La provisión de servicios de cuidado infantil durante la primera infancia es una obligación del Estado.

Y a niñas y niños ¿quién los cuida?

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La decisión de eliminar el programa de “estancias infantiles” y sustituirlo por transferencias monetarias directas ha abierto muchas discusiones relevantes. Como en el debate cotidiano de redes y medios hay mucha carga emocional y polarización social y política, resulta difícil un posicionamiento propositivo y mesurado.
Ofrecemos algunos elementos:
1. Las niñas y niños tienen derecho a servicios de cuidado
El art. 4º de la Constitución establece el “interés superior de la infancia” como criterio indispensable de actuación de todas las autoridades del estado:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas publicas dirigidas a la niñez”. 
El art. 1º de la Constitución también hace vigente la “Convención de los Derechos del Niño”  en nuestro país.  La Convención en su art. 3º establece la obligación a los estados de brindar “protección y cuidado” a niñas y niños, con pleno respeto a sus derechos.  Y en el art. 19 establece expresamente la obligación de adoptar “todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños”.
De entrada pues, la provisión de servicios de cuidado infantil durante la primera infancia es una obligación del Estado, que no se sustituye con otras medidas como puede ser la entrega de transferencias monetarias directas.
2. El enfoque de derechos tiene como uno de sus principios la progresividad
La Constitución en el art. 1º también establece que las autoridades están obligadas a respetar, garantizar, promover y proteger todos los derechos de todas las personas, bajo el prinicipio de “progresividad”.
El principio de progresividad implica tanto gradualidad en la garantía de los derechos, como “progreso”, es decir un avance permanente, sin retrocesos en esa garantía.
La eliminación de un programa social sin que haya otra manera efectiva y al menos equivalente de prestación del servicio, sería contraria al principio de progresividad.
3. Los servicios de cuidado infantil son una política con múltiples efectos positivos
Los servicios de cuidado infantil bajo modelos de atención adecuados pueden tener al menos los siguientes beneficios:
<ul>
<li>Desarrollo de capacidades cerebrales que son esenciales para toda la vida y que tienen su gran ventana de oportunidad, durante los primeros mil días, con efectos hasta los 5 años de vida. Estas capacidades se logran con interacciones que desarrollan habilidades cognitivias, motrices, físicas y emocionales en niñas y niños y están basadas en “juegos” y dinámicas positivas de relación con adultos, con otros niños y con diversos objetos.</li>
<li>Contribuir a una alimentación adecuada y nutritiva para evitar desnutrición, anemia o sobrepeso y obesidad.</li>
<li>Permiten romper barreras que impiden la incorporación de mujeres a actividades profesionales y productivas, contribuyendo además a la igualdad de oportunidades, a la generación de ingresos (reducción de la pobreza) y al desarrollo del país.</li>
<li>Generan fuentes de empleo a quienes trabajan en esos servicios.</li>
</ul>
En este aspecto no hay duda, los servicios de cuidado infantil con calidad adecuada, especialmente durante la primera infancia, constituyen una de las acciones más efectivas para el desarrollo humano, para la reducción de la pobreza y para la igualdad entre hombres y mujeres.
4. Los servicios de cuidado infantil forman parte de un sistema de protección social integrado (hoy incluido en la seguridad social)
La Ley del IMSS y del ISSSTE establece que además del acceso a servicios de salud, las madres trabajadoras tienen derecho a “guarderías” para sus hijos menores de 5 años.
Por desgracia, las “guarderías” del IMSS y del ISSSTE no logran atender al conjunto de la población derechohabiente.  Tienen una demanda no cubierta, pese a que permiten también el acceso a servicios “subrogados” otorgados por “guarderías” “privadas”. Es decir, que fueron instaladas y operan bajo la responsabilidad de personas físicas, que deben cumplir con un conjunto de estándares de seguridad y calidad, y están bajo permanente supervisión por parte del IMSS e ISSSTE.
La creación del “programa de estancias infantiles” a cargo de SEDESOL buscaba contribuir a reducir el déficit. Y en su diseño buscaba atender a población en condición de mayor rezago y pobreza, sin acceso a la seguridad social.
La creación de un sistema de protección social integrado, universal y fiscalmente sostenible, con enfoque de derechos, constituye una aspiración y un horizonte que cuentan con amplio consenso entre muchas organizaciones y personas involucradas en temas de desarrollo social.
La sustitución de un programa de estancias por transferencias monetarias no constituye una buena noticia para avanzar en la construcción gradual de un sistema de protección social integrado, de cobertura universal.
5. El “Programa de Estancias Infantiles” de la SEDESOL (hoy Secretaría de Bienestar) presentaba serias limitaciones
El Programa de Estancias Infantiles tenía potencial, y como se ha dicho forma parte de una política pública, pero también presenta varias limitaciones sustanciales.
En primer lugar era insuficiente, y no había aumentado su cobertura en los últimos años. Apoyaba a 310 mil madres trabajadoras, cuando su población potencial era poco más de 3 millones, es decir, cubría poco más del 10% de su población potencial.1
El programa no tenia un criterio estricto de focalización, por lo que sus servicios beneficiaban no solo a personas con ingreso inferior a la linea de bienestar (en pobreza por ingresos).  Por lo que una parte de sus beneficios no llegan tampoco a la población objetivo.
Y según se señala desde el gobierno actual, hay indicios que las personas responsables de las guarderías podían “inflar” las listas y recibir subsidios por mucho más niños que los que realmente atendían. Para esto debían contar con la complicidad de la supervisión de SEDESOL y del DIF, así como de “madres” que prestaron su nombre y el de sus niños para ser incluidos en las listas.
También se ha dicho que estaban capturadas por un partido. Se habló del PAN, porque fueron creadas durante el sexenio de Calderón. Pero quienes más las han defendido son funcionarias del régimen de Peña Nieto: Lía Limón y Rosario Robles. También se sabe que hay una partida especial para los centros de desarrollo infantil del PT. Esos sí, abierta y explicítamente vinculados a ese partido.  Habría que recalcar que ningún programa social debe ser sujeto de clientelismo político. Y urge erradicarlo.
Así que no hay duda que el programa de Estancias Infantiles tenía amplio campo de mejora. Y que enfrentar las vías que permitían su corrupción era muy importante.
Sin embargo, sustituir el subsidio a la prestación del servicio, con un monto de $1,100 por una transferencia monetaria directa a las madres por $800, no parece una solución basada en evidencia.
La alusión a las organizaciones de la sociedad civil como intermediarias, aunque se mezcló en este debate merece otro espacio y análisis detenido. Solo mencionamos que no es válida la descalificación  generalizadora hacia las acciones de beneficio social y de impulso a causas democráticas populares que las organizaciones civiles han realizado por décadas.
Finalmente, queda la duda sobre quiénes van a recibir la transferencia directa de este “nuevo programa”. No se ha dicho si habrá “pase automático” a quienes ya formaban parte del programa anterior –lo cual sería muy contradictorio. Pero tampoco sería aceptable que se usara el llamado “censo por el bienestar” que en realidad es un operativo realizado desde un partido político, fuera del marco institucional.
Nuestra conclusión y propuesta: para transformar la política social, hay que asumir el enfoque de derechos. Es un mandato constitucional y es parte de la exigencia ciudadana.
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<a href="https://twitter.com/FrenteaPobreza" target="_blank" rel="noopener">@FrenteaPobreza</a>

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