial logra ser reciclado. Y no se trata de falta de voluntad, sino de un sistema diseñado para fallar: el plástico virgen es más barato, más rentable y fácil de producir que el reciclado. Así, seguimos atrapados en un ciclo que favorece la producción masiva de residuos, disfrazado de eficiencia logística.
Además, muchos de estos plásticos provienen de países asiáticos donde las condiciones laborales en la industria petroquímica y del embalaje son, en muchos casos, precarias y peligrosas. Se producen materiales baratos, sin derechos laborales garantizados, que terminan envolviendo nuestros productos “sustentables” o “eco-friendly”. La paradoja no podría ser más cruel: nuestro consumo daña no solo al planeta, sino también a las personas que están al otro lado de la cadena.
Por eso, legislar es urgente. La Ciudad de México ya ha avanzado con la prohibición de plásticos de un solo uso como bolsas, popotes y unicel. Ahora, toca regular uno de los principales generadores de residuos plásticos actuales: el comercio electrónico. Se trata de prohibir el uso de plásticos innecesarios en empaques y embalajes de bienes entregados a domicilio.
No se trata de frenar la economía digital, sino de hacerla responsable. Si empresas como Amazon puede hacerlo en India y en Estados Unidos, y en Europa ya existen sistemas de devolución sin empaque adicional, ¿por qué no en la capital de uno de los países más afectados por la contaminación plástica? Según encuestas de Oceana, el 91 % de los habitantes de la CDMX está de acuerdo en regular estos plásticos. La ciudadanía está lista. ¿Lo está el Congreso?
La legislación propuesta no solo responde a una necesidad ambiental, sino también a un mandato constitucional: el derecho humano a un medio ambiente sano. Y más aún, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que México ha firmado y que comprometen a sus gobiernos, en todos los niveles, a actuar con urgencia frente a esta triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.
La contaminación plástica no solo invade nuestros mares, también se filtra en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos y en los cuerpos que habitamos. ¿Qué más necesitamos para actuar?
Legislar contra los plásticos del comercio electrónico no es solo un paso ambiental, es un acto de justicia social y responsabilidad global. No podemos seguir subvencionando, con nuestros impuestos y con nuestra salud, un modelo de consumo que empobrece a unos para contaminar a todos.
Ha llegado el momento de actuar. Porque cada clic tiene consecuencias, pero también puede ser el inicio de una transformación.
* Alma Ugarte es Enlace Legislativo de Oceana en México.

¿A qué costo llega tu paquete? Urge legislar los empaques plásticos en el comercio electrónico

En términos generales, la colaboración implica establecer una relación con otros actores (similares o distintos) con el propósito de alcanzar un objetivo en particular. Para que la colaboración sea efectiva, se requieren varios elementos como: 1) una meta compartida, 2) una comunicación transparente y fluida, 3) un entorno de confianza mutua, y 4) un contexto propicio. La colaboración suele ser más exitosa si los beneficios son evidentes o bien cuando se resuelve una necesidad de las partes involucradas.
En la práctica, el factor contextual ha demostrado tener un peso significativo. En el caso particular de la región latinoamericana, algunos gobiernos populistas, ya sea de izquierda o derecha, han buscado dividir de distintas formas a su población (ricos vs. pobres, derecha vs. izquierda, liberales vs. conservadores). En términos generales, estas etiquetas han sido utilizadas por dichos regímenes para distinguir a los “buenos” de los “malos”.
Conforme a esta visión, los “malos” son todos aquellos (individuos o grupos) que piensan diferente al gobierno o partido en el poder. De esta forma, los señalamientos a ciertas acciones de gobierno o demandas por apertura, transparencia y rendición de cuentas pueden detonar su animadversión. Esto sin duda dificulta el actuar de los contrapesos, entre los que se encuentran las entidades autónomas o independientes, el sector empresarial, los periodistas y los centros de investigación denominados think tanks.
Con respecto a estos últimos, el problema tiene dos aristas que impactan de forma negativa su trabajo. La primera es la dificultad de mantener abiertos los canales de comunicación, entablar una relación o colaborar con el gobierno en turno. Ese acercamiento, tan importante para lograr la incidencia, se torna casi imposible. El segundo problema se asocia a la dificultad de que los actores, distintos al gobierno, colaboren entre sí (organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, universidades, los medios, entre otros). Todos ellos fungen como piezas clave en las estrategias de incidencia, las cuales buscan lograr cambios en las políticas públicas.
La radicalización y polarización en las visiones dificulta el diálogo y el consenso. Este distanciamiento entre los actores no solo está presente en gobiernos populistas, sino también en otros que están en el camino de la desdemocratización, en donde son castigados los valores como la libertad de expresión, la participación, la legalidad y la tolerancia.
En ocasiones, el contexto político y económico de países externos también afecta la colaboración. En este sentido, desde hace tiempo, los fondos de agencias de desarrollo internacional hacia los think tanks han presentado cambios. En algunos países, estos fondos se han reducido y se otorgan por periodos más cortos, lo que obliga a una búsqueda constante de recursos. A esta situación se le sumó el elemento Trump, que a principios del año tomó la decisión de acabar con la ayuda que brindaba Estados Unidos a otros países.
Actualmente, tres o cuatro financiamientos podrían ser necesarios para cubrir lo que antes se lograba con uno. La precariedad en los recursos ha hecho más difícil que se formen consorcios para bajar fondos, pues si bien algunas financiadoras promueven la colaboración de dos o más think tanks para diseñar y ejecutar proyectos, la disminución de los recursos hace que cada vez sea menos factible dividir la bolsa entre varias partes.
Pareciera que los contextos nacionales e internacionales están mermando los esfuerzos de colaboración. En el caso particular de los think tanks, en algunas regiones del mundo ello ha implicado nuevos retos en su forma de trabajar. Sin embargo, el trabajo en aislamiento tampoco parece una opción viable ¿será cada vez más común que los think tanks establezcan alianzas con actores de corrientes ideológicas opuestas? ¿Es posible que las organizaciones civiles colaboren con gobiernos en los que no confían o que deslegitiman su trabajo? ¿Cuál es el límite entre la diversidad de visiones y los valores que una colaboración puede tolerar sin comprometer su propósito?
Los think tanks están en un momento en el que tienen que decidir si una colaboración menos genuina y sincera es igualmente deseable o, al menos, estratégica. Esto aplica para los gobiernos en turno, pero también para actores no gubernamentales. ¿Los fines justifican los medios?  No existe una respuesta correcta. En algunos casos el populismo y sus efectos se han establecido de manera gradual y los think tanks han respondido adaptándose a nuevas dinámicas, explorando diferentes estrategias con el ánimo de entender qué funciona y qué no.
Resulta difícil predecir cuál es el futuro de la colaboración bajo el manto del populismo, el cual cobija con sus preceptos a cada vez más personas en el mundo. En ese contexto, los think tanks deben encontrar cómo influir sin ceder sus principios ni legitimar posturas que están erosionando a los regímenes democráticos. El desafío está en no perder de vista lo que da sentido a su existencia: contribuir al interés público desde la investigación y el pensamiento independiente.
* Liliana Alvarado (<a href="https://x.com/lilialvaradob" target="_blank" rel="noopener">@lilialvaradob</a>) es directora general de Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

La colaboración bajo el manto populista

Con la muerte de Francisco despedimos a un papa cercano, humilde y dialogante, pero también despedimos a un papa reformista y progresista que abogó por un enfoque más abierto en temas sociales como la pobreza, la migración, la inclusión de la comunidad LGBT+ y las mujeres.
Durante siglos, las mujeres han sido el alma y el pilar de la Iglesia: cuidan enfermos, sostienen comunidades, educan generaciones y, también, han callado, obedecido y resistido violencias. Han sido excluidas de los espacios de toma de decisiones y pasado a segundo plano. Así lo criticó el papa Francisco: “porque se piensa que las monjas, y en general las mujeres, son de segunda clase”.
No era feminista, nunca dijo serlo; no habló de patriarcado ni puso sobre la mesa el sacerdocio femenino, pero hizo algo histórico: escuchó, reconoció y abrió espacios de toma de decisiones para las mujeres. Afirmó y reconoció que hay que eliminar la mentalidad clerical y machista en la Curia, el gobierno de la Iglesia Católica, y afirmó que las monjas son más avanzadas y hacen muchas cosas mejor que los hombres. Escuchó a las que están en la estructura eclesial. Y también escuchó (aunque con cierta distancia) a las que cuestionamos desde afuera, algunas desde un feminismo que se resiste a divorciarse de lo espiritual.
El papado de Francisco (2013 &#8211; 2025) representa un punto de inflexión para las mujeres, pues se empeñó en “desmasculinizar” el gobierno eclesiástico, reconfigurando el lugar de las mujeres en el Vaticano y en la Iglesia. Puso a mujeres en cargos del Vaticano: nombró a la primera subsecretaria en la Secretaría de Estado; permitió que laicas y laicos pudieran dirigir dicasterios vaticanos; por primera vez, mujeres laicas y religiosas participaron con derecho a voto en el Sínodo, rompiendo así la estructura masculina que definía el rumbo doctrinal; nombró teólogas, filósofas y juristas; creó dos comisiones en 2016 y 2020 para estudiar la posible reinstauración de mujeres diáconas; abrió la participación en organismos financieros vaticanos a las mujeres; e impulsó el liderazgo laico femenino.
Francisco dijo que, cuando mandan las mujeres, las cosas funcionan. Y aunque esa frase podría parecer un guiño amable, en boca de un papa fue un viraje: de una institución marcada por la tradición y la jerarquía, a una institución abierta y más incluyente.
No podemos decir que transformó la Iglesia, pero sí que la cambió. Cambió el lenguaje, la escucha y la conciencia sobre la participación de las mujeres en el Vaticano. Pasó de un eje de moral a uno de justicia. Abrió a la posibilidad de nombrar lo que antes no se podía pronunciar: la exclusión, la desigualdad y la violencia dentro de una institución que predica amor, pero tantas veces lo ha negado a las mujeres.
León XIV asume el liderazgo de la Iglesia católica con una decisión que no podrá evadir: seguir avanzando o retroceder. Hasta ahora, en sus declaraciones reafirma y amplía el legado progresista de su predecesor. En particular, ha manifestado su apoyo a una mayor participación de las mujeres en la vida institucional de la Iglesia. En 2019, se pronunció defendiendo el trato 100 % igualitario entre hombres y mujeres, aunque dejó en claro su postura sobre la importancia de promover la familia tradicional como base de la sociedad.
El último papa con este nombre, León XIII, fue considerado reformista en varios aspectos clave: su apertura al pensamiento moderno, su enfoque en cuestiones sociales y laborales; además de haber sido el fundador de la doctrina social de la Iglesia, abordando por primera vez los problemas del capitalismo industrial y la justicia social, abriendo caminos importantes sin romper con la tradición.
Entonces puede esperarse que el papado de León XIV, como el de su predecesor León XIII, se recuerde por su valentía para abrir caminos nuevos dentro de la Iglesia y romper con tradiciones que lo consoliden como un papa progresista: que amplíe, en todos los niveles espacios de toma de decisión para las mujeres; que se escuche a las teólogas y defensoras de derechos humanos en la Iglesia; que se reconozca que la autoridad espiritual no tiene género; que se impulse una Iglesia más inclusiva y con espacios para que las mujeres definan políticas y tengan poder espiritual e institucional no como concesión, sino como un derecho.
* Agueda Ale Valdés es ntegrante de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Trabajo Propio de las Mujeres. Regidora en el Ayuntamiento de Monterrey (2021-2024). Coordinadora de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Impulsando el primer reglamento de acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres, y el primer reglamento para el sistema municipal de cuidados, asimismo impulsó la primera Unidad de Igualdad de Género. Egresada en el 2011 de la Licenciatura de Ciencia Política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anahuac del Norte y maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su experiencia se ha enfocado en las áreas de Responsabilidad Social, igualdad de género y justicia social. Fundadora de la Fundación Alfonso Ale, A. C., asociación civil que apoyaba a mujeres e infancias en temas de empoderamiento y cultura de paz.

