Sin categoría

Uno de los enfoques más humanos para abordar temas penales es el que se centra en las víctimas. Esta visión no debe opacar otras experiencias, como las de las personas procesadas y sentenciadas que están cumpliendo sanciones. En términos de datos e información sobre esta población, son pocas las fuentes gubernamentales que se centran en la perspectiva de las personas privadas de la libertad.
En este contexto, la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Población Penitenciaria Privada de Libertad (Enpol)</a>, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (<a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/" target="_blank" rel="noopener">Inegi),</a> es la única levantada por la autoridad centrada en la opinión y experiencia de las personas procesadas y sentenciadas que están en reclusión.
A pesar de su relevancia para el estudio integral del sistema de justicia penal, no hay certeza de futuros levantamientos de esta encuesta. Desafortunadamente, solo existen dos ediciones de la Enpol: 2016 y 2021, y no hay información de cuándo será la próxima, porque su periodicidad es indeterminada. De hecho, la edición de 2021 es casi un milagro, pues se había anunciado su suspensión en 2019 debido a los recortes presupuestales del Inegi.
<h2>¿De qué trata la Enpol?</h2>
La Enpol incluye preguntas relacionadas a la experiencia del usuario desde el momento de la detención, hasta las condiciones de internamiento en prisiones, e incluso respecto a sus expectativas después de salir. Es decir, nos revela información sobre policías, ministerios públicos, defensores, jueces y personal penitenciario, desde el punto de vista de las personas justiciables en materia penal.
Así, por ejemplo, la Enpol recaba datos sobre la escolaridad de las personas recluidas y razones por las que abandonaron sus estudios; si padecen de enfermedades y si son atendidas en prisión, si las personas han considerado el suicidio mientras cumplen con su pena y si tienen alguna adicción, entre otros aspectos. También contempla preguntas dirigidas a grupos específicos. Por ejemplo, se les pregunta a las mujeres sobre las condiciones de embarazo y la crianza en reclusión, y si las personas hablan alguna lengua de pueblos originarios.
La Enpol surge para dar cumplimiento al mandato legal contenido en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Su propósito ha sido “generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de la libertad de 18 años y más, así como sus características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida.” En otras palabras, permite conocer a grandes rasgos el pasado, presente y expectativas del futuro de las personas privadas de la libertad en México. Lo anterior con perspectiva de género y de derechos humanos.
<h2>Las preguntas que revelan la verdad de la vida en prisión</h2>
Si bien existen otras herramientas estadísticas que generan datos en materia penal, hay temas que son exclusivos de la Enpol. Por ejemplo, ¿cuál es la etapa del proceso penal que concentra más actos de corrupción? ¿La detención se realizó con algún tipo de violencia? ¿Qué porcentaje de la población penitenciaria no está sentenciada? ¿A qué tipo de defensa tuvieron acceso las personas sentenciadas y procesadas?
Hablemos de lo que perderíamos si se deja de levantar la Enpol. Ninguna otra encuesta en México nos dice que 67 % de las mujeres en prisión son madres, o que más de 60 % de las personas privadas de la libertad tienen apenas educación básica. Tampoco, que más de la mitad tenía un ingreso mensual previo a la sentencia de 5,500 pesos.
Ninguna otra fuente explora las experiencias de poblaciones vulnerables (comunidad LGBTI+, personas indígenas, personas con discapacidad), los antecedentes sociodemográficos y jurídicos de la persona, ni las condiciones de maternidad en prisión. Estos datos no sólo son estadísticas: son la base para construir políticas públicas que respondan a un diagnóstico real del sistema penal en su conjunto.
Asimismo, esos datos tienen el potencial de ser insumos para investigaciones en diferentes campos. Desde el ámbito del desarrollo económico, podrían ser el primer acercamiento para analizar el impacto de la prisión en las dinámicas familiares, y entender cómo la exclusión económica y social influye en la reincidencia. Concretamente, la Enpol incluye preguntas como: “¿Tiene dependientes económicos?” y “¿Con quién viven sus hijos ahora?”.
<h2>La urgencia de diseñar políticas públicas para las personas encarceladas</h2>
En materia de derechos humanos, la encuesta proporciona insumos clave para identificar abusos de autoridad y tortura, ya que a las personas recluidas se les pregunta: “¿Cuándo lo arrestaron, la autoridad aplicó fuerza física para someterlo?”, “¿Fue presionado a dar información durante el interrogatorio?”, “¿La autoridad permitió o realizó alguna agresión física durante su estancia en el Ministerio Público?”, entre muchos otros detalles que nos dan un panorama de las condiciones que viven las personas encarceladas y del comportamiento de los operadores del sistema de justicia penal en México.
Finalmente, en términos de justicia, ayuda a medir el impacto de la reforma del sistema de justicia penal porque es posible comparar las experiencias de las personas sentenciadas en el viejo y nuevo sistema, ya que un reactivo recupera el año de detención y año de sentencia. En este sentido, podemos contrastar el acceso a defensorías, la calidad de audiencias y los tipos de resolución judicial implementados en ambos sistemas.
Por todo lo anterior, esperemos que Inegi anuncie pronto la próxima edición de la Encuesta, pues la calidad y cantidad de los datos sobre un tema reflejan el interés social y de las autoridades. Además, un levantamiento en lo inmediato sería pertinente para dar guía al diseño de políticas públicas en materia de justicia penal del gobierno entrante.
* Valeria Campuzano es investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

¿Desaparecerá la voz de las personas privadas de la libertad?

Boletas, enésimo obstáculo de las elecciones judiciales

El regreso de Donald Trump a la Oficina Oval tendrá implicaciones tectónicas en la relación de Estados Unidos con el resto del mundo y para el orden internacional basado en reglas. Por su proximidad geográfica, nivel de interdependencia y diásporas en ese país, México y Canadá son a todas luces los países más expuestos al riesgo Trump.
En el ámbito internacional, la segunda administración del presidente Trump estará definida por la carrera por el liderazgo tecnológico con China. El reto central para México y Canadá será convencer que la receta para competir con éxito en esta disputa está en una mayor integración regional que aproveche la complementariedad económica, energética y demográfica de los tres países.
Ante este panorama, ¿qué pueden hacer los dos socios y aliados más importantes de Estados Unidos? En primer lugar, preservar América del Norte. Toda revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) debe mantener su naturaleza trilateral. México y Canadá deben ir juntos para empujar sus intereses ofensivos y defensivos.
Esto es especialmente relevante para el próximo gobierno canadiense, que de dejarse llevar por el canto de las sirenas y buscar un acuerdo bilateral llegaría en una posición de debilidad a la mesa de negociaciones en temas clave como el acceso a los mercados de lácteos y madera, la excepción cultural de Quebec o la posibilidad de establecer paneles para la revisión de medidas antidumping.
Por su parte, México debe convencer que reglas de origen más estrictas para el sector automotriz debilitaría a la industria en la región en beneficio de las armadoras chinas. De igual forma, el país debe impulsar una flexibilización de las reglas de origen en textiles para fortalecer la industria textil y de confección, especialmente en el sur de México, regiones históricamente expulsoras de migrantes.
La cuestión migratoria, el problema perenne en la relación México-Estados Unidos representa un nudo difícil de desenredar dada la ausencia de condiciones políticas en el Capitolio y en la Casa Blanca para una reforma migratoria integral. No obstante, es posible dar pasos en esa dirección.
Las caravanas de migrantes de América Central, Venezuela, Cuba y Haití, entre otros países, no terminarán únicamente con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en el Suchiate. México, Estados Unidos y Canadá tendrían que establecer un programa ambicioso de visas temporales donde los tres países, proporcional a su tamaño y economía, reciban un determinado número de migrantes por año.
Asimismo, México tiene que promover una ampliación de la lista de profesiones del T-MEC para la entrada temporal de personas de negocios para incorporar empleos actualmente escasos en Estados Unidos como el autotransporte o la enfermería.
En energía, tanto México como Canadá debieran aprovechar la coyuntura para impulsar el desarrollo de proyectos transfronterizos de infraestructura energética que abonen a fortalecer la seguridad energética y la competitividad de la región.
La administración Trump mantendrá la presión para detener los flujos de droga, particularmente fentanilo, a EUA, una de sus principales preocupaciones. La amenaza del crimen organizado transfronterizo sólo se puede abordar con éxito de forma conjunta.
En este sentido, la respuesta tendría que ser un Tratado de Seguridad de América del Norte que formalice los canales y mecanismos de cooperación en este rubro, con mecanismos de identificación de objetivos prioritarios, intercambio de inteligencia, congelamiento de cuentas y otros activos en los tres países, certificaciones y controles de confianza, entrenamiento y capacitaciones, entre otros.
Sólo así podrán México y Canadá quitarse de encima esa espada de Damocles que representa la amenaza arancelaria.
* Oscar Ocampo (@<a href="https://twitter.com/oscarocampo" target="_blank" rel="noopener">OscarOcampo</a>) es coordinador de Energía y Medio Ambiente.

Ante Trump, México y Canadá deben apostar por América del Norte

En México, la creciente preocupación por la degradación ambiental y los efectos del cambio climático han generado una necesidad urgente de contar con sistemas eficaces para evaluar, gestionar y monitorear los impactos de las actividades industriales. Sin embargo, la legislación ambiental no ha evolucionado al ritmo necesario para abordar los desafíos actuales. A pesar de la existencia de normas y leyes, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, estas no han sido suficientemente actualizadas para reflejar los avances científicos y tecnológicos en la comprensión de los procesos industriales que afectan al medio ambiente, y tampoco existen indicadores precisos que las industrias deberían implementar en sus procesos productivos ni mucho menos la claridad de quién sería la instancia que vigilará que estos indicadores se cumplan.
Por ello, una forma de abordar los problemas de la política industrial sostenible podría ser la revisión de las leyes ambientales para que existan datos que posibiliten evaluar los impactos que las industrias generan y sus repercusiones en el ambiente. Por ejemplo, los indicadores ambientales que son herramientas que permiten medir, monitorear y evaluar el desempeño ambiental de las industrias, ofreciendo una visión clara de cómo sus actividades impactan los recursos naturales, la biodiversidad y la salud pública. Esto es relevante porque la meta 10 del Plan México propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que refleja su visión sobre el desarrollo del país, hace referencia a la sostenibilidad ambiental de las industrias y plantea como objetivo promover inversiones con prácticas que incluyan al ambiente, la sociedad y la gobernanza (ASG). Algunas de las acciones mencionadas en el Plan incluyen el reúso de agua, inversión en energía con capacidad de almacenamiento, sistemas de manejo de residuos sólidos y acciones de impacto comunitario.
La necesidad de estos indicadores es especialmente urgente en México por varias razones. Una de ellas es la evolución de las industrias del sector energético y minero, y sus impactos ambientales negativos como la contaminación del aire, agua, suelo, deforestación y pérdida de biodiversidad, por mencionar algunos. Además, debido a la falta de una legislación ambiental rigurosa los megaproyectos de energía se han aprobado a través de instrumentos de política pública como la evaluación de impacto ambiental y de impacto social <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/evaluaciones-de-impacto-ambiental/" target="_blank" rel="noopener">con serias deficiencias ampliamente documentadas</a>.
Aunque la legislación ambiental en México establece ciertos límites para las emisiones contaminantes y la gestión de residuos, estas leyes no se han actualizado de manera adecuada para reflejar las nuevas realidades ambientales, sociales, económicas y tecnológicas. La ley ambiental aún se basa en paradigmas y datos de décadas pasadas, lo que limita su efectividad para enfrentar problemas contemporáneos como la contaminación de micro plásticos, las emisiones de gases de efecto invernadero o la gestión de residuos electrónicos, y no incluye la emergencia climática por la que atraviesa el mundo. Por ello, los indicadores ambientales pueden servir como una herramienta que complemente y actualice el marco normativo, permitiendo una regulación más precisa y adaptada a los desafíos actuales. Además, pueden ayudar a la industria a cumplir con estándares internacionales, a mejorar su competitividad a nivel global y ayudar a la resiliencia de los procesos productivos.
De igual manera, la falta de transparencia y la debilidad en la rendición de cuentas es otro de los mayores retos en la gestión ambiental en México. En muchos casos, las empresas no informan de manera veraz sobre sus impactos ambientales o manipulan los datos para cumplir con los requisitos mínimos. Por ejemplo, ha habido derrames de petróleo en donde no hay mecanismos de reparación del daño, tampoco es transparente qué origina estos derrames, ni existen consecuencias claras para las industrias que ponen en riesgo nuestro derecho a un medio ambiente sano. Por eso es necesario implementar herramientas estandarizadas y basadas en datos verificables para contribuir a mejorar la transparencia y facilitar el acceso público a la información sobre el desempeño ambiental de las industrias mexicanas.
Esta administración tiene un desafío importante pues es prioridad regular y construir rutas hacia una política industrial sostenible y armoniosa con el medio ambiente y con un enfoque de derechos humanos y derechos colectivos. Nos toca exigir que esta ruta de acción sea con instrumentos de política pública que sean vinculantes y adecuadas a la crisis climática, que sean transparentes y medibles para su monitoreo porque retrasar esto puede tener consecuencias irreparables. Es ahora o nunca.
* Ariana Escalante Kantún es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

