Por: Sandra Creixell (@sandracreixell)

Este texto es una carta dirigida a nuestras autoridades con exigencias puntuales sobre las formas que deben cumplirse durante el proceso de discusión de la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional, presentada por el Ejecutivo Federal en diciembre pasado. Según lo anunciado, el proceso de discusión de la iniciativa en el Legislativo empezará en la Cámara de Diputados en febrero.

En una frase, lo que exigimos es sencillo: respeto al Estado de Derecho. Vayámonos por partes.

A quienes nos representan en el Congreso:

1. En términos de los tratados internacionales aplicables, deben organizar consultas para niñas, niños y jóvenes (NNJ), para la población indígena y para las personas con discapacidad, al estar directamente afectados por los cambios propuestos. Además, es indispensable que convoquen al resto de las y los agentes de la comunidad educativa (docentes, directivos, sociedad civil, académicos, funcionarios federales y –ultra importante- locales) para que sean escuchados en espacios que propicien participación efectiva.

2. Cualquier cambio al texto del artículo 3º constitucional debe ser para mejorarlo y debe estar perfectamente explicado, no sólo para entender CADA palabra del contenido sino también el motivo y la finalidad de ese cambio. Esa explicación debe integrar el dictamen que se apruebe y ser suficiente para orientar (i) el contenido de toda la normativa (leyes, reglamentos, lineamientos, etc) que deriven de ese cambio constitucional y, (ii) la interpretación que hagan las y los jueces de la aplicación de esa normativa.
3. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador contiene una serie de artículos transitorios, de los cuales los principales determinan: (i) abrogar de manera inmediata la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; (ii) dar 180 días al Congreso (ojo: solo cuentan los días dentro de los períodos ordinarios de sesiones) para aprobar las nuevas leyes secundarias; y (iii) facultar a la SEP para expedir todo tipo de medidas necesarias (administrativas, legislativas, las que sean) para cubrir los vacíos que genere la falta absoluta de legislación secundaria. De aprobarse esta propuesta, generaría un caos en el sistema educativo nacional que llegaría hasta las aulas durante, al menos, un ciclo escolar completo. A fin de evitar que esto suceda, las y los legisladores deben modificar la propuesta de transitorios y, en su lugar, aprobar artículos transitorios que respondan al contexto, necesidades, procesos y tiempos de la materia educativa.

4. No hay prisa, exigimos apego a las reglas y tiempos parlamentarios.

A quienes nos gobiernan:

5. El Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2019 contiene un brutal recorte al presupuesto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Esto es sumamente preocupante pues de facto le impide al INEE cumplir con las responsabilidades y obligaciones establecidas en la ley. No debemos perder de vista que mientras no se aprueben y publiquen los cambios a la Constitución, las autoridades están obligadas a respetar y cumplir el marco normativo vigente en materia educativa. Cualquier desvío es ilegal y contrario al artículo 3º constitucional. No podemos permitir actitudes del Gobierno que impliquen, motiven o solapen incumplimiento.

A quienes nos imparten justicia:

6. Es probable que durante este período se originen conflictos legales entre las autoridades educativas federales y locales derivados de los vacíos legales y del presupuesto o falta de éste (el Gobernador de Michoacán ya lo anticipó a los medios). Toda sentencia que se dicte debe poner primero a NNJ y su educación.

7. Las y los jueces estarán a cargo de revisar la constitucionalidad de los actos y las leyes que deriven de estos cambios, su guía debe ser la progresividad del derecho a la educación, cualquier retroceso es inaceptable.

Lo que está en juego no es poca cosa. Lo que está en juego es el cumplimiento y la exigibilidad del derecho a la educación en México, porque #AprenderEsUnDerecho. Todas y todos -la sociedad civil, las familias, los medios de comunicación, etc- debemos vigilar que las autoridades cumplan con las formas en este proceso de discusión de reforma al artículo 3º constitucional.

* Sandra Creixell es directora de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero. 

@Mexicanos1o