“Me siento aterrado, con mucho miedo, porque tengo familia. No puedo ir a Izamal, a Mérida, nos vigilan, nos ponen drones, no puedo trabajar como quisiera; tengo temor, yo no estoy por dinero ni otras razones que no sean defender el agua para mi familia”. Esta estremecedora declaración de Juan Valencia, quien vive en Sitilpech, Yucatán, es apenas un pálido boceto de los gravísimos problemas que sufren en México las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente.

Este testimonio y otros más fueron el eje de la presentación que hicimos, el miércoles 13 de septiembre de 2023, del nuevo informe de Amnistía Internacional México, Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. En él documentamos el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar y someter a las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente que protestan pacíficamente para exigir sus derechos.

Incluimos cuatro casos de tres estados. En Chiapas son dos: el de Colonia Maya, en San Cristóbal de las Casas, donde un grupo diverso de personas se reunió para protestar contra la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida, por los daños ambientales que éste trae consigo. El segundo caso es en Chilón, donde personas defensoras tseltales han sido criminalizadas por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.

De Yucatán incluimos el caso de Sitilpech, donde los pobladores se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera. Y de Puebla tenemos el caso de Santa María Zacatepec, donde integrantes de la comunidad rechazan la construcción de un drenaje de descarga de aguas residuales del Parque Industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo gravemente.

El no ejercicio de estos derechos lleva intrínseca la afectación de muchos otros, por ejemplo: el no ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano –incluido en el Protocolo de San Salvador– tiene repercusiones directas e indirectas en las personas “por su conexión con otros derechos como la salud, la integridad o la vida; así como colectivas, al constituir un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras”, como lo advertimos en nuestro informe, México, Tierra y ¿libertad?

Ante un Estado que hace oídos sordos a sus reclamos y los excluye, la protesta pacífica es la única vía que ha permitido a las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente de la Colonia Maya, Chilón, Sitilpech y Santa María Zacatepec, detener las obras que ponen en situación vulnerable el entorno de sus comunidades y por ende la vida, seguridad y salud de sus habitantes.

Como lo dije en la presentación de nuestro informe, en ese magnífico recinto que es el Museo Memoria y Tolerancia, “la protesta pacífica es un derecho, protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, pero también es una vía para exigir otros derechos humanos y para denunciar violaciones a los mismos”, cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no han sido accesibles, como en el caso de la protección a la tierra, al territorio y al medio ambiente.

Señalé también que “el ejercicio de la participación cívica y la acción colectiva, a través de la protesta, ha sido fundamental para el reconocimiento y avance de los derechos humanos: es gracias a personas y colectivos que han protestado, que hoy tenemos jornada laboral de 8 horas y seguridad social, derecho al voto, matrimonio igualitario, derecho al aborto…”.

El mismo es ley vigente en México desde su publicación en el Diario Oficial el 22 de abril de 2021, justo cuando se conmemora el Día Internacional de la Tierra.

Vivimos con un Estado que da miedo

El Acuerdo establece que los Estados deben garantizar un entorno seguro y propicio para que los y las defensoras ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad; que deben poner en el centro los derechos humanos de las personas afectadas y garantizarles el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El acuerdo insta a los Estados a fortalecer las capacidades, la cooperación y la protección de las personas que defienden su derecho a un medio ambiente sano.

Pero ¡oh, paradoja! Pese a la obligación de respetar y aplicar el Acuerdo de Escazú, en todos los casos incluidos en nuestro informe las autoridades han hecho uso desproporcionado del sistema punitivo para presionar, castigar e impedir que las personas ejerzan su derecho a defender la tierra, el territorio y el medio ambiente. Tan es así que todas tienen causas penales abiertas.

Las acusaciones en su contra han sido elaboradas con declaraciones de personas servidoras públicas y personas trabajadoras de las empresas relacionadas con los hechos que se denuncian. Sostenemos en nuestro informe que “en todos los casos documentados se han usado hechos falsos o tergiversados que podrían agravar los delitos y que no se sostienen de manera contundente con la evidencia presentada”.

Las autoridades han utilizado también tipos penales ambiguos como “motín”, “obstrucción de obra pública” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación”. E incluso, y a conveniencia de los hechos, han adecuado otro tipo de delitos mediante la interpretación amplia de los tipos penales.

