En Oaxaca no queremos vivir así
Llega noviembre, llega Todos Santos a Oaxaca… todo debe estar listo, el escenario montado, la nada sutil insinuación: “ven, disfruta, consume, regresa…”. Las calles deben ser “instagrameables”, coloridas y, como hace años, nuestra cultura, tradiciones e identidad se ofrece al mercado como un escenario de ciencia ficción. Los oaxaqueños ya no formamos parte de la fiesta, y si es que se participa, tenemos que ser la cara amable.
En el discurso, por supuesto, las autoridades insisten en nombrarnos —a nuestras prácticas y modos de ser— aquí en la ciudad y en los pueblos originarios, pero solo para formar parte de la decoración. En las últimas décadas, han dedicado sus esfuerzos a hurtar, sustraer, cometer prácticas extractivas y apropiarse de conceptos comunitarios y simbólicos que forman parte del sentido del ser de esta, nuestra oaxaqueñidad. Han institucionalizado la idea de lo que es “ser oaxaqueño”.
Ellos esperan que rindamos pleitesía al gobernador en turno, que aceptemos y aplaudamos sus improvisaciones, que le demos “el bastón de mando”, lo que vacía de significado y desvaloriza conceptos y modos de vida arraigados en los oaxaqueños y oaxaqueñas.
Ahora, todo es del turismo y para el turismo; hay que hacer agradable la experiencia. El primer cuadro de la ciudad capital se pone a su disposición y, poco a poco, otros puntos geográficos se ven avasallados por exotizadoras miradas y carteras. Hasta la música ha sido cooptada para que no le falte ritmo a la turistificación que nos ahoga sin compasión: los sones y jarabes ahora son bailados por personas extranjeras.
Para la satisfacción y goce del turista, hay agua suficiente, mientras nosotros, en nuestras colonias periféricas, podemos esperar hasta noventa días para que nos surtan. Planean solucionar la escasez con métodos de probada ineficacia, solo para llenar los bolsillos de inversionistas y empresarios.
Quizá es por ello que en las periferias se escuchan propuestas como “Primero Oaxaca, primero lo nuestro”. Esta es la sentencia de una mujer que, rebasada por las consecuencias de la gentrificación, ha dado en el clavo: hemos de ya no solo resistir, sino luchar para volver a ser prioridad.
Y es que a nadie le es oculto la precarización y desigualdad que enfrenta nuestro estado. Según el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, publicado durante 2025, en Oaxaca dos millones 483 mil 644 personas viven en pobreza; un millón 623 mil 790 personas en pobreza moderada; 859 mil 854 personas en pobreza extrema; un millón 240 mil 31 personas son vulnerables por carencia social; 126 mil 795 personas son vulnerables por el tipo de ingresos que tienen. Y mientras esto es evidente para muchos de nosotros, ellos dan otras cifras, como si entre el gobierno y la población viviéramos dos realidades totalmente distintas.
Porque mientras las autoridades políticas ofrecen discursos de mejoras económicas y empleos disfrazadas de bienestar y desarrollo que sólo nos colocan a merced del turismo y recrudecen la gentrificación, la vida continúa sin ser digna para más del noventa por ciento de la población. Lo que sí, nuestro territorio es fértil para dueños de inmobiliarias, cuyos nexos con la clase política les garantizan éxito en sus lucrativos negocios.
Esta dupla es la encargada de los violentos cambios físicos y espaciales en nuestra ciudad. Entre ellos compiten por los mejores bienes raíces, que luego convierten en restaurantes Michelin, tiendas departamentales, centros comerciales, tiendas de arte, boutiques, hoteles y alojamientos en Airbnb.
Y si bien es cierto que competir, resistir y luchar contra esto es casi imposible, nosotros nos negamos a dejar de insistir, crear comunidad, visibilizar y trascender con esperanza y esfuerzos comunales. Estas palabras resonaron cuando nos reunimos en julio de este año, en el Encuentro Nacional Contra la Gentrificación, aquí en Oaxaca, en donde existe un consenso: “No queremos vivir así, esta es nuestra ciudad y la vamos a defender”.
* Miscelánea Oaxaqueña de Acción Común es un grupo diverso de jóvenes que apelan y defienden el derecho a la ciudad, trastocado por la gentrificación, la turistificación, el despojo y desplazamiento en la ciudad de Oaxaca, México.
Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.
¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.
El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.
En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.
Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.
Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.
Una carrera meteórica
Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.
La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.
Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.
Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.
Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.
“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.
Una gestión convulsa
Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.
El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.
Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.
“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.
Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.
Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.
No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.
Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.
¿Jugando para dos equipos?
En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.
“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.
Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.
Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.
Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.
Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.
Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.
No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.
Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.
Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.
Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.
Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Trump anuncia que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández a dos días de las presidenciales en Honduras
- Por qué Honduras sigue siendo el país más pobre de Centroamérica pese a una década de crecimiento
- Juan Orlando Hernández: condenan al expresidente de Honduras a 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico
