Los retos de las Organizaciones Donatarias Autorizadas en México: adaptarse o desaparecer
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México juegan un papel clave en el desarrollo, impulso y financiamiento de proyectos sociales, siendo agentes de cambio para contribuir con el impulso a diversas causas relacionadas con la pobreza, rezago educativo, acceso a servicios de salud, alimentación, medio ambiente e inclusión, principalmente. El Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo 2023 es una publicación bienal del Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (Cemefi) 1 señala que en el país existen más de 48,000 organizaciones de la sociedad civil y de estas, alrededor de 10,600 cuentan con la autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta (ISR) para sus donantes, aspecto fundamental para que puedan acceder a subvenciones que les permitan garantizar la implementación de sus proyectos.
La autorización para recibir donativos deducibles tiene una vigencia anual y recibe el nombramiento de “Donataria Autorizada” por ejercicio fiscal, por lo que su renovación está sujeta al cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstos en las disposiciones fiscales aplicables para cada ejercicio fiscal, lo que puede culminar rápidamente en la revocación de la autorización. Prueba de esto es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 2 reportó que alrededor de 435 organizaciones perdieron su estatus de donataria en 2023, cifra que se incrementó en un 18.9 % con respecto a 2022, al incurrir en alguna de las causales de revocación a que se refiere la regla 3.10.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal.
Este complejo marco regulatorio genera una carga administrativa difícil de sobrellevar, especialmente para organizaciones pequeñas y con ingresos limitados, de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado por Pulso OSC 3 y estadísticas de CEMEFI. Se estima que más del 50 % tienen ingresos anuales menores a un millón de pesos; solo el 39.6 % del personal de las organizaciones es remunerado, y se carece de personal especializado en temas como contabilidad o finanzas, lo que conlleva a un círculo vicioso 4 afectando directamente su capacidad operativa para gestionar sus recursos de manera adecuada y cumplir con las exigencias normativas fiscales y legales, al mismo tiempo que la limitación de recursos les impide contar con personal remunerado con un buen salario, lo que dificulta su profesionalización y poder mejorar su capacidad administrativa. Esto genera un ciclo de vida corto, con una gran cantidad de organizaciones surgiendo y desapareciendo cada año, limitando así la acumulación de experiencia y la sostenibilidad del sector (Calvillo Velasco y Favela Gavia, 2015), 5 por lo que las OSC deben afrontar una serie de desafíos que les obliga a adaptarse constantemente para garantizar su operación, transparencia y sostenibilidad ante un entorno cada vez más complejo y desafiante.
Como consecuencia, los mecanismos de transparencia 6 que se implementan son poco adecuados, al carecer de sistemas formales de control y de gestión financiera (se estima que el 65 % de las OSC no cuentan con ellos), lo que limita enormemente la capacidad para un manejo de fondos eficiente, aspecto fundamental para fortalecer la confianza de sus donantes, quienes esperan que sus recursos se utilicen adecuadamente y acorde a las regulaciones fiscales. Sin esta confianza, la sostenibilidad de las organizaciones y el flujo continuo de financiamiento se ve gravemente amenazado.
Es así como la diversificación de sus ingresos 7 se convierte en otra estrategia clave para las organizaciones para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo 8 (en promedio el 76 % de estos es autogenerado y los donativos representan el 24 %); sin embargo, también es importante invertir en procesos de capacitación para el equipo operativo, tanto en temas relacionados a la gestión financiera, como los aspectos fiscales y desarrollo de proyectos. Desarrollar una estructura administrativa – fiscal sólida es vital para mantener el registro como donatarias y aprovechar las oportunidades de financiamiento disponibles, por lo que la capacitación del capital humano se convierte en un aspecto clave para mejorar la eficiencia en la ejecución de sus proyectos sociales y aumentar la eficacia en la obtención y gestión de recursos.
La solidez de una OSC implica no solo adaptarse a los cambios, sino también el anticiparse a estos y ser proactivos en la mejora continua de la gestión operativa, aprovechando las oportunidades que el futuro les presenta y convirtiendo sus debilidades en fortalezas. El papel de una fortalecedora de donatarias cobra especial relevancia al convertirse en una aliada estratégica para que, mediante procesos de acompañamiento, se desarrollen capacidades al interior de las organizaciones que les permitan superar los desafíos que enfrentan, fortaleciendo su capacidad de gestión, transparencia y sostenibilidad.