Francisco, el papa que abrió las puertas a las mujeres

No es extraño que la música –en particular la música comercial–, despierte opiniones de índole moral. Desde hace ya varias décadas, la música popular –esa que predomina en radios y medios digitales– es un producto de lo que suele llamarse “contracultura”. Géneros como el rock, el hip hop o la electrónica comparten una raíz “marginal”, fundamentalmente asociada con la rebeldía y la aspiración juvenil de entre los estratos sociales más bajos, que a su vez ha sido clave para su éxito comercial. Estos “ciclos musicales”, en los que una contracultura se torna dominante, ocurren a la par de una reacción opuesta, aparente en la aversión o incomodidad de los defensores de las convenciones.
Dado el éxito económico, el escándalo social, y el profundo disenso cultural que acompaña el boom comercial de este tipo de géneros musicales, no es tampoco extraño que el debate moral se convierta en un problema político. En el panorama musical del México contemporáneo, el éxito global de los corridos tumbados está suponiendo una reconfiguración cultural y social profunda, particularmente entre las generaciones más jóvenes. Quienes en el plano político observan esta situación con disgusto, particularmente desde el ámbito local, <a style="color: #0000ff;" href="#_edn1" name="_ednref1">i</a> han optado por las vías de la prohibición, emitiendo decretos y reformando reglamentos que penalizan su interpretación pública.
El desarrollo de medidas dirigidas a regular la industria musical no es ninguna novedad. A la memoria vienen las campañas mediáticas y legislativas, impulsadas por políticos estadounidenses, para prohibir el gangsta rap durante los ochentas y noventas. Se trataron de esfuerzos infructuosos, <a style="color: #0000ff;" href="#_edn2" name="_ednref2">ii</a> únicamente célebres por fortalecer una postura a favor de la censura musical, construida a partir de una lectura centralmente moral del contenido lírico. Así como al hip hop de finales del siglo pasado, a los corridos tumbados, sus intérpretes y la industria musical que los financia se les acusa de normalizar y hacer apología del asesinato, del crimen y del consumo de drogas: preocupaciones dominantes entre la sociedad mexicana y temas clave en la actual tensión diplomática con el gobierno de Estados Unidos. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn3" name="_ednref3">iii</a>
El argumento de la “apología a la violencia” parece estar fundado en el contenido temático de los corridos tumbados. Sin embargo, lecturas morales aparte, sus letras brindan también una oportunidad para dar cuenta de los cambios sociales vinculados al crecimiento del crimen organizado, hecho reconocido por sus compositores y consumidores. Como en su momento hicieron los primeros corridos, nacidos en tiempos de la Revolución Mexicana, las letras de los corridos tumbados evocan episodios de una realidad conflictiva, incierta y violenta —la de la guerra contra el narcotráfico—, personificada a través de las historias de los líderes e integrantes de los cárteles de la droga. Las proezas y cualidades, a la vez reales e imaginarias, de estos personajes —sobre todo aquellas asociadas con el tráfico, el consumo de drogas, y la violencia contra los enemigos— han adquirido resonancia ante un público global gracias al ingenio narrativo de los jóvenes compositores de corridos. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn4" name="_ednref4">iv</a>
Estos últimos, como sugiere Natalia Mendoza, han sabido emparentar el deseo de movilidad social de una generación mayoritariamente precarizada con una versión estilizada del tráfico de drogas, patente en la equiparación entre marcas de lujo y las siglas de los cárteles. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn5" name="_ednref5">v</a> La equiparación no es forzada, pese a lo que pueda concluirse a partir del juicio moral; sino, hasta cierto punto, cercana a las dinámicas sociales que rodean a la economía ilegal.
En los contextos precarizados, violentos y marginalizados que enfrenta la juventud mexicana, la economía criminal se ha vuelto la única alternativa para asegurar medios de sustento y movilidad social que no existen en el ámbito formal, regulado por el Estado. La expansión del crimen organizado, como contraparte o suplemento del aparato estatal, está necesariamente vinculada con la persistencia de las condiciones estructurales que alientan el desarrollo de esta clase trabajadora de las economías ilegales —compuesta por pistoleros, narcomenudistas y pequeños traficantes—, cuya condición criminal, en contextos de alta violencia, provoca en ellos una peculiar familiaridad con la muerte, de la que también dan cuenta los corridos tumbados:
“Quizá fui un cualquiera 
Pero nunca del montón 
Y el que ahora me muera 
No me quitará ese don 
Bien, yo tuve la culpa 
Porque sabía que era mortal 
Pido una disculpa 
Por no atacar ese mal”. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn6" name="_ednref6">vi</a>
Finalmente, prohibir los corridos tumbados quizá tranquilice a la clase política, pero difícilmente hará desaparecer la violencia, el crimen o la desigualdad que les dan sentido. En todo caso, estas medidas confirman lo de siempre: cuando la realidad incomoda, es más fácil culpar al espejo que asumir el rostro. Los jóvenes compositores y consumidores de corridos, junto a la generación de traficantes y sicarios criminales a los que les cantan, son los hijos de ese mismo Estado que, incapaz de garantizarles una vida digna, ahora pretende silenciar las canciones que exhiben las consecuencias.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> El hecho de que los corridos tumbados hayan nacido como composiciones dirigidas fundamentalmente a un público local —incluso asociable con el México agrario y ranchero—, lejos del ánimo cosmopolita y tecnificado del centro capitalino, refuerza su condición contracultural, y vuelve aún más significativos los alcances globales que ha adquirido de la mano de la industria musical internacional.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref2" name="_edn2">ii</a> Quizás su único resultado destacable fue la creación del famoso etiquetado negro de “Parental Advisory Label” en 1985, que advierte sobre el contenido explícito de la música. Hay quienes afirman con razón que la etiqueta, lejos de cumplir su propósito de desincentivar el consumo, reforzó el espíritu contestario del hip hop, aumentando su atractivo cultural.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref3" name="_edn3">iii</a> Es llamativo que la presidenta Claudia Sheinbaum esté encabezando una campaña que promueve una suerte de “depuración moral” de los corridos tumbados, a la vez que el gobierno de Donald Trump lanza constantes acusaciones de cooptación o colusión del gobierno mexicano por los cárteles de la droga. La presión diplomática es, en ese sentido, el principal factor que parece motivar las diferentes modalidades de censura de los corridos tumbados en la actualidad.
<a href="#_ednref4" name="_edn4">iv</a> No es por ello extraño que una buena parte de estos corridos sean compuestos a modo de encargo directo por parte de algún “patrón” o “pesado” criminal: “El encargo de composiciones por parte de narcotraficantes forma parte de su consumo opulento y suntuario. La difusión de sus composiciones genera distinción, aceptación y mayor visibilidad en la vida cotidiana. Al solicitar narcocorridos, el narcotraficante ejercer, legitima y hace visible su poder.” Véase: Cesar Jesús Burgos Dávila, “¡Que truene la tambora y que suene el acordeón! Composición y consumo de narcocorridos en Sinaloa”, Nueva Sociedad, 2024.
<a href="#_ednref5" name="_edn5">v</a> El ejemplo quizás más conocido: “Me dicen TQM (te quiero mucho), cuando ven el BM (auto de lujo), repartiendo el queso (la droga) de JGL (Joaquín Guzmán Loera)”, de Fuerza Regida. Es el mismo ejemplo usado por: Natalia Mendoza, “Plebada Bélica”, Nexos, 1 de julio de 2023.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ednref6" name="_edn6">vi</a> La canción es “El día de los muertos”, de Alfredo Olivas.

Morir cantando: la política de los corridos tumbados

El pasado lunes 12 de mayo, el papa León XIV se reunió en el Vaticano con representantes de los medios de comunicación de todo el mundo, este es su primer encuentro formal con la prensa.
A los asistentes los invitó “a comprometerse en la realización de un tipo de comunicación diferente, que no busca el consenso a cualquier costo, no se reviste de palabras agresivas, no asume el modelo de la competición, no separa nunca la investigación de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla”.
Y añade que “la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en el que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás; y, en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental; debemos decir “no” a la guerra de las palabras y de las imágenes, debemos rechazar el paradigma de la guerra”.
El papa expresa que la Iglesia se solidariza “con los periodistas encarcelados por haber intentado contar la verdad, y por medio de estas palabras también pedir la liberación de los mismos. La Iglesia reconoce en estos testigos —pienso en aquellos que informan sobre la guerra incluso a costa de la vida— la valentía de quien defiende la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados, porque sólo los pueblos informados pueden tomar decisiones con libertad”.
Y dice que “el sufrimiento de estos periodistas detenidos interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional, pidiéndonos a todos que custodiemos el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa”.
A los periodistas les da las “gracias, por todo lo que han hecho para abandonar los estereotipos y los lugares comunes, a través de los cuales leemos frecuentemente la vida cristiana y la misma vida de la Iglesia. Gracias, porque han conseguido percibir lo esencial de lo que somos y transmitirlo al mundo entero gracias a los distintos medios de comunicación”.
El papa sostiene que “la comunicación, de hecho, no es sólo transmisión de informaciones, sino creación de una cultura, de ambientes humanos y digitales que sean espacios de diálogo y de contraste. Y, considerando la evolución tecnológica, esta misión se hace más necesaria aún”.
En su intervención finaliza, citando al papa Francisco, “desarmemos la comunicación de cualquier prejuicio, rencor, fanatismo y odio; purifiquémosla de la agresividad. No sirve una comunicación estridente, de fuerza, sino más bien una comunicación capaz de escucha, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz”.
Y remata “ustedes están en primera línea para describir los conflictos y las esperanzas de paz, las situaciones de injusticia y de pobreza, así como el trabajo silencioso de muchos en favor de un mundo mejor. Por eso les pido que elijan de forma juiciosa y valiente el camino de una comunicación para la paz”.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