En el caso de Chilón, por citar un ejemplo, dos de las personas que se oponen a la construcción del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en esa localidad fueron acusadas del delito de motín. El 3 de mayo de 2023 se les dictó sentencia de dos años de prisión. La defensa, encabezada por el Centro Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), comprobó la falta de elementos sólidos para condenarlos y el juez determinó que pudieran salir libres pagando una multa. Si bien ambas personas  obtuvieron su libertad, ahora cuentan con antecedentes penales.

En tanto, el cuartel de la GN ya fue construido pero sus operaciones están suspendidas mientras se resuelve un juicio de amparo interpuesto por el Frayba y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh).

Es lamentable advertir –más aún en el contexto de la conmemoración de la lucha por la independencia de México–, que en este país defender la tierra pone en riesgo la libertad de las personas.

El Atlas para la Justicia Ambiental destaca que en México hay actualmente 206 casos de conflictos ambientales por causas como: gestión de agua, extracción de minerales y material de construcción, gasoductos, combustibles fósiles, entre otros.

El panorama para las personas defensoras es brutal. De acuerdo con Global Witness, en su informe de 2022, publicado el 13 de septiembre de este año, fueron asesinadas 177 personas defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente en el mundo. De ellos el 88 por ciento se registraron en América Latina. Los países con alto índice de asesinatos en la región son: Colombia, 60; Brasil, 34; México, 31 y Honduras 14.

Frontline Defenders reportó en su informe del año 2022 que en México hubo 45 asesinatos a personas defensoras, por lo que es el tercer país con más asesinatos en el mundo, después de Colombia y Ucrania.

En la conferencia de presentación de nuestro informe advertí también que, en los últimos años ha sido usual que el Presidente de la República, utilice una narrativa que difama y estigmatiza a quienes protestamos, acusándonos de personas conservadoras, farsantes, fifís, pseudoambientalistas y violentas. Reiteradamente desde Amnistía Internacional hemos advertido que esta narrativa pone en riesgo los derechos y la integridad de quienes protestamos porque puede generar un entorno permisivo a los ataques.

Las palabras de Alejandro Torres Chocolatl, Persona Titular de Derechos de Santa María Zacatepec, definen perfectamente la persecución –y sus consecuencias– de que son víctimas las personas defensoras: “en toda lucha social la criminalización trae efectos secundarios, de desmovilización, de miedo… lo utiliza el Estado para dividir, para callar, para meter miedo…es una estrategia de contrainsurgencia para imponer sus proyectos de muerte”.

No podemos, no debemos, vivir así, debemos mantener nuestra exigencia al Estado para que deje de perseguir y generar violencia contra quienes defendemos los derechos humanos.

El derecho a la protesta es para todas las personas

Es de llamar la atención que muchas de las personas que hoy forman parte de la estructura gubernamental –incluido el jefe del Ejecutivo– utilizaron la protesta para lograr objetivos muy diversos, tanto políticos, como de igualdad o de libertad de expresión y hoy, desde su posición de poder –mal entendido por cierto–, no reconocen la validez de ese derecho a quienes les exigimos respeto a los derechos humanos.

Las protestas suelen ser incómodas para los gobiernos y para quienes ostentan el poder, porque al protestar evidenciamos nuestras inconformidades, realizamos exigencias y mostramos desacuerdos con decisiones o propuestas.

Protestar no es un crimen, lo hemos dicho reiteradamente desde Amnistía Internacional y seguiremos exigiendo al Estado, el respeto a las causas y derechos de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Invito a las personas a conocer el detalle de los casos incluidos en nuestro informe y sus recomendaciones, lo pueden leer en nuestra página y ver la transmisión que hicimos del mismo en la siguiente liga.

También podrán seguir en nuestras redes sociales las presentaciones que haremos del mismo en Chiapas, Mérida y Puebla –los días 19, 21 de septiembre y 3 de octubre, respectivamente–, para seguir dando la mayor difusión y apoyo posible a las causas de las personas defensoras, así como a firmar la petición incluida en la landing page creada ex profeso en nuestra página web. Con su ayuda, todos y todas juntas contribuiremos a defender la lucha de las personas que ayudan a darnos un medioambiente saludable.

Cierro este texto con lo que nos dijo Martín López, al entrevistarlo para documentar nuestro informe: “La protesta se ha convertido en un derecho y en una obligación. Veo a la protesta como un derecho fundamental que hay que construir, mejorar, hacerlo en alianza con todos nuestros recursos, todo el arte, toda la inteligencia y que sea como una semillita, que se expande por todos lados”. ¡Hagamos que esa semillita florezca!

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).