Una política industrial sostenible: que se mida y sea transparente

En México, en el actual imaginario político una frase que llegó para quedarse es “la guerra de Calderón”. Es una frase poderosa que busca responsabilizar el actuar criminal del gobierno durante la administración del presidente Felipe Calderón por el saldo de destrucción de vidas humanas que ya conocemos.
La frase también expresa una postura clara y contundente: el rechazo a las medidas draconianas implementadas para el combate a la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, particularmente el uso de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública.
Durante los años de campaña del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, junto a la constitución del actual partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), mantuvo como una de sus banderas el completo rechazo a la política de “guerra contra las drogas” y la militarización de la sociedad. Es posible encontrar mensajes del propio López Obrador donde rechazaba el uso de militares en labores de seguridad y aseguraba que, de ganar la presidencia, regresaría el Ejército a los cuarteles. En su conferencia matutina del 15 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que lo hecho por Calderón fue una medida irresponsable y se cuestionó: <a href="https://www.infobae.com/mexico/2025/01/15/sheinbaum-responde-a-calderon-sobre-la-decision-que-tomo-ante-ola-de-violencia-quien-declara-la-guerra-en-su-propio-pais/"> “¿quién declara la guerra en su propio país?”</a>, reclamo que quienes estamos en contra de la política de “guerra contra las drogas” compartimos.
Pero este reclamo legítimo acompañado del rechazo de la guerra contra las drogas por parte de la sociedad se ha tornado en un velo de protección y evasión de responsabilidad para la administración actual y la anterior, donde cualquier deficiencia y error en las acciones en materia de seguridad son señaladas como resultado directo de la “guerra de Calderón”. Esta frase sirve también para desinformar sobre el proceso histórico complejo que implica “la guerra contra las drogas” y que no tiene su origen ni en el sexenio de Calderón ni en México.
Dice el académico español <a href="https://www.academia.edu/34453778/_La_Guerra_contra_el_Narcotr%C3%A1fico_cre%C3%B3_la_violencia_en_M%C3%A9xico_An%C3%A1lisis_cuantitativo_de_la_violencia_antes_y_despu%C3%A9s_de_los_operativos_conjuntos" target="_blank" rel="noopener">Carlos Resa Nestares</a> que la llamada guerra contra las drogas de Calderón que “no se trata de una medida original, sino que profundiza un planteamiento preexistente” y no solo en la continuidad del “Operativo México Seguro” de Vicente Fox, sino que se remonta a casi un siglo atrás. El académico y analista <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/bitacora-de-violencias/la-guerra-contra-las-drogas-en-mexico-no-empezo-ayer" target="_blank" rel="noopener">Pérez Ricart señala</a> que desde 1910 en el Washington Post se habla de una “guerra contra el opio diabólico” (war upon evil opium), lo cual deja ver que desde inicios del siglo XX ya existía en el imaginario estadounidense la idea de combatir la producción y consumo de enervantes.
La guerra contra las drogas es un fenómeno histórico cuyo antecedente inmediato se encuentra en el surgimiento del sistema internacional prohibicionista. Este sistema se refiere al conjunto de instrumentos jurídicos internacionales diseñados para restringir la producción de sustancias posteriormente clasificadas como drogas ilegales, el cual inicia con la Convención Internacional del Opio en 1912. En Estados Unidos, una figura clave en el desarrollo de las políticas prohibicionistas fue Harry J. Anslinger, primer &#8220;zar antidrogas&#8221; y director de la Agencia Federal de Narcóticos (precursora de la actual Administración para el Control de Drogas, DEA). Durante sus 30 años al frente de la agencia, Anslinger impulsó activamente la prohibición de la producción y el consumo de drogas, rechazando cualquier alternativa distinta al enfoque punitivo. Su cruzada tuvo un impacto notable en México, el cual ya era identificado como el principal país de origen de la mariguana que ingresaba a Estados Unidos.
Pérez Ricart cuenta que durante el mandato de Ávila Camacho se llegó al exceso al ampliarse la suspensión de garantías individuales de presuntos traficantes y consumidores de drogas, en uno de los episodios más vergonzosos de la guerra contra las drogas en nuestro país. El académico nos dice que las leyes mexicanas eran más represivas que sus equivalentes estadounidenses. <a href="https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0187-73722019000100112" target="_blank" rel="noopener">Las élites conservadoras gobernantes mexicanas no solo cedieron totalmente a las presiones prohibicionistas estadounidenses</a>, sino que incluso superaron a los Estados Unidos en su propia intención represiva de la sociedad, cosa que dio gusto a Anslinger.
En 1971, bajo el mandato del presidente Nixon, se inicia la política de “guerra contra las drogas”, la cual entre sus medidas incluyó una mayor presión diplomática sobre México para intensificar la criminalización de la venta y consumo de drogas, especialmente de la mariguana. Como parte de esta política antidrogas, el Congreso estadounidense crea el proceso de certificación, mediante el cual EUA reconoce a aquellos países aliados en la guerra contra las drogas y sus esfuerzos por frenar la producción y el tráfico, lo que fungió como un arma diplomática, presión que en México se materializa con la Operación Cóndor (1975-1978), primer ensayo en el continente americano de una estrategia antidrogas dirigida por militares.
Desde entonces, el despliegue de las fuerzas armadas en operativos de erradicación de plantíos de mariguana y amapola, junto con la persecución policial, ha constituido una política constante del Estado mexicano frente al fenómeno de las drogas. Esta estrategia nunca se ha planteado como una medida orientada a garantizar la seguridad de la población, sino como una herramienta al servicio de los intereses intervencionistas de Estados Unidos y un pretexto para ejercer control político y social sobre ciertos territorios del país. Estos elementos resultaron particularmente evidentes durante el gobierno de Felipe Calderón.
Finalmente, decir “la guerra de Calderón” es referirnos a un capítulo más parte de un continuum histórico de políticas de prohibición, criminalización y persecución de productores, traficantes y consumidores de drogas ilegalizadas, cuyo episodio más reciente se da con la profundización de la militarización en los gobiernos morenistas y con la declaratoria del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de designar a los “cárteles mexicanos de las drogas” como organizaciones terroristas.
La ruta que Calderón y los gobiernos panistas tomaron es un claro fracaso, pero los gobiernos morenistas que le siguieron han insistido en la misma ruta.
Del mismo modo que las autoridades actuales pueden argumentar que la profundización de la inseguridad en México y las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense limitan su margen de acción para explorar alternativas, este ha sido el mismo razonamiento esgrimido por administraciones anteriores. Al igual que durante el gobierno de Ávila Camacho y las élites conservadoras de su época, las autoridades actuales continúan aceptando las imposiciones de Estados Unidos, consolidando un sistema punitivo, fortaleciendo la intervención militar —ahora mediante la Guardia Nacional— y rechazando cualquier posibilidad de abrir un debate sobre la legalización de las drogas. En conclusión, lo que rechazan son las alternativas al modelo actual.
Porque, no hay que engañarnos, seguimos con la “guerra contra las drogas”: mientras el ejército tenga un papel fundamental, no se reformen las fiscalías, se fortalezcan medidas punitivas (como la prisión preventiva oficiosa) y no se legalicen las drogas, seguimos en la ruta de la guerra.
* Gerardo López García es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).
&nbsp;
1 Astorga, L. (2007). Seguridad, traficantes, militares. El poder y la sombra. México: Tusquets Editores.

La “guerra contra las drogas de Calderón”: del reclamo legítimo a la justificación y uso político-electoral

La “guerra contra las drogas de Calderón”: del reclamo legítimo a la justificación y uso político

El nuevo año marcó el inicio de la convocatoria de consulta del gobierno federal para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho proceso determina que durante el mes de enero se desarrollarán foros de consulta temáticos en diferentes ciudades del territorio mexicano.
El artículo 26 <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> de la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf" target="_blank" rel="noopener">Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos </a>establece que se deberá elaborar un Plan Nacional de Desarrollo (PND) al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. De acuerdo con la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPlan.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley de Planeación</a>, todos los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que definen las acciones del gobierno deberán diseñarse en congruencia al Plan Nacional de Desarrollo 2025 a 2030.
Entre los elementos <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> con los que deberá contar el PND están: a) un diagnóstico general de los temas prioritarios; b) los ejes generales que agrupan los temas prioritarios; c) los objetivos específicos; d) las estrategias para ejecutar las acciones; e) los indicadores de desempeño y sus metas. El referido PND indicará programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, así como una visión de largo plazo para su cumplimiento.
De lo anterior, se puede observar que el PND será el antecedente para la construcción del <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607366&amp;fecha=10/12/2020" target="_blank" rel="noopener">Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH),</a> que será el instrumento rector en materia de derechos humanos de la Administración Pública Federal, con la finalidad de articular las acciones del Ejecutivo para la atención de las problemáticas más apremiantes en la materia.
En el anterior <a href="https://www.gob.mx/segob/articulos/rumbo-al-programa-nacional-de-derechos-humanos-pndh-2019-2024?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">PNDH 2019 a 2024</a>, gracias al impulso de las comunidades afectadas por la <a href="https://poderlatam.org/2020/12/proteger-los-derechos-humanos-sobre-los-intereses-empresariales-el-pendiente-del-sexenio/" target="_blank" rel="noopener">actividad empresarial y del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos</a> por primera vez se logró incluir una <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/666833/DOF-Diario_Oficial_de_la_Federacion-PNDH_2020-2024_Programa.pdf" target="_blank" rel="noopener">estratégica prioritaria</a> sobre “impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta”.
El respeto a los derechos humanos por parte del sector empresarial es fundamental para disminuir la desigualdad y generar actividades económicas congruentes con el respeto a los derechos de las personas, las comunidades y el medio ambiente. Es trascendental que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos en contextos corporativos, para lo cual es necesario contar un marco regulatorio robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de esos derechos. Esto contribuirá a mejorar el destino del país, conservar su soberanía y proteger los derechos humanos frente a cualquier tratado comercial y de inversión.
Por este motivo, en la construcción actual del PND, el gobierno de México debe comprometerse con la promoción de esta agenda de empresas y derechos humanos, a fin de posicionar el tema en la APF y estatal para lograr un marco robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de los derechos humanos.
Los <a href="https://planeandojuntos.gob.mx/backoffice/media/explore/1/file/pnd-fechas-y-sedes-foros-part-ciudadana_pdf_67890e86eb750" target="_blank" rel="noopener">foros</a> anunciados para consulta pública no incluyen mesas de trabajo específicas para que participen las comunidades indígenas, afromexicanas, campesinas, agrícolas, forestales que día con día enfrentan los impactos de la actividad empresarial en su territorio. Las autoridades federales aún están a tiempo de cambiar el rumbo de esos procesos de consulta, incorporando además una perspectiva de género e intercultural.
Durante este <a href="https://planeandojuntos.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">sexenio</a>, la apuesta de todas las autoridades se debería enfocar en fortalecer los mecanismos y políticas de protección existentes para salvaguardar los derechos a la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, así como de aquellas afectadas por las actividades empresariales incluyendo megaproyectos, con la finalidad de eliminar los obstáculos jurídicos para acceder a la justicia, así como proporcionar mecanismos accesibles y efectivos a través de los cuales las víctimas puedan presentar denuncias sobre los daños a los derechos humanos relacionados con las empresas y, sobretodo, para obtener reparación integral.
La economía es política y la adopción de un marco regulatorio de la actividad empresarial, que asegure el respeto de los derechos humanos y ambientales, es esencial para cambiar y mejorar el destino del país.
* Zúe Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en <a href="https://poderlatam.org/" target="_blank" rel="noopener">PODER</a>.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Este artículo también establece que la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Artículo 21 ter de la Ley de Planeación.

Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030: ¿ los derechos humanos de las comunidades afectadas por las empresas?

Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y los derechos humanos de las comunidades afectadas

La crisis de desapariciones no ha sido revertida en México. En particular, el rezago forense en la identificación de cuerpos y restos sigue siendo un desafío mayúsculo aún no atendido. <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/esfuerzos-forenses-en-abandono?rtbref=rtb_kx0pgd079qfvtumnuh_1714070765325" target="_blank" rel="noopener">Requiere de todos los esfuerzos</a> y de un abordaje interdisciplinario, por lo que es un error contraponer irresponsablemente diferentes técnicas de búsqueda, postulando falsas disyuntivas.
Lo anterior viene a cuento porque hace unos días, <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=912790294375126&amp;set=a.295156532805175" target="_blank" rel="noopener">una publicación en redes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB)</a> causó escándalo y escarnio en la comunidad científica dedicada a las ciencias forenses. En una infografía, la CNB contrapuso la identificación mediante levantamiento de huellas dactilares a la identificación mediante confrontación de perfiles genéticos empleando ADN. La primera, según esta institución, es más barata y ofrece 100 % de confiabilidad. La segunda, para este ente de Estado, es cara y no ofrece plena certeza.
Esta contraposición es falaz y va en sentido contrario de la solidez científica que el actual gobierno busca imprimir a la actividad pública. Como lo señalaron inmediatamente voces muy acreditadas, en ciencia ningún método de identificación ofrece 100 % de certeza. Además, si bien la identificación por vía de huellas dactilares es útil y relevante respecto de cuerpos encontrados recientemente, no puede postularse como única vía para atender el rezago forense, pues son numerosos los cuerpos relacionados con desapariciones de larga data, respecto de los cuales no será ya posible obtener huellas para confronta. Aunque sea escabroso señalarlo, no puede obviarse que en México los restos recuperados no siempre incluyen extremidades de las que puedan levantarse huellas: en muchas ocasiones, se trata de fragmentos corporales o de piezas óseas, que además en ocasiones están dañadas por la exposición a la intemperie o por factores externos como el fuego.
No puede soslayarse, tampoco, que en algunas entidades federativas la identificación por huellas dactilares sólo está ocurriendo en el escritorio y sobre papel, pues las fiscalías no han depurado sus bases de datos como para asegurar plenamente la trazabilidad de los respectivos cuerpos y restos; en estos casos, hay identificación, pero no restitución ni entrega de restos a las familias, ante la incapacidad de las autoridades de hallar esos cuerpos que legalmente se encuentran bajo su propio resguardo.
El avance en la identificación de cuerpos mediante huellas dactilares es sin duda positivo y hay que animar a que prosiga, pues está arrojando logros significativos. La participación en ello de la cooperación internacional, los propios esfuerzos de la CNB y la colaboración del INE son esfuerzos en la dirección correcta. Pero hay que ponderar esta línea de acción en su justa dimensión para no generar simulación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se celebra como un avance para los familiares de personas desaparecidas la entrega de un escáner de huellas digitales a la Fiscalía General de Justicia Militar, aun cuando las instancias castrenses de justicia en ningún supuesto legal compatible con el régimen internacional de derechos humanos pueden indagar la desaparición de una persona y/o participar en el levantamiento de cuerpos o restos de civiles.
El intento de contraponer la identificación mediante huellas dactilares a la identificación mediante perfiles genéticos, como si de una disyuntiva se tratara, se relaciona con el abandono en que ha quedado el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una de las iniciativas de la anterior administración que levantaron expectativas y que <a href="https://elpais.com/mexico/2024-02-20/el-desmantelamiento-del-centro-nacional-de-identificacion-deja-en-vilo-a-cientos-de-familiares-todo-se-fue-por-el-cano.html" target="_blank" rel="noopener">hoy es un elefante blanco</a>. Este <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/8/9/exigen-cero-impunidad-para-evitar-que-centro-nacional-de-identificacion-humana-sea-elefante-blanco-291191.html" target="_blank" rel="noopener">Centro, inaugurado en presencia de familiares de personas desaparecidas</a>, representó en su momento la esperanza de que verdaderamente hubiera un impulso de una política de Estado para superar el rezago forense. Si bien la operación del Centro generaba una serie de desafíos legales no menores –lo que por cierto fue explotado con oportunismo por las fiscalías para preservar el estado actual de cosas– pudo ser una plataforma extraordinaria para la identificación genética de cuerpos y restos asociados casos de larga data o difíciles, integrado por peritos supeditados más a la ciencia y que al ministerio público, con enfoque preponderantemente humanitario y no penal. Sin embargo, <a href="https://elpais.com/mexico/2024-02-20/el-desmantelamiento-del-centro-nacional-de-identificacion-deja-en-vilo-a-cientos-de-familiares-todo-se-fue-por-el-cano.html" target="_blank" rel="noopener">el modelo fue abandonado a nivel federal</a>. Pese a ello, esta forma de trabajar ha empezado a rendir frutos a nivel local, como lo supo distinguir recientemente un muy importante <a href="https://www.nytimes.com/es/2025/01/04/espanol/america-latina/mexico-desaparecidos-narco-violencia.html" target="_blank" rel="noopener">reportaje publicado en </a><a href="https://www.nytimes.com/es/2025/01/04/espanol/america-latina/mexico-desaparecidos-narco-violencia.html" target="_blank" rel="noopener">The New York Times</a> sobre el esperanzador Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila (CRIH).
La <a href="https://adondevanlosdesaparecidos.org/2024/09/24/cierra-sexenio-con-mas-de-72100-cuerpos-sin-identificar/" target="_blank" rel="noopener">crisis de desapariciones y el rezago forense en México son inmensos</a>. Es un despropósito contraponer las diversas aproximaciones técnicas disponibles. No estamos en una condición en la que generar falsas disyuntivas abone: necesitamos de todo, frente a este flagelo que no cesa. Así lo hicieron patente, con la dignidad de siempre, las <a href="https://x.com/CentroProdh/status/1879624236085755915" target="_blank" rel="noopener">madres, hermanas, cónyuges e hijas de personas desaparecidas que la semana pasada participaron en el Congreso Mundial sobre la Desapariciones</a> al que <a href="https://x.com/ONUDHmexico/status/1879961136109678914" target="_blank" rel="noopener">convocó el Comité de la ONU</a> en la materia, celebrado en Ginebra. Y es que aunque las instancias de derechos humanos hoy se excusan en un soberanismo añejo, la crisis de México sigue bajo el seguimiento y la atención de la comunidad internacional.
Internamente, se pretende invisibilizar la continuidad de la crisis –o peor aún, se intenta atribuir la responsabilidad a la propias víctimas como se hacía en el pasado y como lo hacen, en el presente, de modo irresponsable,<a href="https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/alfonso-durazo-culpando-a-las-victimas" target="_blank" rel="noopener"> actores del partido en el poder como el gobernador de Sonora</a>– pero en los foros internacionales el reclamo de las familias es y seguirá siendo incontenible.
En este marco, la identificación mediante ADN seguirá siendo tan necesaria como la identificación mediante huellas dactilares, del mismo modo que seguirá siendo necesaria la cabal puesta en marcha del <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/banco-nacional-datos-forenses-no-funciona-fgr?rtbref=rtb_pruymhhec9cdeujc6yhs_1714649331220" target="_blank" rel="noopener">Banco Nacional de Datos Forenses</a> y la exploración de esquemas humanitarios de identificación que no sean controlados por las negligentes fiscalías.
<a href="https://x.com/CentroProdh" target="_blank" rel="noopener">@CentroProdh</a>