El papa León XIV y los periodistas

El veganismo no es una práctica dietética, sino una <a href="https://vegan.org/about-veganism/" target="_blank" rel="noopener">postura ética y política que rechaza el especismo, es decir, la discriminación basada en la especie</a>. Sin embargo, los medios de comunicación han contribuido a distorsionar su significado, y lo han reducido a una simple elección alimentaria cuando, en realidad, implica un cuestionamiento profundo de las estructuras sociales, económicas y culturales que perpetúan la explotación y la opresión animal. Esta postura ética y política se fundamenta en el hecho indiscutible de que los animales no humanos son <a href="https://science.rspca.org.uk/sciencegroup/sentience" target="_blank" rel="noopener">seres sintientes, conscientes, autoconscientes de sí y con intereses propios</a>, lo que impugna su consideración como meros recursos para el beneficio humano.
Adoptar el veganismo implica, además de excluir de la dieta productos de origen animal, rechazar prácticas como la experimentación en animales, el uso de pieles y cueros, la caza, la pesca, incurrir en prácticas de <a href="https://wildwelfare.org/animals-in-tourism/" target="_blank" rel="noopener">zooturismo</a> y cualquier forma de entretenimiento que implique explotación animal. Más aún, <a href="https://filosofiavegana.blogspot.com/2020/08/sobre-la-definicion-de-especismo.html" target="_blank" rel="noopener">el veganismo se vincula con otros movimientos sociales al comprender que la opresión hacia los animales está conectada con otras formas de dominación, como el racismo, el sexismo y el clasismo</a>. Así, lejos de ser una simple tendencia alimentaria, busca una transformación estructural hacia modelos de convivencia más justos y sostenibles para todos los seres sintientes. En este sentido, cabe preguntarse: ¿a quién le conviene que el veganismo se reduzca a una simple dieta y no se reconozca ni visibilice como un movimiento que busca minimizar la violencia en todas sus formas?
El crecimiento del veganismo en los últimos años ha estado estrechamente ligado a una mayor preocupación por el bienestar animal. Gracias a la difusión de información a través de documentales, redes sociales y el activismo digital, cada vez más personas han tomado conciencia sobre las condiciones de explotación en la ganadería, en los laboratorios de experimentación y otras actividades económicas que utilizan animales. Las investigaciones en etología han demostrado que <a href="https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-animales/sintiencia-animal-o-la-capacidad-de-sentir-de-los-animales/" target="_blank" rel="noopener">muchos animales son seres sintientes con capacidad de experimentar placer, dolor y emociones complejas</a>, lo que ha llevado a cuestionar su uso como recursos para el consumo humano. En este contexto, el veganismo se ha convertido en una postura ética que rechaza la violencia y la explotación animal en todas sus formas, y promueve alternativas que respeten los <a href="https://www.animal-ethics.org/intereses-animales/" target="_blank" rel="noopener">intereses de los animales no humanos</a>. Sin embargo, con este crecimiento ha surgido un fenómeno preocupante: la <a href="https://www.vice.com/en/article/theres-a-term-for-hating-on-vegans-and-its-vegaphobia/" target="_blank" rel="noopener">vegafobia</a>, una animosidad irracional hacia las personas veganas que, lejos de ser una simple burla o desacuerdo, refleja tensiones culturales, sociales y psicológicas más profundas.
La vegafobia no se reduce a un conjunto de <a href="https://bitesizevegan.org/the-science-of-why-people-hate-vegans/" target="_blank" rel="noopener">comentarios despectivos hacia la gente vegana, o chistes repetidos sobre la sexualidad de quienes llevan una dieta basada en plantas</a>. Se trata de una reacción adversa que, en algunos casos, puede derivar en discriminación e incluso violencia. Desde el desprecio en reuniones sociales, hasta ataques en redes o acciones hostiles en espacios públicos, las personas veganas han sido objeto de rechazo simplemente por su postura ética y política. Pero ¿qué motiva esta animosidad? Uno de los factores clave es la disonancia cognitiva. El psicólogo social Hank Rothgerber ha estudiado cómo muchas personas experimentan lo que se conoce como la <a href="https://www.scientificamerican.com/article/meet-the-meat-paradox/" target="_blank" rel="noopener">&#8220;paradoja de la carne&#8221;</a>: la contradicción entre saber que el consumo de carne tiene impactos negativos en el medioambiente, la salud y el bienestar animal, y aun así continuar con esta práctica. Para aliviar esta tensión, algunos consumidores de carne minimizan la importancia de los argumentos veganos o los ridiculizan, con el fin de proteger su propio sistema de creencias sin tener que modificar sus hábitos.
Este mecanismo se refuerza con factores socioculturales. En muchas sociedades, el consumo de carne, además de ser un tema relativo a la nutrición, es un símbolo de estatus, masculinidad y pertenencia. <a href="https://scielosp.org/article/scol/2019.v15/e1843/" target="_blank" rel="noopener">Pierre Bourdieu, en su teoría del habitus, explica cómo nuestras prácticas alimentarias forman parte de nuestra identidad cultural.</a> Así, el veganismo no sólo desafía el consumo de productos animales, sino también cuestiona normas y valores profundamente arraigados, lo que genera incomodidad en ciertos sectores de la sociedad.
Además, los medios de comunicación han contribuido a la construcción de una imagen estereotipada del veganismo. Con frecuencia, se representa a los <a href="https://genv.org/es/vegan-myths/por-que-las-personas-veganas-siempre-fuerzan-sus-visiones-sobre-las-demas/" target="_blank" rel="noopener">veganos como moralistas intransigentes o extremistas que intentan imponer su visión a los demás.</a> Esta caricaturización ha llevado a que muchas personas rechacen el veganismo sin siquiera considerar sus argumentos. No obstante, hay que recordar que son los seres humanos quienes han impuesto su visión del mundo a los otros animales —el antropocentrismo— a partir de confinarlos, mutilarlos, mercantilizarlos y decidir por sus cuerpos y sus vidas. De hecho, la realidad es que la mayoría de las personas veganas simplemente busca vivir de acuerdo con sus principios sin forzar a nadie a hacer lo mismo.
Casos de vegafobia pueden encontrarse en distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde estudiantes que reciben burlas por llevar almuerzos sin carne, hasta profesionales que enfrentan dificultades para encontrar opciones veganas en eventos corporativos. La hostilidad hacia esta postura política se manifiesta de múltiples formas: algunas prácticas vegafóbicas incluyen la ridiculización constante del veganismo mediante chistes o estereotipos; la presión social para que las personas veganas consuman productos de origen animal bajo el argumento de que “un poco no hace daño”; la falta de opciones veganas en entornos laborales y educativos, así como comentarios despectivos o agresivos en redes sociales. En casos más extremos, se han registrado acciones provocativas como el incidente en <a href="https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jul/23/pro-meat-protesters-fined-eating-raw-squirrels-vegan-stall" target="_blank" rel="noopener">Londres en 2019, cuando dos individuos se pasearon por un mercado vegano con chalecos con mensajes anti-veganos mientras comían carne cruda de ardilla frente a los asistentes</a>. Asimismo, existen barreras institucionales que impiden el acceso a dietas aptas veganas en hospitales, prisiones y escuelas, lo que obliga a muchas personas a aceptar alimentos que van en contra de sus principios éticos.
La vegafobia no sólo es un problema de quienes la padecen directamente, sino un reflejo de una sociedad que se resiste al cambio, incluso cuando éste apunta hacia un modelo más ético y menos violento. Ante el sufrimiento animal en la industria alimentaria, el veganismo ofrece una alternativa que minimiza el impacto ambiental y promueve la justicia interespecies. Es momento de entender que la vegafobia no es una simple aversión personal, sino una barrera social que impide la construcción de un mundo más consciente y respetuoso con todas las formas de vida. Así como se ha avanzado en la lucha contra otras formas de discriminación, también debemos trabajar para desmantelar la violencia a la que se enfrentan las personas veganas en su día a día.
* Gino Jafet Quintero Venegas es doctor en Geografía por la UNAM, con un posdoctorado en Bioética. Actualmente es Investigador Asociado “C” del Instituto de Investigaciones Sociales en el área de Espacio social, cocoordinador del Seminario Permanente de Estudios Críticos Animales de la UNAM, y profesor de “Geografía y Ética” y “Temas Selectos de Biogeografía” en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.

Vegafobia: cuando el rechazo al veganismo es un reflejo social

Recientemente, <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/federales/candidata-ministra-corte-denuncia-piden-dinero-apoyo-fgr" target="_blank" rel="noopener">Animal Político reveló denuncias</a> sobre cómo el funcionario que quedó a cargo de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa “pasó charola” entre sus subalternos en el marco de las campañas judiciales en curso.
La notica se suma a los muchos desfiguros que hemos visto a lo largo de este absurdo proceso electoral. Candidatas que hacen campaña prometiendo honestidad pese a los graves señalamientos de plagio que pesan sobre sus hombros. Candidatos de cercanías cuestionables con las Fuerzas Armadas. Candidatas que buscan el respaldo corporativo de sindicatos charros. Candidatos que provienen de fiscalías que nunca funcionaron. Candidatas que se dan a conocer con videos frívolos dirigidos a obtener clicks. Candidatos vinculados a intereses económicos. Candidatas que por mejor prenda ofrecen una honradez personal, pretendidamente inigualable en cada caso.
Otros oprobios ocurren con menos visibilidad: poderes criminales que ya han ubicado los distritos electorales más relevantes para sus intereses —previsiblemente, aquellos donde se ubican los juzgados y tribunales federales en materia penal que más tramitan causas por delitos relacionados con la delincuencia organizada—; poderes empresariales con especial interés en cargos relacionados con materias asociadas a su actividad económica —telecomunicaciones, por ejemplo—; gobernadores y gobernadoras que aprovecharán las elecciones locales para terminar de controlar a sus poderes judiciales estatales.
Y es que, <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/reforma-judicial-plan-c" target="_blank" rel="noopener">como muchas voces lo anticipamos</a> con claridad en el momento oportuno, el propio diseño de la regresiva y precipitada reforma judicial genera lo que estamos viendo. Una reforma como la que aprobó de forma atribulada, en un contexto como el nuestro, necesariamente iba a desembocar en lo que hoy vemos y en lo que vendrá: una jornada electoral donde se alzarán con el triunfo quienes sean apadrinados por operadores políticos territoriales que movilizarán votantes a las casillas, aprovechando que el enredado proceso no incentivará una participación amplia e informada.
Aunque todas y todas deseamos una justicia más cercana a la gente y aunque sin duda para ello se necesitaban reformas en el Poder Judicial Federal —y también las fiscalías, hoy intocadas—, lo que tendremos después de junio serán poderes judiciales —el federal, pero también los locales— incluso más susceptibles que los actuales a sucumbir ante presiones políticas, económicas o de otra índole. Y cuando se les exija rendir cuentas o se los critique, se esgrimirá la inalcanzable altura de su mal entendida legitimidad democrática.
Si acaso, las campañas han servido para identificar los peores perfiles. Pero lamentablemente nada indica que esta información vaya a ser tenida en cuenta por un electorado que, respecto de lo judicial, parece ávido de mano dura y populismo penal, en reacción a los índices de impunidad que vive el país.
Es emblemático en este sentido el avance de la candidatura de uno de los aspirantes a integrar la Suprema Corte, pese a sus oscuros vínculos castrenses, su falta de trayectoria académica relevante, su papel como asesor legal de militares que cometieron crímenes atroces, su reivindicación pública de violaciones a derechos humanos, y su carácter de supuesto fundador de una asociación civil inencontrable como donataria autorizada. Que un perfil como este termine siendo abrazado por quienes dicen ser parte del espectro progresista es una tragedia que resume el sino de este malhadado proceso.
Pero no hay que engañarnos: el problema de la elección judicial que viene no es sólo la alta probabilidad de que algunos perfiles impresentables terminen teniendo la votación que, en un marco de desinformación y baja participación, resulte suficiente para triunfar en los comicios. El problema de fondo es que el modelo de jueces electivos propicia que esto ocurra periódicamente y que perfiles carentes de idoneidad adquieran cada vez más y mejores posiciones si les apoyan los operadores electorales. No basta con señalar a quienes más notoriamente representan intereses aviesos: es el propio diseño de la reforma lo que incentiva que a ras de tierra se pase charola, se opere políticamente para que se impongan los peores. Por eso ningún país del mundo ha elegido el modelo por el que malamente hemos optado aquí.
Además de señalar las candidaturas que representan riesgo a los derechos humanos, es fundamental no dejar de cuestionar el fondo del modelo. No desde una posición nostálgica del pasado ni mucho menos negando la realidad de una elección que ya es inminente, pero sí desde la convicción de que los malos diseños institucionales no tienen por qué preservarse a perpetuidad.
No alzar la voz, no señalar los desfiguros y la corrupción que propicia la elección judicial, y no advertir el socavamiento de instituciones básicas del Estado de Derecho por el propio diseño de la reforma, no es expresión de realismo y mucho menos de visión estratégica, sino más bien de resignación y condescendencia ante la erosión institucional, en tiempos donde más bien hay que apuntalar la resiliencia democrática.

