Es importante señalar, antes de iniciar este análisis, que esta propuesta no busca polarizar sobre el tema. Somos plenamente conscientes de que aún existen recursos judiciales en proceso respecto a la reforma judicial. Nuestras líneas están en total apego al respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos de todas las personas. El presente artículo tiene como objetivo explorar la relevancia de garantizar, tanto en el proceso previo como en las posibles elecciones judiciales de 2025, la igualdad de las personas. Es fundamental asegurar que el derecho a la igualdad sea un eje transversal durante todo el proceso, lo que hace esencial la implementación de acciones afirmativas dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad.
Actualmente, se están desarrollando leyes secundarias que regularán el proceso de elecciones judiciales en 2025, y es fundamental que estas contemplen una perspectiva inclusiva que priorice las acciones afirmativas. Este es un momento histórico y trascendental para los grupos en situación de vulnerabilidad, quienes no deben quedar excluidos de este proceso. Es claro que la justicia aún tiene grandes deudas con estos grupos, y no tomarlos en cuenta implica ignorar el principio de no discriminación que fortalece una justicia cercana y accesible. La justicia verdaderamente equitativa es aquella que genera las condiciones necesarias para que quienes han estado en mayor desventaja cuenten con los mecanismos adecuados para acceder a ella.
Los avances jurisprudenciales relacionados con los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, tanto en materia judicial como electoral, deben ser considerados en estos procesos de elección judicial. Asimismo, es crucial tomar en cuenta las propuestas legislativas en materia de igualdad sustantiva de género, que se extienden también a diversas identidades. Las acciones afirmativas deben generar las condiciones necesarias para que estos grupos -como las personas con discapacidad, las personas LGBTQ+, las personas indígenas, las personas afromexicanas, entre otros- no solo tengan el derecho de votar, sino también de ser votadas. Estas medidas permiten que quienes han sido históricamente excluidos lleguen a espacios de toma de decisiones, combatiendo la discriminación.
En este sentido, es necesario reflexionar sobre la transformación de la impartición de justicia en México. Tal transformación debe contemplar un escenario más inclusivo e igualitario, donde las voces tradicionalmente excluidas o minimizadas puedan ser escuchadas y representadas de manera efectiva. Las acciones afirmativas, en este contexto, son herramientas cruciales para asegurar que dichos grupos no solo sean considerados, sino también protegidos y empoderados dentro del sistema judicial.
Cabe recordar que los derechos conquistados por los grupos en situación de vulnerabilidad no son concesiones del Gobierno ni de los Estados; son el resultado de luchas históricas, dolorosas y prolongadas. Estos derechos no deben ser ignorados ni para quienes ya forman parte del servicio público ni para quienes eventualmente se postulen como candidatos o candidatas en futuras elecciones judiciales.
Un sistema judicial que integre acciones afirmativas promovería no solo la igualdad, sino también una mayor representatividad y participación democrática. Ejemplos de esto se pueden observar en otros países como Estados Unidos, donde las políticas de igualdad de oportunidades han permitido que mujeres, minorías raciales y personas con discapacidades ocupen cargos judiciales importantes. Asimismo, en Sudáfrica, tras el Apartheid, se implementaron políticas de inclusión para garantizar la representación de personas negras, lo que ha sido crucial para reflejar la diversidad social.
Entre los ejemplos de acciones afirmativas a considerar, no podemos olvidar la paridad de género, por la que tanto han luchado las mujeres y el movimiento feminista. Gracias a estas luchas, ahora es un mandato constitucional y las reformas a las leyes electorales secundarias ya abordan la paridad de género. Es necesario comprender de manera clara y precisa cuáles serían sus implicaciones en el ámbito judicial al considerar que no existe un monolito de “ser mujer”, es decir, la diversidad de mujeres incluyen mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres con discapacidad, mujeres trans, entre una amplia diversidad de mujeres históricamente excluidas.
Por último, cabe aclarar que no proponemos que la impartición de justicia deba estar definida únicamente por el hecho de pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. Somos conscientes de la importancia de la experiencia, la trayectoria y el perfil profesional necesarios para ocupar cargos en este ámbito. Sin embargo, consideramos fundamental implementar medidas que aseguren que no siempre sean las mismas personas, pertenecientes a la hegemonía y a los grupos de poder tradicionales, quienes ocupen las posiciones de decisión en el país. Es necesario que las personas preparadas y pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad cuenten con las herramientas que les permitan participar en igualdad de condiciones.
En ese sentido, consideramos que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es omisa al prever o considerar acciones afirmativas o ajustes razonables para las llamadas poblaciones prioritarias dentro del Sistema Electoral, como las poblaciones indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, LGBTQ+, entre otras.
Esta omisión es grave porque implica un retroceso respecto a los avances logrados durante los procesos electivos de cargos de elección popular, tanto a nivel federal como en diputaciones y senadurías, así como en elecciones locales como ayuntamientos y diputaciones locales.
Aunque se ha anunciado que la aprobación de las leyes secundarias está prevista para el miércoles 9 de octubre de 2024, es exigible al Legislativo que se incorporen dichos ajustes razonables para garantizar acciones de justicia restaurativa para las poblaciones históricamente excluidas dentro del aparato del poder judicial.
Sin embargo, si eso no fuera posible por diversas razones, el contenido de la propuesta circulada a partir del 7 de octubre prevé artículos que las personas candidatas podrán recurrir para exigir a las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales dichos ajustes razonables al momento de la etapa de designación de candidaturas, como los siguientes:
Las acciones afirmativas en las leyes secundarias de la reforma judicial, así como en los lineamientos y acuerdos que emita el INE, los Organismos Públicos Locales (OPL) o incluso las autoridades jurisdiccionales, son fundamentales para promover la igualdad y la justicia en la sociedad a favor de las poblaciones históricamente excluidas en la integración del Poder Judicial. Estas medidas buscan corregir desigualdades históricas y estructurales que han afectado a grupos vulnerables, como mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGBTQ+ y otros colectivos marginados.
Fortalecer esta ruta nos conduce a la reconfiguración del Poder Judicial con mejor representatividad y mayor justicia social hacia las poblaciones prioritarias, ya que refuerza:
En resumen, las acciones afirmativas en las leyes secundarias, lineamientos y normas de la reforma judicial son esenciales para construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva. Estas medidas no solo benefician a los grupos históricamente vulnerados, sino que también enriquecen a toda la sociedad al promover la diversidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social.
* Luis Fernando Cabrera (@LuisFer39762360) es abogado y mediador por los derechos humanos y la inclusión de personas con discapacidad desde la acción, escritura y vida. Trabaja en la SCJN. Luisa Rebeca Garza López (@Rivka_Azatl) es mujer trans, especialista en temas electorales y estudios trans.
Donald Trump ha intentado distanciarse del polémico proyecto promovido por un grupo de reflexión conservador para reformar el gobierno federal.
Con su victoria en las elecciones de este martes, Donald Trump es el hombre del momento en Estados Unidos.
Su triunfo en la carrera por la Casa Blanca sobre la candidata demócrata Kamala Harris, ha completado un regreso triunfal al poder que lo ha convertido en un héroe para muchos de sus seguidores.
Los focos se centran ahora en el presidente electo y surgen muchas preguntas sobre las decisiones que tomará en su segunda presidencia.
Durante la campaña fue objeto de atención y polémica el llamado Proyecto 2025, una iniciativa de un grupo conservador para reformar el gobierno federal.
Aunque el propio Trump ha intentado distanciarse, los demócratas y otros detractores del presidente electo creen que el Proyecto 2025 es en realidad su plan oculto de gobierno.
La propuesta fue creada por la Fundación Heritage y ha sido vinculada a Trump porque varios de sus antiguos funcionarios contribuyeron al plan.
El planteamiento, de más de 900 páginas, contempla el despido de miles de funcionarios, la ampliación del poder del presidente, el desmantelamiento del Departamento de Educación y otras agencias federales, así como recortes fiscales radicales.
Kamala Harris y los demócratas intentaron movilizar a los votantes contra un plan que, según el presidente Joe Biden, “destruiría Estados Unidos” de llevarse a cabo.
“No tengo ni idea de quién está detrás [del Proyecto 2025]”, escribió Trump en su red social Truth Social. “No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas“.
Un portavoz de la iniciativa dijo hace meses en redes sociales que el Proyecto 2025 “no habla en nombre de ningún candidato o campaña”.
La Fundación Heritage dio a conocer el proyecto en abril de 2023 y desde entonces ha suscitado la preocupación y las críticas de los sectores que en Estados Unidos se describen como “liberales”.
A principios de julio, el presidente de Heritage, Kevin Roberts, planteó la perspectiva de la violencia política durante una entrevista en un podcast.
“Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite”, dijo Roberts al podcast War Room, fundado por el asesor de Trump Steve Bannon.
En respuesta, la campaña demócrata, entonces todavía encabezada por Biden, acusó a Trump y a sus aliados de “soñar con una revolución violenta para destruir la idea misma de Estados Unidos“.
Es habitual que los centros de estudio de Washington propongan listas de deseos políticos para posibles gobiernos en ciernes.
A principios de julio, Trump aseguró en su plataforma de redes sociales que no sabe “nada sobre el Proyecto 2025”.
“Cualquier cosa que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos”, afirmó.
Sin embargo, varias personas vinculadas al proyecto trabajaron en el gobierno de Trump o como aliados en su campaña de reelección.
El documento del Proyecto 2025 esboza cuatro objetivos principales: restaurar la familia como pieza central de la vida estadounidense; desmantelar el Estado administrativo; defender la soberanía y las fronteras de la nación; y garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente.
Es uno de los varios documentos políticos de una plataforma conocida como Agenda 47, así llamada porque Trump será el 47º presidente de Estados Unidos.
la Fundación Heritage dice que el Proyecto 2025 fue escrito por varios exfuncionarios designados por Trump y refleja los aportes de más de 100 organizaciones conservadoras.