Rezago forense: falsas disyuntivas

Han pasado diez años del <a href="https://midiariourbano.blogspot.com/2015/08/el-inventario-de-banquetas-nivel.html" target="_blank" rel="noopener">‘Inventario de banquetas en México’</a>, elaborado gracias a la información que inicialmente publicó el INEGI para analizar la presencia de banquetas en las manzanas urbanas de México. Este texto permite reflexionar sobre diversas estrategias y herramientas institucionales, académicas y ciudadanas que han aportado luz al estado de la infraestructura peatonal en México desde distintos enfoques. Con ello, enfatizamos en los mecanismos de monitoreo y evaluación de la infraestructura peatonal en México.
Los esfuerzos por visibilizar a los transeúntes son diversos y se han consolidado en la agenda pública, además de haberse institucionalizado. Esto responde a la demanda ciudadana de las personas peatonas: quienes caminan, quienes se consideran flâneurs, o quienes como parte de la colectividad enfrentan las dificultades de desplazarse a pie.
Lo anterior no ha sido un proceso uniforme y estable. Las personas activistas conocen sus procesos y logros, al igual que el funcionariado que ha impulsado cambios normativos. De acuerdo con el <a href="https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informes-sobre-la-situacion-de-la-seguridad-vial" target="_blank" rel="noopener">Informe de Seguridad Vial de CONAPRA de 2021</a>, del total de defunciones por siniestros viales en México ese mismo año (14,715), las y los peatones concentraron el mayor porcentaje de fallecimientos con un 17.7 %. Siempre seremos peatones; a donde vayamos, en algún tramo del viaje caminaremos. Esta premisa será el punto de partida para  cambiar el estado actual y las condiciones en las que nos desplazamos.
La revisión que propongo sobre las herramientas de monitoreo y evaluación de las condiciones de infraestructura peatonal ha tenido una buena aceptación entre la sociedad civil, la academia y las instituciones de gobierno. La implementación y el uso de cada una de las herramientas o estrategias que se presentan a continuación son enunciativas, más no limitativas.
Como parte de las herramientas y estrategias, destaca la sociedad civil. Son los colectivos y su labor el motor de cambio que, en México, ha posicionado la agenda peatonal, destacando los derechos de las personas usuarias de la vía peatonal como pilar de toda política de movilidad. En este caso, podemos mencionar las ‘Calles de juego’ y la estrategia ‘Janes Walk’. Las <a href="https://www.excelsior.com.mx/blog/apuntes-desde-la-megalopolis/peatoninos-liberar-las-calles-para-la-ninez-y-el-juego/1114911" target="_blank" rel="noopener">‘Calles de juego’</a> consisten en el cierre temporal de calles para el disfrute de las infancias y de las personas, invitando de manera lúdica a reflexionar sobre el derecho a la ciudad a pie. Por otro lado, los <a href="https://www.janejacobswalk.org/2024-walks/mexico-jane-jacobs-walk-2024" target="_blank" rel="noopener">‘Janes Walk’,</a> son caminatas que, en homenaje a la escritora y activista Jane Jacobs, promueven la idea de que las calles son espacios públicos para socializar, reflexionar y mejorar.
En México, ambas prácticas han sido puestas en marcha por distintos colectivos y reflejan cambios significativos desde un enfoque de infancia e inclusión en la planificación de ciudades. Mientras que las ‘Calles de juego’ otorgan un papel relevante a las infancias garantizando su derecho a la ciudad, los ejercicios como ‘Janes Walk’ no solo consideran la inclusión de las mujeres, sino que, desde un enfoque crítico y de género, evidencian los efectos de la planeación y construcción de ciudades desde un punto de vista androcentrista.
Otra herramienta que, desde una visión de la seguridad vial ha pasado de un ejercicio ciudadano a la institucionalización son las ‘auditorías peatonales’. Estas evalúan el entorno para identificar problemas de seguridad y comodidad en la infraestructura vial y han sido particularmente adoptadas por el sector salud. En cuanto a tecnología, han existido actividades digitales que, mediante el uso de datos georreferenciados permiten mapear distintas problemáticas en el desplazamiento de los peatones. Recientemente se publicó la plataforma <a href="https://www.ladata.mx/traza/" target="_blank" rel="noopener">‘Traza, datos caminando’</a>, que facilita mapear y categorizar puntos, además de descargar y compartir los datos para su análisis.
Destaca el trabajo realizado desde la academia para integrar una rigurosidad metodológica y enfoque socioantropológico, descrito por Ruth Pérez en su texto <a href="https://hal.science/hal-01104578v1/file/Movilidad_cotidiana_y_accesibilidad_ser_peat%C3%B3n_Ruth_P%C3%A9rez_L%C3%B3pez.pdf" target="_blank" rel="noopener">‘Movilidad cotidiana y accesibilidad: ser peatón en la ciudad de México’</a>. Este estudio destaca el uso de fotogramas para analizar las líneas de deseo peatonal, tiempos de semáforo, presencia de cebras peatonales, obstáculos en el desplazamiento de las personas peatonas y una encuesta que permite evaluar una intersección con problemas de seguridad vial.
Entre las herramientas que reflejan la institucionalización de años de lucha por la agenda de las personas peatonas, destacan iniciativas como el <a href="https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=13&amp;ag=01" target="_blank" rel="noopener">‘Inventario Nacional de Vivienda’</a> del INEGI. Este compendio de información a nivel de calle incluye datos sobre la cobertura de infraestructura peatonal, como guarniciones de las banquetas o rampas para personas con discapacidad; su continuidad ha permitido realizar comparaciones entre diferentes periodos, lo que lo convierte en un valioso recurso para evaluar el progreso. Al respecto podemos señalar que de 2010 al 2020 hubo un incremento considerable, de 48%, en el número de manzanas con cobertura de banquetas en todas las vialidades de la manzana; lo anterior de nuevo no indica la calidad o características de la misma. No obstante se registra un incremento en el número de manzanas sin banquetas en un 37.8%.
Fig 1. Relación de manzanas con cobertura de banquetas en México
<figure id="attachment_1492999" aria-describedby="caption-attachment-1492999" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1492999" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/banquetas-1.jpg" alt="Gráfica con la relación de manzanas con cobertura de banquetas en México." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/banquetas-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/banquetas-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/banquetas-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/banquetas-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1492999" class="wp-caption-text">Gráfica: Liga Peatonal.</figcaption></figure>
Otra estrategia son los senderos <a href="https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/espacio-publico/senderos-camina-libre-camina-segura" target="_blank" rel="noopener">‘Camina Libre, Camina Segura’</a>, que nacieron en la alcaldía Iztapalapa; esta estrategia fue adoptada en la Ciudad de México y recientemente han escalado políticamente a nivel nacional bajo el nombre <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-hace-llamado-a-gobernadores-y-gobernadoras-a-trabajar-en-coordinacion-a-favor-de-la-seguridad-del-pais?idiom=es-MX" target="_blank" rel="noopener">‘Senderos de Paz’</a>. Esta estrategia considera obra que mejora las condiciones de las banquetas, la accesibilidad, la iluminación, la seguridad pública y fomenta el uso del espacio público mediante activaciones, lo que ha logrado la aceptación entre mujeres e infancias y la reducción de índices delictivos.
Casos como los anteriores han demostrado un impacto como herramientas o estrategias para monitorear y mejorar las condiciones de movilidad en distintos niveles de gobierno y escalas territoriales. A nivel federal, el informe <a href="https://www.gob.mx/sedatu/documentos/calles-seguras-caminemos-unidas?state=published" target="_blank" rel="noopener">‘Calles seguras, caminemos unidas’</a> resalta por su enfoque de género e inclusión, enfatizando mejoras en la infraestructura peatonal. Se aborda el tipo de luminarias, hasta la incorporación de vegetación y actividades que promuevan el uso de las calles para convertirse en puntos de encuentro y convivencia, no solo de paso.
La reflexión en torno a las herramientas y estrategias, reflejan la evaluación de infraestructura peatonal que ha ido incorporando múltiples enfoques, mismos que han contribuido al cumplimiento de sus objetivos en favor de quienes caminamos o nos desplazamos a pie, en silla de ruedas, carriola o con bastón. Asimismo, es desde la colectividad y el activismo de la Liga Peatonal lo que se ha mantenido vigente y visible en la agenda pública durante los últimos años. Más allá de continuar con esta lucha, confío en que este esfuerzo marcará el inicio de un inventario sólido de herramientas y estrategias para impulsar los derechos de las personas peatonas.
Fig 2. Estrategias y herramientas para monitoreo de la infraestructura peatonal en México
<figure id="attachment_1493000" aria-describedby="caption-attachment-1493000" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1493000" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/banquetas-2.jpg" alt="Gráfica con las estrategias y herramientas para monitoreo de la infraestructura peatonal en México." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/banquetas-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/banquetas-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/banquetas-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/banquetas-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1493000" class="wp-caption-text">Gráfica: Liga Peatonal.</figcaption></figure>
*José Manuel (<a href="https://x.com/MiDiarioUrbano" target="_blank" rel="noopener">@MiDiarioUrbano</a>) es un especialista en transporte y movilidad urbana. Maestro n Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco, Licenciado en Estudios Socioterritoriales en la UAM-Cuajimalpa y Urbanismo en la UAA. Con estancias de investigación en la Universidad de Radboud en los Países Bajos y especialidad en Ordenamiento del Territorio en la Universidad de Málaga en España.
&nbsp;
Referencias:
<ul>
<li>Ávila, A. (2016, mayo 12). <a href="https://www.excelsior.com.mx/blog/apuntes-desde-la-megalopolis/peatoninos-liberar-las-calles-para-la-ninez-y-el-juego/1114911" target="_blank" rel="noopener">Peatoniños: Liberar las calles para la niñez y el juego</a>. Excélsior.</li>
<li>Gobierno de la Ciudad de México. (n.d.). Senderos: Camina libre, camina segura. Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX. Recuperado de <a href="https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/espacio-publico/senderos-camina-libre-camina-segura" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.</li>
<li>Gobierno de México. (2025). Presidenta Claudia Sheinbaum hace llamado a gobernadores. Presidencia de la República. Recuperado de <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-hace-llamado-a-gobernadores-y-gobernadoras-a-trabajar-en-coordinacion-a-favor-de-la-seguridad-del-pais?idiom=es-MX" target="_blank" rel="noopener">aquí.</a></li>
<li>Gobierno de México. (2022). Informes sobre la situación de la seguridad vial. Secretaría de Salud. Recuperado de <a href="https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informes-sobre-la-situacion-de-la-seguridad-vial" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.</li>
<li>(2020). Inventario Nacional de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de <a href="https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=13&amp;ag=01" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.</li>
<li>La Data (2024). <a href="https://www.ladata.mx/traza/" target="_blank" rel="noopener">La Traza, datos caminando</a>.</li>
<li>Mi Diario Urbano. (2015, agosto 22). <a href="https://midiariourbano.blogspot.com/2015/08/el-inventario-de-banquetas-nivel.html" target="_blank" rel="noopener">El inventario de banquetas</a>. Mi Diario Urbano.</li>
<li>Jane Jacobs Walk. (2024). <a href="https://www.janejacobswalk.org/2024-walks/mexico-jane-jacobs-walk-2024" target="_blank" rel="noopener">Mexico Jane Jacobs Walk 2024</a>. Jane Jacobs Walk.</li>
<li>Pérez López, R. (2014). <a href="https://hal.science/hal-01104578v1/file/Movilidad_cotidiana_y_accesibilidad_ser_peat%C3%B3n_Ruth_P%C3%A9rez_L%C3%B3pez.pdf" target="_blank" rel="noopener">Movilidad cotidiana y accesibilidad: ser peatón</a>. HAL.</li>
<li>Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). (2022). Calles seguras: Caminemos unidas. Gobierno de México. Recuperado de <a href="https://www.gob.mx/sedatu/documentos/calles-seguras-caminemos-unidas?state=published" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.</li>
</ul>

Herramientas y estrategias para evaluar la política pública peatonal

En 2024, México vivió otro año en el que la incidencia delictiva no disminuyó y el grado de violencia con el que se cometen algunos delitos aumentó. Las noticias sobre eventos violentos registradas en medios siguen evidenciando el país en el que vivimos las y los mexicanos, con hechos que no solo pueden calificarse como atroces, sino que son tan viles como cotidianos.
Causa en Común recopila mensualmente actos violentos registrados en medios en un informe titulado “<a href="https://www.causaencomun.org/atrocidades-registradas-en-medios" target="_blank" rel="noopener">Galería del Horror: atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios</a>” que presenta, describe y analiza los principales hallazgos sobre este tipo de sucesos delictivos. Estas atrocidades se catalogan en una lista de 21 categorías, entre ellas: masacres, asesinatos cometidos con tortura, violación agravada, asesinatos de mujeres con crueldad extrema, de niñas, niños y adolescentes, así como de políticos y autoridades en materia de seguridad.
El pasado 16 de enero, Causa en Común presentó el informe en el cual se documentan las atrocidades cometidas entre enero y diciembre de 2024. Durante este periodo se contabilizaron 4,001 notas periodísticas que reportan al menos 4,708 atrocidades y un total de 8,960 víctimas. Entre las atrocidades con mayor impacto destacan los asesinatos con tortura, con al menos 1,186 casos; la mutilación, descuartizamiento y destrucción de al menos 652 cadáveres; el asesinato de al menos 505 mujeres con crueldad extrema, y la comisión de 442 masacres.
Asimismo, 2024 sobresalió por uno de los números más altos de actos violentos contra la autoridad (296), asesinatos de funcionarios y actores relevantes en materia de seguridad (231), y asesinatos de actores políticos (66). Es lamentable que el año en que se llevó a cabo la elección de representantes políticos más grande en la historia de nuestro país también se destaque como el más violento para los candidatos. Entre las atrocidades registradas en estas categorías se encuentra el asesinato de Gisela Gaytán, candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, quien fue atacada durante un recorrido de campaña, y el caso de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, cuya cabeza decapitada fue encontrada en el toldo de una camioneta.
Otra atrocidad que registró cifras alarmantes fue el asesinato de niñas, niños y adolescentes, con al menos 224 casos. Este número es preocupante, pero la violencia con la que se cometen estos crímenes evidencia un problema aún mayor. Algunos de estos hechos ilustran esta realidad: el 15 de enero, un padre asesinó con un machete a su hija de 13 años en Chiapas; el 15 de febrero, las autoridades detuvieron a una pareja que trasladaba en una caja el cadáver de su hija, quien presentaba huellas de violencia y signos de abuso sexual, y el 24 de junio, un joven de 16 años fue extraído de su hogar, sometido y enterrado vivo en Coahuila.
La violencia y la brutalidad que reflejan estos hechos no solo representan una crisis de seguridad, sino también un peligroso proceso de normalización que amenaza con desensibilizar a la sociedad ante estas atrocidades. La falta de acciones contundentes y estrategias efectivas por parte del gobierno contribuye a perpetuar esta espiral de violencia, alimentada por la impunidad y la indiferencia institucional hacia las víctimas. Cada acto atroz no solo destruye vidas, sino que también fractura el tejido social, sembrando miedo y desesperanza en comunidades enteras. Es urgente que como país dejemos de ser meros espectadores de esta cruda realidad. Mientras no enfrentemos con seriedad y responsabilidad esta crisis, México seguirá sumido en un círculo vicioso donde la violencia extrema será la norma y no la excepción.
El informe completo puede ser consultado en <a href="https://www.causaencomun.org/atrocidades-registradas-en-medios" target="_blank" rel="noopener">este enlace</a>.

