Cada día de la semana los padres de Citlali se preguntan si llevarla o no a la escuela, si vale la pena seguir luchando. Esta pregunta se repite de manera más seria al inicio de cada ciclo escolar, la inscriban o no (podríamos decir que esto ya es ganancia, pues cuando empezó esta historia ni siquiera tenían la opción de contestar que sí).

No es porque Citlali no quiera ir, ella quiere ir a la escuela, casi siempre. Pero la escuela de su comunidad, la escuela primaria que está a 7 minutos caminando desde su casa, no está hecha para ella, no tiene ninguna de las condiciones necesarias para garantizar su aprendizaje, desarrollo integral y participación. Y es por eso que sus papás, y a veces ella misma, se hacen esa pregunta.

No hay recursos (presupuesto) suficientes para dar la atención debida a esa escuela. Las y los maestros no cuentan con la formación pertinente y relevante para promover el aprendizaje de Citlali -y las demás alumnas y alumnos- y cumplir con su labor frente a grupo. No hay un programa que permita escuchar lo que Citlali -o cualquier otra niña o niño- necesitan para aprender ni mucho menos para implementarlo. La comunidad escolar no cuenta con información ni sensibilización respecto a la diversidad. No hay un diagnóstico ni información sobre qué requiere esa escuela para ser un espacio que garantice el aprendizaje y la participación. La escuela tiene una infraestructura deficiente; un ejemplo es la zanja detrás de los baños que diariamente pone en riesgo a Citlali -y a sus compañeras y compañeros-. No hay libros de texto ni materiales educativos adecuados y suficientes. Las y los maestros de la escuela no cuentan con la asesoría, acompañamiento y apoyos necesarios para desempeñar su rol.

Esta escuela -como tantas otras en el país- no cumple con los estándares mínimos convencionales, constitucionales ni legales del derecho humano a la educación. Pero eso no es todo, cuando empezó esta historia esta escuela -en la que Citlali tiene derecho a aprender- se negó a inscribirla formalmente y la aceptó sólo como oyente.

Para los papás de Citlali nada de esto era aceptable, no necesitaban conocer las reglas de procedencia del juicio de amparo para reconocer la injusticia. Buscaron asesoría con una fundación que trabajaba en su comunidad y llegaron con Mexicanos Primero, que -a través de su brazo jurídico Aprender Primero- consiguió el apoyo del despacho Aguinaco Abogados, para llevar su caso a la Justicia Federal.

En el juicio de amparo, promovido en nombre y representación de Citlali, se demandó en primer lugar que se le inscribiera formalmente (esto se logró con la suspensión) y en segundo -pero no menos importante- se reclamaron de las autoridades legislativas y educativas a nivel federal y estatal las diversas omisiones que derivaron en que esta escuela no sea apta para garantizar el derecho a la educación de Citlali: desde asignación de presupuesto, pasando por programas de formación docente, de sensibilización a docentes y familias, hasta publicación de libros de texto y materiales educativos idóneos, entre muchos otras.

El juicio se encuentra actualmente en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo en revisión 272/2019), listo para resolverse este miércoles 16 de octubre. Está en manos de la Segunda Sala que las autoridades responsables cumplan con su obligación de garantizar una escuela para Citlali. Está en manos de la Segunda Sala que en casa de Citlali, nadie se vuelva a preguntar si la llevan o no la escuela.

Citlali es una niña mazahua de 9 años con síndrome de down y eso no debería ser un obstáculo para que ejerza su derecho a aprender; desafortunadamente lo es y está en manos de la Segunda Sala sortearlo.

@Mexicanos1o