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Por Mexicanos Primero
Mexicanos Primero es una iniciativa ciudadana convencida de que nuestra generación puede ser la ... Mexicanos Primero es una iniciativa ciudadana convencida de que nuestra generación puede ser la del cambio y de que la educación de calidad es la vía para mover a México hacia la prosperidad y justicia. Trabaja para asegurar el derecho de las niñas, niños y jóvenes a una educación de calidad, promoviendo un cambio en la cultura cívica e incidiendo en las políticas públicas. Realiza estudios y propuestas en la educación desde los 0 a los 18 años como medio fundamental para establecer prioridades, socializarlas y atenderlas para lograr el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes de México. (Leer más)
El derecho a cambiar de escuela: permanencia y cambios de adscripción VI
Es tiempo de acabar con las escuelas de tránsito y mejorar la atención de las maestras y maestros que buscan en otras escuelas oportunidades profesionales.
Por Mexicanos Primero
5 de julio, 2019
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Por: Fernando Ruiz

El derecho de los docentes a solicitar cambios de escuela (centros de trabajo) es un tema que ha recibido poca atención a pesar del impacto que estos movimientos pueden suponer para la vida cotidiana de las escuelas y de sus estudiantes. La adscripción docente es un tema que ha permanecido en el olvido o descuido, ya que la reforma educativa de 2013 trató este proceso de manera tangencial y con la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) sólo tiene anclaje jurídico en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE). Por tal motivo, impulsar la discusión de este derecho profesional docente es crucial porque la falta de regulación de aspectos claves de los procesos de cambios de adscripción (PCA) puede ocasionar que las Autoridades Educativas Locales (AEL) adopten prácticas diferenciadas para decidir a qué maestras y maestros se les permitirán cambios de escuelas, bajo qué criterios y con qué frecuencia.

Los cambios de adscripción deben ser conducidos exclusivamente por las AEL a fin de garantizar que cada escuela cuente con los maestros que necesita y, al mismo tiempo, tengan certidumbre en su trayectoria profesional. Recientemente, el Congreso de la Unión inició un proceso de consulta para la integración de nuevas leyes educativas, lo cual nos da la oportunidad de priorizar desde el marco normativo los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes (NNJ). El momento es relevante para garantizar a todas las NNJ continuidad en su relación con sus maestros, afectada por la alta rotación docente que caracteriza el sistema educativo mexicano, y al mismo tiempo brindar a las y los maestros oportunidades justas para mejorar sus condiciones de trabajo.

Un análisis de las disposiciones públicas emitidas por las AEL para regular los PCA de 2018 que realizamos en Mexicanos Primero exhibe prácticas y omisiones institucionales que es necesario desterrar. En materia de arraigo escolar, por ejemplo, un tercio de las entidades federativas no cumplieron el mandato de la LGSPD de establecer una permanencia mínima de dos años en el centro escolar.

En 2018, 26 de las 31 entidades federativas que analizamos no tenían lineamientos para regular los PCA y, con frecuencia, las instancias responsables de llevarlos a cabo omitieron hacer públicos sus actos y cambiaron, sin explicación, los términos de las convocatorias de un año a otro. En las convocatorias publicadas en el Estado de México, Michoacán, Querétaro y Veracruz, las AEL tampoco señalaron qué criterios usaron para autorizar los cambios de adscripción ni publicaron la metodología para la valoración de los aspirantes. Asimismo, 25 de las 31 entidades federativas no establecieron la obligación de publicar en internet los lugares escolares vacantes y en 11 hacer públicas las listas de docentes beneficiados.

Los casos de Chiapas y Oaxaca son un buen ejemplo de por qué los PCA deben ser equitativos e imparciales. En ambas entidades la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), suplantando a las AEL, ha organizado los PCA sin convocatorias públicas y accesibles, metodologías de selección ni divulgación de vacantes, aspirantes y beneficiados. Lo más grave es que, violando los derechos laborales de los propios docentes, han excluido por motivos ideológicos no sólo a aquellos pertenecientes a otras corrientes sindicales, sino a los propios afiliados que no cuentan con los denominados “certificados de participación sindical” emitidos, obviamente, por la propia organización sindical. Por ello, deben constituirse instancias especializadas ajenas a las áreas operativas de educación básica y sindical como las responsables exclusivas de conducir los procesos de selección que garanticen la igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

Con base en eso, proponemos que la nueva regulación educativa amplíe y fortalezca los derechos profesionales docentes en materia de permanencia escolar y se obligue a las AEL a establecer procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Asimismo, para contrarrestar la opacidad actual, es necesario que las AEL emitan lineamientos para regular los PCA estatales.

Es tiempo de acabar con las escuelas de tránsito y mejorar la atención de las maestras y maestros que buscan en otras escuelas oportunidades profesionales. Los legisladores tienen la oportunidad de sentar las bases para que los docentes mejoren sus condiciones laborales sin condicionamientos políticos y sindicales, sin deberle el favor a nadie.

* Fernando Ruiz es investigador de @Mexicanos1o.

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