La normalización del horror: un balance de las atrocidades en México en 2024

Paul Watson, activista estadounidense-canadiense, fue aprendido y encarcelado en Groenlandia (territorio de Dinamarca) el pasado 21 de julio, para ser extraditado a Japón donde se le preparaba un juicio que lo mantendría en prisión por 15 años (si los sobrevivía, porque ya tiene 74 años). No ha cometido ningún crimen, defiende ballenas. Tristemente, lo anterior sucede en diversas partes del mundo, donde <a href="https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-alanis-ortega/quien-protege-ls-defensors-ambientales/" target="_blank" rel="noopener">los defensores ambientales son perseguidos</a>, atacados o asesinados por defender el medio ambiente y los ecosistemas.
Watson es fundador de la organización Sea Shepherd y se le conoció internacionalmente por Guerra de ballenas (Whale wars), una serie semanal de Animal Planet que se estrenó en 2008 y tuvo vigencia hasta 2012. En dicha serie se muestra claramente la crueldad de la cacería de ballenas que realizaba Japón en la Antártida, bajo el rubro de “investigación científica”, utilizando esa figura como un “permiso especial” ante la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y cuyos actos permanecieron por años lejos del escrutinio público.
Ante dicha visibilización, en 2010 el gobierno de Australia presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y, tras muchos alegatos, en 2014, la Corte ordenó el cese de esta actividad ilegal, y la no emisión de ningún permiso más. La cacería disfrazada de “científica” era realmente comercial y se cazaron y comercializaron más de 14 mil ballenas. Japón intentó ante la CBI conseguir otros permisos para continuar con la caza comercial de ballenas, a pesar de que la moratoria de caza comercial está vigente. Al no conseguirlo, en 2019 abandonó dicha Comisión para no acatar sus mandatos y seguir cazando ballenas en sus mares territoriales, permitido por el Derecho del Mar, de la Organización de las Naciones Unidas.
Para principios del 2024 Japón culminó la fabricación del gran buque factoría “<a href="https://cnnespanol.cnn.com/2024/05/30/japon-cazando-ballenas-nueva-nave-trax" target="_blank" rel="noopener">Kangei Maru” </a>y justo cuando lo estaba lanzando para reanudar la caza ilegal de ballenas, el capitán Watson con su tripulación se dirigió por el Pacífico Norte a tratar de impedir la nueva cacería ilegal. Fue entonces cuando al detenerse para cargar combustible en el puerto de Nuuk, en Groenlandia, se hizo efectiva la orden de detención, a solicitud del gobierno de Japón. La policía federal danesa ingresó sorpresivamente dentro de su barco donde se le aprehendió y esposó, y fue trasladado a la prisión de Anstalten.
Una vez <a href="https://oceanographicmagazine.com/news/japan-harpoons-first-fin-whale-in-half-a-century/" target="_blank" rel="noopener">preso Watson</a>, Japón emprendió abiertamente la cacería desafiando la moratoria impuesta por la CBI (vigente desde 1986), así como el derecho internacional. Por primera vez en 48 años, cazó una ballena de aleta, la segunda más grande del mundo, después de la azul, que aún se encuentra en estatus de amenazada y, además, <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2024/09/11/japan/commercial-fin-whale-catch/" target="_blank" rel="noopener">lo mostró al mundo como un triunfo</a> y anunció la intención de cazar 59 de estas grandes ballenas en esta temporada.
Durante cinco meses se retuvo al capitán Watson en prisión, con un procedimiento judicial claramente irregular y violatorio de los derechos humanos. Las protestas en diversos países no se hicieron esperar. Un pequeño grupo de organizaciones latinoamericanas fuimos especialmente activas en solicitar la libertad de Watson, tanto ante las embajadas de Dinamarca en nuestros países, como ante la sede de la CBI en su 69.a reunión plenaria celebrada en Perú en septiembre de 2024. Defender ballenas no es un crimen fue nuestro lema.
La embajada de Dinamarca en México nos informó vía electrónica que la solicitud de detener a Watson se debió a dos incidentes ocurridos en el Océano Antártico en 2010, cuando Paul Watson y Sea Shepherd se confrontaron contra un barco ballenero para evitar que éste arponeara a las ballenas y las matara. Sin embargo, durante el juicio en Groenlandia no se permitió al equipo de abogados de Watson exhibir los videos de tales acciones citadas por Japón, con lo que se demostraría la inocencia del capitán. La decisión se iba aplazando, dejando a Watson en prisión, sin definir su situación jurídica y sin admitir las pruebas de descargo; es decir, se le negó su derecho fundamental a defenderse y a presentar sus pruebas. La tardanza sin justificación es, en sí misma, una violación al debido proceso.
Y es que Dinamarca <a href="https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Denmark_1.pdf" target="_blank" rel="noopener">ha sido calificado</a> como el mejor país en aplicación de la justicia, en especial de derechos humanos y libertad de expresión, por lo que no se entendía su retraso en el procedimiento contra un defensor de ballenas que no había violado ninguna ley. La embajada de Dinamarca señaló que “el Ministerio de Justicia no ha encontrado ningún motivo para rechazar prima facie la solicitud de extradición”.
Existía preocupación por el futuro e integridad de Watson si es extraditado a Japón. Se espera uno de los peores procedimientos judiciales para un ambientalista, ya que un informe de <a href="https://www.hrw.org/report/2023/05/25/japans-hostage-justice-system/denial-bail-coerced-confessions-and-lack-access" target="_blank" rel="noopener">Human Rights Watch, </a>de apenas 2023, dio a conocer que el sistema de justicia que se aplica a rehenes en Japón es violatoria de los derechos humanos, pues se les niega un debido proceso y el derecho a guardar silencio, en su interrogatorio no cuentan con un abogado presente, se realizan confesiones obligatorias y hay vigilancia permanente.
Mientras todo esto sucedía en Groenlandia, en espera de la extradición de Watson, el 15 de noviembre de 2024 Japón volvió a desafiar el derecho internacional y la moratoria impuesta por la CBI, ya que realizó un <a href="https://japan-forward.com/japan-whalers-target-profit-new-ships-and-bigger-prey-in-their-sights/" target="_blank" rel="noopener">buffet de carne de ballena</a> de varias especies de grandes cetáceos como la ballena de aleta, la Bryde y la ballena sei, en la prefectura de Wakayama, en Taiji, sitio <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/la-muerte-en-taiji" target="_blank" rel="noopener">donde anualmente se masacran</a> cientos de pequeños cetáceos, como delfines y ballenas piloto. Esta vez anunciaron que ya no buscarán la aceptación internacional, sino ampliar el beneficio económico y lograr mayor eficiencia en la cacería de ballenas.
Tras cinco meses en prisión, una semana antes de Navidad, el 17 de diciembre el <a href="https://www.reuters.com/world/europe/denmark-will-not-extradite-anti-whaling-activist-paul-watson-japan-his-lawyer-2024-12-17/" target="_blank" rel="noopener">gobierno de Dinamarca</a> anunció que rechazó la extradición de Paul Watson a Japón y ordenó su libertad inmediata tras una valoración integral de los argumentos expuestos. Japón lamentó la decisión.
Finalmente se hizo justicia. Defender la vida de las ballenas en el océano, haciendo frente a los arpones reales de los barcos balleneros y la política desafiante e ilegal de Japón no es un delito. La masacre de ballenas no podrá sostenerse bajo ningún argumento. Celebramos la libertad de Paul Watson.
* Yolanda Alaniz Pasini es médica cirujana. Cursó las maestrías en Salud Pública y en Antropología Social, así como los posgrados en Bioética y en Desarrollo Sustentable. Fue profesora de las asignaturas de Epidemiología y Antropología Médica en la UNAM, y de Bioética y Ética Ambiental en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se desempeñó como secretaria Técnica de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, y ha sido observadora o parte de la delegación mexicana ante la Comisión Ballenera Internacional y en CITES. Actualmente es consultora para Conservación de Mamíferos Marinos de México.
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.

Defender ballenas no es un crimen: Paul Watson y su encarcelamiento

En la pasada Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, Jalisco, estuvo la escritora española Irene Vallejo, quien también visitó otras regiones del país. Días atrás publicó <a href="https://elpais.com/opinion/2024-12-15/deus-ex-machina.html" target="_blank" rel="noopener">Deus ex machina </a>(El País, 14.12.24) y de ese texto retomo seis párrafos que pienso describen con exactitud el momento que vive la sociedad en el mundo y México no es la excepción.
1. «En esta época de épica hiperventilada, los algoritmos, las redes y ciertos medios rentabilizan nuestra angustia. Al amplificar la sensación de caos, explotan la incertidumbre y el desconcierto, y, en esa atmósfera, insuflan la idea de que necesitamos individuos poderosos, carismáticos, autoritarios, capaces de disolver con mano dura las dificultades enquistadas y el desorden. Y, de paso, derribar las regulaciones, ese gran negocio».
2. «El historiador Carlo Ginzburg, hijo de Natalia, víctima de las inclemencias del fascismo italiano, escribió: “El miedo está siempre disponible, la cuestión es quién lo usa”. Curiosamente, personas que se definen como inconformistas, rebeldes e indómitas, dicen preferir un liderazgo de ordeno y mando. En la vida cotidiana nos molesta que nos dicten lo que debemos hacer, pero nos deslizamos fácilmente al espejismo del gobernante fuerte y sin contemplaciones (…)».
3. «Hoy crece en las encuestas el número de personas, sobre todo jóvenes, que aceptarían gobiernos no democráticos, siempre que garanticen ciertos niveles de bienestar. El atractivo de la mano dura parece aumentar entre quienes nunca la experimentaron. En su imaginación es solo una idea, y se permiten el lujo de idealizarla».
4. «Mientras en Atenas agonizaba la democracia, la República romana se construía sobre la idea obsesiva de evitar el personalismo. Tras una monarquía que desembocó en legendarios abusos, legislaron para impedir que un individuo carismático gobernase sin cortapisas. Todas las magistraturas de la antigua Roma se concibieron colectivas, colegiadas y responsables».
5. «“¿Quién vigila al vigilante?”, escribió Juvenal. He aquí una gran objeción: cómo garantizar una alternancia eficaz, cómo cesar al César si se lanza a cometer atropellos, qué sucede si quien manda se desmanda. No podemos entregarle todo el dominio a alguien que llega clamando ser la solución, mientras exhibe su odio al oponente y al diferente. La sana vigilancia consistirá en robustecer las cortapisas, controles y validaciones. Si eres escéptico frente al poder, asegúrate de que se fragmenta y distribuye. Divide y te protegerás».
6. «El poder es tan peligroso y enloquecedor que casi resulta un rasgo de humanidad mantenerlo diseminado y difuso. Ese fue el ideal de la democracia ateniense y la república romana, experimentos valiosos y valientes, aun en sus contradicciones. Vivir en sociedades de ciudadanos exige afrontar el embrollo cotidiano con creatividad y esfuerzo, incluso ante circunstancias adversas, como intentaron –con altibajos– esos locos antiguos. Quizá por eso, el final de las tragedias reflexionaba sobre el peso y el precio de la libertad humana. Y aunque sea tentador confiar en soluciones drásticas, conviene recordar que los salvadores providenciales, aquellos que ofrecen remedios simples para problemas complejos –recetas ex machina–, son siempre pura tramoya”.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

La sociedad opta por gobiernos autoritarios

Mientras observo las olas romper en la costa mexicana, no puedo evitar preguntarme qué océano heredaremos a las próximas generaciones. Esta reflexión, lejos de ser retórica, encuentra eco en una de las iniciativas más ambiciosas de nuestro tiempo: el Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030).
Esta iniciativa busca garantizar la salud y sustentabilidad de los océanos, esenciales para el bienestar de la humanidad y del planeta. Bajo el eslogan “La ciencia que necesitamos para el océano que queremos”, se identifican diez desafíos prioritarios, cada uno acompañado de un documento blanco, los cuales ofrecen diagnósticos detallados, estrategias de acción e indicadores para medir el avance.
Este marco científico-político representa un avance significativo en la forma de abordar la crisis oceánica global. Desde Oceana, reconocemos esta iniciativa que busca fortalecer la cooperación internacional, la contribución entre gobiernos, academia y Organizaciones de la Sociedad Civil, que posicionan a la ciencia como eje central en la toma de decisiones para la protección de los océanos.
Estamos a la mitad de la década marcada y la pregunta ya no es si podemos salvar nuestros océanos, sino cómo vamos a hacerlo. Los <a href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation" target="_blank" rel="noopener">documentos blancos del Decenio</a> nos proporcionan el mapa; ahora nos toca a nosotros emprender el viaje. Como científica y defensora de los océanos, hago un llamado a la acción: el momento de actuar es ahora, y la ciencia nos muestra el camino.
Desde mi posición, he sido testigo del poder transformador que tiene la evidencia científica cuando se traduce en políticas públicas efectivas. Cada victoria en la protección de nuestros mares, cada política implementada para el uso sustentable de recursos marinos ha tenido como fundamento datos científicos sólidos y el trabajo colaborativo entre gobiernos, academia y sociedad civil.
El océano que queremos no es una utopía inalcanzable; es una meta que podemos y debemos alcanzar. Solo a través de la colaboración entre ciencia, política y sociedad podremos garantizar que las futuras generaciones hereden unos océanos saludables y resilientes. El tiempo apremia, y el destino de nuestros mares está en nuestras manos.
* Mariana Reyna es coordinadora de Ciencia de Oceana en México.