Campañas para la elección judicial:  anticipo del retroceso que viene

Después de décadas con una de las jornadas más largas del mundo, México se prepara para dar un paso histórico: avanzar hacia una semana laboral de 40 horas. El anuncio oficial, hecho por el nuevo gobierno el pasado 1 de mayo, fija como meta el año 2030. Es un horizonte esperanzador, pero también un compromiso que no puede quedarse en el discurso.
Bajo la promesa de “devolver ocho horas a la semana y a los trabajadores”, el gobierno federal ha convertido esta reforma en una de sus banderas. Y aunque aún faltan detalles técnicos, el mensaje político es potente: el trabajo digno incluye también el derecho al descanso.
<h2>Menos horas, más vida</h2>
Durante años, millones de personas en México han trabajado jornadas excesivas, sin ver reflejado ese esfuerzo en su salud, en su calidad de vida o en su salario. Quienes laboran en maquilas, call centers, cadenas de producción o servicios saben que trabajar seis días a la semana deja poco espacio para cuidar hijos, atender enfermedades o simplemente descansar.
Reducir la jornada legal a 40 horas semanales sin bajar el sueldo no es un lujo: es una medida de justicia, y no es una idea nueva ni descabellada. Países como Bélgica y Japón han iniciado pruebas piloto con semanas laborales más cortas, demostrando que la productividad puede mantenerse o incluso mejorar si se garantiza el bienestar. En España, por otro lado, pequeñas empresas de tecnología ya aplican modelos de cuatro días laborales, con buenos resultados.
<h2>Un cambio que debe construirse con diálogo</h2>
Esta transición requerirá ajustes y acuerdos. No será suficiente con modificar la ley; hará falta voluntad de todas las partes. Por eso será clave el diálogo entre empleadores y personas trabajadoras para diseñar esquemas de horarios que funcionen en cada empresa, sin sobrecargas ni simulaciones.
Las personas trabajadoras no deben pagar el costo de este cambio. No puede permitirse que las ocho horas “liberadas” se recuperen con horas extra disfrazadas o con recortes de salario encubiertos. Esa trampa quitaría sentido a la reforma.
<h2>El reto está en los detalles</h2>
La meta del 2030 obliga a una planificación seria. ¿Cómo se implementará la medida en sectores con alta rotación o sin horarios fijos? ¿Qué tipo de acompañamiento recibirán las pequeñas empresas? ¿Qué papel jugarán los gobiernos estatales? ¿Habrá medidas para que también en el sector informal —donde trabaja más de la mitad del país— se empiece a reconocer este derecho?
La experiencia nos dice que las mejores reformas laborales se construyen con participación, no solo desde el poder. Hasta ahora, por ejemplo, muchos sindicatos grandes han permanecido al margen de esta discusión. Es hora de que se sumen y respalden este cambio con propuestas y vigilancia.
<h2>Desde CEREAL, lo decimos con convicción: el tiempo también es un derecho</h2>
Durante más de 25 años hemos acompañado a personas trabajadoras en sectores donde las jornadas largas y los turnos rotativos son la norma. Sabemos que el cansancio crónico, la ansiedad y el abandono del hogar no son problemas individuales, sino consecuencias directas de un modelo de trabajo que exprime cuerpos y tiempo.
La posibilidad de trabajar menos y vivir más no es una utopía. Es una exigencia razonable y alcanzable. Pero requiere compromiso, vigilancia y una voz activa de las personas trabajadoras. Que esta promesa no se quede en el archivo de reformas pendientes. Que se convierta en un verdadero parteaguas para quienes llevan años sosteniendo al país con jornadas que no dejan espacio para la vida. La cuenta regresiva ha comenzado.
* <a href="https://www.cereal.mx/" target="_blank" rel="noopener">Centro de Reflexión y Acción Laboral A. C.</a> es una organización que, desde el servicio de la Fe, la promoción y la formación de los derechos humanos laborales busca construir un mundo incluyente, hospitalario e igualitario, en donde se respete la dignidad de todas las personas y se promueve su desarrollo humano integral. Proporcionan servicios gratuitos de asesoría legal, formación y organización en la promoción y defensa de los derechos humanos laborales a toda persona trabajadora que lo requiera, así como la formación de personas promotoras y defensoras de derechos humanos laborales.

Las 40 horas: por fin, tiempo para vivir

El 30 de abril la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, les comunicó a los trabajadores del CONEVAL que ese era su último día laboral. Salvo unas 10 o 12 personas que se quedarán para liquidar la institución, las más de 170 personas dejarán de trabajar. A pesar de que todavía no hay una ley secundaria aprobada que indique qué sucederá exactamente con las funciones del CONEVAL, se decidió dar por terminada a la institución.
Así que otra vez toca hablar del CONEVAL. México y el mundo están llenos de noticias; ni a México ni al mundo nos está yendo bien, pero me parece que también hay que hablar de estas noticias que se pueden perder en esta vorágine informativa. Y la razón de hacerlo es que hace más de 20 años era importante hablar del CONEVAL y de otras instituciones que surgieron cuando la sociedad, especialmente los partidos de oposición exigieron que hubiera contrapesos al tradicional poder presidencial.
Casi por 70 años, en la época hegemónica del PRI, no había oportunidad de exigirle cuentas al presidente y no siempre el gobierno le decía la verdad a la población. El legislativo y los gobernadores estaban alineados al presidente. Pero desde 1997 (y hasta 2018) las cosas cambiaron pues la oposición ya pudo exigir y el ejecutivo no tuvo más que acatar y reconocer lo que está implicado en la Constitución desde hace mucho: el poder absoluto en el presidente no se traduce en buen gobierno ni en libertades. La democracia tiene sentido. Pero especialmente tiene sentido que los gobiernos recuerden que todo lo que gastan (en sus quincenas, en sus grandes proyectos, en sus programas sociales, en su propaganda, en sus coches, en sus micrófonos), lo pagan con el dinero de todos los mexicanos. Que a nadie se le olvide que quien está en el gobierno es empleado de quienes pagamos impuestos, es decir, de todas y todos.
Así que sí vale la pena, como lo plantearon el PRD, el PRI, el PAN, el Verde, el PT en 2004, analizar con claridad cómo es que el gobierno gasta y qué resultados tiene la política social. ¿Los programas son electoreros o en verdad amplían el acceso efectivo a los derechos que señala la Ley General de Desarrollo Social? El gobierno en México ha sido juez y parte y por tanto los partidos de oposición exigieron tener instancias ajenas a los vaivenes políticos que nos digan la verdad y no lo que el señor presidente quiera escuchar. Por esa razón los políticos pedían que hubiera un CONEVAL. Por eso muchos de quienes hoy están en Morena y votaron por desaparecer el CONEVAL en meses recientes, pensaban diferente en 2004 y votaron por la existencia de CONEVAL. Antes estaban del otro lado de la mesa. Ahora son poder y ese poder no permite que le señalen muchas verdades. Antes eran cantineros y hoy que son usuarios del otro lado de la barra, piensan diferente.
Quienes fueron despedidos el 30 de abril del CONEVAL merecen un aplauso de pie por parte de la sociedad mexicana. Siempre se pusieron la camiseta para entregar la mejor evidencia no para molestar, sino para mejorar lo que hacían los gobiernos. Nuestros impuestos y lo que les pagamos a los que gobiernan son para que mejoren lo que hacen: ampliar las libertades de la sociedad. Quienes trabajaban en el CONEVAL hicieron todo lo posible por mostrar qué funcionaba bien y qué se necesitaba cambiar para que el gobierno hiciera un mejor trabajo, especialmente para los más pobres. Este gobierno no quiso seguir oyendo. Espero que esos héroes al menos reciban una liquidación conforme a la ley.
Pero hay cosas qué hacer. Quienes seguimos pensando que la sociedad y el gobierno requieren la mejor evidencia para gobernar con transparencia seguramente estaremos trabajando para que volvamos a tener una instancia que nos diga por dónde vamos en lo social. No para confrontar, pero sí para contrastar lo que los gobiernos hagan y, con suerte, que esta información les sea eventualmente de utilidad para tener mejores resultados. De una forma o de otra habrá un CONEVAL otra vez. Así se sigue construyendo la democracia, aunque se esté cayendo.