Mejorar la gestión interna y diversificar los ingresos son pasos clave para que las organizaciones logren sus objetivos institucionales, garantizando una sostenibilidad que les permita impulsar su impacto social y contribuir de manera más efectiva a las causas que impulsan.
*Dakshina es una fortalecedora en temas contables, fiscales y financiero de las causas sociales no lucrativas de México con una experiencia de 11 años.
1 CEMEFI – Gráficos de información del tercer sector. Enero de 2023.
3 Pulso OSC. Tercer reporte de hallazgos, diagnóstico de información 2022, desafíos de la sociedad civil organizada.
5 Calvillo Velasco, M. y Favela Gavia, A. (2015). Dimensiones cuantitativas de las organizaciones civiles en México. En Las organizaciones civiles mexicanas hoy. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM. Recuperado de aquí.
6 Nexos. Panorama y desafíos para las organizaciones de la sociedad civil mexicanas, con base en la información disponible. Alternativas y Capacidades, A. C.
7 Puig, Gemma; Villar, Rodrigo; Butcher, Jacqueline. (2023). Centro Entidades donantes: Donativos otorgados e ingresos. De Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 2023.
8 Índice de sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil en México 2021 para México. 4ª. edición Noviembre de 2022.
El presidente electo de EU, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional y de utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de migrantes
Una de las mayores preocupaciones de los votantes en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el control migratorio en la frontera de ese país con México.
Tras su contundente victoria electoral, el presidente electo, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional (que le permitiría conseguir recursos adicionales) y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
Su recién nombrado “zar de la frontera”, Tom Homan, ha dicho que los inmigrantes que sean considerados como una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública serán una prioridad, sin ofrecer más detalles.
Y el vicepresidente entrante, JD Vance, ha declarado que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas.
Cuando Trump llegue a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, es posible que inicie de inmediato el proceso de deportaciones como lo ha prometido en innumerables ocasiones.
“Vamos a cerrar la frontera porque ahora mismo tenemos una invasión”, dijo el sucesor de Joe Biden.
“Vamos a hacer la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional, con datos hasta 2022, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados.
Expertos proyectan que en la actualidad esa cantidad de personas habría aumentado a por lo menos 12 millones.
¿Cuánto aportan a la economía del país?
El debate es intenso porque muchas de las cifras son estimaciones y porque hay poca información reciente.
Algunas investigaciones señalan que los migrantes aumentan el tamaño de la economía, pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios públicos, hacen el trabajo que otros no están dispuestos a hacer y elevan el consumo interno.
En cambio, los partidarios de las deportaciones aseguran que los “sin papeles” les quitan los puestos de trabajo a los estadounidenses, tienen bajos salarios, consumen poco, no pagan impuestos (o pagan muy poco) y son una carga para las redes de asistencia social.
¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos?
De todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, unos 3 millones no son “deportables”, dado que tienen permiso para vivir y trabajar en el país, según le explica a BBC Mundo Jeffrey Passel, investigador del centro de estudios Pew Research Center.
En ese grupo están aquellas personas que han solicitado asilo, los que se han acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS), los que pertenecen al programa de personas llegadas en la infancia (DACA), y aquellos que están en el país con permisos de permanencia temporal conocidos como parole.
Sin embargo, bajo la nueva administración, puede haber cambios que le quiten esa protección a quienes no tienen una residencia permanente.
Como en el último par de años se ha disparado el número de migrantes que cruzan la frontera sur, es posible que los indocumentados sean muchos más de lo que señalan las estimaciones.
Sea cual sea su estatus, dice Passel, “lo que sabemos es que contribuyen al aumento del tamaño de la economía”.
Gabriela entró a Estados Unidos hace más de dos décadas en el maletero del auto de un contrabandista.
Ahora empleada doméstica en Maryland, la boliviana es una de los millones de migrantes que viven en el país.
Ella no está preocupada por lo que pueda ocurrir con las deportaciones.
“En realidad, no tengo miedo en absoluto”, le dice a la BBC. “Eso es algo de lo que deben preocuparse los criminales. Yo pago impuestos y trabajo”.
A otros, en cambio, les preocupa que su familia sea dividida.