Ciencia, acción y colaboración: construyendo el océano que queremos

La llegada de Donald Trump por segunda ocasión a la presidencia de Estados Unidos arroja cientos de lecturas y motivos para preocuparse. Cada vez es más claro que desde hace tiempo atravesamos convulsamente un desfondamiento civilizatorio que tiene sus orígenes en un vaciamiento cultural de los valores que dieron origen al proyecto civilizatorio nacido de las cenizas de Auschwitz y que tenía como garantes a los órganos supranacionales y el Estado. De manera más profunda la crisis se encuentra en la pérdida del valor de la palabra, la verdad, la ética, la dignidad humana, la pluralidad y el diálogo. Transitamos hacia tiempos complejos que algunos llaman crisis civilizatoria y que el EZLN ha llamado “la tormenta”.
Entre los hechos y las señales que arrojó el primer día de la nueva era Trump, me permito detenerme en uno en particular. Elon Musk dio un discurso en el que elogió los nuevos tiempos y realizó en un par de ocasiones el saludo asociado al fascismo y al nazismo, que varios han intentado matizar. Por razones obvias esto impactó en Alemania, donde varios <a href="https://www.spiegel.de/ausland/elon-musk-zeigte-der-tech-milliardaer-bei-donald-trumps-amtseinfuehrung-den-hitlergruss-a-83b07a48-8409-470f-8549-ae778ff2c2de" target="_blank" rel="noopener">medios realizaron entrevistas a especialistas que afirmaron que fue un saludo nazi</a> e incluso <a href="https://www.zeit.de/index" target="_blank" rel="noopener">Die Zeit</a> publicó la foto tapando la mano en alto.
<figure id="attachment_1492904" aria-describedby="caption-attachment-1492904" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1492904" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/saludo-nazi-de-musk.jpg" alt="Portada del diario alemán Die Zeit, que publicó la foto de Musk con el saludo nazi tapando la mano en alto." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/saludo-nazi-de-musk.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/saludo-nazi-de-musk-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/saludo-nazi-de-musk-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/saludo-nazi-de-musk-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1492904" class="wp-caption-text">Portada del Die Zeit.</figcaption></figure>
Esta polémica, que no debe ser polémica, sobra. Basta haber seguido en los últimos años las declaraciones y posturas del dueño de X en las que abiertamente promueve el neonazismo y la supremacía blanca. <a href="https://www.dw.com/es/elon-musk-defiende-su-apoyo-a-la-ultraderechista-afd/a-71176545" target="_blank" rel="noopener">Musk lleva tiempo impulsando a las ultraderechas europeas y particularmente al partido neonazi Alternativa para Alemania (AfD)</a>.
La adquisición de Twitter y su conversión a X es parte del proyector político de Musk que ha transformado la red social en una herramienta de la extrema derecha en la que los cambios a la plataforma y su algoritmo amplifican los mensajes ideológicos populistas de extrema derecha, al tiempo que reducen los alcances de otros mensajes. <a href="https://www.lavanguardia.com/vida/20250110/10272412/mas-60-universidades-alemanas-dejan-x-orientacion-antidemocratica-musk.html" target="_blank" rel="noopener">Esto llevó a más de 60 universidades alemanas a abandonar X hace unas semanas</a>, debido a que la plataforma “no es compatible con los valores fundamentales de las instituciones participantes, como la apertura al mundo, la transparencia y el discurso democrático”. Particularmente la Universidad Goethe de Frankfurt emitió un comunicado diciendo que “los estudios y observaciones muestran que la plataforma perjudica específicamente a las voces democráticas; la evidencia de influencia en los procesos democráticos en Estados Unidos hace temer que algo similar suceda en Europa… estos y otros cambios hacen que su uso continuo sea inaceptable para instituciones comprometidas con el conocimiento basado en hechos y los valores democráticos”. Así de claro y contundente.
También algunos medios decidieron abandonar X. Es el caso de <a href="https://www.theguardian.com/media/2024/nov/13/why-the-guardian-is-no-longer-posting-on-x" target="_blank" rel="noopener">The Guardian</a> y <a href="https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2025/01/20/fighting-for-facts-in-the-era-of-trump-and-musk_6737224_23.html" target="_blank" rel="noopener">Le Monde</a>. El medio británico argumentó desde el pasado noviembre que “los beneficios de estar en X ahora son superados por los negativos y los recursos podrían usarse mejor para promover nuestro periodismo en otros lugares”. Debido a que los contenidos promocionados por la plataforma incluyen “teorías de conspiración de extrema derecha y racismo”. Por su parte el medio francés afirmó el día de la toma de protesta de Trump que X es una “amenaza global al libre acceso a información confiable”, por lo que han “decidido dejar de compartir nuestro contenido en esta plataforma mientras funcione de esta manera y recomendar a los periodistas de Le Monde que hagan lo mismo”.
Si Musk y X eran ya una grave amenaza a la verdad, la diversidad y la democracia, ahora se suma la agenda fascista del millonario y su alcance como parte fundamental dentro del gobierno de Trump. Es grave la deriva autoritaria que toma el mundo y particularmente el país más poderoso del planeta; igual de grave sería normalizar o minimizar el fascismo promovido desde X.
Me atrevo a pensar que si esto hubiera ocurrido hace unos años o lustros, la salida masiva de usuarios de X se hubiera dado de inmediato. Ahora no ocurre y esto es un síntoma más del desfondamiento cultural de nuestro tiempo. Sobran argumentos pragmáticos para mantenerse dentro de la plataforma, pero al fondo lo que hay es indiferencia, una falsa idea de beneficios que superan a los principios, el desfondamiento ético, o una sensación propia de las mismas redes digitales en las que la aberración de hoy será borrada por la aberración de mañana. Nada resulta grave, nada resulta importante, todo se matiza. Permanecer en X resulta, en mi opinión, complicidad involuntaria del desfonde civilizatorio.
Bluesky: <a href="https://bsky.app/profile/jacobodayan.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">@jacobodayan.bsky.social</a>

Heil X

México enfrenta muchos desafíos este nuevo año, uno de ellos en el contexto internacional adverso, especialmente por las amenazas económicas y de deportaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con impacto en el país.
El tema es de suma importancia y va a requerir de decisiones estratégicas que involucran no solamente al gobierno, sino también al sector privado. Una de ellas es apostar por el ingreso digno, pues permite fortalecer el mercado interno e incrementar la productividad. Se requiere un modelo económico que promueva la productividad y la competitividad con un lazo indisoluble con mejores remuneraciones.
Y eso sólo es posible con la participación y decisión de las empresas. No se puede imponer por decreto.
Es buena noticia que varios organismos empresariales y de la sociedad civil se han comprometido para impulsar la iniciativa por ingreso digno, VIDA DIGNA, para promover la adopción voluntaria del ingreso digno, especialmente entre las grandes y medianas empresas, y de manera urgente e indispensable para las que se ostentan como socialmente responsables.
El segundo reporte del Termómetro Salarial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza muestra aún la magnitud de la precariedad laboral en empleos formales registrados ante el IMSS que pagan bajos salarios.
El Termómetro Salarial considera tres rangos o estratos salariales:
<ul>
<li>Salarios de pobreza, los inferiores al monto equivalente al costo de dos canastas básicas. Para diciembre de 2024, son menos de 9,259 pesos.</li>
<li>Salarios de sobrevivencia, que cubren el costo de dos canastas básicas, pero es menor al monto de referencia del salario digno, que al cierre de 2024 se ubica en 12,500 pesos al mes.</li>
<li>Salario digno y más, los mayores a 12,500 pesos al mes.</li>
</ul>
<h2>Principales hallazgos</h2>
De un total de 22.2 millones de personas con empleo formal registrado ante el IMSS, 7.9 millones, más de la tercera parte (36 %), ganan salarios de pobreza y 4.2 millones, casi la quinta parte (19 %), ganan salarios de sobrevivencia. Sumando ambas situaciones, 12.1 millones (55 %) carecen de salario digno.
<figure id="attachment_1492886" aria-describedby="caption-attachment-1492886" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1492886" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-1.jpg" alt="Gráfica sobre los 12.1 millones (55 %) de trabajadores en México que hoy carecen de salario digno." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1492886" class="wp-caption-text">Gráfica: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.</figcaption></figure>
Si bien el salario promedio de los puestos de trabajo registrados en el IMSS es de 587 pesos al día (17,857 pesos al mes), el punto medio (mediana) es mucho menor: son 390 pesos (11,842 pesos al mes).
Cuando los datos nacionales se focalizan en las condiciones de mujeres y jóvenes, el panorama resulta preocupante.
<h2>Menos trabajos y menor salario para mujeres y jóvenes</h2>
En el caso de las mujeres, de los 22.2 millones de trabajos formales, ocupan solo el 40 %; es decir, alrededor de 9 millones. Pero de ellas, 3.3 millones tienen salarios de pobreza (37 %) y 1.9 millones de sobrevivencia (21 %). Sumando ambas situaciones, 5.2 millones de mujeres carecen de salario digno (58 %).
El salario promedio de las mujeres es 2,248 pesos menor al salario promedio de los hombres.
<figure id="attachment_1492890" aria-describedby="caption-attachment-1492890" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1492890" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-2.jpg" alt="Gráfica sobre las 5.2 millones de mujeres que carecen de salario digno (58 %) en México." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1492890" class="wp-caption-text">Gráfica: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.</figcaption></figure>
Y para el caso de las personas jóvenes, de 15 a 29 años de edad, son 6.4 millones con puestos de trabajo formal registrados en el IMSS.  De los cuales 2.5 millones ganan salarios de pobreza (38%) y 1.5 millones de sobrevivencia (24%).  Ambas situaciones suman 4 millones con trabajo formal que carecen de salario digno (62%).
Cabe acotar que el salario promedio de las y los jóvenes es de alrededor de 5,400 pesos al mes menor que el que reciben adultos entre 30 y 60 años de edad.
<figure id="attachment_1492892" aria-describedby="caption-attachment-1492892" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1492892" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-3.jpg" alt="Gráfica con información sobre los 4 millones de jóvenes con trabajo formal que carecen de salario digno (62 %)." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-3.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-3-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-3-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ingreso-digno-3-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1492892" class="wp-caption-text">Gráfica: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.</figcaption></figure>
<h2>¿Solo las micro y pequeñas empresas pagan estos salarios?</h2>
Por increíble que parezca, las grandes y medianas unidades económicas del país también son fábricas de pobreza.
En ellas se ubican 3.8 millones de los puestos de trabajo con salarios de pobreza (49 %) y con 3.1 millones con salarios de sobrevivencia (72 %). Sumando ambas situaciones, resulta que las grandes y medianas empresas ocupan a 6.9 millones de personas que carecen de salario digno, 58 % del total.
Es por ello que, ante el panorama actual, y frente a los retos por venir, VIDA DIGNA, la iniciativa por ingreso digno que surge desde el sector empresarial, es una respuesta adecuada ante los desafíos laborales que enfrenta el país, pues todavía hay margen de mejora a las remuneraciones.
En ese sentido, se reitera el llamado a las empresas para que de manera voluntaria garanticen nóminas libres de pobreza y avancen hacia el ingreso digno.
El paradigma del modelo económico que promueve la competitividad de México con base en bajos salarios puede y debe superarse.
Hay que acabar con la normalidad de trabajos que producen pobreza.
<a href="https://x.com/FrenteaPobreza" target="_blank" rel="noopener">@FrenteaPobreza</a>