El CONEVAL, otra vez

Nada más poderoso que la maternidad politizada.
No la maternidad idealizada, romantizada, convertida en postal de flores y electrodomésticos cada 10 de mayo, y que sólo se nombra y reconoce una vez al año.
Me refiero a esa maternidad que toma las calles, las plazas, los desiertos, los tribunales, los rincones que pocas personas se atreven a pisar.
La que levanta alto fotos de hijas e hijos desaparecidos para nombrarlos y que los vean, la que cava con sus propias manos fosas clandestinas, la que confronta e increpa al Estado. Esa maternidad incómoda que no cabe en la narrativa oficial y que se ha convertido  en una forma radical de resistencia, en un “no me olviden”, en un “no nos callaremos ni contarán con nuestro silencio”.
En México, las Madres Buscadoras -sí, así con mayúsculas- encarnan esta resistencia. En un país con más de <a href="https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/las-desapariciones-en-mexico-siguen-sin-ser-una-prioridad-balance-ciudadano/" target="_blank" rel="noopener">121 mil personas desaparecidas</a>, estas mujeres han sido quienes han encontrado los cuerpos que las autoridades no buscan y cuya existencia se niegan a reconocer. Armadas con palas, varillas, decisión y amor feroz, recorren el país rastreando desiertos, cerros, basureros y la geografía del desconsuelo. Su activismo ha sido clave para visibilizar una crisis de derechos humanos que el gobierno ha minimizado. Ni López Obrador el sexenio pasado ni Claudia Sheinbaum han sido capaces de mirarlas a los ojos. No, no llegaron todas, claramente ellas no. Pero el mundo es otra cosa: organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sí.
Esta lucha, lamentablemente, no se vive solamente en México.  En distintas latitudes y en la historia reciente, las madres han sido el corazón de resistencias profundas frente a la violencia, la desaparición forzada, la guerra o la represión. La maternidad, cuando se cruza con la injusticia, se convierte en movimiento político.
En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a marchar en 1977, en la dictadura militar de Videla, para exigir la aparición con vida de sus hijas e hijos desaparecidos y después para establecer quiénes fueron responsables de crímenes de lesa humanidad. Sus rondas semanales en la plaza se convirtieron en símbolo global de la dignidad. Están también las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes buscaron localizar y restituir a sus legítimas familias a los bebés y niños robados por la dictadura militar.  La maternidad se convirtió en una trinchera contra el olvido.
En Colombia, las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Madres_de_Soacha" target="_blank" rel="noopener">Madres de falsos positivos de Soacha y Bogotá</a> denunciaron las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes presentados como guerrilleros durante el gobierno de Alvaro Uribe. Su lucha rompió el silencio institucional y la invisibilización del hecho y forzó investigaciones que aún hoy están lejos de hacer justicia.
CoMadres es el nombre del comité de madres y parientes de desaparecidos políticos en  El Salvador durante la guerra civil y cuya fundación fue apoyada por el arzobispo Oscar Romero. Es muy probable que estemos presenciando, sin saberlo, el surgimiento de <a href="https://elpais.com/internacional/2023-06-10/madres-a-la-fuerza-el-impacto-silencioso-del-regimen-de-excepcion-en-el-salvador-de-bukele.html" target="_blank" rel="noopener">otro movimiento de madres defensoras</a> y buscadoras en el país ante las detenciones y violaciones de derechos humanos del gobierno actual de Bukele. No se han cerrado las heridas de la impunidad previas cuando se están abriendo nuevas.
En América Latina la realidad de las madres buscadoras es una constante y <a href="https://www.amnesty.org/es/projects/mujeres-buscadoras-en-las-americas/" target="_blank" rel="noopener">es la región</a>, de acuerdo con Amnistía Internacional, con más defensoras y defensores de derechos humanos desaparecidos en el mundo.
Europa no ha estado exenta de madres que convirtieron su duelo en lucha. Las<a href="https://news.un.org/es/story/2023/07/1522737" target="_blank" rel="noopener"> Madres de Srebrenica en Bosnia-Herzegovina</a> han exigido justicia por la masacre de más de 8,000 hombres y niños musulmanes bosnios en 1995 y por los abusos y violaciones sufridas por las y los sobrevivientes de ese genocidio. Más de 5,500 menores quedaron sin uno o dos de sus progenitores. Se constituyeron como asociación en 2002 y desde esa fecha no han dejado de buscar personas desaparecidas y fosas comunes, apoyando a los supervivientes y buscando justicia.
En Francia ha surgido otro movimiento político detonado por las madres racializadas e inmigrantes: el <a href="https://www.eldiario.es/desalambre/fatima-ouassak-madres-racializadas-unirnos-acabar-racismo-sufren-hijos_128_12091411.html" target="_blank" rel="noopener">Frente de Madres</a> que buscan defender a sus hijas e hijos que son objeto de violencia, racismo y abuso y apuestan por su derecho a una vida digna. La líder de este movimiento es Fátima Ouassak.
En América del Norte, más allá de México, también han sido las madres quienes han dejado de callar para hacer visible el abuso que han vivido sus hijas e hijos en Estados Unidos y Canadá. Desde <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57369709" target="_blank" rel="noopener">1863 hasta 1998, más de 150.000 niños indígenas de las Primeras Naciones, Metis e Inuits, </a>fueron separados de sus familias y llevados a internados estatales dirigidos por la Iglesia Católica en Canadá, como parte de la política para “asimilarlos a la cultura” y en ellos se les prohibía hablar su idioma o practicar su cultura y fueron objeto de abuso físico, emocional y sexual. El abuso se hizo evidente cuando en 2021 se encontraron los restos de 215 niños en una fosa común que formaban parte del estudiantado de una de esas instituciones, hallazgo que se sumó a las 1000 tumbas sin marcar que habían sido encontradas en los antiguos internados. Una de las figuras visibles de esta lucha es una de las sobrevivientes: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Phyllis_Webstad" target="_blank" rel="noopener">Phyllis Webstad</a>.  A esto se le llama genocidio cultural y muchos de esos pequeños siguen desaparecidos. Por si esto no fuera suficiente, las <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/ced9w2zj1x3o" target="_blank" rel="noopener">Madres Mohawk</a> están luchando por hacer visible y encontrar a los hijos que les fueron arrebatados para llevar a cabo un experimento de la CIA en la década de los sesenta.
En Estados Unidos, madres como <a href="https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/sybrina-fulton-madre-trayvon-martin-hizo-falta-le-pegaran-tiro-hijo-pusiera-pie_128_7215741.html" target="_blank" rel="noopener">Sybrina Fulton</a>, madre de  Trayvon Martin, y <a href="https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Gwen_Carr?_x_tr_sl=en&amp;_x_tr_tl=es&amp;_x_tr_hl=es&amp;_x_tr_pto=tc" target="_blank" rel="noopener">Gwen Carr</a>, madre de Eric Garner, aunque con décadas de diferencia, se convirtieron en referentes del movimiento Black Lives Matter tras el asesinato de sus hijos. En un caso por violencia policial, en otro, a manos de un vecino. La búsqueda de justicia, como el amor materno, no conoce fronteras.
En Turquía están las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Madres_de_los_s%C3%A1bados" target="_blank" rel="noopener">Madres de los sábados</a>, quienes desde 1995 se reúnen semanalmente para exigir justicia por sus familiares desaparecidos en los años 80 y 90 y las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Madres_de_la_Paz" target="_blank" rel="noopener">Madres de la Paz o de  Diyarbakir</a>, madres  kurdas que desde 2019 protestan acusando al movimiento guerrillero PKK de reclutar o secuestrar a sus hijos.
La lista no para: madres en Israel, Palestina, Siria, Bangladesh, China buscando a sus hijas e hijos desaparecidos o secuestrados.
En África, han sido mujeres como las <a href="https://qmpgh.org/" target="_blank" rel="noopener">Reinas Madre en Ghana</a> quienes han trabajado en la promoción de los derechos de las mujeres y la infancia, así como en la prevención del VIH/SIDA y el apoyo a niñas y niños huérfanos.
El mundo está en deuda con estas madres.
No sólo por su capacidad de transformar el dolor en fuerza, sino porque han hecho por los derechos humanos lo que muchos gobiernos no se han atrevido o no han querido hacer: buscar, nombrar, visibilizar, exigir.
Son la palabra viviente de una memoria que se niega a desaparecer. Sus voces son las que han sacudido los cimientos de democracias fallidas, guerras silenciadas y políticas de olvido.
En el Día de las Madres, las flores no son suficientes.
Hacen falta memoria, justicia y verdad.

Donde el gobierno calla, las madres hablan

Por primera vez en la historia -al menos, reciente-, el gobierno mexicano entregó a 29 personas al gobierno de Estados Unidos, acusadas por delitos de narcotráfico, sin seguir el procedimiento previsto en el tratado de extradición vigente entre ambos países ni respetar el derecho de estas personas a la protección judicial. Esta acción, realizada al margen de las facultades constitucionales de la presidenta, sin filtros judiciales ni salvaguardas procesales, abre horizontes jurídicos alarmantes y plantea interrogantes de fondo: ¿Qué implica que el Estado mexicano no respete abiertamente un tratado internacional? ¿Qué modelo de justicia se está privilegiando?
El hecho ocurre en un contexto profundamente delicado. El presidente Donald Trump en su primer día de mandato firmó órdenes ejecutivas que reviven la lógica más punitiva y unilateral, entre ellas la declaratoria de emergencia nacional y la introducción de un procedimiento para designar a cárteles de narcotráfico —entre ellos, cárteles mexicanos— como organizaciones terroristas. Esta designación permitiría a Estados Unidos juzgar a presuntos miembros de estos grupos bajo una lógica antiterrorista que amplía su jurisdicción extraterritorial y abre la puerta a sanciones como la cadena perpetua y la pena capital, que en México han sido abolidas.
Mientras que en México el discurso oficial habla de la necesidad de mantener una cooperación bilateral en seguridad basada en el respeto mutuo y a la soberanía nacional, esta entrega exprés contradice dichos principios. Desde una perspectiva de derechos humanos, el caso pone en evidencia cómo el discurso soberanista se debilita cuando un Estado acepta entregar a personas ciudadanas o residentes sin respetar su legislación interna, las reglas pactadas en un tratado internacional y sin garantizarles los derechos a la protección judicial y al debido proceso. Esta práctica también pone de manifiesto lo endebles que son las instituciones mexicanas de justicia; tanto, que pueden llegar a ser prescindibles, lo cual pone en riesgo los derechos de las víctimas y de cualquier persona que enfrente algún proceso legal en sede nacional.
<h2>Justicia incompleta para las víctimas</h2>
El problema central no solo es la forma, sino el fondo: muchas de estas personas no solo tienen una amplia trayectoria relacionada con el mercado ilícito de drogas, sino también del ejercicio de la violencia, que incluye graves violaciones a derechos humanos cometidas en territorio mexicano, como masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.  <a href="https://elementaddhh.org/extraditar-la-verdad-mexico/" target="_blank" rel="noopener">La historia demuestra</a> que los juicios en Estados Unidos contra personas involucradas en delincuencia organizada y carteles de la droga rara vez se enfocan en este tipo de crímenes. Lo que más interesa son las rutas, los cargamentos, las redes de lavado y la velocidad para conseguir condenas.
La entrega exprés de personas requeridas por Estados Unidos no sólo plantea dudas sobre el respeto a los tratados y al debido proceso, también debilita la posibilidad de garantizar verdad y justicia para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en México. Al priorizar los intereses de otro Estado sin considerar las causas abiertas ni a las víctimas en territorio nacional, el gobierno mexicano desvía su ya limitada capacidad institucional para responder a su propia crisis de impunidad. Este tipo de prácticas implica destinar recursos, tiempos y decisiones judiciales en función de exigencias externas, mientras en el país persiste la deuda con quienes exigen justicia por graves violaciones a derechos humanos. Lejos de fortalecer el Estado de derecho, esta forma de colaboración refuerza la desigualdad en el acceso a la justicia y perpetúa la ausencia de verdad en los casos que más lo requieren.
Esta lógica de cooperación se agrava si se considera que el sistema de justicia estadounidense —tan aclamado en ciertos sectores— también está lejos de otorgar justicia y verdad para casos de violaciones graves a derechos humanos. El reciente anuncio sobre un <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/ovidio-guzman-culpable-eu-delitos" target="_blank" rel="noopener">acuerdo de Ovidio Guzmán con los fiscales estadounidenses</a> para declararse culpable de narcotráfico a cambio de beneficios judiciales, ilustra cómo este sistema prioriza condenas rápidas y acuerdos de culpabilidad en lugar de investigar a fondo los patrones de violencia y las redes criminales. Al permitir acuerdos sin un proceso que reconstruya adecuadamente la magnitud de crímenes y violaciones a derechos humanos, el sistema estadounidense refuerza una estructura punitiva que evade el esclarecimiento de casos complejos. Este modelo beneficia a un sistema de prohibición que alimenta la narrativa de combate a las drogas y fortalece a las instituciones creadas para sostenerla. Así, el castigo justifica la ilegalidad en los procesos penales y judiciales y reemplaza al esclarecimiento, la supuesta eficiencia se impone sobre la rendición de cuentas.
En ese sentido, lo que se presenta como un avance en la cooperación bilateral es en realidad una pérdida de la soberanía donde los derechos de las personas no son protegidos, sino que se vuelven negociables al servicio de la narrativa de la guerra contra las drogas. Ambos países eluden su deber de construir procesos, mecanismos o instituciones que garanticen verdad y justicia. Las víctimas mexicanas no conocerán la verdad, ni verán justicia por las transgresiones que más les afectaron, pues ni el sistema de justicia mexicano ni el estadounidense están diseñados para ello, tampoco han mostrado que sea una prioridad.
<h2>Un precedente peligroso</h2>
Este episodio marca un precedente peligroso. No solo se trata de las 29 personas entregadas, sino del nuevo horizonte legal que se empieza a delinear: por un lado, México cede su soberanía judicial a cambio de cooperación selectiva -donde el derecho internacional, la protección judicial y las garantías del debido proceso no son respetadas-, toda acción queda al arbitrio dependiendo del contexto político y las presiones del Estado vecino. Por el otro, esa cooperación selectiva implica que se privilegian intereses políticos y económicos sobre el marco constitucional y los derechos humanos.
Además, no se observa reciprocidad en las dinámicas de cooperación, pues mientras México extradita de forma exprés a personas requeridas por delitos de alto perfil, <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/eu-transferencia-internos-mexico-fentanilo" target="_blank" rel="noopener">Estados Unidos regresa a individuos</a> sin relevancia estratégica. Esa asimetría revela una preocupante disposición del gobierno mexicano a supeditar principios fundamentales y perfila un nuevo arreglo informal, donde las reglas del derecho internacional y las garantías constitucionales dejan de ser pilares intocables para convertirse en fichas negociables. Bajo esta lógica, la cooperación en seguridad deja de ser un ejercicio de coordinación entre pares y se transforma en un mecanismo que refuerza jerarquías, reproduce arbitrariedades y normaliza decisiones que instrumentalizan a las personas en función de prioridades externas.
La justicia no puede reducirse a los intereses políticos y económicos internacionales ni a la política criminal de Estados Unidos, que solo lleva a condenas expeditas en ese país. Desde México se debe tomar conciencia de los efectos adversos que tienen estas decisiones en los derechos de las víctimas de la delincuencia organizada y construir mecanismos que atiendan las demandas históricas de estas.
* Roberta Cortes Ruiz es abogada, acompañante sociojurídica e investigadora en @ElementaDDHH. Isaias Pablo Tolentino (<a href="https://x.com/ispabt" target="_blank" rel="noopener">@ispabt</a>), internacionalista por la UNAM e investigador de política de drogas en <a href="https://x.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH.</a>

Lo que deja en el aire la entrega de 29 personas a Estados Unidos

No todo será la elección judicial el próximo 1º de junio. En Durango y Veracruz, los partidos políticos se jugarán el poder en 251 municipios; además de cuatro presidencias municipales de Puebla, donde se celebran elecciones extraordinarias.
Salvo una elección legislativa en Coahuila en 2026, éstas serán las últimas elecciones ordinarias en las que los partidos compitan, antes de la gran cita electoral de 2027.
En estas elecciones, Morena y sus partidos aliados buscan mantener la racha ganadora de 2024, conservar Veracruz y arrebatarle Durango a la oposición, donde PRI-PAN lograron uno de sus últimos triunfos en 2022.
Por su parte, los partidos de oposición encuentran en esta cita la oportunidad de mostrar signos de recuperación, luego de su debacle en las elecciones federales y locales del año pasado.
Además, el diseño de la reforma judicial obligará a la autoridad electoral a instalar casillas para la elección judicial y, aparte, casillas para la elección municipal. Esto, debido a que los partidos políticos compiten y pueden tener representantes en las elecciones municipales, pero no en las de cargos judiciales.
Es decir, en estos dos estados ocurrirá una de las mayores excentricidades generadas por la reforma aprobada por el oficialismo: los electores deberán ir a dos centros de votación distintos en la misma jornada.
Lo que ocurra en Durango y Veracruz podrá ser un laboratorio que lleve al gobierno, al Poder Legislativo y al Instituto Nacional Electoral a reflexionar sobre la conveniencia del absurdo modelo aprobado en la reforma judicial, que obligaría a poner dobles casillas en todo el país en 2027, cuando habrá elecciones judiciales, elecciones federales legislativas y elecciones locales en las 32 entidades.
<h2>Veracruz, un estado clave para Morena</h2>
De las dos entidades, Veracruz es la que más peso político y simbólico tiene, pues es la cuarta entidad del país con más electores.
En total, 6 millones 30 mil 228 veracruzanos están convocados para elegir 212 presidencias municipales.
El estado es gobernado desde 2018 por Morena y se ha convertido en una de las principales reservas de votos para la llamada “cuarta transformación”.
En 2024, Morena retuvo la gubernatura pese a la mala fama pública del gobernador Cuitláhuac García y a los señalamientos en contra de la entonces candidata Rocío Nahle, zacatecana de nacimiento y con un controvertido paso por la Secretaría de Energía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La hoy gobernadora ganó con 2 millones 145 mil votos, y su estado aportó 2 millones 294 mil sufragios a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
La coalición lopezobradorista ganó en las últimas elecciones municipales 155 de los 212 municipios, por lo que hoy Morena gobierna 130, el Partido Verde 17, el PT 6 y Fuerza por México 2.
Sin embargo, en las elecciones de este 2025 el PT decidió romper con la coalición, que esta vez sólo estará conformada por Morena y el PVEM.
Los petistas decidieron ir solos por la negativa de la dirigencia local de Morena a otorgarle suficientes candidaturas.
Del lado de la oposición tampoco pudo fraguarse una alianza total, como la de 2024, que le dio a Xóchitl Gálvez 808 mil votos.
El PAN, que gobernó durante dos años (2016-2018) luego de la caída del PRI y el escándalo del exgobernador Javier Duarte, y que en 2024 cedió la candidatura al priista José Yunes, decidió separarse del PRI y tratar de conquistar por sí mismo los 12 municipios que tiene actualmente, entre los que destacan Boca del Río y Veracruz.
El blanquiazul llega debilitado, pues en los últimos años su eficacia electoral dependía del exgobernador Miguel Ángel Yunes y su hijo Miguel Yunes, quienes hicieron una alianza con Morena en el Senado.
Aunque los morenistas locales no han aceptado que los Yunes se afilien al partido, está claro que no operarán a favor del PAN en estas elecciones.
<h2>Durango: bastión priista</h2>
En Durango la situación es distinta. Es uno de los ocho estados que aún gobierna la oposición a Morena y uno de los dos que aún gobierna el PRI (el otro es Coahuila).
Aunque en 2022 el priista Esteban Villegas ganó la gubernatura en una alianza PRI-PAN-PRD, Durango está lejos de ser un bastión priista.
En la elección de gubernatura, la diferencia entre Villegas y la candidata de Morena, Marina Vitela, fue de apenas cien mil votos y, dos años después, en las presidenciales, Durango otorgó a la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, apenas 226 mil votos, mientras que 402 mil duranguenses votaron por Claudia Sheinbaum.
A nivel municipal, Morena gobierna 15 de los 39 municipios, el PVEM 2 y el PT 1, mientras que el PRI gobierna 9, el PAN 6 y el PRD 5.
La fuerza del PAN y PRI radica en gobernar Durango y Gómez Palacio, los dos municipios más poblados e importantes, y por ello decidieron mantenerse juntos en la contienda de 2025 a través de la figura de candidaturas comunes.
Por su parte, Morena, PVEM y PT decidieron mantenerse unidos para buscar los 39 ayuntamientos.
Con un millón 400 mil electores registrados, Durango tiene un peso menor en la votación nacional, pero Morena ha decidido enfocar sus baterías para lograr una victoria simbólica, arrebatándole al PRI uno de los dos bastiones que le quedan.

Las batallas municipales de 2025

En esta sexta conversación con el doctor y general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1949), que fuera subsecretario de la Sedena, continúa desarrollando el tema de la Seguridad interior, que considera no ha sido tratado en forma adecuada por el actual gobierno federal.
Sostiene que “la Guardia Nacional para México se encuentra legislada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917 (artículos 10°, 31°, 35°, 73°, 88° y 89°), y ya fue aprobada la ley que le da vida a esta organización, pero no en los términos de su concepción original ni para cumplir las funciones que debiera asumir”.
En su versión, “este es el problema actual, toda vez que el efecto real de dicha organización resultó ser un elemento disruptivo, en lugar de una solución”. Y para él las acciones que el Estado mexicano deben emprender, para garantizar la Seguridad interior son ocho:
&#8220;1) Actualizar la ley de Seguridad nacional, con el fin de incluir con todo detalle, apegado a derecho y velando siempre por la preservación de los derechos humanos, la creación de la Gendarmería (no solo de nombre, como hoy sucede) o el cuerpo armado que se determine, y la eventual participación de las Fuerzas Armadas como último recurso.
2) Revisar y actualizar la ley de Seguridad interior vigente, para evitar los excesos que hoy contiene en cuanto a problemas tanto legales como de jurisdicción, que atribuyen demasiada libertad de acción a algunos de sus principales actores, incluido el Ejército.
3) Activar la Gendarmería o crear el cuerpo requerido para la atención de este ámbito (Seguridad interior), dependiente de la Secretaría de Gobernación, o de la Defensa Nacional, o de los gobiernos estatales, según se determine más conveniente, lo cual se desarrollaría en un período de maduración calculado en aproximadamente seis años, para un efectivo estimado de 45 000 plazas, con un costo a mano alzada de $30,000,000,000.00 (cantidad que se debe actualizar). Este sería un proyecto para desarrollarse por separado.
4) Crear el protocolo normativo para ratificar un antagonismo como riesgo o amenaza para la Seguridad interior. Lo anterior se haría a propuesta de los gobiernos estatales, con ratificación del Senado. Considerando, asimismo, la reacción automática para casos de urgencia. Esta es otra tarea que deberá ser detallada por separado, con participación del Senado.
5) Explicitar en la norma correspondiente, que toda actuación del Estado para garantizar la Seguridad interior deberá realizarse con absoluto respeto a los derechos humanos, al pacto federal y a los diversos ámbitos jurisdiccionales.
6) Crear la asignatura de Seguridad interior en todo doctorado, maestría, licenciatura, seminario o diplomado que tenga como objetivo general, que los funcionarios públicos conciban, preparen y conduzcan las acciones necesarias para garantizar dicha condición, y con ello el estado de derecho requerido para cumplir con el mandato general de la carta magna. Ello en virtud de que, en la actualidad, la mayoría no conoce el concepto, ni sus implicaciones para la seguridad nacional, como condición a la que deben coadyuvar.
7) Con respecto a lo anterior y a manera de ejemplo, podemos mencionar que en Estados Unidos de América se prohíbe expresamente la actuación de sus Fuerzas Armadas en territorio nacional propio, debido a los potenciales daños colaterales y a otras consideraciones del derecho internacional. Cuentan para atender dichos antagonismos (mantener el orden interno) con la Guardia Nacional.
8) México en cambio, no ha creado a la institución que debiera realizar dicha tarea, como pudiera ser una Guardia Nacional al estilo de la de Estados Unidos de América; una Policía Nacional como las del Perú, Colombia y Bolivia; una Gendarmería similar a la de Francia; un Cuerpo de Carabineros como en Chile; una Guardia Civil semejante a la de España, o como se le quiera denominar al cuerpo armado destinado a tan estratégica labor”.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Las acciones para garantizar la seguridad interior

El domingo marcharon las madres buscadoras. Era 10 de mayo, como cada año los últimos 13 años. Marchan porque “el 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”. Marchan apretando con las manos sus pancartas, unas manos agotadas que pasan de sostener las fotos de quienes les faltan, a cargar palas y picos, a limpiar lágrimas, a apretar puños hasta caer desplomadas.
Marcharon, como siempre, solas. Casi solas. Solas de otras madres ocupadas en celebrar con quienes no les han sido arrebatados, pensando que nadie les podrá ser arrebatado. Solas de otros hijos que acompañan en festejos a sus madres que no tienen que buscar a nadie. Solas de un gobierno que no solo niega su necesidad de búsqueda, sino que las incrimina por buscar. De un gobierno que no las cuida, que no las ve, que finge oírlas, que les pide que revisen leyes y propongan cosas que, ojalá me equivoque, no serán escuchadas ni incorporadas a las agotadoras propuestas de ley.
Entre las mantas de desaparecidos había una larga muy larga con las fotos de quienes se han muerto buscando. Se han muerto víctimas también de la violencia, esa violencia directa que va a sacarlas de su casa para matarlas a tiros. Se han muerto de esa violencia indirecta de tener que ser ellas quienes suspendan la vida para hurgar la tierra con picos que se han vuelto ya demasiado pesados. Se han muerto porque nadie las cuida y su salud se escurre mientras arrastran los pies marchando, esperando a veces encontrar una certeza para poder dejar de buscarles y esperando otras no encontrar a nadie para no tener que perder también la esperanza de encontrarles.
¿En qué momento deja el mal de ser banal? ¿En qué momento tener otros datos, negar la realidad -e inventar una historia que la sustituya- como en Teuchitlán y decenas de casos y lugares en el país o aludir que son casos aislados deja de ser banal para convertirse en una responsabilidad inescapable? ¿En qué momento se atraviesa la frontera de la banalidad hacia la culpa?
El terreno de la banalidad en México parece abarcar casi todo el territorio nacional, los distintos niveles de gobierno, los sectores y actores corresponsables. Abarca desde la indiferencia imperante hasta el cinismo rampante, el “no es conmigo”, el “sí, pero ellos son peores”, el “no sabía”, el “ahorita se les olvida”, el “solo buscan desprestigiarnos”. Y llega hasta al “eso les pasa por buscar a sus desaparecidos”, “les agarró un fuego cruzado”, “seguro andaban en malos pasos”, “la violencia va a parar cuando el narco decida detenerla”.
En la década de los sesenta, Hannah Arendt publicó su libro “Eichmann en Jerusalén”. Para sorpresa y disgusto de muchos, entre ellos varios de sus mejores amigos, Arendt dibujaba a un Eichmann mediocre, insulso, incapaz de ejercer ni mostrar un ápice de conciencia o racionalidad. Un Eichmann que asesinó a miles de judíos bajo la consigna de “yo solo cumplía órdenes” o “¿en realidad matar matar, lo que se llama matar? Yo no maté a nadie”. A esa renuncia a la conciencia, Arendt la llamó la banalidad del mal.
Pensar que el mal es banal en un país en el que la violencia estructural, la corrupción y la impunidad alcanzan niveles indignantes, adquiere un carácter especialmente perturbador. No, no es banal un país donde la injusticia se perpetúa no tanto por la acción directa del mal, sino por la omisión sistemática, la indiferencia y la complicidad pasiva (aunque en el caso de muchos gobiernos está lejos de ser omisa, pasiva e indirecta).
El mal deja de ser banal cuando pasa de ser un ejercicio de obediencia irreflexiva a convertirse en una estructura sostenida por decisiones conscientes, aunque despersonalizadas. Como señala Bauman en “Modernidad y Holocausto”, la burocracia moderna permite que el mal se disperse, se diluya en funciones, y que nadie se sienta verdaderamente responsable.
No me resigno a excusar al Estado mexicano de complicidades, negligencias, negaciones o a los distintos sectores de la sociedad de indiferencias profundas ante el dolor y la injusticia que padecen tantos en el país.
Más de 125,000 desaparecidos suman en los últimos 19 años de gobiernos de todos los colores, incluido el que está en curso. Más de 500,000 homicidios, aunque las cifras se traten de maquillar. Si cada muerto, cada desaparecido afecta a un mínimo inmediato de 5 familiares, tenemos a más de tres millones de personas atravesadas de manera directa por la violencia en México. Si a eso sumamos los desplazamientos forzados, la violencia estructural, la falta de acceso a medicamentos, la negligencia corrupta de quien ocupa un puesto para el que carece de credenciales, no acabamos nunca.
Frente a esta realidad, la banalidad del mal se queda corta y deja de ser una explicación suficiente. Esta ceguera que nos blinda de la interpelación del otro, del otro que sufre y exige justicia, esta sordera que nos deja en los festejos, en las prisas de la vida, a años luz de ser tocados y, sobre todo, movidos por la indignación moral. Esta impavidez que nos impide levantarnos del asiento, tomar las calles y no dejarlas hasta no haber exigido al gobierno una paz con justicia, memoria y verdad.
* Ana Paula Hernández Romano (<a href="https://x.com/ensusmarcas" target="_blank" rel="noopener">@ensusmarcas</a>) es coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz.

El 10 de mayo o la banalidad del mal

El aborto, a diferencia de otros servicios de salud, suele estar regulado en mayor o menor medida por el derecho penal. Incluso en los contextos donde no está completamente penalizado, con frecuencia se señalan supuestos que limitan su acceso en función de la circunstancia de la persona usuaria o la edad gestacional.
Si bien las recientes despenalizaciones parciales que reducen las barreras para acceder al aborto voluntario son evidencia del avance en materia de derechos reproductivos, y cada vez más entidades reconocen —al menos durante el primer trimestre de gestación— el servicio de aborto seguro en las instituciones públicas de salud, aún existe un rezago frente a criterios internacionales como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cataloga al aborto como un servicio de salud esencial que no debe estar regulado en los códigos penales.
La OMS, en sus <a href="https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/362897/9789240057920-spa.pdf?sequence=1" target="_blank" rel="noopener">Directrices sobre la atención para el aborto</a>, señala que los límites gestacionales con los que se justifica la negativa a practicarlo carecen de fundamento científico y generan confusión, lo que limita y desalienta su provisión como servicio de salud. Asimismo, la falta de una normativa homologada y garantista en materia de aborto crea un contexto regulatorio ambiguo para las personas que deben prestar este servicio, lo que contribuye a la falta de entornos propicios para la atención del aborto seguro.
Por un lado, las regulaciones que despenalizan el aborto de forma parcial, durante un número determinado de semanas de gestación y/o por causales específicas, pueden resultar confusas para el personal de salud y, dado que aún es considerado un delito en ciertas circunstancias, es común que se denuncie a las mujeres y personas gestantes que sufren complicaciones relacionadas con un aborto en lugar de prestarles asistencia médica inmediata.
Por otro, la inclusión del aborto en los códigos penales tiene un efecto inhibitorio en la oferta del servicio, pues existe temor por las sanciones impuestas a quienes auxilian el procedimiento: pueden enfrentar privación de la libertad, multas económicas, trabajo comunitario o suspensión profesional.
De acuerdo con nuestro reciente informe <a href="https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México</a>, en los estados donde se despenalizó parcialmente hubo cambios significativos en las penas para las personas que auxilian los abortos. Por ejemplo, en Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas las sanciones relacionadas con la suspensión profesional fueron eliminadas. Asimismo, en estados como Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas se redujeron las sanciones privativas de la libertad.
Sin embargo, la posibilidad de criminalización sigue presente, lo cual disuade al personal de salud de realizar abortos, incluso en los casos que sí están permitidos por el Estado y, en ocasiones, provoca que se niegue el acceso al aborto por emergencia médica o que se proporcione atención en casos de aborto espontáneo.
A este contexto ambiguo —producto de la regulación penal— se suman las confusiones que puede haber respecto a las normas nacionales e internacionales que contemplan el aborto como un servicio de salud vinculado a los derechos humanos, la salud pública, la igualdad de género y la justicia social, lo cual ocasiona que se vulnere el derecho a la salud de las personas usuarias. En este sentido, contar con <a href="https://abortomexico.gire.org.mx/informacion-para-el-personal-de-salud/" target="_blank" rel="noopener">información actualizada</a> sobre las distintas normas y criterios en la materia puede contribuir a resolver dudas y tener mayor certeza para brindar atención a quienes solicitan el servicio.
Normar el aborto desde el derecho penal —además de tener un efecto inhibitorio en la oferta y demanda del servicio— dificulta que sea reconocido plenamente como un tema de salud pública y, por tanto, no promueve que se atiendan las fallas estructurales que limitan su acceso, como la falta de personal de salud disponible y capacitado.
Por ello es necesario eliminar por completo el delito de aborto de los códigos penales y considerarlo un tema exclusivo de las regulaciones y de la política pública sanitarias. Esto contribuirá, sin duda, a que se garantice el acceso como parte del ejercicio de la autonomía y los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, facilitando una atención oportuna, de calidad, respetuosa, no discriminatoria y libre de estigmas.
<a href="https://x.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener"> @GIRE_mx</a>

Regulación penal del aborto: ¿qué pasa con la provisión del servicio?