Aquí te presentamos un resumen de varias propuestas clave.
El Proyecto 2025 propone que toda la burocracia federal, incluidas agencias independientes como el Departamento de Justicia, quede bajo control presidencial directo, una controversial idea conocida como “teoría del ejecutivo unitario”.
En la práctica, eso agilizaría la toma de decisiones, lo que permitiría al presidente aplicar de manera directa sus políticas en una serie de ámbitos.
Las propuestas también abogan por eliminar la protección laboral de miles de empleados públicos, que podrían ser sustituidos por cargos políticos.
El documento califica al FBI de “organización hinchada, arrogante y cada vez más al margen de la ley” y aboga por revisiones drásticas de esta y otras agencias federales, incluida la eliminación del Departamento de Educación.
En el documento se propone aumentar la financiación para un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las promesas emblemáticas de Trump en 2016.
Sin embargo, lo más destacado es la consolidación de varias agencias de inmigración estadounidenses y una gran expansión de sus poderes.
Otras propuestas incluyen eliminar categorías de visas para víctimas de delitos y trata de personas, aumentar las tarifas a los inmigrantes y permitir solicitudes por vía rápida para los inmigrantes que pagan una prima.
No todos esos detalles se repiten en la plataforma del Partido Republicano, pero la formación quiere implementar el “mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Esa idea fue uno de los principales argumentos de Donald Trump ante los votantes.
El documento propone recortar drásticamente el dinero federal para la investigación y la inversión en energías renovables y pide que el próximo presidente “detenga la guerra contra el petróleo y el gas natural”.
Los objetivos de reducción de carbono serían reemplazados por esfuerzos para aumentar la producción y la seguridad energética.
El documento expone dos visiones contrapuestas sobre los aranceles y está dividido sobre si el próximo presidente debería intentar impulsar el libre comercio o levantar barreras a las exportaciones.
Pero los asesores económicos sugieren que un segundo gobierno de Trump debería recortar los impuestos a las corporaciones y sobre la renta, abolir la Reserva Federal e incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por oro.
El Proyecto 2025 no exige una prohibición del aborto a escala nacional.
Sin embargo, propone retirar del mercado la pastilla abortiva mifepristona.
El documento propone nuevos esfuerzos de recopilación de datos sobre el aborto y, de manera más general, sugiere que el Departamento de Salud y Servicios Humanos debería “mantener una definición de matrimonio y familia con base bíblica y reforzada por las ciencias sociales”.
Al menos en lo que respecta al aborto, el documento difiere bastante sustancialmente de la plataforma republicana, que sólo menciona la palabra “aborto” una vez.
La plataforma dice que las leyes sobre el aborto deberían dejarse en manos de los estados individuales y que los abortos tardíos (que no definen) deberían prohibirse, una visión a la que Trump se ha aferrado en gran medida.
La plataforma del partido añade que se debe proteger el acceso a la atención prenatal, el control de la natalidad y la fertilización in vitro, y no menciona la limitación de la distribución de mifepristona.
Según las propuestas del Proyecto 2025, se debería prohibir la pornografía y cerrar las empresas de tecnología y telecomunicaciones que facilitan el acceso a dicho contenido.
El documento exige la posibilidad de elección de escuela y el control de los padres sobre los centros educativos y apunta a lo que llama “propaganda despierta”.
Propone eliminar una larga lista de términos de todas las leyes y regulaciones federales, incluidos “orientación sexual”, “diversidad, equidad e inclusión”, “igualdad de género”, “aborto” y “derechos reproductivos”.
Jared Huffman, un congresista demócrata de California, lanzó el grupo de trabajo Stop Project 2025.
Describió el Proyecto 2025 como “un complot distópico que ya está en marcha para desmantelar nuestras instituciones democráticas”.
Huffman dijo que el proyecto “aboliría los controles y equilibrios, socavaría la separación Iglesia-Estado e impondría una agenda de extrema derecha que infringe las libertades básicas y viola la voluntad pública”.
“Necesitamos una estrategia coordinada para salvar a Estados Unidos y detener este golpe antes de que sea demasiado tarde”, dijo Huffman antes del triunfo electoral de Trump.
La Fundación Heritage es uno de los centros de estudios más influyentes que ha elaborado documentos de políticas diseñados para guiar una posible segunda presidencia de Trump.
Desde la década de 1980, ha producido documentos políticos similares como parte de su serie Mandato para el Liderazgo.
El Proyecto 2025, respaldado por un presupuesto de US$22 millones, también establece estrategias para implementar políticas que comenzarán después de la toma de posesión presidencial en enero de 2025.
En sus discursos y en su sitio web, Trump ha respaldado una serie de ideas incluidas en el Proyecto 2025, aunque su campaña ha dicho que él tiene la última palabra sobre la política.
Muchas de las propuestas enfrentarían desafíos legales inmediatos si se implementaran.
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