Frente a la turbulencia internacional, apostar por el ingreso digno

En el marco de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no se vislumbra un piso parejo para la vigencia de los derechos humanos en México, pero sí -en cambio- una aplicación discrecional de los mismos.
En dicho periodo fueron aprobadas varias reformas constitucionales. Desde el enfoque de derechos humanos, dos de ellas son progresivas, pero al menos cuatro representan regresiones preocupantes.
La incorporación de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al texto constitucional es una bocanada de esperanza, lo mismo que la reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas. En contraste, las reformas al Poder Judicial, a la Guardia Nacional (GN), a los órganos autónomos y a la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) –cuya aprobación inició en septiembre de 2024, en la LXVI Legislatura– ameritaban, por ser de gran calado, una minuciosa discusión de fondo. Si bien para la reforma judicial se efectuaron diálogos nacionales entre el 21 de febrero y el 18 de abril en diferentes estados del país, las observaciones de organismos internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y víctimas de violaciones de derechos humanos no tuvieron eco.
Las y los legisladores desoyeron además los llamados y advertencias hechas por la ONU y organismos jurisdiccionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así, marcaron su distancia de los principios del derecho internacional e interamericano de derechos humanos que México asumió voluntariamente y que está obligado a cumplir.
En total, bastaron 47 horas de discusión –de madrugada y a puerta cerrada– en la Cámara de Diputados y de Senadores para aprobar la reforma judicial. En cuatro días se concretó la institucionalización de la militarización de la seguridad pública con el paso de la GN a la Defensa. Las y los legisladores pulverizaron también en cuatro días a los órganos autónomos, entre ellos al INAI, institución que implicó –para las OSC y otros actores sociales y políticos– décadas de intenso trabajo para construirlo y consolidarlo.
<figure id="attachment_1492744" aria-describedby="caption-attachment-1492744" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1492744" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/derechos-humanos.jpg" alt="Foto de la Guardia Nacional en el Zócalo." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/derechos-humanos.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/derechos-humanos-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/derechos-humanos-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/derechos-humanos-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1492744" class="wp-caption-text">La incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa institucionaliza la militarización de la seguridad pública y acrecienta los riesgos para los derechos humanos. Foto: Amnistía Internacional, sección mexicana.</figcaption></figure>
<h2>El otro lado de la moneda</h2>
En contraste, la <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5743185&amp;fecha=15/11/2024#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">aprobación de la reforma</a> que impulsa la igualdad sustantiva, la erradicación de la brecha salarial y que busca garantizar la protección contra la violencia de género abre la posibilidad largamente aplazada de que por fin se empiecen a eliminar los obstáculos estructurales característicos del sistema patriarcal que han impedido el ejercicio pleno de nuestros derechos como mujeres.
Otro tema relevante es la aprobación de la reforma constitucional en materia de <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5739986&amp;fecha=30/09/2024#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos</a>. Aunque ha sido cuestionada porque no se realizó un proceso de consulta amplio, previo a su promulgación.
El caso es que mientras unos derechos se impulsan otros se restringen. Su vigencia requiere de un piso parejo; no se puede, no se debe escatimar la aplicación de unos por otros. Los derechos humanos no se pueden escoger, son para todas, todos y todes y se aplican sin cortapisa.
<h2>Más dudas que certezas</h2>
Por lo pronto, la reforma judicial pone en tela de juicio el contrapeso que debe ejercer el Poder Judicial en relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo. En una <a href="https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29251" target="_blank" rel="noopener">carta</a> enviada al gobierno mexicano, el 29 de julio de 2024, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advierte que dicha reforma podría “socavar la independencia de la judicatura mexicana”.
Si bien advierte que el derecho internacional no requiere un procedimiento específico de nombramiento y selección de jueces, si enfatiza que “cualquier procedimiento” que sigan los Estados debe contar con un mecanismo “transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad”.
En ese sentido, llama la atención sobre la responsabilidad que recae en el poder legislativo para aprobar la idoneidad de los candidatos a jueces y magistrados porque, señala, la intervención de una entidad política incrementa “el riesgo de captura política del poder judicial”. Además de que “no asegura una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de selección de candidatos”.
Otro señalamiento relevante de la relatora es en el sentido de que “la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas”, con miras a una eventual reelección. Lo que implica un riesgo significativo para la imparcialidad de las decisiones judiciales.
La CIDH también hizo un <a href="https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/213.asp" target="_blank" rel="noopener">análisis</a> sobre el tema. En él “reconoce la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial”, pero señala que no hay certeza para garantizar la “idoneidad y acceso meritocrático” de las personas que aspiran a la carrera judicial. Precisa que la reforma “no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia, ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”.
Advierte que el haber incluido en la reforma a los denominados “jueces sin rostro” es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México forma parte. Para la CIDH una reforma de este calado debería abarcar a las fiscalías, como la General de la República, las estatales y las defensorías públicas. Desde Amnistía Internacional hemos dicho reiteradamente que dichas instituciones son el nudo gordiano que impide, desde hace décadas, una correcta impartición de justicia en el país.
La reforma judicial fue hecha desde el poder, fue impuesta con la fuerza del poder, bajo la premisa de la denominada “mayoría absoluta” y sin considerar mínimamente que el gobierno se ejerce para todas las personas, no solo para los adeptos y que, por ello en su análisis, se debieron considerar a todas las voces.
<h2>Los derechos no desaparecen</h2>
La extinción del INAI –junto con otros seis órganos autónomos– es un grave retroceso para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Sin una institución dedicada expresamente a ello, será mucho más complejo que el Estado mexicano pueda garantizarnos a todas, todos y todes ese derecho.
El INAI permitió conocer información fundamental en miles de casos, entre los emblemáticos de corrupción o conflictos de interés están los de Odebrecht, la planta de Agronitrogenados, la <a href="https://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/" target="_blank" rel="noopener">Casa Blanca</a> o la Estafa Maestra que fue ampliamente documentada por <a href="https://panel.animalpolitico.com/estafa-maestra/estafa-maestra-gobierno-contrata-empresas-fantasma.html" target="_blank" rel="noopener">Animal Político</a>. La difusión que les dieron los medios de comunicación permitió que se iniciaran procesos en contra de las personas funcionarias involucradas.
En el sexenio anterior el gobierno negó con frecuencia información al clasificarla como “seguridad nacional”. Es claro que se requiere de una institución con independencia técnica y de gestión que garantice nuestro derecho de acceso a la información estatal.
Lo cierto es que el derecho a la información no desaparece y la forma de hacerlo valer deberá mantenerse como hasta ahora: sin condición para ejercerlo. Las personas debemos contar con procesos accesibles; las solicitudes deben seguir siendo anónimas y sin que se nos requiera justificación para realizarlas; tampoco deberán implicar traslados ni gastos innecesarios ni la necesidad de contar con un abogado para presentarlas.
En medio de esta polémica tampoco hay claridad sobre el destino de la Plataforma Nacional de Transparencia que administra el INAI. Un tema nada menor puesto que incluye millones de datos de información acumulados por lustros, su construcción implicó un reto técnico y se requirió una inversión millonaria para su desarrollo y mantenimiento.
<h2>Los militares seguirán en labores de seguridad pública</h2>
La reforma que autoriza el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa institucionalizó la militarización de la seguridad pública en México. En este tema tampoco valieron los llamados de las OSC, de los especialistas y de organismos internacionales para cambiar ese paradigma por una estrategia que ponga en el centro los derechos humanos de las personas y recargue el peso de la seguridad pública en fuerzas policiales civiles.
Desde Amnistía Internacional cuestionamos la militarización de la seguridad pública desde hace 20 años. Argumentamos, con base en <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">sentencias</a> de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre los <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/cabreragarciaymontiel_24_06_20.pdf" target="_blank" rel="noopener">graves riesgos</a> de esa medida para los derechos humanos. Las masacres de <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/muerte-de-5-personas-en-nuevo-laredo-no-es-hecho-aislado" target="_blank" rel="noopener">Nuevo Laredo</a>, Tamaulipas del año 2023, y la de <a href="https://www.animalpolitico.com/seguridad/ejercito-migrantes-disparos-chiapas?s=09" target="_blank" rel="noopener">migrantes en Chiapas</a> de octubre de 2024, así como las muertes de <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-mundo/politica-seguridad-derechos-personas" target="_blank" rel="noopener">mujeres, personas jóvenes, niñas y bebés</a> a manos de militares y elementos de la Guardia Nacional son algunos ejemplos de ello.
En nuestro informe <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2024/11/INFORME-CAMBIANDO-PARADIGMA-DIGITAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Cambiando el Paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos</a>, presentado en noviembre de 2024, incluimos propuestas para devolver el manejo de la seguridad pública a las corporaciones civiles. Sin embargo, el Estado decidió mantener su política militarista con las graves consecuencias referidas.
<h2>Prisión preventiva oficiosa vs presunción de inocencia</h2>
Por si fuera poco, la reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) asesta un duro golpe al principio de presunción de inocencia y a la libertad personal. Propicia detenciones arbitrarias principalmente de personas menos privilegiadas, hombres jóvenes, personas racializadas no blancas, que habitan en zonas periféricas de la metrópoli o de zonas empobrecidas, como consta en nuestro informe <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2020/06/Falsas-Sospechas.pdf" target="_blank" rel="noopener">Falsas sospechas</a>.
Contraviene la <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_470_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">sentencia</a> que emitió la CoIDH contra México en 2022, por haber mantenido en prisión preventiva oficiosa durante 17 años a Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, a quienes finalmente no se les comprobaron los delitos imputados.
A contrario sensu la PPO no ha frenado la impunidad y mucho menos la incidencia delictiva. La procuración de justicia no avanza por la ineficiencia de las fiscalías del país como lo advertimos en nuestro informe <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2021/09/Informe-Juicio-a-la-Justicia-Amnist%C3%ADa-Internacional-M%C3%A9xico.pdf" target="_blank" rel="noopener">Juicio a la Justicia</a>. Por ello insistimos en que se revise y mejore su trabajo y se fortalezca a las policías locales, entre otras medidas que sí redundarían en la disminución de la impunidad y la incidencia delictiva.
Además, la prisión preventiva oficiosa expone a las personas privadas de la libertad a violaciones de derechos humanos como tortura y tratos crueles e inhumanos. Los centros carcelarios no son sitios que se precien por el respeto de los derechos humanos.
<h2>Un nuevo llamado al diálogo</h2>
El 4 de septiembre de 2024 envié a Claudia Sheinbaum, en su calidad de presidenta electa, <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/carta-abierta-a-la-presidenta-electa-de-mexico/" target="_blank" rel="noopener">una carta</a> para solicitarle una reunión en la que pudiéramos dialogar sobre los grandes pendientes que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Le manifesté que su llegada a la presidencia constituye una oportunidad para generar espacios de escucha, diálogo e interlocución.
En Amnistía Internacional creemos que así será. Por ello a poco más de 100 días de iniciado su gobierno reiteramos nuestro llamado para reunirnos y generar alternativas consensuadas encaminadas a consolidar el sistema de derechos humanos en México, como lo hemos hecho desde que Amnistía Internacional inició su trabajo en el país hace ya casi 54 años.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://x.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (<a href="https://x.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>).

100 días de Sheinbaum: los derechos humanos deben ser para todos, todas y todes

En Mexicanos Primero estamos sumamente orgullosos de haber presentado la semana pasada <a href="https://www.mexicanosprimero.org/monito/" target="_blank" rel="noopener">Monito Educativo</a>, un producto de acceso libre y gratuito que materializa nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y que nos permitirá estar más cerca de las entidades federativas y de sus comunidades educativas. Con esto reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y defensa del derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en México, dejando atrás el señalamiento y dando paso hacia la colaboración y el seguimiento crítico a las políticas que transforman nuestras escuelas.
Reconocemos que a pesar de que en nuestro país se han realizado importantes acciones en materia de transparencia y de rendición de cuentas, y de que muchas de ellas se creía que ya estaban institucionalizadas, en los últimos años nos hemos enfrentado a la pérdida de información sobre el sistema educativo, a retrasos inexplicables en la publicación de estadísticas e indicadores básicos, a datos e información dispersa y a la inexistencia de las evaluaciones de logro. Si bien no podremos resolver estos problemas, sí estamos ofreciendo a partir de Monito un tablero vivo de políticas e indicadores educativos, diseñado para consolidar y presentar información clave de manera accesible, comprensible y visualmente atractiva a toda aquella persona interesada en conocer, estudiar o dar seguimiento al sistema educativo mexicano no solo a nivel nacional sino también a nivel de cada entidad federativa. Esta es solo la primera etapa de este tablero, ya que seguirá creciendo y evolucionando para integrar y salvaguardar, de mejor manera, más información. Aspiramos a que en un futuro Monito sea un recurso indispensable para quienes toman decisiones y para toda la comunidad educativa: directivos, docentes, padres de familia, alumnos y la sociedad en general.
¿Qué podemos encontrar en Monito? Podemos identificar las dependencias estatales responsables de la educación, así como información de las autoridades educativas responsables. Monito consolida datos estadísticos, indicadores y de infraestructura en un solo lugar. Por ejemplo: las cifras sobre escuelas, alumnas, alumnos y docentes para cada tipo educativo en las 32 entidades y a nivel nacional. En cuanto a los indicadores como cobertura, abandono, absorción y terminación en los distintos niveles escolares, no solo encontraremos su valor actual sino también la serie histórica.
Monitoreo Educativo reúne, por primera vez en nuestro país, todos los Programas Sectoriales de Educación de cada entidad, con esto podemos conocer todos los compromisos que los gobernadores han hecho con las niñas, niños y adolescentes en materia educativa.
Monito no sólo es una herramienta de monitoreo, es un espejo para nuestro sistema educativo. Un espacio donde todas y todos, desde autoridades hasta comunidades escolares, podemos vernos reflejados y comprometernos con la educación de las y los estudiantes. Una memoria del sistema educativo mexicano y una declaración: el derecho a aprender debe estar respaldado por datos claros y decisiones responsables.
Mexicanos Primero está acompañando el sistema educativo mexicano y esta plataforma es una oportunidad para reconocer tanto los retos, esfuerzos, buenas prácticas y evidencia del sistema educativo nacional y de cada uno de los estados. Hoy abrimos la invitación a explorar esta plataforma, compartirla y utilizarla en favor de la defensa del derecho a aprender desde cada uno de sus espacios.
No dejen de visitarlo<a href="https://www.mexicanosprimero.org/monito/" target="_blank" rel="noopener"> aquí</a>.