Hace más de 250 días comenzó una cruenta disputa entre las dos familias más importantes del Cártel de Sinaloa, que rompió a la organización en dos facciones, una encabezada por los hijos del “Chapo” Guzmán y otra por uno de los hijos del “Mayo” Zambada, los cuales se pelean con violencia los territorios que antes eran comunes, siendo el epicentro de la batalla la ciudad de Culiacán.
Sin embargo, la disputa ya no se limita a las calles de Culiacán o a las zonas serranas de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora, sino que todo parece indicar que el siguiente campo de batalla serán los tribunales en los Estados Unidos, <a href="https://www.milenio.com/policia/los-chapitos-un-paso-ser-testigos-eu-contra-el-mayo-caro-quintero" target="_blank" rel="noopener">ya que algunos medios de comunicación señalan</a>, que tanto Ovidio, como Joaquín Guzmán López, ambos hijos del Chapo, que se encuentran en custodia del sistema judicial del país vecino, habrían negociado beneficios procesales, como reducción de condena, a cambio de aportar información en el juicio de Ismael “El Mayo” Zambada y de otros personajes como Rafael Caro Quintero.
De ser esto cierto, implicaría una doble traición de los Chapitos a los Zambada, ya que no solo entregaron al “Mayo” a los Estados Unidos con engaños, sino que además pasarían a ser los testigos estrella en su contra, lo cual recrudecerá las hostilidades entre ambas facciones y además podría sumar a la disputa al Cártel de Caborca, que se conforma por familiares de Caro Quintero, que se habían mantenido neutrales hasta ahora.
Negociar beneficios judiciales es muy común en los Estados Unidos y se utilizan los peces más pequeños para cazar al pez de mayor tamaño, en este caso, estarían reduciendo la condena de los Chapitos para garantizar una condena mayor para el Mayo Zambada.
Sin lugar a duda, la gente ligada al Mayo Zambada y él mismo podrían hacer lo propio en contra de los Chapitos, es decir, su hijo Vicente Zambada Niebla o su hermano Reynaldo Zambada García, que también están bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos, bien podrían ofrecer testimonio en contra de Ovidio y Joaquín. El problema es que en la balanza de importancia pesa más lograr una gran condena para el Mayo Zambada, que una para los hermanos Guzmán.
Sin embargo, esto puede derivar en un proceso de traiciones cruzadas en los tribunales de los Estados Unidos, en donde se generen incentivos para que todos declaren en contra de los demás, ya que hay que recordar que en febrero pasado el Gobierno de México <a href="https://elpais.com/mexico/2025-02-28/estos-son-los-29-narcotraficantes-extraditados-a-estados-unidos.html" target="_blank" rel="noopener">entregó a los Estados Unidos 29 narcotraficantes, de los cuales 6 formaron parte del Cártel de Sinaloa</a> y en dicho país ya se encuentran muchos operadores de la misma organización, que fueron extraditados antes.
De manera que las acusaciones cruzadas podrían propiciar grandes crisis al interior del Cártel de Sinaloa. Ya que no solo se trata de declaraciones de los Chapitos contra los Zambada y viceversa, sino de colaboradores cercanos a cada bando que tienen mucha información sobre los mismos.
Por ejemplo, dentro de los 29 extraditados se encontraba José Ángel Canobbio Inzunza “El Güerito”, considerado número 2 de la facción de los Chapitos, por lo que además de lo que pueda declarar en contra de los Zambada, también podría verse tentado a traicionar a sus socios, los Guzmán. 
Algo similar pasa con otro extraditado, Inés Enrique Torres Acosta, jefe de seguridad del Mayo Zambada, que podría declarar tanto en contra de los enemigos de su exjefe, como también contra su jefe mismo.
Obviamente hablamos de escenarios posibles, que no sabemos si se presentarán, pero pueden darse porque precisamente le conviene al gobierno y en especial a los fiscales de los Estados Unidos. Propiciar un esquema de traiciones cruzadas, en donde más se beneficia quien aporta más información sobre rivales y aliados.
Empero, todos los arrestados en Estados Unidos tienen familias y conexiones en México, por lo que una declaración en tribunales de allá, podrían propiciar ataques entre células en México o ejecuciones de familiares, incrementando con ello la violencia en la zona en donde el Cártel de Sinaloa tiene presencia.
De forma que bien haría el Gobierno Federal de México en reforzar la presencia de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, previniendo posibles escaladas de violencia entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

La guerra del Cártel de Sinaloa llega a los tribunales

Cada 16 de mayo el calendario internacional nos recuerda que es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Es una fecha joven: fue proclamada por la Asamblea General de la ONU en 2017. Su objetivo —al menos en el papel— es claro: promover la paz, la tolerancia, la inclusión y la solidaridad como fundamentos esenciales para una vida compartida. Pero como suele suceder con las conmemoraciones, el riesgo es que lo simbólico se vuelva fórmula vacía, y lo que debería invitar a una reflexión colectiva se reduzca a un acto protocolario, una publicación institucional o una jornada escolar sin consecuencia.
No es que la conmemoración no sea importante. El problema es otro: hemos vaciado de sentido a los gestos que alguna vez pretendieron movilizarnos. En tiempos de inflación simbólica, con días internacionales para casi todo, resulta urgente detenernos a pensar qué queremos decir cuando hablamos de paz, y qué estamos dispuestos a hacer —como sociedades, como instituciones, como individuos— para construirla.
El concepto de “convivencia en paz” puede parecer blando, incluso ingenuo, frente a la brutalidad del presente. Pero su potencia está, precisamente, en lo que exige: no una paz entendida como silencio, como sumisión o como ausencia de conflicto, sino como el resultado de relaciones justas, horizontales, capaces de tramarse a pesar de las diferencias. En ese sentido, hablar de convivencia no es hablar de armonía perfecta, sino de un esfuerzo constante por habitar el desacuerdo sin caer en la exclusión o el exterminio simbólico del otro.
Vivimos un momento histórico en el que la violencia se ha naturalizado en sus múltiples formas: la guerra, sí, pero también la precariedad, el racismo, el patriarcado, la devastación ambiental y el despojo de los bienes comunes. La paz, entonces, no puede ser entendida como una zona neutral entre bandos en pugna, ni como una narrativa de cierre. No hay paz posible sin justicia, sin verdad, sin reparación, sin memoria. En ese sentido, la conversación sobre la paz nos obliga a recuperar la idea del Estado de derecho no como una promesa retórica, sino como una arquitectura concreta de garantías, de límites al poder y de afirmación de lo público. La convivencia en paz no se sostiene sobre el voluntarismo individual ni sobre campañas de sensibilización —aunque estas puedan contribuir—, sino sobre la existencia de instituciones confiables, mecanismos de acceso a derechos, procesos transparentes y espacios comunes protegidos del mercado y del clientelismo.
No se trata, claro, de idealizar al Estado. Sabemos que es también un campo de disputa, una herramienta que puede oprimir tanto como puede garantizar derechos. Pero si algo nos han enseñado las luchas feministas, los pueblos indígenas, los movimientos por la memoria y los diversos activismos es que la defensa de lo público es condición necesaria para cualquier forma de paz duradera. Frente al vacío de los discursos oficiales, es urgente recuperar el lenguaje de lo común. Volver a pensar en lo público, en la justicia, la verdad y la política no como servicios o favores, sino como derechos que hacen posible la convivencia. Porque convivir implica compartir: los recursos, los riesgos, las decisiones. Y esa es una tarea demasiado compleja —y demasiado importante— como para dejarla librada a la buena voluntad de los individuos o al cálculo de los mercados.
Así pues, el Día Internacional de la Convivencia en Paz puede ser un llamado a defender lo público como aquello que nos permite reconocernos como parte de una misma comunidad política, aunque pensemos distinto, aunque vivamos realidades dispares. En tiempos donde lo común se disuelve y las diferencias se convierten en trincheras, tal vez la paz sea, en el fondo, una forma de imaginación política. Una que no se celebra, sino que se construye todos los días.
* Pablo Andrade (<a href="https://x.com/PabloAnd89" target="_blank" rel="noopener">@PabloAnd89</a>) es coordinador de la causa de construcción de paz en Nosotrxs.

Día internacional de la convivencia en paz: un espacio para la imaginación política

La tormenta perfecta norteamericana sigue su ruta incontenible, en múltiples frentes y con pocos contrapesos. Guiados por sus encuestadores despistados, la mal llamada oposición demócrata, pasmada, reclama por el alto precio del aguacate, el huevo y otros temas de la mesa de cocina, como si no estuviésemos ante una regresión fascista, ecocida, autoritaria.
&#8220;Ya verán los republicanos qué bien nos va en las elecciones intermedias de 2026&#8220;. Como si al paso acelerado en que vamos, piensan ell@s que habrá comicios libres en Estados Unidos para esa fecha.
El medio ambiente resiente aún más el impacto.
1. <a href="https://tinyurl.com/yc2bukcr" target="_blank" rel="noopener">Ecofascismo</a>. Inaceptable: que sectores de extrema derecha que propalan ideas xenófobas y racistas, ahora intenten secuestrar el cambio climático. Teen Vogue
2- Trump retira por segunda vez a Estados Unidos de los Acuerdos ambientales de París. ¿<a href="https://tinyurl.com/66nfnu3h" target="_blank" rel="noopener">Cómo afectará esta medida al cambio climático</a>? Entrevista a Lara Lázaro, especialista colombiana. Caracol Radio 
3. <a href="https://tinyurl.com/bd4u62az" target="_blank" rel="noopener">La carga desmedida que soporta el continente africano</a>, como consecuencia de la emergencia ambiental y los costos de adaptación a sus efectos. Organización Meteorológica Mundial 
4. Estados Unidos exporta cientos de miles de toneladas de desechos tóxicos a México. The Guardian y Quinto Elemento Lab realizan una investigación conjunta de la planta recicladora Zinc Nacional en Monterrey, cuyo enlace fue compartido en este espacio hace algunas semanas. <a href="https://tinyurl.com/bjfheuab" target="_blank" rel="noopener">Ahora indaga el destino de extrañas bolsas blancas que contienen desechos tóxicos letales</a>, detectadas también en una filial de esa misma empresa llamada Meremex y otros dos sitios. Como es costumbre, Profepa reacciona al reportaje de forma tardía. Siempre es la última en enterarse y responder con habitual lentitud a problemas graves como este.
5.<a href="https://tinyurl.com/mv9j587a" target="_blank" rel="noopener"> Delitos ambientales</a>: el tercer crimen más lucrativo del mundo. Drivingeco
6. La estulticia se contagia. Javier Milei es el trumpecito argentino. <a href="https://tinyurl.com/bdfref5d" target="_blank" rel="noopener">Glaciares amenazados por proyectos mineros ecocidas</a>. DW Actualidad 
En otras latitudes ya se preparan para sortear -hasta donde sea posible- las colisiones inminentes. Intentemos replicar aquí sus mejores prácticas.
7. A diferencia del trumpismo, el gobierno de Xi Jinping parece sostener sus compromisos ambientales en 2025. <a href="https://tinyurl.com/ynjt9h3w" target="_blank" rel="noopener">China planeaba el año pasado duplicar su capacidad eólica y solar a más del doble que el resto del mundo</a>. Semanario Universidad (Costa Rica)
8. <a href="https://tinyurl.com/mw2chzzk" target="_blank" rel="noopener">Acerca de los derechos humanos y el medio ambiente</a>. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas 
9. Rostros humanos de la emergencia: <a href="https://tinyurl.com/yfsz67m4" target="_blank" rel="noopener">Desplazados climáticos</a>. Incontables, &#8220;invisibles&#8221; y cada vez habrá más. V/EFEVerde
10. Septiembre 2024. <a href="https://tinyurl.com/3bxp5877" target="_blank" rel="noopener">Corte Penal Internacional discute si se incorpora al ecocidio como crimen internacional</a>. France24 en Español
11. Propuesta de enmienda al Estatuto de Roma por <a href="https://tinyurl.com/ysvh6hay" target="_blank" rel="noopener">ecocidio</a>. Eco Jurisprudence Monitor 
12. Peter Wohlleben, alemán, 61 años: <a href="https://tinyurl.com/fyz5hpv3" target="_blank" rel="noopener">el guardabosques más famoso del mundo</a>. Es autor entre otros libros, de La Vida Secreta de los Árboles (Ediciones Obelisco, 2016). El portal Creative Independent lo entrevista.

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