Las 40 horas, una reforma sin consenso con la clase trabajadora
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la presentación de su propia reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y garantizar dos días de descanso. A primera vista, podría parecer un triunfo histórico para las y los trabajadores. Sin embargo, la propuesta es una trampa negociada con la patronal que no mejora realmente la vida de las personas trabajadoras.
Para empezar, la aplicación total se aplaza hasta 2030, retrasando un derecho que debió cumplirse desde hace décadas. Desde 1917 no se ha reducido la jornada laboral en México, a pesar que la Organización Internacional del Trabajo recomendó hacerlo desde 1969. Hoy, cuando por fin podría hacerse justicia, el gobierno y los empresarios vuelven a alargar el plazo para dignificar el tiempo y la vida de la clase trabajadora.
Pero el problema central es aún más grave: la reforma abre la puerta a manipular las horas extras, permitiendo que las empresas mantengan e incluso incrementen la explotación laboral. Hoy la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 68, fija un máximo de nueve horas extraordinarias por semana. Cuando una persona trabajadora labora más de nueve horas extraordinarias por semana, el patrón debe pagar esas horas con un recargo del 200 % adicional al salario.
La propuesta presidencial no fortalece esta protección: al contrario, aumenta de 9 a 12 horas bajo el argumento de que serían “voluntarias”. Esto significa tres horas más de trabajo antes de que el patrón esté obligado a pagar el recargo del 200 % previsto en la ley. Es decir, Claudia Sheinbaum con su propuesta disfraza como “reducción de jornada” lo que en la práctica podría convertirse en un aumento de horas extras baratas y una presión mayor sobre quienes las trabajan.
Con la nueva reforma, se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria. No olvidemos la frase “de manera voluntaria”, porque profundizaremos en el concepto más adelante. El tope de horas extras pasará, con la propuesta de la presidenta, de 9 a 12 horas más de trabajo. Se está estableciendo que, para alcanzar el pago extra, se puede trabajar ya no 9, sino 12 horas extras, so pretexto del concepto “trabajo voluntario”. 3 horas más que para miles de mexicanos pueden significar la diferencia, sin exagerar, entre la vida y la muerte.
El estado tiene la obligación de poner los límites de las jornadas laborales para evitar las violaciones a los derechos de la clase trabajadora, pero en esta parte de la reforma el Estado parece dejar en manos de la buena voluntad de los empresarios un tema que aún con el tope de las 48 horas actuales, no respetan para nada.
En un país donde millones ya trabajan más de 48 horas porque su salario no alcanza, hablar de “voluntariedad” es ignorar la realidad. La mayoría acepta horas extra no por gusto, sino por necesidad. Las consecuencias de las jornadas laborales excesivas en México son consideradas un tema de salud pública por expertas y expertos en la materia. El Observatorio de Trabajo Digno señaló que 14.3 millones de personas que laboran en el país tiene jornadas laborales excesivas, a pesar del ya mencionado tope de 48 horas a la semana que todos y todas sabemos que miles de empresas en México no respetan. Además de los problemas de salud mental que conllevan las horas extra, también están los problemas de salud física.
Marath Bolaños aclaró que “el tiempo de trabajo podrá prolongarse de manera extraordinaria, siempre y cuando el trabajador de manera voluntaria acceda a ello, el trabajar horas extras siempre será una decisión de las y los trabajadores como lo ha sido a la fecha”. Ahora le pido, estimado lector, estimada lectora, que pregunte a la persona más cercana que sepa usted que trabaja horas extra por qué trabaja en ese segundo empleo, por qué hace un segundo turno o por qué trabaja en el día que se supone, debería descansar. Salgamos unos minutos de la narrativa del gobierno.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó hace tres semanas que la población ocupada con prestaciones (sin considerar el acceso a las instituciones de salud) disminuyó en un millón de personas. Aumentó la cantidad de personas con trabajo que no tienen prestaciones, en 1.43 millones para ser exactos. Si el miedo de la patronal a las 40 horas basado en el argumento del aumento de la informalidad era de por sí absurdo, ahora mismo no tiene ninguna validez porque el gobierno, como se mencionó anteriormente, está apelando entonces a la buena voluntad de los empresarios que son incapaces de darle a sus trabajadores por lo menos el Seguro Social, ya de mínimo.
La reforma tampoco contempla a quienes están en la informalidad —más de 32 millones de personas—, que no tendrán acceso a la reducción de jornada porque el gobierno no ha logrado mejorar sus condiciones laborales ni garantizar prestaciones mínimas. Lejos de disminuir la informalidad, esta reforma la ignora. En comparación con mayo del año pasado, la informalidad aumentó 0.5 puntos porcentuales, pasando del 54.4 % en mayo de 2024 a 54.9 % en mayo de 2025. Este mismo sector del empleo en México representa el 54.8 % de la población ocupada, o sea, 32.6 millones de personas que no se verán beneficiadas por las 40 horas.
Por eso decimos claramente: la reforma del Ejecutivo no responde a las necesidades reales de la clase trabajadora. Solo legaliza prácticas que ya existen y que nos enferman, empobrecen y agotan. Desde el Frente Nacional Por Las 40 Horas seguiremos impulsando una reducción efectiva de la jornada, sin trampas ni retrocesos, y con propuestas legislativas que ya hemos entregado a la Secretaría del Trabajo.
Nuestra lucha es por recuperar el tiempo que nos han quitado y por construir un país donde trabajar no signifique poner en riesgo la vida. Somos obreras, obreros, estudiantes, cuidadoras, trabajadores formales e informales. Y seguimos firmes: las 40 horas deben ser un punto de partida (no un techo) para avanzar hacia las 35 horas, como ocurre en países con mejores condiciones laborales.
Porque con la clase trabajadora todo; sin ella, nada.
* El Frente Nacional Por Las 40 Horas es un conjunto de más de 100 organizaciones, sindicatos independientes, colectivxs, madres, padres, estudiantes, personas que cuidan y trabajadorxs en la formalidad e informalidad que busca reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales desde 2024 para vivir, descansar y tener tiempo de calidad, con una perspectiva de cuidados y de género, presente en los 32 estados de la república mexicana.
Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.
¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.
El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.
En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.
Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.
Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.
Una carrera meteórica
Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.
La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.
Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.
Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.
Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.
“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.
Una gestión convulsa
Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.
El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.
Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.
“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.
Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.
Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.
No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.
Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.
¿Jugando para dos equipos?
En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.
“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.
Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.
Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.
Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.
Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.
Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.
No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.
Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.
Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.
Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.
Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.
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