Presentamos Monito Educativo

Escribo estas líneas minutos después de que ocurriera la noticia que solo parece ser noticia para los opinadores en México. No hay nada en las <a href="https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/teacher_portal/educational_resources/executive_orders/" target="_blank" rel="noopener">órdenes ejecutivas</a> ―los columnistas, la comentocracia y los diarios nacionales insisten en llamarles “decretos”, “decisiones”, lo cual es confuso y poco preciso, si bien parece que a partir del desconocimiento de ese poderoso instrumento jurídico del presidente de Estados Unidos, los medios políticos y de comunicación al sur de la frontera con ese país llevan, como suele decirse, agua para su molino. Cada orden ejecutiva estaba más anunciada que el hecho incontrovertible de prever que mañana temprano volverá a salir el sol, o que pasado mañana habrán muerto otras decenas más de personas cortesía del crimen a lo largo y ancho del territorio nacional. Por favor amigas, amigos y amigues: nada de eso es noticia.
Me explico.
La confusión parece premeditada. Lo mismo para quienes, no encuentro otra forma de decirlo, se pasaran al otro lado y peroraron anticipadamente de algo que, válganos dios, llaman <a href="https://www.milenio.com/opinion/denise-maerker/atando-cabos/el-fin-de-la-decencia" target="_blank" rel="noopener">el fin de la decencia</a> ―la de quién, porque ahí cabe la especie humana completita; que para quienes se erigieron en salvadores del homo sapiens liberal, tan clemente y bondadoso como el Pueblo Bueno, para lo cual ―en su ignorancia de la historia de las ideas y del <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fe56iVvnkuI" target="_blank" rel="noopener">pensamiento estratégico</a>, en tanto que <a href="https://historyreclaimed.co.uk/the-hermeneutics-of-culture-wars/" target="_blank" rel="noopener">el término proviene de la izquierda socialista estadounidense</a>― se sacan del viejo cajón la expresión <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/fernando-garcia-ramirez/2025/01/20/trump-y-la-guerra-cultural/" target="_blank" rel="noopener">“guerra cultural”</a> al tratar de cifrar el sentido profundo de la segunda presidencia de Trump, cuando la guerra, las guerras reales que ya tienen lugar, cambiarán y/o se extenderán hacia otros frentes en el mapa. Tampoco es noticia. Entre la militancia dura, uno encuentra afirmaciones al mismo tiempo simplonas y espeluznantes que denotan, además del retorno triunfal y literal del significado atávico del nombre de la Patria, el ombligo de la Luna, la necesidad urgente de recibir atención profesional para tratar un narcisismo agudo del tipo que lleva a decir cosas como estas: “<a href="https://www.milenio.com/opinion/viri-rios/no-es-normal/que-sigue-con-trump" target="_blank" rel="noopener">Trump nos estará hablando a nosotros</a>”. No estamos lejos de leer, la semana próxima: “Les cuento que a mí me hablaron, en teleconferencia, Jesucristo, Benito Juárez, Carlos Jonguitud Barrios y la Doña, María Félix. Tranquilos chicos, calmantes montes, alicantes pintos: Estados Unidos, problemita resuelto”.
Mientras tuvieron lugar los numerosos <a href="https://www.theguardian.com/music/2025/jan/20/nelly-trump-presidential-inauguration-performance-defence" target="_blank" rel="noopener">inaugural balls y otras sórdidas celebraciones</a> en torno al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, medio mundo y medio Washington anduvieron a la caza de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump antes de largarse a bailar por enésima ocasión “Macho Man”. No es necesario tenerlas ni verlas. Basta con <a href="https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/01/president-trumps-america-first-priorities/" target="_blank" rel="noopener">repasar la lista que los señala puntualmente</a>. Ahí tampoco nadie ―más o menos pensante, más o menos informado― encontrará mayores sorpresas. En el plano doméstico, entre otras prioridades, como todo presidente que se respete ―es complicado argumentar cómo es que el actual en efecto lo logra―, una vez más habrá que drenar el pantano, hacer América grandiosa otra vez, implementar algo que en México conocemos desde el tiempo de la Colonia como la “simplificación administrativa”, ya no echar para atrás cualquier asunto relativo a la inclusión y diversidad sexuales, sino de plano regresar al tiempo de las cavernas.
En el plano internacional, que empieza ―para quien, diferencia de la burocracia de Relaciones Exteriores, sí conoce Estados Unidos― al interior del país: deportaciones, que sí habrá, de mexicanos y de todas partes del mundo que, esto tampoco es noticia, serán echados al otro lado de la frontera, en el país cuyo gobierno dice que no será tercer país seguro ―cosa que, al menos yo, tomo al pie de la letra: acá nadie está seguro ―incluidos los amigos del abrazo, ya catalogados como parte del terrorismo internacional.
Para todo lo demás, que no es poco, vale apoyarse en la última edición de <a href="https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/" target="_blank" rel="noopener">The Military Balance (2024)</a> que cada año arma y edita el equipo de expertos del <a href="https://www.iiss.org/" target="_blank" rel="noopener">International Institute for Strategic Studies</a> de Londres, siempre con voluntad de hacer comprensible, al menos para quien quiera entender, las tendencias en los conflictos armados y crisis alrededor del mundo. Cada edición incluye un mapa detallado que vale más que tres mil presentaciones de PowerPoint proyectadas a deshoras en Palacio.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1492716" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/conflictos-en-el-mundo.jpg" alt="Mapa con la ubicación de los conflictos militares en el mundo al inicio de 2025." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/conflictos-en-el-mundo.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/conflictos-en-el-mundo-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/conflictos-en-el-mundo-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/conflictos-en-el-mundo-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
A menos que se padezca de daltonismo (es mi caso), echándole una mirada al mapa de conflictos y crisis del IISS, queda claro que México, Colombia, yo agregaría Venezuela ―que no fue incluida por las fechas de la fraudulenta elección y toma de posesión de  Nicolás Maduro―, no están color de hormiga como Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Afganistán, Sudán, pero sí más ardientes que India, Turquía, Níger, Mozambique. Cabe señalar que las diferentes tonalidades con que se identifican los países/conflictos/crisis refieren al impacto humano medido con diversos criterios: mortalidad, heridos, desplazados, desaparecidos, hambrunas, fallas de las economías, entre otras.
Se trata de un instrumento que refleja los alcances, el reach, que tendrá el despliegue militar de Estados Unidos con Trump, sus agencias de inteligencia, qué embajadas de ese país serán cruciales: un instrumento útil para quien busque entender y ver un poco más allá. Estados Unidos vuelve a ser, otra vez, la única potencia global. Ofrezco mi reino por un caballo que no nos están precisamente hablando a nosotros.
Al contrario, la red consular de México, el embajador en Washington que no para de grabar videos inocuos, deberían estar hablando con ellos: con quienes no son amigos ―en el entendido que la diplomacia es el arte de la persuasión, se supone― por ejemplo, empleadores racistas que no vacilan en contratar mexicanos porque de lo contrario el negocio se cae por costos; con los supremacistas, que odian más a otros grupos étnicos antes que los paisanos; con Fox News y demás outlets donde se congrega la demencia y la desinformación, con los republicanos en todos los niveles. <a href="https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-cuenta-en-estados-unidos-con-una-red-consular-solida-y-coordinada-para-defender-la-dignidad-y-los-derechos-de-los-connacionales?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">Y no con los aliados de siempre. Ni como táctica elemental camina hacerse amigos de los restauranteros, empresarios y activistas mexicanos y/o de origen mexicano. Menos aún presentar eso como un dique de contención.</a> La señal es contundente: gracias por ser mi amigo, amigo, pero ahí vienen los malos. Agárrate, que juntos nos arrojamos al precipicio.
<div class="col-span-12 lg:col-span-7 md:pr-[30px] font-Lora-Regular ">
<div class="border-b border-black">
<div class="post-details">
<div>
* Bruno H. Piche (<a href="https://x.com/BrunoPiche" target="_blank" rel="noopener">@BrunoPiche</a>) es ensayista y narrador. Ha sido editor, diplomático, promotor cultural y de negocios internacionales. Es autor de los libros Robinson ante el abismo, Noviembre, El taller de no ficción, Los hechos y más recientemente, La mala costumbre de la esperanza (Literatura Random House). En 2025 aparecerá su libro de ensayos biográficos del primer premio Nobel mexicano, Alfonso García Robles, por El Colegio Nacional, del cual García Robles fue un destacado miembro.
</div>
</div>
</div>
</div>

Trump y México: cero o casi cero noticias

Siete de veintidós.  Esa es la <a href="https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/cabinet-and-cabinet-level-appointments/" target="_blank" rel="noopener">proporción de mujeres </a>que Donald Trump postuló al Senado para ser integrantes de su gabinete este 20 de enero, al asumir su segundo mandato no consecutivo como el 47° presidente de Estados Unidos. En un contexto donde los debates sobre inclusión y diversidad están en el centro de la agenda global, su administración inicia con una composición que refleja su visión del país, del mundo y su compromiso (o falta de) con la representación igualitaria y equitativa en el poder.
A lo largo de su campaña y en declaraciones previas, Trump dejó claras las prioridades de su administración: cerrar las fronteras, implementar políticas migratorias estrictas, <a href="https://abcnews.go.com/Politics/trump-set-dismantle-dei-federal-government-day-executive/story?id=117884488" target="_blank" rel="noopener">eliminar programas de diversidad e inclusión (DEI) </a>en la administración pública federal y desregular sectores clave como el ambiental y energético.
De las 22 personas presentadas al Senado este 20 de enero para ser ratificadas como integrantes de su gabinete, 7 son mujeres, lo que representa apenas un 30 % del total.  Estas mujeres ocuparán posiciones clave, desde el Departamento de Justicia, hasta Seguridad Nacional, Educación y Agricultura.
¿Qué sabemos de estas mujeres y qué significado pueden tener sus nombramientos?
Empecemos por la distribución geográfica y demográfica. Predominan las representantes de regiones como el sureste y noreste, mientras que zonas con alta diversidad racial, como el suroeste, están ausentes.
¿Quiénes son estas mujeres?
<ul>
<li>Pamela Bondi. Fiscal General. Es exFiscal General de Florida, primera mujer en ese cargo, conocida por su <a href="https://apnews.com/article/pam-bondi-justice-department-trump-attorney-general-4b94c094cfcabf606e4883fe709ab55a" target="_blank" rel="noopener">activa defensa de Trump</a>.  Es abogada y cabildera.</li>
<li>Kristi Noem. Secretaria de Seguridad Nacional. Gobernadora de Dakota del Sur, con una firme postura en seguridad y políticas migratorias. Es integrante del Partido Republicano.</li>
<li>Linda McMahon. Secretaria de Educación. Empresaria y exadministradora de la Administración de Pequeñas Empresas, alineada con un enfoque empresarial en educación. Es una magnate de la lucha libre profesional, el World Wrestling Entertainment (WWE).</li>
<li>Elise Stefanik. Embajadora ante la ONU. Representante por Nueva York, defensora de la agenda “America First”. Elegida en 2014 con 30 años de edad, fue en su momento la mujer más joven elegida para el Congreso.</li>
<li>Lori Chavez-DeRemer. Secretaria del Trabajo. Exalcaldesa de Oregon, su trayectoria combina administración pública y políticas laborales. Primera mujer republicana en representar a Oregon en la Cámara y es de ascendencia mexicana.</li>
<li>Brooke Rollins. Secretaria de Agricultura. Directora interina del Consejo de Políticas Domésticas en la primera administración de Trump, enfocada en políticas rurales. Fue directora ejecutiva y presidenta del America First Policy Institute.</li>
<li>Tulsi Gabbard. Directora de Inteligencia Nacional. Formó parte de la reserva del ejército de EU hasta que fue representante de Hawaii en la Cámara de Representantes. En 2020 fue aspirante a la presidencia de su país por el Partido Demócrata y en 2022 deja el partido por diferencias con la línea política del mismo. A partir del 2024 apoya abiertamente al candidato Trump.</li>
</ul>
¿Qué tienen en común? Tienen perfiles que destacan por su alineación con la agenda de Trump. Varias han sido leales a su administración y campañas, y comparten una visión que prioriza políticas para “hacer a América grande de nuevo”.  Predominan las mujeres blancas con ausencia de representación significativa de comunidades afroamericanas o indígenas. La presencia latina está en Lori Chavez-DeRemer.  Si pudiera sintetizarse en pocas palabras, el gran común denominador es su lealtad al presidente Trump.
Si bien aún no han tomado decisiones y hará falta tiempo para analizar sus decisiones, sus nombramientos deben interpretarse en el contexto de la agenda de Trump. La gran pregunta desde una perspectiva de género es: ¿Qué harán ante la decisión de Trump de eliminar los programas DEI, firmar la  orden presidencial que afirma que sólo existen <a href="https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/trump-sign-executive-orders-proclaiming-are-only-two-biological-sexes-rcna188388" target="_blank" rel="noopener">dos géneros: hombres y mujeres</a> y “<a href="https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/defending-women-from-gender-ideology-extremism-and-restoring-biological-truth-to-the-federal-government/" target="_blank" rel="noopener">Defender a las mujeres del extremismo de la  ideología de género y  restaurar la verdad biológica a la administración pública federal</a>”?
Las instancias y secretarías que ellas presidirán en áreas como seguridad, justicia y educación, entre otras, tendrán implicaciones profundas para las mujeres y las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad en Estados Unidos, y también afectarán las decisiones, programas, financiamiento y acciones a nivel internacional.
El impacto de estas mujeres en el gabinete de Trump no se medirá sólo por las políticas que lleven a cabo y propongan, sino por si se convierten en ejecutoras silenciosas o cómplices de una agenda que desmantela décadas de avances en derechos humanos e igualdad  de género o si utilizan su posición para moderar, reinterpretar y tal vez, desafiar los extremos de esa agenda. La historia no juzgará únicamente las decisiones de Trump, sino también el rol que estas mujeres jugarán en un momento crítico para la representación, la diversidad, la inclusión y la justicia social en Estados Unidos.
Hoy, más que nunca, la pregunta no es si tendrán el poder de influir, sino si decidirán ejercerlo.
<a href="https://x.com/LaClau" target="_blank" rel="noopener">@LaClau</a>

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje