Por: Marina Díaz Enríquez (@Marination90)

La reforma constitucional al artículo 3º del pasado 15 de mayo fue clara y contundente: la inclusión será uno de los criterios que orientarán a la educación “al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos” (artículo 3º, Fracción II, criterio f).

¿Por qué es importante lo que mandata el tercero constitucional en materia de inclusión? En primer lugar, porque obliga al Estado a implementar medidas para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación (BAP), es decir, las creencias, actitudes, prácticas y políticas que excluyen o marginan a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNJ). Repito: a todas.

En segundo lugar, porque las políticas educativas han segregado a grupos de estudiantes en distintos subsistemas o servicios, como sucede con la educación especial e indígena, lo cual no es consistente con la aspiración de construir un sistema educativo incluyente.

En tercer lugar, porque estamos a pocos días para garantizar la educación inclusiva, tal como quedó establecida en la Constitución. El pasado 18 de julio se publicó la iniciativa de la Ley General de Educación (LGE), proyecto que, de aprobarse en esos términos, concretará una ley que no estará en sintonía con el mandato y espíritu constitucional.

Al analizar el proyecto de iniciativa, se vislumbran áreas de oportunidad respecto a lo que las y los legisladores han trabajado en materia de educación indígena y especial. A continuación expongo cómo, desde Mexicanos Primero, proponemos mejorar lo relacionado con la educación inclusiva.

El artículo 56 de la propuesta de LGE establece que “la educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística”. Esta redacción es problemática porque asume que las NNJ indígenas estudian solamente en escuelas indígenas, un supuesto incorrecto. ¿Qué pasa cuando la familia de una niña de una comunidad mixe migra de Oaxaca a Aguascalientes –donde no existen escuelas del subsistema indígena–? ¿La niña pierde su derecho a una educación cultural y lingüísticamente pertinente?

La respuesta es no. Si el objetivo es construir un sistema educativo que elimine las BAP, Aguascalientes, aún sin contar con escuelas indígenas, debe adaptar su sistema educativo para garantizar el derecho a aprender de esta niña. Incluso en municipios indígenas, según datos del INEE (2018: 12) apenas 45.7% de todas las niñas y niños indígenas son atendidas por este servicio, la otra mitad (52.1%) son atendidas en escuelas de servicio general.

Por ello, el texto debe establecer que “todos los servicios de educación deben atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con pertinencia cultural y lingüística”.

En cuanto a educación especial, el proyecto perpetúa la visión de este servicio educativo como algo aparte, cuando en realidad debe ser un apoyo complementario y especializado disponible, equitativamente, en todos los tipos, niveles, modalidades, opciones y servicios educativos a fin de eliminar las BAP de todas las NNJ (Artículo 35 del proyecto de LGE).

Para construir un sistema educativo incluyente que atienda las BAP de todas las NNJ, la nueva LGE debe mandatar a las autoridades educativas la creación de un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para detectar y dar seguimiento oportuno a las NNJ que tengan alguna BAP por parte de un equipo interdisciplinario, integrado por figuras especializadas en educación inclusiva.

Que no se malentienda, la intención no es eliminar o desaparecer los subsistemas de educación especial e indígena –y dejar a las NNJ, docentes, directores y demás figuras educativas a la deriva–, sino reorganizar el sistema educativo de tal manera que estas personas se sumen, junto con sus aprendizajes y experiencias, en la construcción de un solo sistema para todas las NNJ en México.

Las y los legisladores tienen hasta el 12 de septiembre para modificar la redacción y aprobar una LGE que garantice un sistema educativo que acepte, reconozca y se adapte a la diversidad inherente de cada persona, tal como lo establece la Constitución. De ellas y ellos depende que se les dé todo a [email protected]

* Marina Díaz Enríquez es Investigadora de @Mexicanos1o.