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Aprender es mi derecho
Por Mexicanos Primero
Mexicanos Primero es una iniciativa ciudadana convencida de que nuestra generación puede ser la ... Mexicanos Primero es una iniciativa ciudadana convencida de que nuestra generación puede ser la del cambio y de que la educación de calidad es la vía para mover a México hacia la prosperidad y justicia. Trabaja para asegurar el derecho de las niñas, niños y jóvenes a una educación de calidad, promoviendo un cambio en la cultura cívica e incidiendo en las políticas públicas. Realiza estudios y propuestas en la educación desde los 0 a los 18 años como medio fundamental para establecer prioridades, socializarlas y atenderlas para lograr el derecho a aprender de todas las niñas, niños y jóvenes de México. (Leer más)
No más acuerdos ilegales vs el derecho a aprender
Lo nuevo en toda esta historia no es ni será si la CNTE hace un nuevo plantón o bloqueo en Michoacán, Oaxaca, Chiapas o la Ciudad de México, sino la reciente resolución del Poder Judicial de la Federación en relación con el amparo que Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, promovió en 2015 en contra de los acuerdos que las autoridades firmaron con la CNTE ese año, así como en 1992, 2013 y 2014.
Por Mexicanos Primero
26 de febrero, 2019
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Por: Javier Rojas (@JavierRojas_R)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una organización que ha hecho noticia en muchos medios de comunicación por el alto impacto de sus acciones. Sin ir más lejos, hace unas semanas esta organización que nació en contraposición al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) figuró en las primeras planas de varios diarios y espacios televisivos por los bloqueos que realizó, durante más de 30 días, a vías férreas en Michoacán.

El que la CNTE recurra a acciones de presión como marchas, plantones, tomas de casetas, bloqueos y paros de labores que afectan a la población y a los estudiantes no es nuevo. Por el contrario, estas acciones forman parte del repertorio de tácticas que el sindicalismo magisterial disidente ha desplegado desde los años setenta para abrirse espacios de negociación con autoridades que no los reconocen, ya que los interlocutores legalmente válidos del magisterio son los representantes del SNTE.

Las acciones que la CNTE ha emprendido para hacer escuchar su voz han propiciado la consolidación de una cultura de movilización y negociación que le ha permitido a la disidencia establecer acuerdos ilegales con las autoridades. Más allá de que muchas de las acciones de la CNTE rayan en la ilegalidad (bloquear vías férreas es un delito federal), el problema de fondo es que la resolución a sus demandas ha contravenido, en muchas ocasiones, y con la anuencia de las autoridades, el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes y el estado de derecho en el país.

Y si hubiera un índice histórico de ilegalidad, los acuerdos que la Sección XXII firmó con la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Oaxaca, en 2015, seguramente estarían en la cúspide. Como muchos habitantes de la Ciudad de México recordarán, antes de la aprobación de la legislación secundaria de la reforma educativa de 2013, la CNTE bloqueó el aeropuerto, la Cámara de Diputados y el Senado, y ocupó el Zócalo capitalino y el Monumento a la Revolución, a fin de manifestar su rechazo a un nuevo esquema que obligaba a evaluar a los maestros que quisieran ingresar, promoverse y permanecer en el servicio docente.

Estas acciones de presión, que dejaron a cientos de miles de niños y niñas sin clases, fueron la antesala de movilizaciones que la CNTE emprendió, entre 2013 y 2015, para abrir mesas de negociación con las autoridades. Acciones que allanaron el camino para que, en 2015, la Sección XXII del SNTE de Oaxaca, y el entonces Subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, así como el exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y otros funcionarios estatales y federales, firmaran acuerdos en franca violación a la ley.

Lo nuevo en toda esta historia no es ni será si la CNTE hace un nuevo plantón o bloqueo en Michoacán, Oaxaca, Chiapas o la Ciudad de México, sino la reciente resolución del Poder Judicial de la Federación (PJF) en relación con el amparo que Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, promovió en 2015 en contra de los acuerdos que las autoridades firmaron con la CNTE ese año, así como en 1992, 2013 y 2014.

Hace cuatro años Aprender Primero inició un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno de Oaxaca por los acuerdos ilegales alcanzados con la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Dichos acuerdos establecían que a la Sección XXII se le daría un trato especial fuera de lo que marca la ley; esto es:

  1. Se le otorgó un banco de plazas para que dispusiera a completa discreción de las mismas.
  2. Se estableció el derecho de los agremiados a la Sección XXII a recibir incentivos y promociones por “buen desempeño”, razones distintas a las que marca la ley, como los concursos de oposición.
  3. Se pactó que los docentes de la Sección XXII en servicio antes del 11 de septiembre de 2013, fecha en que se promulgó la Ley General de Servicio Profesional Docente, no serían cambiados o removidos de sus funciones aun en los casos expresamente contemplados por esta ley, como no obtener resultados satisfactorios en la tercera evaluación de desempeño.

Como consecuencia directa de este juicio, las autoridades que actualmente están en el cargo están obligadas a dar cumplimiento a dicha sentencia. Es decir, Zoé Robledo Aburto, subsecretario de Gobierno de la SEGOB; Luis Mariano Hermosillo Sosa, director general de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP; Alejandro Murat Espinosa, gobernador de Oaxaca, y Francisco Ángel Villarreal, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), deberán dejar sin efecto dichos acuerdos.

Esta resolución es un signo alentador porque sienta un claro precedente de que, en toda negociación que atente contra el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes, el PJF es un efectivo contrapeso. En primer lugar, porque confirma que el establecimiento de acuerdos ilegales como herramienta de gobernabilidad es incompatible con una sociedad democrática preocupada por el interés superior de la niñez. En segundo lugar, porque reconoce que organizaciones como Mexicanos Primero pueden salir a denunciar dichas violaciones mediante litigios como los que hemos emprendido hace ya seis años. En tercer lugar, porque son un claro mensaje para que las autoridades actúen conforme a derecho.

El PJF ha sido claro: no más acuerdos ilegales firmados en la oscuridad ni a espaldas de la ciudadanía.

 

* Javier Rojas es director de Investigación de @Mexicanos1o.

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