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Por Mexicanos Primero
Mexicanos Primero es una iniciativa ciudadana integrada por activistas con diversas experiencias,... Mexicanos Primero es una iniciativa ciudadana integrada por activistas con diversas experiencias, formaciones e historias, unidxs a favor de una causa: promover y defender el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes en México, así como el de sus maestrxs. Buscamos contribuir a la construcción de una sociedad incluyente y justa en la cual cada persona puede llegar a ser la mejor versión de sí misma, convencidxs de que la vía principal para desarrollar esa sociedad es la educación. Como unidad de investigación aplicada, realizamos estudios y desarrollamos propuestas para fortalecer la política educativa y activar a la sociedad a favor de la educación en México. (Leer más)
¡Basta de subestimar a la ciudadanía!
En virtud de los niveles de opacidad existentes sobre los acuerdos pactados entre autoridades federales, el gobierno de Oaxaca y la CNTE, tras las movilizaciones de febrero pasado, en Mexicanos Primero presentamos una demanda de amparo en contra de estos funcionarios públicos por haber avalado y hecho vigentes acuerdos ilegales.
Por Mexicanos Primero
22 de abril, 2015
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Por: Macarena Velázquez López (@MacaVelazquez)

El pasado martes 14 de abril, a través de Aprender Primero -brazo jurídico de Mexicanos Primero- y con el apoyo de abogados del despacho White & Case, S. C. (México), presentamos una demanda de amparo en contra de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca por haber avalado y hecho vigentes acuerdos ilegales. 

Esta historia comenzó cuando el pasado 9 de febrero de 2015 se emprendió una movilización de maestros hacia la ciudad de México. Los días 9, 10 y 11 de febrero de 2015 se llevaron a cabo reuniones y mesas de negociación entre autoridades federales y representantes sindicales de la sección XXII, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al terminar las mesas de diálogo, representantes de la CNTE e incluso el gobernador Gabino Cué realizaron declaraciones referentes a que la Federación se comprometía a pagar a más tardar el viernes 13 de febrero los más de tres mil sueldos atrasados de maestros de la de la CNTE. La Federación no había realizado el pago a la mayoría de estos “maestros” porque, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) sólo pueden erogarse para actividades exclusivamente educativas, es decir, a maestros frente a grupo, alumnas, alumnos y escuelas, y no, como pretenden estos grupos, para el pago a personas que aunque tengan “plaza de maestros” se dedican a funciones sindicales u otras distintas de la enseñanza.

A fin de conocer a fondo los acuerdos y concesiones aparentemente ilegales que la CNTE obtuvo, realizamos una solicitud de información requiriendo copia de las minutas y los acuerdos firmados en el mes de febrero, el listado de las personas que estuvieron presentes en las reuniones sostenidas en esas fechas, así como el listado con los datos de identificación de las personas que recibirían su pago con recursos del FONE. También, en ejercicio del derecho de petición, el 20 de febrero enviamos un escrito al Secretario de Gobernación solicitando se declarara la nulidad de los acuerdos que contravienen el orden legal, se diera respuesta a nuestra solicitud de información y se informara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la SEP y a las autoridades educativas los nombres de quienes participaron en las manifestaciones y reuniones a efecto de que se les descontaran los días de inasistencia al trabajo.

Por parte de la SEGOB, recibimos una respuesta muy difícil de creer -insultando a nuestra inteligencia: estableció que no tenían registro alguno de las personas que participaron en las negociaciones, que derivado de los acuerdos pactados en el mes de febrero no hay costo para el erario público, ni para los mexicanos y respondiendo a nuestra solicitud de información, remitieron únicamente una minuta de la reunión del 10 de febrero de 2015.

Parece inverosímil que autoridades de alto nivel de la SEGOB -instancia federal encargada de la gobernabilidad y de los sistemas de información de seguridad nacional- se sienten a negociar con personas de las cuales desconocen su nombre. Además resulta sorprendente que, a pesar de que se llevaron a cabo múltiples reuniones el 9, 10 y 11 de febrero, sólo exista la minuta de una reunión llevada a cabo el día 10.

Al revisar la minuta del 10 de febrero, en el compromiso pactado número 8 establece que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca seguirán siendo respetuosos de los acuerdos suscritos y reiteran su compromiso de mantenerlos vigentes.

¿Qué dicen esos acuerdos que desean mantener vigentes?

En virtud de los niveles de opacidad existentes, es un poco complicado el acceder a todos los acuerdos pactados entre autoridades federales y la CNTE. Sin embargo, el Subsecretario Miranda entregó en días pasados al Senado una serie de minutas de los años 2012 a 2015, mismas que publicaron en la página del Senado. Derivado del estudio y análisis de esa decena de minutas identificamos una serie de acuerdos contrarios a la ley, entre los que destacan los siguientes: (i) que los docentes puedan ser promovidos en sus puestos “por buen desempeño” según los criterios de la Sección XXII del CNTE y no como contempla la ley, por evaluaciones definidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que garanticen la idoneidad de los maestros; (ii) que el diseño de las evaluaciones sea realizado por los mismos maestros y no por el INEE con apoyo de los maestros; (iii) que los maestros aun cuando no se evalúen u obtengan resultados insatisfactorios después de tres evaluaciones y cursos de capacitación, puedan permanecer en sus plazas de maestro, y (iv) la determinación de que ningún profesor en Oaxaca puede ser removido ni cambiado de lugar o funciones a consecuencia de las evaluaciones o de los perfiles requeridos en las escuelas.

Cansados de que la autoridad continúe subestimando a la ciudadanía y pactando en la opacidad acuerdos contrarios a la ley, decidimos interponer una demanda de amparo en contra de los funcionarios antes mencionados por haber reconocido la validez de dichos acuerdos ilegales.

Esperamos que en lo subsiguiente, la autoridad piense dos veces antes de pactar acuerdos de este tipo que además de afectar el derecho de todos nosotros para que los recursos públicos sean utilizados de una manera honesta, transparente, responsable y eficiente, merma el derecho de los maestros de verdad de recibir promociones basadas en méritos, capacitaciones y una remuneración adecuada, además de violar directamente el derecho de los niños y niñas a recibir una educación de calidad.

Más acerca de nuestra demanda de amparo acá.

 

 

* Macarena Velázquez López es investigadora de estudios jurídicos en Mexicanos Primero (@Mexicanos1o)

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