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Persecución y estigmatización a la sociedad civil organizada
Lo que alarma de la reforma al artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México -en la que se señala que quien tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos será considerado servidor o servidora público- es la intención de legisladores y de la administración pública en general de perseguir e intimidar, criminalizar y hasta desaparecer a las organizaciones de la sociedad civil.
Por Jeny Farías 
30 de junio, 2021
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El pasado 8 de junio entró en vigor una reforma al artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México en la que se señala que quien tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos será considerado servidor o servidora público.

Si bien esta reforma no afecta a organizaciones como Mexicanos Primero -desde donde escribo- dado que no recibe ningún tipo de recursos o apoyos públicos, nos preocupa que otras organizaciones de la sociedad civil que también promueven el derecho a aprender u otros derechos humanos sí estarán bajo este supuesto.

La reforma implica que tal consideración será tomada en cuenta para efectos de todo el código penal, es decir que todo director o administrador de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos podrá ser sancionado por delitos que se relacionan con el servicio público como lo son abuso de autoridad, tráfico de influencias, uso ilegal de la fuerza pública, peculado e intimidación, entre otros.

Sin embargo, la redacción está particularmente dirigida al delito de corrupción. Y es en este mismo artículo en el que encontramos su tipificación como sigue: Comete el delito de corrupción el servidor público que realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero.

No es de preocupar la posibilidad de incurrir en el delito, pues la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil están formadas por miembros que entregan su trabajo a la consecución de un país mejor desde la participación ciudadana. Lo que alarma es la intención de los legisladores y de la administración pública en general, de perseguir e intimidar, criminalizar y hasta desaparecer al gremio.

Esta reforma que amenaza el legítimo ejercicio de la libertad de asociación, es además inconstitucional dado que el artículo 108 de nuestra Carta Magna, define quiénes son servidores públicos y ninguna ley general o estatal, como lo es el Código Penal referido, puede adicionar sujetos a tal definición: Son servidores públicos los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Además, a este cambio en la ley, se suman reformas restrictivas y punitivas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con las que se limita el margen de acción de las asociaciones civiles, inhibiendo su participación o a algunas quizá hasta las obligue a desaparecer.

La sociedad civil organizada es más necesaria que nunca, pues resulta un contrapeso vigilante a las acciones de gobierno, sea cual sea el partido que le llevó al poder. Por ello es necesario fortalecerla en lugar de amedrentarla con leyes punitivas, sobre todo, si dichas leyes contravienen a la Constitución.

Hacemos un llamado para que, con base en el artículo 105 constitucional, se promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de esta nueva disposición; dicha acción debe ser iniciada por el Fiscal General de la República, el 33% de los legisladores de la CDMX, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), dentro de los 30 días naturales a la publicación de la norma, es decir a más tardar el 7 de julio de 2021.

* Jeny Farías (@Jenyca) es directora de Proyectos Especiales y Activación en Mexicanos Primero

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