Brenda, una dreamer (como se les dice a las personas protegidas por el programa DACA que llegaron a EE.UU. de forma irregular siendo menores) piensa que su marido y su madre podrían ser deportados.
Sus dos hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.
“La idea de estar separados asusta”, le explica a la BBC.
Estas son algunas de las contribuciones que hace este grupo de personas que actualmente están en el centro de una batalla política que divide profundamente al país.
Mercado laboral
Según el Pew Research Center los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos.
La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.
Nan Wu, directora de investigación del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, dice que hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra.
Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. “Les haría aún más difícil encontrar suficientes trabajadores”, le dice Wu a BBC Mundo.
Probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en los servicios, argumenta.
“Haría que los alimentos y la vivienda sean aún menos asequibles en muchas partes del país” y causaría un aumento de la inflación.
Potencialmente los más afectados son los trabajadores agrícolas. Las estimaciones señalan que entre un 40% y un 50% de ellos son indocumentados.
En cuanto a las remuneraciones, varios estudios sostienen que los indocumentados no son realmente una competencia para la mano de obra “con papeles”, en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar.
“No es un juego de suma cero”, escribió Chloe East, investigadora no residente del Hamilton Project del centro de estudios Brookings Institution.
La evidencia muestra que no es verdadera la creencia de que cuando un migrante ocupa un puesto de trabajo, un estadounidense lo pierde.
El pago de impuestos
¿Cuánto pagan en impuestos los migrantes?
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron casi US$97.700 millones en impuestos en 2022.
Lo hicieron, y lo hacen, cada vez que compran un producto o un servicio, cuando arriendan o adquieren una propiedad y cuando pagan tributos sobre la renta personal y empresarial.
Una parte de esos recursos, señala el ITEP, fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder, como por ejemplo, la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria.
El Consejo Americano de Inmigración, por otro lado, calcula que en 2022 el pago de impuestos hecho por los indocumentados fue cercano a los US$76.000 millones.
Más allá de las distintas estimaciones sobre la contribución impositiva, lo que está claro es que existe un aporte importante de recursos.
“Una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, dice Nan Wu.
Sin embargo, los partidarios de las deportaciones argumentan que estas personas son una carga fiscal neta porque reciben más recursos en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos.
Consumo, inflación y crecimiento económico
Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) plantea que si se concretan los planes de deportación anunciados por Trump (bajo el supuesto de que afecten a 1,3 millones de personas), las consecuencias para el crecimiento económico serían negativas.
Calculan que para el año 2028, el Producto Interno Bruto (PIB) bajaría un 1,2% y disminuirían los puestos de trabajo.
Por otro lado, argumentan, los indocumentados también son consumidores.
“Deportarlos significa menos demanda de alimentos, vivienda, servicios y otras necesidades domésticas”, escriben Anjali Bhatt, Megan Hogan, Marcus Noland y Warwick J. McKibbin.
Bajo su perspectiva, “las deportaciones masivas aumentarían los precios, costarían empleos y dañarían la economía estadounidense”.
El debate político actual se ha centrado en la llegada de inmigrantes en el último par de años.
Poca información hay disponible sobre este período, dado que los estudios disponibles trabajan con datos hasta 2022.
Sin embargo, lo que se conoce oficialmente es que el año pasado hubo un récord de inmigrantes de 2.5 millones que cruzaron la frontera sur, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Esas personas solicitan asilo y, mientras esperan durante varios años una respuesta a su solicitud, tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en calidad de indocumentados, contribuyendo a la economía.
Pero “una economía más grande no equivale necesariamente a una mejor economía”, dice un artículo del Wall Street Journal.
Economistas han advertido que “se espera que los inmigrantes recientes tengan salarios más bajos y sean menos productivos que sus predecesores”, señala la publicación.
Aunque a largo plazo, agrega, podrían tener un efecto positivo al ser más jóvenes que el promedio de la población estadounidense.
Como tienen una vida laboral más extensa, tienden a contribuir más en impuestos de lo que reciben en beneficios.
Cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca en menos de dos meses, se espera que entregue los detalles de su plan de deportación que, como él ha prometido, comenzará desde el primer día que asuma la presidencia.
Mientras, el anuncio de que va a declarar una emergencia nacional y que utilizará al ejército para deportar a los indocumentados resuena en los oídos de quienes pueden verse afectados.
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